martes, agosto 14, 2012

El gran malentendido


En términos generales, la leyenda que impera sobre la historia colombiana reciente es la de una rebelión de los pobres del campo contra un orden social de grandes desigualdades y exclusión. La he leído en textos de apasionados periodistas y académicos europeos y estadounidenses, convencidos de que la reforma que reduzca la desigualdad gracias a ese levantamiento que tiene visos socialistas es necesaria, y a menudo entusiasmados con alguna revolución como la cubana o la nicaragüense y su épica lamentable (tanto como un crimen moral, esas revoluciones fueron atrocidades estéticas, y pensar en un escritor como Julio Cortázar acompañando a los petros nicaragüenses hace pensar en una pérdida total del olfato).

Mucho más grave que el predominio de esa leyenda es el que no haya realmente una teoría que la contradiga, en gran medida como efecto de la hegemonía ideológica que tienen los amigos de los terroristas entre los grupos sociales instruidos. En contra de esa leyenda obsesivamente promovida por los medios de comunicación sólo hay el cómodo rechazo a las organizaciones guerrilleras como personas de condición social inferior ("bandidos", etc.) y sin verdadero significado político en sus acciones, o bien el rechazo de personas que defienden una Colombia previa ideal, bolivariana y al mismo tiempo civilista, a la que esa "subversión" marxista habría venido a destruir.

Es decir, frente a la teoría de la exclusión y la desigualdad y la consecuente rebelión de los desposeídos sólo existen visiones que la confirman. La inmensa mayoría de los usuarios de Twitter que condenan a las FARC y el ELN se identifican como "derechistas" o de "centro derecha", y en términos generales manifiestan más rasgos conservadores (catolicismo, militarismo, patriotismo) que liberales (es decir, centrados en la libertad individual, la propiedad y la asimilación al modelo predominante en el mundo desarrollado). Esa disposición contrasta con la de los críticos venezolanos al chavismo, que parecen, tal vez respondiendo a la retórica del régimen, más ansiosos de encontrar valores liberales.

Yo siempre estoy ante la dificultad de explicar lo que siente al leer la prensa colombiana alguien que vive en otra parte: es algo comparable a ver la ficción televisiva colombiana y compararla con las grandes series estadounidenses, los lectores de prensa colombianos son un público insensible al absurdo o a la paradoja, capaces de creerse cualquier actuación, como niños pequeños. El anhelo de igualdad y el rechazo a una sociedad tan injusta es un clamor unánime de los ricos, que a la vez lo son gracias a su disposición a obrar de forma servil ante los de más arriba. La rebelión es una marca de la gente rica y la negociación política que abriría el camino a la justicia social es algo que aprueban casi unánimemente los beneficiarios de la desigualdad.

Pero no todos, hay algunos que se oponen a la guerrilla porque valoran la desigualdad y la exclusión. En respuesta al poder "izquierdista" de los estudiantes y profesores de las universidades de Los Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario y otras instituciones semejantes, otros se levantan para rechazar esa ideología y reivindican la defensa del orden sin molestarse porque haya desigualdad. Los discursos anticomunistas suelen seguir casi unánimemente ese patrón conservador.

Para empezar a explicar que esa leyenda es rotundamente falsa y que la guerrilla y el comunismo son poderosos factores de exclusión y de estancamiento social hay que empezar a entender la anomalía que representa Colombia, cosa que es también difícilmente comunicable. El aislamiento propiciado por el clima inmisericorde y el relieve impracticable determinó que en el altiplano central y en general en las regiones andinas se conservara como congelado el espíritu de los castellanos viejos, reforzado por la Contrarreforma y envilecido por la experiencia del saqueo y la esclavización de los aborígenes. La misma palabra "cachaco" tiene que ver con el esfuerzo que hace la gente por aliñar su indumentaria para exhibir a través de ella su rango, y en esa mentalidad antigua lo que define el rango es ante todo no trabajar (el pintor Diego Velázquez dedicó buena parte de su vida a buscar pruebas de que sus antepasados no habían trabajado para poder entrar a una orden militar).

La sociedad colonial la formaban los miembros de las clases superiores, cuya jerarquía dependía de su relación con la Corona o con la Iglesia, y que con el tiempo se fueron emparentando y concentrando en ciertos medios de la capital, que era una ciudad pequeñísima. La lista de antepasados de los Samper muestra un poco la tremenda cohesión de ese grupo social. 

La sociedad republicana continuó con esos rasgos pero con la particularidad de que el poder político reemplazó a la Corona, y que la Iglesia fue perdiendo peso a medida que avanzaba el laicismo en todo el mundo. Si en el siglo XIX las familias poderosas trataban de situar a sus hijos en el ejército, el clero y la burocracia, esta última pasó a ser la opción principal en el siglo XX. Funcionarios públicos en la Colombia de principios del siglo XX quería decir juristas, y ésa fue durante mucho tiempo la profesión de los poderosos. De ahí ese lugar común de que todos los colombianos son abogados: se debe al prestigio y al poder que siempre ha tenido este gremio.

