lunes, noviembre 18, 2013

¿Cómo ven la paz de Santos fuera de Colombia?


Como ya he explicado muchísimas veces, la monstruosa componenda de Santos con los terroristas funciona porque no hay oposición. Hoy por hoy el candidato con más opciones dentro del uribismo es un señor que declaró que Uribe habría firmado ese acuerdo y lo aplaudió. A la mejor manera "politiquera", casi todos los demás precandidatos acomodan sus eslóganes al estado de ánimo de la mayoría y finalmente nadie sabe qué harán cuando se firme el acuerdo de paz que conducirá a un referendo, a un cese al fuego y tal vez a la concesión del Nobel de la Paz a Santos. (También he explicado muchas veces el principio solipsista: es en la cabeza de cada persona donde termina estando todo, no se sabe si los precandidatos y candidatos uribistas al Senado apoyan o condenan la negociación, pero los activistas y votantes por lo general están sólo preparados para aplaudir lo que finalmente resuelvan aquéllos. El único dato claro es el consejo de Uribe de no cancelar los diálogos.)

En cambio, el gobierno y sus socios terroristas tienen grandes recursos de relaciones públicas y grandes maquinarias de propaganda. Así imponen sus nociones sin que nadie las cuestione. Paradigmático es el increíble mártir heredero Héctor Abad Faciolince, al que elogian Savater, Vargas Llosa y Enrique Krauze. ¿Nadie es capaz de preguntarles si ellos también creen que no es lo mismo matar para enriquecerse que matar para que la gente viva mejor, como proclama Carlos Gaviria, el compañero de activismo de Abad? No, nadie: mejor mostrar respeto por los juicios de tan importantes personas, aunque casualmente a Savater sí le presentaron la genialidad del Estado de Opinión (y también al príncipe Felipe, que además de no ser idiota tiene bastantes asesores capaces de entender las bellezas que inventan en Colombia).

Santos hace lo mismo y su componenda criminal ha sido respaldada por personas que deberían estar en contra, como el columnista del ABC Ramón Pérez Maura (todo aderezado con una increíble credulidad respecto de la propaganda antiuribista, tal vez por influencia de otro experto en esa clase de manejos: Andrés Pastrana).

Dentro de esa campaña, y muy oportunamente, aparece en El País, el órgano del grupo Prisa, dueño de Caracol Radio y socio de El Espectador, un artículo del exministro israelí Shlomo Ben Ami. Le pregunté por Twitter a Hermann Tertsch si se debería esperar mala fe de ese señor y me contestó que más bien tendía a equivocarse. Voy a comentar ese escrito para señalar las grandes mentiras que dice, dando por sentado que las cree por la presión de la propaganda del régimen.

Bastan el título y la entradilla:
Colombia y el precio de la paz 
Es una mala decisión terminar un conflicto pensando solo en el castigo de los culpables
¿Alguien está pensando "sólo" en el castigo de los culpables? Sería sencillísimo: Santos propone un referendo gracias al cual los miembros de las FARC desisten de ir en contra de los resultados de las elecciones, se disuelven, entregan las armas, informan sobre las rutas del tráfico de cocaína y sobre la situación de las minas, entregan a todos los niños reclutados y devuelven el dinero que hayan obtenido secuestrando y extorsionando a los colombianos, y a cambio de eso se promueve la impunidad para todos. Toda oposición resultaría muy minoritaria en Colombia. Claro que está la CPI, pero toda la negociación sobre el campo, las leyes, etc., no tendría sentido.

De modo que es una mentira brutal, en cierto modo reforzada por la falacia uribista de la "paz sin impunidad". La impunidad es sencillamente un nivel absurdo de cuestionamiento, no se puede discutir con alguien las leyes de un país y a la vez su castigo por transgredirlas. Si se comprometieran a respetarlas y desistieran de abolirlas, tendría sentido hablar de castigo o perdón. Lo que negocia Santos es sencillamente la claudicación total del Estado y si el señor Ben Ami no es capaz de verlo, ¿cómo pudo ser ministro de Exteriores de Israel? ¿Cómo puede escribir sobre el tema en la prensa?

