martes, abril 28, 2009

La justicia y sus garantes

No debería haber necesidad de insistir en la importancia de las palabras, pero en el nivel de la discusión en Colombia resulta algo imprescindible porque cualquiera las usa con el sentido que quiere y así no se llega a ninguna claridad. Vale la pena detenerse un poco en la noción de justicia, porque pronto se verá que cuando no se sabe de qué se habla perfectamente puede llegar a significar “injusticia”.

"Eludir la acción de la justicia"
Por ejemplo, respecto al caso de Mario Uribe, dice el director de la revista Cambio, el ex ministro del gobierno de Samper Rodrigo Pardo: La fallida intención de Uribe Escobar era eludir la acción de la justicia. Ciertamente, la frase es usual y no faltará quien no le vea ningún problema; mejor dicho, depende de la disposición de cada cual, el que es hostil al gobierno, considerará que la frase es apropiada, el que no, verá cierta intención hostil. En este caso, siguiendo un uso normal de la palabra, “la justicia” significa “las autoridades judiciales”. Pero el lector que no evalúa las palabras con sentido crítico o no tiene un especial interés en la precisión podrá dar por sentado que las disposiciones de esas autoridades son justas. ¿Lo son? Habría que evaluar cada caso, el sentido de este artículo es explicar de qué modo en Colombia más bien tienden a no serlo.

La justicia es la injusticia
Más resuelto, como corresponde a la Academia en un mundo al revés, el columnista y profesor Álvaro Camacho Guizado proclama:

Claro que un régimen estable es preferible a uno inestable que tenga que recurrir a la violencia para sostenerse, pero ineludiblemente para que sea estable debe ser justo, y por tanto debe respetar a los aparatos judiciales, subordinarse a ellos y no pedirles que actúen de una manera u otra: la aceptación de su autonomía es un principio democrático que no se puede violar, aunque se cuente con un volumen importante de opinión pública favorable.

No faltará quien recuerde que el volumen de opinión pública siempre es importante, tanto si es grande como si es pequeño, pero ¿qué tiene que ver ser justo con subordinarse a los aparatos judiciales? Personalmente pienso que Mario Uribe buscaba el asilo político porque es víctima de una persecución política, con lo que no “eludía la acción de la justicia” sino que se libraba de una injusticia, pero Camacho Guizado va un poco más allá: ser justo es someterse a los jueces. ¿Son justos éstos? Claro, ¿cómo no van a ser justos los profesionales de la justicia? Es la pura lógica del gato de Cheshire y un síntoma extremo de la indigencia moral e intelectual de las clases poderosas del país. ¡A que alguien se acuerda de que la rebelión política es defendida por los jueces como un derecho! De modo que es legal matar gente para destruir el orden legal pero discrepar de los jueces es ser injusto.

¿En qué momento se jodió Colombia?
Durante el gobierno de Pastrana cundió la desesperación a causa del imperio del terrorismo y el secuestro, era muy frecuente lamentar la situación del país y añorar épocas más agradables. Ese sentido nostálgico es uno de los mayores problemas de las mayorías uribistas: son mayorías conservadoras que sienten que el país torció su rumbo por el tráfico de drogas y la infección marxista y echan de menos el país católico tranquilo que a lo mejor sólo existe en la imaginación. ¿Habrá quien recuerde que hace cien años todavía se viajaba “a lomo de indio” y hace doscientos años buena parte de la población era esclava? Cada vez que uno se encuentra con esas descaradas prerrogativas de los jueces y de los miembros de las castas ligadas al poder, lo que percibe es el viejo país. Las mismas guerrillas son parte de eso, estrategias de minorías selectas para asegurarse el dominio sin necesidad de convencer a los demás.