Durante toda la historia republicana esa hegemonía de la clase alta capitalina se vio relativamente amenazada por la emergencia de clases sociales productivas, de comerciantes, agricultores o pequeños industriales que prosperaban. El interés por conservar esa hegemonía está en la raíz del fervor socialista de los estudiantes y profesores de Derecho desde la época de la segunda guerra mundial. La ambición de expandir el poder del Estado, es decir, de los funcionarios, y reducir el de los explotadores, es decir, de los propietarios productivos, explica la "natural" simpatía que despertaba el comunismo entre los futuros gestores del Estado. También el miedo a la destrucción de las jerarquías que provendría de la expansión de la democracia representativa por asimilación al modelo del mundo desarrollado.

Perdón por repetirlo, esos dos rasgos eran los que atraían a la clase estudiantil hacia el comunismo. Hay que considerar que en los años sesenta la proporción de colombianos que iban a la universidad era pequeñísima, y no obstante en la retórica de la época predominaba la asociación de "obreros, campesinos y estudiantes". Es decir, eran los rasgos ideológicos que reproducían la vieja sociedad y los valores del castellano viejo. El "izquierdismo" en Colombia es una respuesta retrógrada al mundo moderno.

La historia colombiana a partir de los años sesenta es la de la materialización del proyecto comunista-retrógrado, con un ligero retroceso en la primera década del siglo XXI. Puede que el Partido Comunista fuera una expresión marginal, siempre "alegrada" por la generosidad del imperio con los militantes, pero en la medida en que la expansión estatal complacía los sueños de poder de los estudiantes de Derecho, se hizo el poder hegemónico. Tras dominar las universidades públicas y la mayoría de las privadas, a medida que los revolucionarios adquirían su diploma, se fue haciendo con el control de la función pública, particularmente de aquellos sectores más difíciles de evaluar y más representativos de la mera autoridad: la educación y la justicia.

La guerrilla surgió en el contexto de la violencia entre liberales y godos, pero por la inversión soviética y por la creciente hegemonía intelectual de los comunistas se volvió una rama del PCC. El M-19 surgió como proyecto urbano que copiaba el modelo de los tupamaros uruguayos y pretendía explotar la ilegitimidad del Frente Nacional por el fraude de 1970. El que lo organizaran los mismos que habían cometido ese fraude forma parte de esas típicas paradojas colombianas, que empezaron cuando robar, violar y esclavizar a la gente se consideró divulgación de la religión del amor y las leyes remotas (que prohibían robar, violar y esclavizar a la gente) se empezaron a acatar pero no a cumplir.

Pero hacia 1991 la confluencia del poder de las mafias de la cocaína, de la disposición de varios gobiernos a sacar partido de la relación con los terroristas y del descubrimiento de una nueva fuente de riqueza (Caño Limón) que podría servir para aceitar la estatización del país, condujo a la Constitución ahora vigente. Es muy importante prestar atención al contenido de esa Constitución, porque se trata de la expansión del poder de los antiguos estudiantes de Derecho, es decir, de los herederos del mundo de los castellanos viejos. A costa, claro está, de las posibilidades de industrialización y de, insisto, asimilación a las sociedades desarrolladas.

A partir de entonces el M-19 y el Partido Comunista renunciaron "oficialmente" a la toma total del poder, si bien, siguiendo el viejo programa del mundo universitario de los sesenta, el resultado de las urnas debía ser corregido por una negociación de paz con las guerrillas supérstites. Dicho en buen romance, tras conquistar, por encima de las urnas, gracias a los carros bomba de Escobar y a muchos otros crímenes y a la venalidad de los políticos dominantes, la mayor parte del Estado, siguieron expandiendo su dominio gracias a los crímenes terroristas y a la alianza con los odiados bipartidistas.

A estas alturas, ¿hay quien recuerde la leyenda que creen todos los que leen algo sobre Colombia en la prensa europea? Creo que sólo los derechistas colombianos, porque los "izquierdistas" no son tan estúpidos como para creer que el monstruoso robo que cometen gracias a la arbitrariedad judicial garantizada por esa Constitución va a reducir la desigualdad. Simplemente lo proclaman y, según lo borrachos que estén, se figuran un desagravio porque cada uno se compara con Santodomingo o gente así. Su "socialismo" corresponde a la definición del diccionario (predominio del Estado) pero no a lo que la mayoría de la gente entiende por tal (igualdad social).

Ese predominio del Estado no equivale al de los países en que triunfó el socialismo en diferentes épocas, y eso simplemente porque la armonía social no surge de la retórica y la esclavitud no se borra con un decreto: el patán de ropa cara y aire pretencioso siempre tiene una esclava que barre la casa y un montón de personas menesterosas que le prestan toda clase de servicios para poder comer. Si aparte de esa preeminencia puede adornarse de "modernidad" y "justicia", ¿qué va a perder?