Ya en el título acepta un sobreentendido perverso: un régimen democrático puede aceptar discutir sus bases con una organización terrorista, por lo demás ligada de muchas maneras con Al Qaeda y otras. ¿Es posible concebir algo así sin incentivos o maquinaciones infames? Cuesta creerlo.
La relación entre paz y justicia es desde hace mucho tiempo tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos dicen que el afán de justicia puede ser un obstáculo en la búsqueda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre quienes se cuenta Fatou Bensouda, fiscal general del Tribunal Penal Internacional) afirman que la justicia es una precondición de la paz. Esta cuestión debería ser objeto de una cuidadosa consideración de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz más prometedoras que haya habido en su país, tras cinco décadas de conflicto brutal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La historia de las FARC es la historia de las negociaciones de paz. Se formaron en medio de la efervescencia revolucionaria de los sesenta como brazo armado del Partido Comunista y tuvieron una presencia mínima, y aun sólo unos cuantos cientos de miembros, hasta que en 1982 el presidente Belisario Betancur se alió con ellas para buscar un nuevo bipartidismo. Gracias al cese al fuego expandieron la industria de la extorsión a muchas otras regiones, así como el control sobre la industria de la cocaína. Tras varios años de concesiones "prometedoras", el gobierno comprobó que no hacían más que escalar cada vez más sus pretensiones. Exactamente ocurrió lo mismo con todos los gobiernos posteriores: cuanto más se buscó acordar la paz más expandieron su poder, que llegó a su punto más alto gracias a la cesión de un territorio del tamaño del doble de Israel. Cada vez que hay negociaciones de paz los terroristas multiplican su poder. Este gráfico puede ilustrar lo que digo.

¿Ignora el señor Ben Ami que eso ocurre porque se los legitima y alienta al someter las leyes a su dictado?

¿No será por la confesión dominante en su país por lo que para el señor Ben Ami no es ejemplar lo que dijo el papa alemán en un discurso ante el parlamento de ese país?
Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?, dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó al derecho; cómo se ha pisoteado el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho.
Si el señor Ben Ami tuviera alguna noción de Colombia sabría que EXACTAMENTE eso es lo que ocurre en la Colombia de hoy, donde el fiscal general de la nación proclama que el "derecho fundamental a la paz" prima sobre el derecho de las víctimas al castigo de los criminales. A lo mejor podría explicarnos de qué clase de pacifistas surge esa idea fascinante de que un "derecho a la paz" se materializa en el éxito de quienes no dejan en paz a los demás sino que los secuestran y masacran.

Las conversaciones de paz son prometedoras para los asesinos, que ahora tendrán muchos más recursos para matar (a lo mejor con otra marca, pues gracias a las negociaciones de "paz" de los ochenta el Partido Comunista quedó impune y se dedicó a trabajar legalmente para cobrar los crímenes de su brazo armado, sin que el M-19 haya hecho otra cosa o SEA otra cosa). Por torpeza o frivolidad el señor Ben Ami contribuye a la multiplicación del crimen.
Un modelo ideal de aplicación de justicia post-conflicto puede hallarse en los juicios de Núremberg, celebrados tras la rendición incondicional de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es mucho más compleja, ya que en estos casos, lo que está en juego puede obligar a elegir entre la reconciliación y la búsqueda de responsabilidades.
¿Ha terminado el "conflicto colombiano"? ¿Terminará gracias a la negociación de Santos? ¿Son igual de legítimos ambos bandos? ¿Cómo es que no hay vencedores ni vencidos?

