viernes, abril 24, 2009

Sólo es el caso Tasmania

Entender lo que pasa en Colombia supone empezar por verlo sin pagar el precio del acostumbramiento, por ejemplo, nada de lo que ha ocurrido en los últimos meses es más grave que el caso Tasmania, pero quien lea la prensa se dará cuenta de que al parecer la sociedad colombiana ya lo digirió y lo olvidó. Y lo que no puede ser es que haya tantos que buscan la forma de desentenderse de lo que pasó o de exculpar a ambas partes: alguien cometió un delito gravísimo, o bien el magistrado Velásquez prometió un trato benévolo a ese paramilitar a cambio de que inculpara al presidente, o bien el gobierno inventó una complicada conjura para calumniar a ese magistrado y hundir el proceso de la parapolítica.

Por eso resultan cómicamente cínicos los escritos que aparecen en la prensa recomendando prudencia y sensatez y equilibrio y justicia y respeto por la institucionalidad a ambas partes. Ya la reacción inmediata de la CSJ en esa ocasión demostró la incapacidad que tiene esa corporación de aplicar las leyes y observar siquiera una apariencia tenue de justicia. Sencillamente declararon que el magistrado y ellos mismos están por encima de la ley y no pueden ser objeto de sospechas o investigaciones. Quien quiera entender qué ocurrió realmente se encontrará siempre con ese muro infranqueable: con la Corte no hay quien se meta. Punto.

Los demás procesos de la parapolítica o relacionados con la conducta de la CSJ confluyen en ese molde y de algún modo son pruebas que servirían para que cualquiera evalúe la verdad sobre el caso. Aparte de los característicos “lobbistas” del Secretariado de las FARC que, como no podía ser menos, publican varios artículos cada día en el único periódico de circulación nacional, todo el mundo reconoce que hay muchos casos de políticos procesados en los que la carga probatoria es forzada y mínima. Casi siempre un testimonio de un ex paramilitar que perfectamente puede estar recibiendo incentivos copiosos y ser aleccionado acerca de sus denuncias. Se abusa de la prisión preventiva contra reos a los que en otras situaciones se habría aplicado, en el peor de los casos, la prisión domiciliaria. Se llega a procesar a la presidenta del Senado después de que la denunciara una señora que antes recibió la visita de Piedad Córdoba, con quien la acusada había discutido en términos fuertes...

Hace falta en fin mucha mala fe para negar que la conducta de la CSJ está llena de animosidad contra el gobierno, pero como era previsible, abundan los exaltados que, a causa de su odio a Uribe y a todo lo que signifique la frustración de sus sueños revolucionarios, niegan ese sesgo... Y no vacilan en convertir su deseo en argumento: la corte es impoluta porque ellos lo dicen, precisamente los que pretenden destruir el derecho para imponer un régimen como el venezolano.

El episodio de la extradición de alias Macaco deja claro cuál es el sentido de toda la trama de la parapolítica: a los magistrados les da igual que los ex terroristas y traficantes de droga sigan haciendo de las suyas, más bien les conviene que eso ocurra, y prefieren impedir de cualquier manera la extradición porque al tener permanentemente esa espada de Damocles, los reos terminarán “resignándose” a delatar a su “jefe”: Álvaro Uribe. Es un guión evidente respecto del cual la conducta de los demás políticos y periodistas dice mucho sobre la clase de gente que domina el país. Bueno, dice mucho sobre la cultura del país.

Porque lo interesante no es siquiera que una trama tan repugnante como la del caso Tasmania resulte exculpada y olvidada, sino que el abierto atropello de los jueces, verdaderamente del estilo de una dictadura, encuentra enseguida un respaldo de muchos y el silencio resignado de la mayoría. Latinoamérica es así, todo el mundo odia a los políticos, a los que sistemáticamente acusa de ser culpables de todas las desgracias imaginables, pero extrañamente parece una tarea imposible para “todo el mundo” elegir a algún político decente. Bueeeeeeno, en realidad “decente” suele querer decir “castrista”. Y esto no es casual: es que en el odio a los políticos no sólo se manifiesta esa mezcla de resentimiento y frustración que la supuesta corrupción universal genera en todos los que no tienen otro sueño que un lucro fácil e impune, sino el rechazo a la democracia. No es casual que una encuesta reciente demostrara que la mayoría de los latinoamericanos se mostraran dispuestos a prescindir de la democracia si otro régimen les aseguraba que resolvería sus problemas económicos.