Este cuadro muestra cuál fue la evolución del coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) en Colombia a partir de 1991. Se ve claramente que aumentaba extremadamente en la misma medida en que imperaban gobiernos complacientes con la "izquierda" y aumentaba sin cesar el gasto público: se trataba de multiplicar las rentas de las clientelas de los revolucionarios, no de reducir la pobreza (que aumentó durante el gobierno de Samper) ni la desigualdad.


Pero es que la relación del índice Gini con el socialismo es muy curiosa. Los países de color verde y amarillo son los Estados de Bienestar de Europa y su zona de influencia, los de extrema desigualdad (más de 0,60) son los del cono sur de África, y después sólo Bolivia y Colombia tienen más de 0,55. Ninguna clase de socialismo genera tanta desigualdad (y eso a pesar de la drástica reducción de la década pasada), y es porque el socialismo de la "izquierda" colombiana sólo es el pretexto del despojo de los de siempre.

La relación del poder judicial con los comunistas tiene un arraigo muy profundo. El líder comunista Jaime Pardo Leal era el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Libre, y después organizó el sindicato de los trabajadores judiciales, Asonal Judicial. Una noticia reciente explica mucho sobre esa historia y sobre todo el sentido del "conflicto":
Conjueces del Consejo de Estado tumbaron decreto que disminuía en 10 por ciento una bonificación. 
Una decisión de una sala de conjueces del Consejo de Estado revivió para la Nación una 'culebra' que ya va en 1,3 billones de pesos por concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales y procuradores y fiscales delegados. 
Ese es el dinero que tendrá que pagar el Gobierno tras caerse el decreto 4040 del 2004, con el que el gobierno del presidente Álvaro Uribe pretendió ponerles freno a demandas que venían desde 1998 y que en ese momento bordeaban los 500 mil millones de pesos. 
El decreto original, firmado por el expresidente Ernesto Samper en medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, para empezar a nivelar sus salarios con los de los magistrados de las altas cortes. 
El decreto que se cayó bajaba la bonificación del 80 al 70 por ciento. Fue producto de una conciliación entre el Gobierno y los funcionarios que venían demandando al Estado por el incumplimiento de los pagos acordados con el gobierno Samper.  
Los conjueces de la Sala Segunda del Consejo de Estado consideraron que ese arreglo era discriminatorio y que por lo tanto quedaba vigente la norma anterior. Es decir, la prima del 80 por ciento. 
"Se afectó el derecho a la igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango sin justificación alguna y (se) dejó de lado la protección que el Estado debe brindarles a los trabajadores", dice el fallo, que fue en contra de la posición expresada por la Procuraduría y el Gobierno frente a la demanda. 
El impacto de la determinación, que ya quedó en firme, es grande porque los beneficiados pueden aplicar el reajuste para pago de pensiones y recobran el derecho a demandar por las deudas anteriores al 2004. 
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esos pagos en total le costarán a la Nación 1,3 billones de pesos en los próximos años. 
Aunque el fallo tiene fecha del 14 de diciembre del 2011, entró en vigencia hasta hace 20 días después de haber sido notificada a las partes. 
En su momento, los jueces y empleados de la Rama Judicial protestaron contra el decreto, pues sus beneficios solo cobijaron a la parte más alta de la Rama Judicial (excepto magistrados titulares de las altas cortes). 
Esa situación provocó hace dos años uno de los paros judiciales más críticos que ha tenido el país. Más de 40 mil servidores de la Justicia que hacían parte de Asonal Judicial se declararon en cese de actividades durante más de un mes exigiendo una nivelación salarial similar a la otorgada a los magistrados. 
Beneficios pensionales 
El mayor impacto de la caída del decreto del 2004 se verá en el sistema general de pensiones. Automáticamente, los funcionarios beneficiados tienen un reajuste en su sueldo, y en la Rama Judicial existe la posibilidad de jubilarse con el mejor salario del último año, sin importar el monto de los aportes.
En definitiva, yo no veo el sentido de la angustia de los derechistas, no veo nada más derechista que esos atropellos, y ciertamente hace falta mucha mala fe para negar que esos funcionarios judiciales son los socios políticos de las guerrillas. Baste recordar la manifestación que organizaron cuando se fue la tristemente célebre fiscal Viviane Morales para ver de qué pie cojean.

Está muy equivocado quien crea que la guerrilla es algo ajeno a la tradición colombiana o al núcleo de su sociedad, por el contrario, es su expresión más característica. Puede que sin la necesidad de resolver el conflicto no perdurara ni la bizarra "acción de tutela" ni las primas mensuales del 80% del sueldo. Y ciertamente se avanzaría muy poco destruyendo a la guerrilla sin emprender siquiera la crítica de la cultura que le da origen.

La provisión de recursos por los nuevos descubrimientos de petróleo y los altos precios garantizan la provisión de rentas para esos dominadores, lo cual explica la apuesta de Santos. Será muy difícil combatirlos cuando la rabia por sus desmanes parece la nostalgia de lo mismo que ellos representan.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 13 de abril de 2012.)