Delito político
Para entender la conducta de la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses sólo hay que prestar atención al sentido de todo lo que hace, que no es otro que deslegitimar al gobierno. ¿Por qué no se procesó a Andrés Pastrana por reunirse con Tirofijo? Siempre se vuelve a la cuestión que todos los columnistas rehúyen, que es lo que dice la CSJ sobre el delito político. Esa autoridad busca respaldo a sus ideas en la Constitución y a ésta nadie la cuestiona, de modo que hay un amplio consenso entre los creadores de opinión en que cuestionar la consideración “altruista” de la rebelión armada es ser injusto. Camacho Guizado sólo expresa más abiertamente esa opinión generalizada. Los que creemos que las ideas de la CSJ sobre el delito político son claramente criminales somos una minoría. No hay un país sano que experimenta una infección foránea, sino un país bárbaro que tiene la oportunidad de integrarse a la civilización, aunque poca decisión para hacerlo.

La Corte y el Secretariado
Recientemente señalaba Fernando Londoño el absurdo conceptual en que cae la Corte al perseguir políticamente a unos políticos por actividades ligadas a su actividad al tiempo que les niega toda consideración política:
Para empezar, la Corte se ha permitido una audacia intelectual que pocos hemos denunciado. Y es que hay todo un aparato de aplicación judicial en torno a un ejercicio político cuyos autores son unos sujetos que no hacen política, no son políticos y nunca obraron con propósitos políticos. Al negar el carácter de políticos a los delitos de los llamados paramilitares, la Corte cayó en esta trampa dialéctica insoluble. El Congreso está en la cárcel porque los aspirantes a integrarlo se asociaron políticamente, para alcanzar dominio político en contubernio con quienes se adueñaron de la política, sin que tuvieran sus actos intención ni contenido político. A partir de tal absurdo, todo lo que sigue trae ese vicio esencial.
Pero al respecto es mejor prestar atención a lo que dice la misma corte:
La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia.
Es importante señalar la clara asociación entre esas ideas y las aspiraciones de las organizaciones comunistas: ¿qué pasaría si alguien se levanta en armas para reimplantar la esclavitud o para exterminar a determinado grupo racial? Tendría que destruir el Estado como tal y el sistema político vigente, por tanto perseguiría finalidades altruistas. ¿O no? Pero, ¿cuál es el sistema político vigente contra el que se levantan los rebeldes políticos? Es la democracia representativa basada en el sufragio universal. La rebelión política sólo tiene por objeto la imposición de una minoría sobre la mayoría, para lo cual, obviamente, se debe reemplazar el sistema político vigente. Todas las demás aspiraciones políticas se resolverían sin violencia, salvo el respeto a la voluntad de la mayoría.

El derecho al revés
No faltará quien piense que se trata de una elaboración doctrinaria de la Constitución que favorece las inclinaciones de los grupos comunistas, pero es mucho más interesante entender por qué esos grupos de universitarios adoptaron el marxismo. Es decir, el marxismo no es el contenido último de las aspiraciones de quienes quieren abolir el sufragio universal, sino un pretexto, un disfraz para una época. Las aspiraciones revolucionarias no son un avance, ni siquiera desviado, sino un puro atavismo. ¿Qué representan? Al Estado en su origen, cuando sólo representaba un poder ultramarino al que defendía una minoría de la población de los siglos coloniales. Esa minoría se formó como representante de ese poder extranjero y se puso a sí misma a salvo del trabajo, encargada sólo de la exacción; con la independencia sólo desapareció el usufructuario extranjero y esa casta quedó como dueña del país. La jurisprudencia fue la ocupación que escogió esa minoría, que siempre se opuso a la penetración de ideas foráneas que condujo a la creación de instituciones representativas. La revolución rusa y el desorden que siguió en Europa despertó toda clase de esperanzas de anular el sufragio. No es raro que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional sea uno de los últimos refugios del comunismo en el mundo.