Las FARC estaban en trance de desaparecer cuando llegó Santos al poder. Los mapas en que se registra su presencia en esa época se reducen a pequeñas áreas en las regiones fronterizas de Ecuador y Venezuela. Sencillamente no hay vencedores ni vencidos porque el jefe de los vencedores se puso de parte de los vencidos, cuyo máximo jefe es a fin de cuentas su hermano mayor. Otra burda mentira. Otra contribución a la propaganda del terrorismo.

[Suprimo dos párrafos que no añaden nada porque tratan de la cuestión de la impunidad que aclaré arriba: todo es mentira, no van a pedir perdón sino a ser los dueños del país y ahora mismo tienen a su servicio al poder judicial y a casi todo el Estado, gracias a las grandes fortunas de sus negocios criminales. La mayoría de los colombianos los dejaríamos impunes.]
Claro que ofrecer una vía de escape a criminales de guerra y violadores de los derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la población civil puede más que una búsqueda principista de justicia. ¿Quién se opondría hoy a una amnistía al presidente de Siria, Bashar Al Assad, si esta sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya causó más de 100.000 muertes y creó casi dos millones de refugiados (entre ellos, un millón de niños) en apenas dos años?
Eso de "terminar el sufrimiento de la población civil" es exactamente el argumento del secuestrador: podría suprimirse el derecho penal para terminar el sufrimiento y el riesgo de los encargados de capturar a los delincuentes. Pero sobre todo en Colombia no va a terminar nada porque lo que hará Santos será entregar a los terroristas nueve millones de hectáreas de terreno que dedicarán a producir cocaína y a entrenar combatientes, además del control que tendrán del resto del país gracias al dinero acumulado con el crimen y a las armas, que usarán sin atribuirse las acciones.
Tal es, precisamente, el dilema al que se enfrenta ahora Santos. Las infinitas atrocidades cometidas por las FARC hacen difícil de aceptar la idea de dejarlas sin castigo. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ya produjo más de 200.000 muertes y alrededor de cinco millones de desplazados.
El dilema al que se enfrenta Santos es cómo hacer para que los colombianos aprueben una infamia que es para empezar la abolición de la democracia: nadie le pidió que hiciera eso y prometió otra cosa. Y la forma en que se multiplicarán los asesinatos es premiando a los asesinos, que en el supuesto muy dudoso de que desistieran tendrían ya el ejemplo de un país que compra la paz (poniendo a quien se la vende en mejores condiciones para volvérsela a vender, como dijo Montesquieu, que es exactamente lo que pasa con el Partido Comunista y el M-19).

¿A nadie beneficia prolongar un conflicto? Por favor: el "conflicto" comporta la obtención de decenas de miles de millones de dólares de la cocaína, la extorsión y la minería ilegal y sólo se contiene aplicando las leyes. La burda idea de que las promesas de Santos y sus socios terroristas son automáticamente realidades es digna del más deshonesto propagandista.
El motivo original del conflicto en Colombia quedó resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuestión de la justicia transicional será lo que determine el éxito del proceso de paz. Si conferir impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (por más moralmente reprobables que sean) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de daño a las posibles víctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las víctimas pasadas.
¿El motivo original del conflicto? Se trataba de los planes de la Komintern y del forcejeo de los diversos clanes patricios por los puestos públicos. La idea de que con el acuerdo agrario con los terroristas "quedó resuelto" el motivo original es grotesca: sólo se ha multiplicado el poder comunista en el campo y eso asegura muchas más violencias. La idea general de conceder impunidad para proteger a las posibles víctimas futuras se podría aplicar a todo el derecho penal (dejarían de morir policías capturando asesinos), pero sobre todo es monstruosa ante la realidad colombiana.
En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligió el camino políticamente más difícil: la búsqueda de un acuerdo negociado. Esto es señal de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger de más violencia a las comunidades rurales que tanto la han sufrido.
Además de mentir, este hombre no sabe nada de Colombia. ¿El camino políticamente más difícil? ¿Cuánta hostilidad tenía Uribe en la prensa y en el poder judicial y cuánta tiene Santos? ¿Cuánta resistencia en el legislativo? ¿Premiar el crimen y aliarse con los criminales es el camino políticamente más difícil? No se puede creer tanta perversidad. ¿Cómo es eso de "vencer a los insurgentes como fuera"? ¿"Insurgentes"? ¿Con napalm o armas químicas? ¿Qué significa "como fuera"? ¿Degollando a todo el que apareciera? Sólo tenía que aplicar la ley mínimamente a unos psicópatas cuyas proezas hacen de todos los enemigos de Israel gente recta y respetable. Y que además estaban vencidos y en retirada: ni siquiera estaban expuestos a un castigo severo porque los planes de desmovilización permitían quedar impunes a muchos malhechores.

