martes, noviembre 24, 2020

Los legalizadores


En Colombia se suele describir el narcotráfico como un enemigo de la sociedad, y ya en ese aserto es evidente la mala fe generalizada. El narcotráfico es sobre todo una expresión de la sociedad, lo cual se hace patente en la audacia de las "racionalizaciones" con que se lo defiende. A las viejas teorías de Antonio Caballero (que aseguraba que la prohibición es una maniobra de los bancos para concentrar el negocio) se suma ahora la presión de la red de Soros y la multinacional izquierdista, que por una parte encuentra votantes entre los consumidores, clientelizados de diversas maneras, en una especie de "proselitismo químico", y por la otra seduce a importantes grupos de población en los países productores, donde para tapar el poder de las mafias se describe un paraíso sin conflicto cuando se acabe la persecución.

1. La polémica de la despenalización

La prohibición del tráfico de sustancias psicotrópicas ha acompañado a la humanidad durante tanto tiempo como su uso. Entre los aztecas la embriaguez podría castigarse con la muerte y en Rusia durante mucho tiempo había graves castigos por consumir tabaco. En los países musulmanes el consumo de alcohol está aún prohibido, y respecto de las sustancias desarrolladas más recientemente, son ilegales en todos los países. 

El caso es que en Occidente las prohibiciones chocan con los principios de libertad individual que han estado en la base de la modernidad y numerosos pensadores han abogado por la libertad de consumir lo que cada cual quiera. Desde Milton Friedman hasta Savater o Escohotado y muchos otros. 

Esta visión trata de la prohibición en los países ricos y cuando se interpreta en Colombia, donde la principal industria es la cocaína, se la falsea: dado que se considera deseable permitir que cada persona consuma lo que quiere, se infiere que el problema es la persecución, la causa de la violencia y el delito. Y eso es falso: la causa de la violencia es el poder de las mafias, que cuando no era importante el narcotráfico tenían formidables negocios con las esmeraldas y una rentable industria de extorsión y secuestros, y cuando ese negocio se dañe tendrán el tráfico de órganos y la prostitución infantil. 

El problema no es que en Estados Unidos castiguen el comercio de cocaína sino que en Colombia no rija la ley. Se puede ir a un fondo antropológico: una sociedad propensa al parasitismo, al abuso y a la mentira. Cualquiera que se interese por la vida colombiana en el siglo XIX encontrará lo mismo que en el XXI, la misma nostalgia de la esclavitud de la época colonial y la misma disposición a aprovechar cualquier trampa para librarse del trabajo. La cocaína es la quina moderna y los esclavos que la producen no han visto grandes cambios en su vida desde entonces.

2. La transferencia de la culpa

Hace catorce años el entonces vicepresidente Francisco Santos lanzó una campaña con la que se pretendía culpar a los consumidores de los problemas que causa el narcotráfico en Colombia, cosa tan absurda como si el padre de una prostituta culpara a los clientes. Pero esa transferencia de la culpa es tan característica de Colombia que casi todos los razonamientos que uno oye sobre el narcotráfico la reproducen. (Sobre esa campaña y su sombra publiqué entonces un post que me parece haber escrito ayer mismo.)

El narcotráfico es muy conveniente para muchos colombianos. En los años setenta y ochenta, cuando los jefes del Cartel de Medellín llegaron a contarse entre los hombres más ricos del mundo, la complicidad era generalizada. Los propietarios veían elevarse el precio de sus bienes, los empresarios veían liquidez y demanda de sus productos, los políticos, periodistas y jueces veían incentivos copiosos para animar sus decisiones, los gobernantes unos resultados económicos gratos... Después el negocio mágico desembocó en una orgía criminal, pero antes hubo una complicidad generalizada. Es el dato que no se puede pasar por alto y que explica la actual fiebre "legalizadora".

Y en definitiva, el narcotráfico es una actividad delictiva que lesiona los intereses de la mayoría de los colombianos tal como cualquier vida criminal lesionaría los intereses de la persona y de su familia, por mucho que genere rentas abundantes. Cuando en Colombia se discute sobre la legalización del narcotráfico de lo que se habla es de la legitimidad del narcotráfico, cuando se culpa a los consumidores o a los prohibicionistas es como cuando un par de proxenetas culpan a los policías o a los clientes. Los colombianos no están para decidir si es lícito o no prohibir las drogas sino para decidir si siguen siendo un país sometido a las organizaciones criminales o si intentan ser un país respetable.