¿Cómo puede un régimen no democrático resolver los problemas de la gente? En apariencia es una especie de error de percepción o de falta de información, una respuesta supersticiosa a una serie de carencias, pero en realidad no hay nada de eso: el anhelo de un régimen no democrático es una forma correcta de resolver los problemas económicos de quienes pueden prosperar a su sombra. De ahí viene el éxito de Chávez, ciertamente ha influido mucho el alza de los precios del petróleo, pero la propuesta de tomar el poder y desagraviar a los “oprimidos” resultaba muy tentadora, pues de todos modos el botín petrolero estaba ahí y de él se lucraban los políticos ineptos y corruptos del régimen anterior. La disposición a prescindir de la democracia corresponde al sueño de un ascenso social rápido y duradero derivado de la acción política.

Ése es el trasfondo del odio a los políticos que tan hábilmente explotan los magistrados y sus aliados bolivarianos. No cabe duda de que las instituciones parlamentarias colombianas son “manifiestamente mejorables”, pero ¿están soñando en mejorarlas todos los que se alegran de que haya políticos encarcelados sin detenerse a evaluar cuál es su culpa real y cuáles son los motivos de quienes los encarcelan? Ya es deprimente tener que repetir que no, que no hay en Latinoamérica ideales de representación equilibrada sino de supresión de las voces hostiles, de lo cual es sintomático el sátrapa venezolano. No hay democracias sin instituciones representativas, pero es que esa clase de institucionalidad es la que odian los ciudadanos típicos, siempre indignados porque los demás existan y les impidan disponer de todo libremente.

Y la conducta de los jueces corresponde a esos valores: son los vengadores que castigan a los representantes de unos ciudadanos que no quieren ser representados. Esa venganza inicua es lo que se entiende por “justicia” en un contexto cultural como el nuestro. ¿Qué es la justicia que invocan los demagogos desde Gaitán y Perón hasta Chávez? El despojo de los demás a favor de sus seguidores. ¿Qué justicia puede haber en Colombia con una “institución” tan absurda como la “acción de tutela”, gracias a la cual se suprimen los contratos y aun las leyes en favor de la discreción de los que ocupan los cargos? Eso sí, la acción de tutela es popular entre la gente que opina, se trata de una forma de disponer de las cosas que le resulta bastante fácil gracias a su proximidad al poder.

Por uno u otro camino siempre se llega a las bases morales de la sociedad. Sin jueces justos no puede haber democracia, dicen, pero ¿puede haber jueces justos sin ciudadanos justos? ¿Puede haber derecho en una sociedad en la que la presunción de inocencia es algo inconcebible? ¿Pueden impartir justicia unos individuos sospechosos de cometer crímenes como los que se evidenciaron con el caso Tasmania? Pero ¿qué piensan los demás? ¿Cuántos siguen sin querer ver que la intención de la CSJ sólo corresponde al objetivo evidente en esa ocasión? ¿Cuántos se niegan a darse cuenta de que los garantes de la probidad de la CSJ son siempre los mismos que pretenden que los secuestros y masacres sean fuente de derecho?

El lío de la parapolítica sobre todo evidencia el predominio de costumbres atávicas en la cúpula de la rama judicial, pero la incapacidad de la gente de hacer frente al hecho terrible de que los jueces son subversivos y pretenden destruir la democracia (ya en una ocasión expliqué que en sus sentencias el intento de imponer una dictadura terrorista les parece altruista y merecedor de la máxima benevolencia), o siquiera de ver en eso la negación misma de toda noción de justicia y democracia es el verdadero problema (pero lo mismo ocurría con la Corte Constitucional cuando la dirigían personajes como Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes o Alfredo Beltrán).

Es evidente que el proyecto bolivariano se ve retroceder en su pretensión de destruir el aparato militar-policial del Estado y tiene que recurrir a la venalidad evidente de las autoridades de justicia, pero eso resultaría imposible si hubiera en la gente convicciones firmes acerca de la clase de sociedad en que le gustaría vivir. No la hay, la pasividad ante los desmanes de los desaprensivos que ocupan los cargos de la cúpula judicial lo demuestra. La incapacidad de informarse a fondo sobre el caso Tasmania y lo que significa también.
Publicado en el blog Atrabilioso el 23 de abril de 2008.