Las comunidades rurales sufren la violencia de esos psicópatas cada vez que los premian y les dan ventaja para expandir su imperio criminal. Esta vez será mucho peor.

[Otros dos párrafos con la misma idea de la posible impunidad.]
Puede ocurrir que el complejo contexto político de Colombia obligue a Santos a buscar fórmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducción de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros países. Pero todas estas opciones (y mucho más una amnistía) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los crímenes cometidos).
Supóngase que los terroristas quedan impunes, ricos, poderosos, con armas y dueños de la mitad del territorio, ¡aun sería una maravilla que confesaran todos los crímenes cometidos! ¿A cuántas niñas habrán violado? ¿A 10.000? ¿Cuántas violaciones se habrán cometido? ¿Cuántas mutilaciones? Eso nunca ocurrirá: nadie sabe nada de los secuestros de niños, asesinatos y demás atrocidades del M-19, cuyos líderes son hoy el verdadero poder en Colombia y dominan el poder judicial. El exministro israelí rezuma a la vez ignorancia y mala fe. Su promesa de que confesarán todos los crímenes cometidos NO PUEDE SER ingenua, no es posible desconocer el sesgo del poder judicial en Colombia, al menos para alguien que lee la prensa. Sólo aporta otra promesa a la infamia de Santos (que mucho me temo que proclamará en pocos días). 
Siguiendo este razonamiento, el líder de las FARC, Pablo Catatumbo, reconoció que las guerrillas provocaron “dolor” y ejercieron “crueldad”, y pidió una amnistía general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Además, insistió en que un prerrequisito para la paz y la reconciliación nacional es que se identifique y compense a las víctimas.
¡Ahora se puede comparar algún delito de algún militar con la industria del crimen de las FARC! Y el hecho de que un jefe de esa industria diga que "provocaron dolor" (siempre se lo dicen a los padres de los niños secuestrados: ¡todo ocurre porque tienen que combatir el neoliberalismo!). Lo de identificar y compensar a las víctimas también tiene mucha gracia: el despojo a los colombianos a través de las maquinaciones judiciales es una industria casi tan rentable como la cocaína y la minería ilegal. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Van a devolver el patrimonio a las 40.000 personas secuestradas? ¿Qué pasará con las decenas de miles de niños reclutados, muchos muertos, para enriquecer a gente del entorno del hermano mayor de Santos?
Cuando está en juego la solución de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser mala decisión. El arzobispo Desmond Tutu, líder de la transición democrática sudafricana, describió una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapié en “crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones”. Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, también puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pacífico y seguro que los colombianos se merecen.
Todo lo que hace Santos es multiplicar el poder de una banda criminal premiándola e inscribiendo a Colombia en el cartel de las repúblicas bolivarianas. No hay ninguna solución de ningún conflicto sino el acceso al poder de unos criminales. ¿Cuáles son los equilibrios perdidos que se van a reconstruir cuando las víctimas del secuestro son miserables y los secuestradores son potentados?

Creo que Hermann Tertsch está muy equivocado. El inocente es otro.



(Publicado en el blog País Bizarro el 25 de septiembre de 2013.)