Es decir, los legalizadores sólo expresan el conformismo con el narcotráfico, negocio que según muchos analistas tiene un gran papel en el relativo bienestar económico del país en la última década. El exministro y preso político Andrés Felipe Arias publicó un ensayo explicando que fue la cocaína lo que estabilizó la economía del país entre 2015 y 2018. Pero más allá de eso, ¿quiénes la producen, la transportan, la venden e invierten el dinero que produce? Si uno cree lo que se dice en las redes sociales no hay nadie comprometido, salvo gente extraña, indios, guerrilleros, bandidos de regiones apartadas...

La forma en que se expresan esas complicidades es en el discurso legalizador. Nadie está hablando de legalizar el narcotráfico en otros países, en general el consumo de marihuana está tolerado en todo Occidente y en algunas partes de Estados Unidos ya es legal. Nada parecido ocurre con las demás drogas psicotrópicas. Desde siempre se sabe que el fin de la prohibición sería el fin del negocio, de modo que es casi un chiste que los amigos de las FARC y del narcorrégimen cubano y otros personajes afines se preocupen tanto de convencer a los colombianos de que el problema se resolverá acabando con la prohibición.

Nadie se lo plantea, sólo es marketing interno para que los colombianos resulten las víctimas de unas leyes bárbaras y no los cómplices del crimen organizado.

3. Argumentos legalizadores


Leí por casualidad el prólogo que escribió Alejandro Gaviria a una vieja novela de Juan Gossaín. Este rector y exministro formó parte del gobierno en el que la producción de cocaína se quintuplicó (ver Gráfica 8 en este enlace), en gran medida gracias a su labor, pues como ministro fue el responsable de terminar la aspersión con glifosato, y no obstante señala con admirable desparpajo que ese proceso fue un avance. Voy a comentar algunas frases elocuentes de dicho prólogo.
Colombia sigue siendo el principal proveedor de cocaína a los mercados internacionales. Pero los efectos nocivos han sido menores. Es como si el país hubiera puesto en práctica, institucionalmente, podría decirse, una estrategia de reducción del daño. La tasa de homicidios es la menor en cuadro décadas, inferior a la que existía cuando se publicó por primera vez La mala hierba, en 1981.
La tasa de homicidios bajó gracias a la derrota de las bandas narcoterroristas durante los gobiernos de Uribe, la producción de cocaína también bajó en esos años. Durante los gobiernos de Santos los homicidios siguieron bajando gracias a que las guerrillas comunistas se hicieron dueñas del negocio de la cocaína con la ayuda del gobierno nacional. La maduración de la sociedad en el párrafo de Gaviria sólo es el triunfo del hampa, que ya no tiene resistencia.

El párrafo final alude a la marihuana, pero la condena de la prohibición como causante de la violencia se puede aplicar igual a la cocaína.
El debate sobre la legalización total de la marihuana parece más necesario que nunca. Este libro muestra, entre otras cosas, los efectos nocivos de la prohibición. Los muertos. La violencia. La destrucción institucional. En retrospectiva, todo aquello parece inútil. La mala hierba dejó de serlo, pero el legado de muertes y sufrimiento, por cuenta de una guerra imposible, hace parte ya del absurdo de nuestra historia.
Pongo en negrita lo de la "guerra imposible" porque es el centro del discurso "legalizador": el problema no es si la gente toma o no cocaína sino si tu país está dominado por organizaciones criminales dedicadas a ese negocio. La "guerra imposible" es una realidad porque en Colombia no impera la ley ni se la echa de menos, de lo cual Gaviria es un representante, pues ¿no fue la multiplicación de la producción de cocaína un designio del gobierno de Santos relacionado obviamente con negocios fabulosos para los diversos gestores y defensores de "la paz"?

Un aspecto del narcotráfico al que nadie presta atención (obviamente por la naturalización de la esclavitud en la mente de los colombianos) es la vida de quienes cultivan la coca, fabrican el alcaloide y lo transportan a otros países. Vidas miserables, desesperadas y llenas de sufrimiento que no interesan a los que hablan de guerras imposibles y desprecian a los prohibicionistas. Las rentas de la cocaína llegan cómodamente a manos de los poderosos, de gente que puede no tener ninguna relación directa con el negocio y que obviamente no tiene prisa por combatir a las mafias: es una guerra imposible para quien no tiene ningunas ganas de emprenderla, como si se pidiera a los proxenetas que velaran por la castidad ajena.

