sábado, febrero 14, 2009

El tono ambiguo de Pardo

Si hay algo odioso en este mundo es la difusión de rumores y sospechas sin pruebas, pero la cadena de acciones de la camarilla de César Gaviria a favor de Chávez y sus socios desde las crisis de 2002 en Venezuela deja un hedor insoportable. Ya en su momento se denunció la actitud del tinterillo que llegó a ser secretario general de la OEA a favor de Mico Mandante, episodio sobre el cual los venezolanos podrían contar muchas historias, por no hablar de las denuncias en su día de Mario Vargas Llosa. Más rara es la determinación del ex presidente de combatir al gobierno de Uribe siendo que, para volver a la presidencia, le habría sido muy eficaz convertirse en el protector del actual presidente. Si no hubiera podido impedir la reelección, sería el candidato con más posibilidades en 2010 al agrupar el uribismo y la parte mayoritaria del antiguo Partido Liberal.

Pero lo mismo se podría decir de los personajes más próximos a Gaviria, como Rudolf Hommes, últimamente convertido en valedor de la solución negociada y de las bellezas del PDA. Ya ni en el lenguaje se detecta ninguna diferencia con las FARC: ¡paz con justicia social!, es el objetivo de la negociación que gustaría a este ex ministro.

Es en el contexto de esa extraña variación de esos filántropos donde cabe la aparición de Rafael Pardo Rueda en la prensa matizando la discusión sobre el delito político que tan torpemente llevó a cabo el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con el presidente del PDA, en una acción más propia de un reality show que de desarrollo de una discusión de profundas implicaciones. Una lectura atenta al artículo aparecido el jueves 1 de noviembre en El Tiempo y firmado por ese ex ministro permitirá entender cuál es el juego de esa camarilla y de qué modo entronca con los designios de Mico Mandante para Colombia.

¿Abolir o no el delito político? Opiniones coyunturales no pueden ser motivos para cambiar la Constitución.

La pelea entre Carlos Gaviria y el Comisionado de Paz por el delito político es muy relevante, tanto por el significado del debate mismo, como por sus efectos prácticos en el tema de la pacificación.

El Gobierno cuestionó la publicación de una columna de Gaviria en un medio de Internet de las Farc, asunto fuera del alcance de este y que hace que el debate se tiña de sospechas por surgir el día siguiente del triunfo del Polo en Bogotá. Pero, más allá de lo anecdótico, es un tema relevante.
En realidad lo que se cuestiona es el silencio de Gaviria y el PDA respecto de la campaña de propaganda que las FARC hicieron en esa página a favor del PDA. Tanto en internet como en muchos municipios, las FARC participaron en la campaña electoral favoreciendo a ese partido: las proclamas se redactan en Escandinavia, los asesinatos se llevan a cabo en los pueblos colombianos. El que publiquen el artículo de Gaviria ahí tiene que ver con la legitimación que buscan y que es el sentido mismo de ese artículo. Por lo demás, llama la atención que lo coyuntural llegue a ser muy relevante.
Empecemos por el contenido del escrito de Gaviria, que es una argumentación histórica y teórica en favor de la aplicación de la condición de delincuente político a quienes se alzan contra el Estado. Discutible, pero respetable. Plantea asuntos sobre los que no hay acuerdo, como el de si un delito con motivación política debe castigarse con penas más leves o más fuertes para quienes cometen los mismos delitos sin esta motivación.
Un examen de ese artículo de Gaviria deja ver lo “respetable” de su argumentación. ¿Qué significa “respetable”? Pardo quiere complacer a los partidarios del PDA que no tienen paciencia para leer el escrito y engañar a los demás. La argumentación es escandalosamente falaz, pero es inevitable que tenga su público en el país en que la revista de los ricos publica un panegírico de un terrorista. De momento es clara la intención de Pardo, y su noción de respetabilidad.
Pero voceros del Gobierno han llevado la discusión al debate de si se justifica o no la rebelión, o si 'paras' y guerrillas merecen el mismo tratamiento.
El que exista en la Constitución el delito político no es una invitación, ni mucho menos una justificación, ni a la rebelión ni al alzamiento contra un gobierno legítimo. El Gobierno usa el sofisma de que, como no hay condiciones para la rebelión, entonces debe quitarse el delito político de la Constitución. Hoy puede ser injustificable la rebelión, dicen sus voceros, pero antes, durante el Frente Nacional, también lo era, digo yo con mucho respeto.
La alusión al Frente Nacional parece destinada a confundir: siempre es injustificable la rebelión contra la democracia. El motivo por el que el delito político debe desaparecer de la Constitución es éste: se trata de una falacia criminal cuyo origen está en la propaganda del fascismo (“violencia caballeresca”) y en su concepción colombiana corresponde al derecho a suponer que un régimen sin urnas puede ser mejor que uno con urnas. ¿Cuál es el sofisma? La palabra encanta a los pensadores que se forman en las universidades colombianas. “Descresta.” Sería muy interesante que alguien buscara la relación entre el concepto de “sofisma” y el razonamiento que Pardo atribuye al gobierno.Por otra parte, si no es una invitación a la rebelión, ¿por qué aparece en la Constitución? Esa presencia del delito político es un permiso para hacerlo, no hace falta que sea una invitación.
Pero, a más de la controversia llamémosla teórica, hay dos asuntos prácticos. Uno es que, de acuerdo con la Constitución, el delito político se puede perdonar por decisión política. Un segundo tema es el alcance de este delito. Es decir, qué conductas se incluyen y cuáles se excluyen de él. Es delito político rebelarse contra el Estado. Pero si para ello se portan armas, se roba un banco, se asesina al portero del banco o a un parroquiano que pasa por la esquina, ¿serán estos delito conexos y, por tanto, susceptibles de ser perdonados?

