martes, octubre 26, 2010

¿Quién manda en Colombia?

Tal como les ocurre a las personas, a las sociedades las determina su pasado. Y es en el pasado donde debemos buscar para explicar la docilidad de los colombianos ante los atropellos que cada día cometen las autoridades judiciales. Hay un temor atávico a los que mandan, un temor cuyas raíces se pueden buscar en la Inquisición, y antes de que el Santo Oficio se instituyera en la región, en los métodos de dominio de la Conquista.

De ahí la relativa indiferencia con que fue recibida la condena al coronel Plazas Vega. Aparte de los directamente afectados y de la minoría que realmente anhela un progreso hacia la democracia, todo el mundo pareció dispuesto a admitir que había que someterse a la "justicia", y prácticamente a nadie le importa que todas las determinaciones de la cúpula judicial reciban siempre el aplauso de los partidarios de las FARC y el chavismo.

Claro que en aras de la paz íntima todo el mundo olvida que hubo y hay partidarios de las FARC y el chavismo, y eso porque una vez la embestida armada de la banda comunista fracasa, ya nadie quiere defenderla. Ni siquiera los columnistas, gremio que de forma casi unánime exigía el premio de las atrocidades guerrilleras y el sacrificio de la democracia durante los gobiernos de Samper y Pastrana.

Pero esa sentencia increíble
dictada sobre hechos juzgados y prescritos, sin ninguna prueba válida y aun negándose a efectuar las pruebas que podrían aclarar los hechos, con manifiesta parcialidad tanto de la juez como de sus superiores y creando nuevas entidades jurídicas que extrañamente no se aplican a los asaltantes, no es la excepción sino la norma. Casi todas las decisiones del poder judicial son similares, y la misma sentencia estaba anunciada en un documento emitido por una "Comisión de la verdad" formada por ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, y en el que se alude a los militares como "victimarios sin escrúpulos" y se citan como autoridades los escritos de los propagandistas del M-19 (el documento fue comentado en este blog).

Lo que no se quiere entender es que los objetivos que tenían Pablo Escobar y el M-19 al ordenar el asalto del 6 de noviembre de 1985 los obtuvieron con la Constitución de 1991, gracias a la venalidad y corrupción del gobierno de César Gaviria y de la clase política de la época. Perseguir a los militares para desmoralizarlos y mantener activas a las guerrillas es una tarea apenas obvia por parte de unas autoridades judiciales cuyo ascenso necesitó del asesinato de quienes ocupaban el cargo antes. No tiene nada de raro que prácticamente todos los magistrados que se jubilan se dediquen a apoyar al Polo Democrático, incluso a ser sus candidatos, como ocurrió con el ex presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria.

El diseño constitucional es uno en el que los ciudadanos eligen a los peones del poder real, que detentan los magistrados. Todos los días se oyen noticias sobre sus actuaciones. El déficit público es imposible de remediar a causa de una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al gobierno a proveer asistencia sanitaria a todo el mundo, sin atender a las contribuciones. Los trámites fraudulentos de pensiones de Telecom son forzados por jueces asociados a mafias de abogados a las que nadie controla, la mayoría de los acusados de pertenencia a bandas terroristas de cierto nivel que son capturados terminan libres gracias a la labor de los jueces, como ocurrió recientemente con el hermano de "Rodrigo Granda", las sentencias en que se imponen gastos multimillonarios a favor de la clientela de los jueces invocando derechos fundamentales —a menudo para pagar costosas cirugías estéticas o tratamientos que cuestan lo que la supervivencia de miles de personas— son noticia diaria, si bien poco difundida, al igual que las que premian la relación con los jueces de algún ex empleado resuelto a esquilmar a su empleador.

Lo interesante es que la Asamblea Constituyente del M-19 y Escobar fue elegida apenas por un 20 % de los posibles votantes, pero de ahí emerge un poder que hace completamente ingobernable el país y completamente inane cualquier atisbo de democracia. En Colombia no hay democracia porque el pueblo no elige nada, ya que todo termina decidido por esas autoridades judiciales, que si bien no son elegidas sí cuentan con la adhesión de los poderes fácticos que hundieron al país en el infierno de los noventa: las sectas comunistas (de las que las guerrillas son apenas el servicio doméstico armado), los dueños de los medios de comunicación, con su nutrida tropa de paniaguados, las logias de "académicos" y toda la ralea de sindicalistas, autores de informes, profesionales de la protesta, miembros de ONG, diplomáticos del terrorismo y demás gentuza.

Se equivocan quienes piensan que Colombia es viable con unas autoridades de justicia que son sólo una siniestra mafia de prevaricadores aliados de los traficantes de drogas y de las bandas terroristas, obedeciendo a cada capricho que se les ocurra, siempre en aras de desmoralizar a los defensores de las instituciones y de hacer inviable el gobierno hasta abrirle las puertas a uno apoyado por Hugo Chávez (la adhesión de Mockus a esas autoridades es una prueba de su relación secreta con el chavismo). No se debe olvidar que la atrocidad jurídica contra Plazas Vega es sólo un episodio en una larga lista: sólo es que no se recuerda el cuestionamiento a los computadores de Raúl Reyes después de que la Interpol certificara su autenticidad, la obstinada impunidad de los cómplices de las FARC que aparecen en esos computadores, los procesos basados en testimonios de criminales, el caso Tasmania y toda la conducta del magistrado auxiliar Iván Velásquez, la persecución contra Fernando Londoño por sus opiniones o la curiosa pereza de avanzar en un caso que no está prescrito y en el que sí hay pruebas concluyentes que comprometen a los socios de la caterva de criminales que ocupan los altos cargos de la justicia: el asesinato de Álvaro Gómez.

