domingo, octubre 16, 2011

¿Dictadura judicial?

Ya es un lugar común ese de que en Colombia quienes mandan son los jueces, y uno lo oye hasta de personas juiciosas. Las increíbles citaciones a miembros del gobierno para que den cuenta de su rendimiento en la aplicación de las órdenes de alguna alta corte ayudan a pensar eso, pero si se analiza el aserto con un poco de rigor resulta evidente que se trata de una solemne tontería.

La primera duda proviene de la noción de mando y poder. Si mandan los jueces hay que suponer que nadie les manda a ellos. Si no, quienes mandarían en el Ejército serían los sargentos. ¿No hay ninguna autoridad real por encima de los jueces? Ya veremos si la hay.

También es una noción difícil de concebir un mando centrado en un gremio, oficio o corporación. Cuando eso ocurre, como en las teocracias, cada miembro de la corporación tiene una parte del poder y la suele conservar y transferir a sus herederos. Los magistrados colombianos de las décadas pasadas visiblemente influyen poco sobre lo que hagan los actuales, que en cualquier momento dejan el cargo a otros. ¿Qué poder es ese que se pierde tan fácilmente? Como si uno tiene que llevar un maletín con mucho dinero y después se jacta de haberlo tenido en sus manos.

Parece haber una confusión entre esas nociones, un poco como efecto del "santanderismo", de la idiosincracia local, que hace emanar la realidad de autoridades reconocidas por sí mismas, como si uno atribuyera el origen de las sardinas que saca de una lata ovalada a la fábrica de la que salen al mercado. Una cosa es que los desmanes totalitarios que hacen inviable al país sean decretados por alguna alta corte, otra que la determinación de hacerlo surja de la caterva de tinterillos.

Para demostrar que eso no es así baste con pensar en las declaraciones de la familia de Álvaro Gómez Hurtado sobre los posibles inductores de su asesinato. Mencionaban a personajes que están por encima de la ley. ¿Cómo así que "por encima de la ley"? Si es así, ¿no están también por encima de la autoridad, es decir, de todo el poder judicial? Sin la menor duda, y si el poder de los magistrados fuera real su primera urgencia sería despojar a esos rivales. A esos personajes los obedecen los magistrados, y la impunidad de los involucrados en la "Farcpolítica" corresponde en buena medida a que son protegidos por esos grandes señores.

Del mismo modo, Héctor Echeverry Correa, el viudo de Gloria Lara, señaló como inductor del monstruoso secuestro y asesinato de su esposa al Hermano Mayor del presidente Santos, al que infinidad de testimonios relacionan con actividades de bandas terroristas en los años ochenta y puede que aun antes. ¿Cómo es que nunca ningún juez se ha atrevido a investigarlo? Los procesados por "parapolítica" sufren prisión preventiva por testimonios de criminales que si se miran de cerca tienen que ser falsos en muchos casos, pero un señor involucrado en cientos de crímenes graves ostenta un poder sobre la sociedad que ya quisiera para sí el más influyente magistrado.

Es decir, por encima de la aparente "dictadura judicial", del gobierno (o "desgobierno") de los jueces hay un poder distinto, el de los clanes familiares que dominan el país desde principios del siglo XX y en realidad desde mucho antes (ver aquí relación de las familias López y Samper y aquí los antepasados prominentes de Ernesto Samper). Ese poder se materializa en muchos datos, desde el patrimonio (puede que en cierta medida Julio Mario Santodomingo sea un testaferro de los López, antiguos banqueros) hasta el control de formidables redes de clientelas políticas, pasando por la propiedad de los medios de comunicación.

Se trata en fin de la vieja oligarquía con la que se enfrentaba el caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Lo que cambia tras la Constitución de 1991 es que en lugar de controlar el país desde el poder ejecutivo y el legislativo lo controlan por medio del poder judicial. Las probadas relaciones de esos clanes con las bandas terroristas y con sus socios urbanos (que llegan a tal punto que la actual alcaldesa de Bogotá y líder de la organización de fachada del Partido Comunista sea una sobrina de Alfonso López Michelsen), muestran, por otra parte, que la industria del secuestro es una parte del statu quo imperante.

Muy significativo al respecto es el hecho de que el profeta que hablaba del "siglo de los jueces", entonces presidente de una temible corte, sea descrito por José Obdulio Gaviria como "un político menor", en un texto en el que lo acusa de llamar "denuncio" a una denuncia. Dicho personaje era una "ficha" del actual ministro de Interior y Justicia, previsiblemente miembro de una vieja familia del poder, obviamente impune de cualquier implicación criminal pese a que en su partido abunden los presos por relaciones con paramilitares y a que se lo acusa de ir de cacería con Salvatore Mancuso y de tener relaciones con otro temible asesino "paramilitar": Martín Llanos.

La "dictadura de los jueces" es sólo el formato actual del orden de siempre, de la pertinaz dominación de una oligarquía cuyo poder se basa en la combinación de todas las formas de mando e influencia, desde las intrigas leguleyas hasta el tráfico de cargos públicos, desde el control remoto de las sectas de psicópatas hasta la contratación del inmundo coro de sicofantas, que sólo es menos repulsivo que las sectas de psicópatas porque la mayoría de la gente no lee y porque quienes lo hacen desconocen otros escritos y se sienten intelectuales y aun "decentes" leyéndolos.

Y ese poder, no obstante, sólo subsiste y perdurará porque es imposible extirpar de la cultura local el servilismo y la pereza mental, de la cual es buen ejemplo el parloteo sobre la dictadura de los jueces.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 11 de julio de 2011.)