lunes, octubre 22, 2012

Colombia en sus leyes

Actualidad
La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente ha tenido las más variopintas respuestas, obviamente de hostilidad por parte de la prensa, pero también de los uribistas (la semana pasada comenté una respuesta de Eduardo Mackenzie). Para Camilo González, se trata de una propuesta de la ultraderecha, "argumento" con el que pretende atraer adhesiones de la clase de gente que todavía cree en la oposición izquierda-derecha (como organización de los ricos para asegurarse privilegios a costa de los demás, la extrema derecha es lo que en Colombia se llama "izquierda"); para Alfonso Gómez Méndez hay demasiadas constituciones y ahora que ya está ésa, ¿para qué cambiarla? Yo la cambiaría para que sea posible llevarlo a él a la prisión en que debería pasarse el resto de su vida. El mero hecho de que un personaje semejante defienda el engendro del 91 dice mucho de su contenido. Mauricio Vargas también encuentra innecesario cambiar la Constitución: claro, era ministro del gobierno de Gaviria, no faltaría más sino que descalificara sus "logros". Mucho más interesante es un tuitero uribista que dice que el único motivo por el que valdría la pena convocar una Constituyente sería para reelegir a Uribe. De hecho, es un clamor casi unánime de los uribistas, y ya sólo me produce tristeza tener que explicarles que su sueño de dictadura vitalicia (Stroessner y Somoza también convocaban elecciones) sería simplemente el preludio del triunfo de las FARC... Mucho más interesante, insisto, es el hecho de que ese tuitero uribista aprueba la Constitución del 91. No es una excepción, es más bien lo que define al uribismo. Pero me ocuparé de eso después.

"Política ficción"
La situación de Colombia hoy en día es sencillamente infernal: el tráfico de cocaína cuenta con grandes ventajas gracias al apoyo del gobierno venezolano, con el que se alió Santos para proteger ese negocio y para que la resurrección de las FARC le permita hacer inevitable un proceso de paz, que a todas luces es su baza para la reelección (lo explicaba con precisión Salud Hernández Mora: "Para el 2014 Santos sacará su as bajo la manga, el que lo puede salvar: negociación con esa banda criminal, algo que al votante, aunque no lo confiese abiertamente, le gusta comprar). Pues ni siquiera eso es tan peligroso como lo sería una tercera presidencia consecutiva de Uribe, porque la oposición cada vez más rabiosa de la prensa y los sectores afines haría que su alianza con las FARC resultara legitimada por los rasgos poco democráticos (en el sentido del régimen que impera en Occidente) del gobierno. Ni hablar de que el Congreso sería exactamente el mismo que hay ahora y que curiosamente se vendió a la primera ocasión al traidor: sería cuestión de poco tiempo que el descontento avanzara con cualquier pretexto, por ejemplo porque la gente creyera que el bienestar del crecimiento económico es natural y que tendría "derecho" a esperarlo todo del Estado, y se formaría una mayoría que "liberaría" al país de la dictadura, encabezada por las FARC. Si no hay un gobierno sensato y respetuoso de los votantes es precisamente por el error de la segunda reelección: lo que se estilaría en una democracia normal sería un partido representativo de la mayoría, pero precisamente el uribismo es una alianza de grupos de los viejos partidos, y casi todos los políticos que ayudan a Santos eran partidarios de la reelección de Uribe.

Un poco de historia
Para entender un poco el sentido de la Constitución de 1991 hay que empezar por salirse de Colombia y verla desde la distancia: el territorio ecuatorial remoto (para la conciencia europea, que es la raíz de la conciencia de los colombianos, desde las creencias hasta las palabras) es conquistado por grupos más bien pequeños de hombres armados al servicio de la Corona española. Ese grupo que saquea y esclaviza es el germen del Estado de los siglos posteriores. La sociedad colonial, bajo la cual transcurrió la mayor parte de la historia del territorio, era la institucionalización de ese saqueo y esa esclavitud, y alrededor del Estado y su aparato de justicia, y de la Iglesia, prosperaba una clase parasitaria que disponía de todo sin producir nada. La historia de Colombia sólo es el forcejeo entre ese viejo orden y los intentos de asimilación a la modernidad occidental. El comunismo, popular sobre todo después del triunfo de Fidel Castro en Cuba, fue la tabla de salvación del viejo orden e impuso en 1991 la mayoría de sus pretensiones. Si se examinara el discurso de la "izquierda" antes de esa fecha y se lo despojara de la retórica marxista, sólo quedarían dos obsesiones claras: la abolición de la "democracia electoral" y la de la propiedad privada de los medios de producción. Así interpretaba el sentir de la clase hegemónica del orden colonial, que no producía ni produce nada y vive apegada al Estado y que teme que el interés de la mayoría prevalezca a causa de las elecciones. Eso fue lo que se impuso en 1991.