Woody Allen lo explica al final de Annie Hall: un hombre le cuenta a su médico que su hermano cree ser una gallina. "¿Por qué no lo lleva al psiquiatra?". "Lo haría con mucho gusto, pero es que necesito los huevos". A fin de cuentas el proxeneta no es el que tiene que experimentar contactos asquerosos, sólo proteger el negocio y lucrarse sin esfuerzo. No va a renunciar a los huevos.

Pero la legalización no es sólo atractiva para los amigos de la mafia cubana y sus bandas de asesinos, como Caballero y Gaviria, también en el uribismo se ven razonamientos en esa dirección. El líder uribista Sergio Araújo cierra así un hilo de Twitter bastante razonable: 
Primero, se puede aplicar el ejemplo de la prostitución: una cosa es discutir si es absurdo o no prohibirla. Mientras tanto, ¿qué más pueden hacer tus hijas si tienen tantos admiradores generosos? Araújo tiene que saber que no va a haber legalización de la cocaína en ningún país, y que si la hubiera en Colombia el país sería un paria global, y de hecho no habrá ningún referéndum. Sólo es la complacencia con un negocio que tiene muchos usufructuarios y aun partidarios. Esa "sensatez" ante lo absurdo no llevará a ningún referendo ni a ninguna legalización, pero aliviará la conciencia de los que toman parte en el negocio.

Claro que Araújo es el mismo que en 2014 decía que Zuluaga habría seguido con el proceso de paz y que el futuro de Colombia depende de los cupos universitarios. Simplemente es un líder uribista más autónomo que dice lo que otros más deshonestos callan.

El argumento de la demanda es monstruoso: serviría para la prostitución infantil que, pese a que Vanessa Vallejo diga que el interés por las jovencitas "no es normal", tendría una altísima demanda en caso de ser legalizada. Bueno, y para el tráfico de órganos y la producción de donantes, que además serviría para salvar las vidas de personas que les aportan mucho a sus países (detalle que me interesa señalar porque con motivo del derribo de la estatua de Belalcázar vi muchos tuits de gente que se preguntaba qué aportan los indios al país, como si determinada herencia genética debiera incluir a alguien en organizaciones delictivas).

Pero no sólo los procubanos, santistas y uribistas abogan por una legalización que saben que es una mentira, también los cómicos libertarios colombianos se lanzan a condenar la prohibición con el argumento de la libertad individual. Un tuitero que sin duda los conoce mejor que yo me lo explicaba:Son las cuentas que hace la gente que calcula, con razón, que al menos al principio acabar con el narcotráfico traería una reducción de ingresos para el país.

La prevalencia de la cocaína en la economía colombiana es una tragedia para el país, y perdón por insistir, como cualquier actividad delictiva en cualquier familia. Los principales beneficiarios de ese negocio son los comunistas, que gracias a sus bandas armadas dominan los cultivos de coca y la producción del alcaloide, y también la función publica, el poder judicial, la educación, los medios de comunicación y hasta las redes sociales gracias a los recursos que les provee esa industria. El futuro de Colombia sin hacer frente al narcotráfico es el de Venezuela y Cuba, pues el apetito de poder de los subalternos del régimen cubano generará una destrucción parecida.

A esa prevalencia hay que atribuir la desmoralización total de la juventud, particularmente de las clases altas, no sólo evidente en su adscripción ideológica criminal sino en su cada vez más lamentable mediocridad, tosquedad intelectual y achabacanamiento. ¿Qué porvenir brillante va a haber si lo conveniente es sumarse a las hordas de Petro, calumniar a Uribe en las redes sociales y aspirar a un puesto cómodo en una universidad, en alguna agencia de la paz o en alguna ONG feminista, ambientalista, etc.?

Combatir el narcotráfico es la decisión pendiente en Colombia. Requerirá la firmeza para movilizar grandes fuerzas militares y policiales a fin de destruir los cultivos y laboratorios y para encarcelar a todos los que tengan relación con esas actividades, así como una determinación gubernamental para denunciar a los cómplices infiltrados en las instituciones y ofrecer recompensas por todos los que tengan que ver en el negocio. Eso tendría un precio altísimo, más en forma de "costo de oportunidad" que directamente, pero también el que prostituye a sus hijos (para usar el lenguaje inclusivo) perdería mucho dinero si pensara en trabajar.

Y puedo asegurar que no pasará. Hay familias, castas enteras, que nunca salen del barrio miserable en que se acostumbraron a vivir, cuyos vástagos después de muchas generaciones siguen delinquiendo y prostituyéndose.