En las normas se excluyen, desde hace décadas, de la conexidad con el delito político y, en consecuencia, de su eventual perdón, el terrorismo, los delitos atroces y el homicidio fuera de combate. En 1993 se excluyó cualquier tipo de secuestro. En la Convención de Viena, el narcotráfico. En sentencia de la Corte Constitucional de 1997 se excluyó el homicidio. Y en el Tratado de Roma, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo tanto, si miembros de grupos rebeldes cometen estos crímenes, no podrán ser amnistiados por ellos. O tampoco lo será un integrante de un grupo rebelde que viola a una menor. El delito político hoy, y no por las condiciones recientes de nuestra democracia, sino por normas sucesivas, tiene un alcance mucho menor que antes. Cada vez menos conductas de los integrantes de grupos rebeldes son susceptibles de ser perdonadas si hubiere paz. Pero de ahí a eliminarlo de la Constitución hay un largo trecho.
La pregunta obvia que surge de esa enumeración es ésta: ¿qué es lo que se puede hacer al rebelarse contra el gobierno para que sólo quede como delito político? Prácticamente todos los delitos que cometen los miembros de los grupos rebeldes son mero resultado de la rebelión. No se consiguen y portan armas para vivir una aventura romántica sino para matar e intimidar. Es que por una parte matar a soldados en combate no es “homicidio” pues ya la aceptación del derecho a rebelarse contemplaba esa posibilidad, y por la otra los dirigentes no serán responsables de nada, pues una cosa es que sean terribles criminales y otra que sean idiotas: los hechos atroces, las violaciones de menores, etc., se atribuirán a los pobladores de regiones miserables a los que se reclutó en la infancia, mientras que los dirigentes quedarán con la honra de haber escogido por altruismo luchar para que la gente viva mejor.