El engendro de Pablo
Es imperativo entender el sentido de esa Constitución: se implanta el socialismo, es decir, el predominio del Estado en la economía, gracias a la proclamación de una serie de "derechos de segunda generación" que comportan la multiplicación del gasto público en favor de la clientela de los políticos y los guerrilleros, casualmente la misma. Fue lo que ocurrió durante los noventa, con una multiplicación del endeudamiento y una paralización al final de la década y sin ninguna reducción de la pobreza. Ya he explicado en otra parte que el índice Gini empeoró en Colombia a partir de esa Constitución. El poder de la casta fundadora del Estado, ahora robustecida por la multitud de funciones que éste se atribuye, se multiplica y encuentra su materialización más brutal en la "acción de tutela", graciosa endemia jurídica y moral que significa sencillamente la abolición del derecho (de las normas y los contratos) en favor de la discrecionalidad del funcionario judicial. El gran problema de la política colombiana es la falta de resistencia al orden impuesto en 1991, no que Roy Barreras ahora ayude a la guerrilla y no a la autocracia plebiscitaria con que soñaban los uribistas, que del primero al último mostraron nulo interés por abolir esa Constitución.

Gremios concordes
El tuitero que sólo le ve sentido a una Constituyente para reelegir a Uribe es abogado. Para este gremio la "acción de tutela" es una bendición, si el afectado es un particular, el litigante tiene la ventaja de que sólo tiene que ganarse la voluntad del juez, normalmente favorable a sus compañeros de estudios y de medio social, sin detenerse en normas y contratos. Cuando el afectado por la decisión es el Estado, las ventajas son aún más claras: en este caso las cosas son exactamente al revés de como se las denomina, el Estado es el abogado (la máquina de exacción al servicio de la casta dominante) y el afectado es el contribuyente, incluso si no paga impuestos, porque el resultado del vasto parasitismo de los "trabajadores al servicio del Estado" y de los beneficiarios e intermediarios de las tutelas es la pobreza y el atraso generalizados: pésimas infraestructuras, ínfimo desarrollo empresarial, etc. Sencillamente, en ningún país civilizado se puede concebir que alguien se haga pagar cirugías plásticas, entre otras muchas lindezas, gracias a que el juez admite que la Constitución reconoce un "derecho a la salud": demandante, abogado y juez son sencillamente los herederos de los conquistadores disponiendo de las riquezas del territorio en su favor particular. Ni siquiera la retórica es muy original, cuando además del saqueo había esclavitud y exterminio manifiestos de la población aborigen se invocaba la expansión de la religión del amor. La tiranía del hampa chavista en Bogotá no vacila en recurrir a ese mismo lenguaje orwelliano.

La arcadia añorada
Un argumento del citado tuitero uribista es que los logros del gobierno de Uribe se dieron bajo la Constitución de 1991. ¿Alguien recuerda que el montaje de persecución de Plazas Vega, que terminó con una sentencia que es en sí un crimen, tuvo lugar bajo ese gobierno? ¿Y las sentencias judiciales con las que sencillamente se legisla y se impone al Ejecutivo un tipo de gasto en salud? Un rasgo típico de la Constitución de 1991 es la abolición del poder de las autoridades elegidas, sometidas al poder judicial de un modo inconcebible en cualquier democracia de Occidente. Cuando hacia 2005 se pretendía reformar la justicia, en una entrevista el entonces presidente de la Corte Constitucional, el actual fiscal Eduardo Montealegre, declaraba alegremente que no se los podría forzar a emitir sentencias realizables: ¡ellos no iban a hacerse cómplices de la ineficiencia del Estado! Si se comparan los gobiernos de Uribe con los demás que ha habido bajo esa Constitución saldrían muy superiores, pero encontrar un argumento a favor de la norma en ello es como concluir que el terreno del cross permite desplazarse más rápido que el plano porque alguien gana en ese deporte.

Límites constitucionales
Nadie debe engañarse: la asimilación de Colombia al orden que impera en Europa occidental y Norteamérica, y cada vez más en Asia, no se consigue simplemente cambiando la Constitución. Pero se mire por donde se mire, la mayoría que quisiera esa asimilación y que lo ha refrendado en las últimas cuatro elecciones se encuentra siempre con el freno de las leyes existentes, que sustentan el poder de los socios de las bandas terroristas. La misma circunstancia de la Conquista del Cauca se basa en la entrega de territorios a comunidades indígenas, aporte de dicha constitución que, como ocurre con toda su retórica engañosa, lo que entrega en realidad es individuos a autoridades que resultan fácilmente manejables por los detentadores del poder real, los funcionarios de la máquina del Estado que aseguraron sus puestos y rentas gracias a esa Constitución, de nuevo resucitando instituciones coloniales.

Identidades constitucionales
El análisis minucioso de la Constitución de 1991 rebasa las pretensiones de esta entrada del blog y daría para señalar infinidad de rasgos totalitarios-atávicos. De momento sólo se puede señalar que a la hora de pretender cambiarla no se puede contar con la mayoría de los uribistas, personas cuyos valores e ideario no siempre coinciden con ese anhelo de asimilar a Colombia a las democracias modernas, y que lo mismo se extravían en los típicos caudillismos hispanoamericanos que aplauden un texto constitucional que sencillamente asegura las pretensiones de los comunistas y que en disposiciones como las relativas al delito político, a la negociación de la paz o a la noción de propiedad aseguran la toma completa del poder. No es raro que el Polo Democrático, que es a las FARC lo que el NSDAP a las SS se proclamara el partido de esa Constitución, ni que en 2006 el lema de la campaña de Carlos Gaviria fuera algo consignado allí: "La propiedad es una función social que implica obligaciones". Eso es exactamente la propiedad allí donde las FARC tienen el poder local, una función, el propietario figura en los títulos, pero las rentas y el uso de su propiedad corresponden al Partido Comunista, como cada vez más todo en Colombia.
(Publicado en el blog Atrabilioso el 18 de julio de 2012.)