Poder absoluto
Eso explica la defensa cerrada por parte de la CSJ de ideas perversas y criminales como la del delito político. Pero el arraigo de ese orden que los magistrados defienden es muy profundo y por eso casi se puede decir que los tirapiedra y guerrilleros no hacen más que defender ese viejo orden. La misma Constitución política vigente confirma esa noción. Por otra parte, al ser un poder no elegido ni dependiente de los otros, las autoridades judiciales están en una situación especial. Según la Constitución los magistrados pueden ser juzgados por el Congreso, pero ¿qué delitos tendrían que cometer? Cuando el gobierno denunció el caso Tasmania la reacción de los magistrados fue la de ponerse por encima de la ley, a salvo de cualquier cuestionamiento. Pero el problema es que no es posible juzgarlos por sus actuaciones porque son ellos quienes definen los límites de la ley.

Obrar con justicia
En resumen, nada de lo que ocurre deja de tener su origen en la configuración ideológica, social y aun jurídica del país. Lo que limita la acción de los jueces en los demás países es precisamente la justicia de sus acciones, y al respecto existe el delito de prevaricación o prevaricato. Según el diccionario, prevaricación es: Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. El Código Penal Español señala respecto a la prevaricación:
Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Eso quiere decir que quien juzgue a esos funcionarios tendrá que considerar si lo que hicieron era justo, cosa que EN ESPAÑA no consiste en que provenga de una autoridad de justicia.

Prevaricar en Colombia
A los magistrados colombianos nadie los podrá juzgar por emitir a sabiendas resoluciones injustas, pues el Código Penal colombiano no contempla esa posibilidad. Es importante prestar atención a los artículos correspondientes:
ARTÍCULO 413 - Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
ARTÍCULO 414- Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
Es decir, que el prevaricato es una cuestión puramente de procedimiento porque la ley es autorreferencial, el juez que no deje en libertad a Alfonso Cano puede estar prevaricando porque la ley dice que el rebelde político debe tener un tratamiento benigno y puede que no haya modo de comprobar que cometió delitos de lesa humanidad. Pero lo esencial es otra cosa: no es posible cuestionar la justicia de las actuaciones de los jueces, sólo su sujeción a la ley.

Garantes de la justicia
Nada puede llevar tanto a error como el acostumbramiento, la gente ve que algún fenómeno se repite y deja de pensar que puede ser perverso y más bien empieza a participar de él. Por ejemplo, el hecho cotidiano de que los argumentos se respalden con declaraciones tajantes de cualquiera ya no sorprende a ningún colombiano. Tratándose de cuestiones de política o derecho, eso es todavía más claro. De modo que la conducta de la Corte en el caso de la parapolítica y de la orden de captura contra Yidis Medina encuentra toda clase de contradictores y defensores, que están siempre a salvo de cualquier coherencia: la justicia se vuelve una cuestión de quién grite más alto. Eso ha conducido a un prodigio increíble: todas las personas que hace ocho años escribían en los foros burlándose de los secuestrados, los que alientan de diversos modos a las guerrillas, los que quieren destruir el orden legal, los que proclaman, como Alfredo Molano que las guerrillas defienden a los campesinos, etc., se convierten en garantes de la probidad de la CSJ.

Al fin juntos
La virtud justiciera de esos garantes debería bastar para evaluar la conducta de la CSJ, pero también puede ser útil para entender el país: vivirá engañado quien no vea una facción considerable de las clases altas dedicada a destruir el sistema democrático y a las altas autoridades judiciales complaciendo esas tendencias, que de algún modo son la tradición. Si en el resto de Sudamérica predominan los proyectos políticos que siguen esa orientación no es por ninguna otra causa, y eso debería alertar sobre el peligro que acecha a Colombia, que no se conjura simplemente con la derrota de las FARC sino con un prolongado esfuerzo político por poner al día las instituciones, para lo cual será inevitable una nueva Constitución y unos nuevos códigos legales.
(Publicado el el blog Atrabilioso el 30 de abril de 2008.)