Es decir, podemos preguntarnos por qué le interesa a Pardo hacer presión a favor de la persistencia del delito político en la Constitución. Ya se verá qué intenciones lleva este prócer.
Las opiniones coyunturales no pueden ser las motivaciones para modificar la Constitución. El Gobierno no está obligado a aplicar amnistías o indultos, ni el Congreso a aprobarlas. Si aquel considera que los rebeldes no merecen indulto en las condiciones de la ley actual, pues no debe solicitarlo al Congreso.
Es decir, la posibilidad de que se premie a las FARC y al ELN es lo que se quiere preservar, de modo que cuando la propaganda, el adoctrinamiento en las escuelas, los incentivos de Chávez y los de origen retentivo y la intimidación consigan que el gobierno caiga en manos de los que encuentran respetable a Gaviria, se podrá llevar a la práctica ese noble proyecto sin violentar la Constitución. Pero ¿por qué es defendible el delito político? Eso se da por sobreentendido y es lo único que interesa. Pardo no dice nada en defensa de ese concepto, sólo que está en la Constitución. Es un procedimiento típico en Colombia: las cuestiones morales se hacen depender de textos legales.
Lo que pasa es que el Gobierno, que reclama un necesario debate sobre el alcance del delito político, en lugar de formular una propuesta teóricamente sólida, va andando a la bulla de los cocos. Un día dice que los 'paras' son delincuentes políticos, otro día saca a los peores guerrilleros de la cárcel sin mayor justificación. Un día sostiene que los guerrilleros no pueden ser indultados y ayer dijo que el concierto para delinquir de los 'paras' debe convertirse en delito político para indultarlos.
Si alguien albergara la menor duda de que este personaje obra de mala fe para promoverse como candidato de una mayoría determinada por el PDA en una segunda vuelta en 2010 este párrafo debería despejarla por completo. ¿De qué sirve una propuesta teóricamente sólida si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se basan en la noción de Derecho Político para anular el derecho a la defensa propia y convertir el proyecto de imponer una tiranía como las que asolaron a medio mundo en el siglo XX en el resultado de una determinación altruista?

Estos personajes tienen mangas muy anchas y siempre sacan las cartas que les convienen: lo que es “histórico y teórico” se vuelve jurídico cuando conviene. ¿Ha sacado el gobierno a los peores guerrilleros sin mayor justificación? El único guerrillero importante que salió fue alias Rodrigo Granda, seguramente por presiones de Sarkozy. La contradicción aparente entre oponerse al delito político y al mismo tiempo reclamarlo en el caso de los paramilitares que se desmovilicen puede llevar a muchos a creer en un doble juego del gobierno. Pero es como si el abogado abolicionista de un esclavo fugitivo presentara ante un tribunal un documento de manumisión. ¿No está legitimando la esclavitud con ese documento? Resulta que si las leyes que imperan son esclavistas la proclama abolicionista no servirá de nada. Tampoco los alegatos contra el delito político surtirán ningún efecto en una Corte que perpetra sus atroces sentencias con base en esa falacia. En eso es claro que Pardo miente, pues el nombramiento de los magistrados no depende del Ejecutivo, que por definición no puede determinar sus sentencias.

El gobierno pretende que se considere sedición la actividad de las AUC, y por tanto que se concedan beneficios penales derivados del “delito político” porque es una forma de cumplir lo negociado con los dirigentes de esa banda que condujo a su desmovilización y a la Ley de Justicia y Paz. Los defensores de las FARC necesitan que los paramilitares sigan activos porque pretenden justificar la actividad de su tropa, por eso pretenden a toda costa un castigo severo para los miembros de las AUC para disuadir a los que no se han entregado de hacerlo, y también a los que en cualquier momento consideren que hay alguna alternativa a dejarse secuestrar y pagar la extorsión.

De modo que en el plano teórico sería deseable que se anulara lo relativo al delito político en la Constitución, pero en el plano jurídico se debería aplicar a todos los que se desmovilicen. Esto naturalmente incluye a los guerrilleros, cuya entrega a la justicia debería ser un clamor nacional, pero ciertamente no es el objetivo del Partido Comunista, ni de su periferia (PDA) ni de quienes pretendían aliarse con ellos para hacer frente a Uribe.

Ése es todo el interés de Pardo en meter baza en la discusión sobre el delito político. No el fin de la guerra a cambio de la impunidad sino la persistencia en busca del premio. Ya sé que la intuición de los incentivos de Chávez es aventurada y requeriría más pruebas, pero ¿qué explicación tiene esa actitud por parte de este señor y de toda esa camarilla? ¿Qué se puede pensar de un artículo como éste, igualmente cauteloso pero al final “respetuoso” de los cambios de Chávez? Al final, cuando se enfrentan dos concepciones sobre el delito político, con mucha cautela y hábil envoltorio, Pardo se pone de lado del amigo del PCC. Es el bando en que está ahora y los colombianos que no quieren el ascenso de los que buscan alentar a las FARC deben tomar nota.

Publicado en el blog Atrabilioso el 7 de noviembre de 2007