En cualquier país desarrollado la conducta de esos magistrados los tendría en la cárcel por prevaricar, pero la realidad de Colombia es que no se los puede procesar. Teóricamente hay una Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuyos miembros tienen miedo de ir a prisión preventiva con cualquier pretexto (la prisión preventiva de representantes populares, por no hablar del fundamento de los procesos, o del papel de la Corte Suprema como juzgado de primera instancia, es una figura desconocida en cualquier democracia). De modo que los colombianos de hoy en día están literalmente sometidos a la tiranía de esa caterva de criminales.

Y sería muy ingenuo esperar que en los próximos meses o años la conducta de esos malhechores fuera a cambiar. La única solución que se me ocurre es empezar a promover una Asamblea Constituyente que tenga entre sus facultades evaluar el posible prevaricato de los jueces, empezando por las sentencias en que ampliaron los derechos fundamentales a todos los supuestos que sirven a su cleptocracia (es prevaricato reemplazar la Constitución y al poder legislativo). Pero entonces surge el problema que planteé en el primer párrafo: el arraigo de la servidumbre. ¿Cuándo habrá una mayoría de ciudadanos que entiendan que los jueces son los funcionarios que aplican la ley, y dejen de creer que la ley es aquello que determinan los jueces, es decir, los amos?

Cuando los magistrados eran estudiantes en las facultades de Derecho se recitaba "El Derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley". Gracias al asesinato de los juristas y a la alianza con Pablo Escobar y la clase política corrupta de la época de dominio de las bandas de traficantes de cocaína, esos estudiantes se convirtieron en la clase dominante, y han convertido su voluntad perversa y terrorista en ley.

Plazas Vega condenado a treinta años es como una metáfora: es perfectamente posible que dentro de unos meses el condenado sea el presidente Uribe. Y lo fascinante es que los adalides de la legalidad sean asesinos amnistiados como Gustavo Petro o León Valencia, o, peor, instigadores de asesinatos, como Alfredo Molano (que comparaba a Tirofijo con Bolívar y justificaba atrocidades como la masacre de Vigía del Fuerte). Es que los miembros de las cortes, como lo demostró el humanista para el que es lícito matar para que la gente viva mejor, son sólo criminales de la misma calaña, a veces con mejor labia o mejores "palancas".

El pretexto con el que se saltan principios básicos del Derecho como la prescripción de la acción penal es la consideración de las supuestas desapariciones como "crímenes de lesa humanidad". Y los colombianos ni se inmutan ante el hecho de que el mismo asalto, al igual que el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado o la masacre de Tacueyó, no sea considerado crimen de lesa humanidad. Si hubiera que buscar esa clase de crímenes habría que considerar ante todo la existencia misma de las FARC y la larga lista de cómplices que las apoyan. Pero en tal caso habría que considerar el castigo de esos jueces.

El candidato Juan Manuel Santos propuso que la Fiscalía fuera parte del Ejecutivo, cosa que despertó indignación entre los indignados profesionales que comentan en la prensa, convenientemente pagados por ONG cuyos líderes apenas se distinguen de los jefes terroristas por la manicura y el cuidado de las barbas. Resulta que ésa es la norma en los sistemas jurídicos similares. Por ejemplo en España o en Estados Unidos, y el problema de un Ministerio Público sometido a las autoridades judiciales, como de hecho ocurre en Colombia, es que sólo se investiga o sólo se presentan acusaciones cuando interesa a quienes juzgan.

El orden real de la sociedad colombiana dista mucho del propio de una democracia. El poder está en manos de unos señores a los que los ciudadanos no eligen, que son abiertamente parciales en sus sentencias y claramente afines tanto a los intereses de las mafias de traficantes de drogas como a los de las organizaciones terroristas. Sus órdenes no tienen relación con ningún principio de equidad sino siempre con intereses espurios o con la satisfacción de las ambiciones de su clientela para obtener privilegios a costa de los demás colombianos.

Pero creo haber encontrado una explicación para la pasividad de la mayoría de la gente: a los colombianos no los indigna la injusticia sino sólo la que los afecta. Si los roban para pagarles liftings a los clientes de los magistrados, no sienten rabia sino admiración y empiezan a plantearse cómo podrán contarse ellos entre los beneficiados, de ahí que uno quede como un reaccionario inverosímil cuando critica la "acción de tutela". La arbitrariedad y la venalidad de quienes deberían defender la justicia les parecen atributos del poder que sólo lamentan no poder disfrutar.

Pero hay que seguir insistiendo hasta que la opresión sea evidente para todos: puede que la escuela de ciudadanía necesite un siglo o más para hacer consciente a la gente de la infamia de que la justicia esté en tales manos, pero sería peor callarse.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 23 de junio de 2010.)