La decisión de la JEP de amnistiar del delito de rebelión al cabecilla narcoterrorista Rodrigo Granda era previsible pues ¿qué otra cosa va a hacer un tribunal nombrado por los criminales? Rasgarse las vestiduras por eso como si fuera posible esperar otra cosa es una muestra de mala fe o hipocresía. Pero esa disposición es común en Colombia porque quien cuestione el discurso oficial sobre el conflicto y la paz está en minoría.
¿Cómo ha sido posible que el país que en 2002 eligió a Uribe con la determinación de detener la orgía de crímenes terroristas esté tan conforme ahora con un gobierno en el que esos asesinos llevan la voz cantante y las hectáreas de narcocultivos son muchas más que entonces? ¿Qué ha pasado en estos veinte años para que una clara mayoría partidaria de la ley haya dejado triunfar al hampa?
Se podría decir que el autor de ese triunfo de las FARC y sus cómplices se llama Álvaro Uribe Vélez, aunque no sería exacto, tampoco si en lugar de él se aludiera a quienes lo rodean. El autor de ese triunfo es el uribismo, la adulación que llevan a cabo políticos y aspirantes a cargos que carecen de escrúpulos, y la adoración fanática del populacho que encontró en un ídolo la respuesta a las dificultades y nunca quiso darse cuenta de la inanidad del caudillo.
Suelen decir que Uribe «salvó el país» y uno se queda pensando que sería mejor que no lo hubiera salvado, porque ahora todo lo que buscaban las FARC en el Caguán ya lo han conseguido y el país es mucho más dependiente de la cocaína que nunca antes. Y también que Santos «lo engañó», como si esa posibilidad no fuera más horrible que la simple complicidad. Cualquiera que conociera la revista Alternativa, dirigida por el hermano mayor de Juan Manuel Santos, sabe que esa gente es la que verdaderamente dirige el narcotráfico y el terrorismo, algo que con mayor razón tiene que saber un político del más alto nivel.
Lo más extraño es que los logros de los gobiernos de Uribe se le atribuyen a él como si la gente que lo eligió no contara. Fue presidente porque encarnaba el anhelo de resistir a las bandas narcocomunistas, que en gran medida retrocedieron durante sus gobiernos, pero las tramas urbanas, las que verdaderamente importan, más bien se reforzaron: la CUT, con su principal sindicato, Fecode, hegemónico en la educación, las altas cortes, las universidades y los medios, estos últimos «regados» copiosamente con dinero público.
Es decir, en la concepción de los uribistas el hecho de que hasta cierto punto un gobernante cumpla la misión que se le ha encomendado es un mérito exclusivo suyo y no lo que debe ocurrir. ¿Cumplió Uribe con el mandato para el que fue elegido? En su primer gobierno el ministro de Interior era Fernando Londoño y lo que vivió Colombia fue un verdadero milagro, de una situación de colapso institucional y ruina segura se pasó a un considerable crecimiento económico y una drástica reducción de todos los indicadores de violencia.
Los problemas eran otros: ante la poderosa ola de rechazo a las FARC que despertó el Caguán y tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que determinaron un cambio de política en Washington respecto del terrorismo, el clan dueño del país prefirió esperar a 2006, no sin dejar de tener a su «ficha» en el Consejo de Ministros, pues ¿qué sentido tenía que el vicepresidente fuera Francisco Santos, un periodista que había defendido el despeje del Caguán hasta el final? Para 2006 no había un sucesor de Uribe y éste, a saber por qué motivos, hizo cambiar la ley para poder aspirar a la reelección.
El desafío que Colombia tenía en ese periodo 2002-2006 era, por una parte, construir una alternativa al todopoderoso «liberalismo» sin caer en los errores de los gobiernos de Betancur y Pastrana, tan complacientes con el crimen organizado como los de Barco, Gaviria o Samper. Uribe no tenía el menor interés en eso porque mantenía toda clase de lealtades con su antiguo partido. La única salida que se le ocurrió fue permanecer en la presidencia cambiando la ley, para lo que tuvo que aliarse con el clan de los Samper y los Santos. El periodo siguiente fue el de las grandes derrotas de las FARC pero también el de la preparación del relevo por Juan Manuel Santos, que como ministro de Defensa creaba su red de lealtades en las fuerzas militares y perseguía a cualquier militar que destacara por defender la ley.
Por otra parte, había que plantearse construir una verdadera democracia, con jueces independientes y no meros militantes comunistas o «fichas» del clan oligárquico cuyo nombramiento dependía de la masacre de los verdaderos juristas en noviembre de 1985 y del golpe de Estado de 1991. Pero ciertamente Uribe no estaba para eso, pues era uno de los autores de dicho golpe de Estado, a tal punto que en calidad de senador presentó una ponencia que reforzaba la impunidad del M-19.
El poder mediático estaba atento a contener a cualquier aspirante a la presidencia que pudiera estorbar a Santos, de ahí salió el tremendo escándalo de Invercolsa, consistente en que Londoño había comprado acciones reservadas a los empleados sin serlo, como si el hecho de que éstos pudieran comprarlas no fuera de por sí una iniquidad. Lo mismo ocurrió con las inverosímiles condenas al coronel Plazas Vega y a Andrés Felipe Arias, a las que tampoco se opuso el uribismo para no traicionar la palabra empeñada a Santos.
La presidencia del tartamudo fatídico y su monstruosa obra son el fruto del uribismo, que lo hizo elegir en 2010 y no le hizo oposición después, que nunca denunció la atrocidad de llamar «paz» a las «negociaciones de paz» que eran simplemente la supresión de la ley y el premio del crimen y que finalmente desaprovechó la derrota de Santos y corrió a salvar el infame acuerdo, lo que se reforzó con la presidencia de Duque, absolutamente indolente respecto a las infamias del acuerdo y el narcotráfico.
No se preocupen de que Petro convierta a Colombia en otra Cuba. Colombia ya es otra Cuba. Y para remediarlo hay que deshacer todo lo que el clan oligárquico ha ido imponiendo durante más de medio siglo, hay que convocar una Constituyente legítima, hacer un Núremberg al Partido Comunista y a las demás bandas criminales y un juicio a todos los procesos de paz, así como una evaluación de las sentencias emitidas por las cortes surgidas del golpe de Estado de 1991.
Dichas medidas no pueden entenderse como un ejercicio de sectarismo sino como mero sentido común. ¿O en qué país democrático se admite que los criminales nombren a los jueces?
El cambio pendiente no puede ser superficial, no es como que un país normal haya elegido a un patán que formó parte de una banda de asesinos. Se trata del país de la cocaína, el país sin ley. El uribismo no forma parte de los que buscan ese cambio. Más bien es un estorbo y un factor de confusión: en realidad, respecto de todas las cuestiones importantes, está en el mismo bando de Petro. Puede que quien crea en la democracia liberal esté en absoluta minoría, pero para contarse en el bando del hampa no se entiende por qué no unirse directamente a Petro como hacen los políticos del Partido Conservador.
(Publicado en el portal IFM el 28 de octubre de 2022.)
(Publicado en el portal IFM el 28 de octubre de 2022.)