sábado, junio 02, 2012

¿Maduros para la democracia?


La cantidad de respuestas desconcertantes que se encuentra quien plantee que Colombia debería cambiar su Constitución política recuerda un lugar común de los representantes de las dictaduras militares que hace unas décadas asolaron a la mayoría de los países de Hispanoamérica: "Es que el país no está aún maduro para la democracia". Ya he explicado alguna vez que el término está tan falseado que hasta los terroristas se llaman "Polo Democrático", de modo que es difícil saber qué entienden los demás colombianos por "democracia".

Analizar esas respuestas serviría por una parte para darse cuenta de que el programa de los comunistas es muchísimo más popular de lo que se cree, y también de que en el bando contrario reina la confusión y aun el conformismo.

Para aludir al escepticismo ante la idea de convocar una Constituyente se puede empezar por el recelo del expresidente Uribe ante la manía colombiana de resolver los problemas expidiendo decretos. Ese recelo llevado al extremo conduce a graves extravíos y tiene mucho que ver con el ascenso de sus enemigos en los últimos años: por un lado se reconoce la ley escrita y a las autoridades existentes (en lugar de superar la infamia de una norma básica dictada por un jefe del tráfico de drogas aliado con una camarilla de tinterillos venales y una banda de asesinos), y por el otro se infiere que las leyes son declaraciones vacías sin relación con la realidad, como en la famosa frase de Groucho Marx: "Éstos son mis principios, si no le gustan tengo otros". "Respeto las leyes, si no me convienen las cambio", como ocurrió con la fatídica ocurrencia de la segunda reelección (que obviamente era sólo el primer paso hacia la presidencia vitalicia y un régimen hispanoamericano, tipo Somoza o Stroessner).

Resulta que hoy en día la principal función de los jueces es prevaricar y servir a los intereses de camarillas aliadas de Chávez, los terroristas y los traficantes de cocaína, y que ese poder está sustentado en la legitimidad de una norma que los uribistas no cuestionan. ¿Cómo esperan superar esa situación? Nunca lo pretendieron cuando tenían el poder ejecutivo y la relación directa con las mayorías, señal de que sus miras no iban por ese camino sino por el de entenderse con esa clase de personajes (cosa fácilmente comprobable en la conducta de los congresistas y senadores elegidos por los partidos que Uribe promovía y que hoy secundan, prácticamente sin excepción, la persecución que emprendió el gobierno criminal).

Aun entre los críticos se encuentra uno con muchísimos que aseguran que en caso de convocarse una Asamblea Constituyente ésta sería manipulada por los políticos. De hecho, el odio "genérico" a los políticos es una condena taimada de la democracia, pues no es concebible un régimen democrático sin personas dedicadas a administrar el Estado. Pero también en los demás sistemas de gobierno hay políticos, y siempre mucha más corrupción, sólo que al no haber libertades no se conoce.

Aparte del desdén por el sistema democrático esas personas manifiestan un tremendo desprecio por la ciudadanía: parece que hubiera que resignarse a que los jueces fueran camarillas de criminales porque de otro modo se correría el riesgo de dejarse engañar. Y que una norma que de forma manifiesta autoriza a matar gente para abolirla merece defensa a causa de ese riesgo virtual.

En ese grupo numerosísimo no faltan los que juran que una Constituyente es lo que necesita Santos para repartirse el poder con las FARC. Si pudiera convocarla y dictar una Constitución más afín a los intereses terroristas, ¿qué lo detendría? Y en este caso la confusión sobre el sentido de la Constitución de 1991 es aún más grave: ¡la norma que entrega el poder judicial a los terroristas resulta ser un dique de contención contra su ascenso!

Primero hay que entender que el comunismo es una concepción de la sociedad y un proyecto político muy preciso que cuenta con una compleja organización internacional. El M-19 sería una organización distinta de las FARC, pero en cuanto proyecto comunista siempre estará de parte de la otra banda. Cuando la Constitución le entrega una parte significativa del poder a esos terroristas, se debe entender que el comunismo ha conquistado una parte significativa del Estado y sólo necesita un empujoncito para hacerlo colapsar y esclavizar a la sociedad. La disposición del poder judicial colombiano desde entonces lo demuestra. La Constitución del 91 es tal vez el principal acicate de las FARC, no sólo por el ejemplo de que "el crimen paga", sino por las garantías expresas que tienen para cometerlo.

Pero si se admite esto, ¿qué es lo que impide decidirse a cambiar ese poder judicial y a nombrar tribunales que juzguen a los prevaricadores que ahora protegen la actividad terrorista? Las propias leyes vigentes bastarían para condenar a los del montaje contra Plazas o la impunidad de Teodora. Claro que cualquier proyecto que se quiera emprender ofrece dificultades, pero en este caso la mayor es esa pereza de hacer frente a una realidad monstruosa.

Y no tiene sentido suponer que una movilización cívica acompañada de propuestas de textos y de listas de candidatos a delegados vaya a ser derrotada por los políticos afines al terrorismo. Quienes así razonan obran en definitiva de tal modo que permiten que sus representantes en el legislativo sean verdaderos delincuentes. ¿Cómo es que el engendro de Pablo fue aprobado por menos del 20% de los ciudadanos que podían votar? ¿Cómo es que a pesar de la campaña de los medios y del terror continuo Uribe fue elegido en 2002?

Esa desconfianza sólo es muestra del escaso arraigo de los valores democráticos: en todas las sociedades anteriores se temía el Apocalipsis si llegaba a permitirse elegir al gobierno a los tontos y a los malvados (por no hablar de los prejuicios contra los negros o las mujeres). ¡Qué raro que las sociedades más prósperas y libres sean democráticas!

(Publicado en el blog Atrabilioso el 26 de enero de 2012.)