(Publicado en el blog País Bizarro el 18 de septiembre de 2020.)

lunes, noviembre 09, 2020

El libreto revolucionario

El festín de violencia que se han dado los universitarios colombianos a partir de la muerte de Javier Ordóñez es la aplicación de un libreto conocido que hace unos meses se ensayó en Chile con éxito notable, aunque en ese país la provisión de fondos para pagar los incendios y otros actos de sabotaje sin duda será más difícil de manejar. En Colombia los terroristas son la primera organización económica nacional, no sólo por los rentables negocios de narcotráfico y minería ilegal sino también por negocios legales derivados del despojo de tierras y de la inversión del producto de 40.000 secuestros y muchas más extorsiones, y sobre todo por el control del Estado a través de las organizaciones de funcionarios, como Fecode y muchas otras, y de importantes alcaldías obtenidas gracias a la compra de votos a través de la "maquinaria" "liberal". El libreto se seguirá aplicando y la esperanza del hampa es aprovechar la miseria y la desesperación que dejará la pandemia para acceder al poder por la violencia. 

La esencia del leninismo
La inmensa mayoría de las personas que se declaran de derecha o anticomunistas, en Colombia "uribistas" porque se identifica al expresidente con el rechazo al comunismo, desconocen por completo la doctrina marxista y sobre todo el leninismo. Por eso se permiten suponer que es posible librarse de un problema firmando la paz con las bandas de asesinos, como si con eso se asegurara que desistieran de su propósito de implantar un régimen de partido único basado en el terror y en el empobrecimiento de la población. Visto que el foco guerrillero no iba a conducir a la toma del poder, pues vuelven al movimiento estudiantil de siempre, al de la época de Camilo Torres, sólo que ahora hay decenas de veces más estudiantes y el partido —o mejor dicho, el régimen cubano— ya tiene el control de los resortes del sistema. 

Es decir, el comunismo colombiano, la llamada "izquierda", sigue combinando las formas de "lucha" en aras del mismo objetivo de siempre. La idea de un "caracazo" les resulta muy tentadora, pues fue lo que funciono´en Venezuela y esperan explotar la pandemia para sacar a la calle a la gente desesperada. Si el gobierno no cae, al menos crean el ambiente de descontento que les permitirá ganar las elecciones y reeditar la experiencia venezolana y nicaragüense.

La delincuencia común y la corriente
Esa idea del "delito político", más como figura constitucional y doctrina de la judicatura, es inconcebible en cualquier país civilizado, pero los colombianos no se dan cuenta de lo monstruosa que es. Ocurre como cuando uno se mete al cine y ve esas aventuras que protagonizan Gregory Peck, Gary Cooper, James Stewart o John Wayne: fácilmente uno cree que son como uno, pero resulta que todos medían más de 1,90 m y formaban parte de sociedades distintas. Colombia es un país singular y los colombianos son gente singular. En Colombia reina el crimen porque se le rinde culto, no sólo por la popularidad de Pablo Escobar en su tiempo, sino sobre todo por la tolerancia con asesinos como Carlos Pizarro, más popular que el antioqueño, o Gustavo Petro, candidato presidencial que obtuvo más de ocho millones de votos.

La barbarie es algo interior, por ejemplo, esa idea de que el que sueña con una sociedad mejor puede violar la ley y ese objetivo se considera noble y elevado, "altruista", es algo que todavía sostienen la mayoría de los colombianos. Forma parte de la idiosincrasia local: ideas convertidas en hormigón armado en los cerebros de la gente, que nadie puede remover. Como que una Constituyente elegida por el pueblo sería peor que la del 91, como que las universidades públicas son el ascensor social para los pobres, como que los militares no deben votar, como que si se quita la parafiscalidad se quedan sin financiar ciertos servicios, como que la "acción de tutela" es una justicia rápida y eficaz. Son cosas que sólo ocurren en Colombia, pero que cuentan con el apoyo de los colombianos. Combatir el comunismo, el narcotráfico, la violencia, la pobreza, el atraso, etc. serían tareas sencillísimas comparadas con la ilusión de que un solo colombiano entendiera que no hay otra maldad que la que alberga en su interior y que todas esas cosas que señalé antes son la ideología del crimen.

Lo anterior viene a cuento respecto del libreto revolucionario por lo siguiente: los CAI son los Centros de Atención Inmediata de la policía y tienen la misión de prestar atención a personas expuestas a ser víctimas de delitos. ¿Qué sentido tiene destruirlos? Sobre todo, facilitarles la tarea a los ladrones y violadores. El estudiante de universidad razona que la policía es el brazo armado del Estado, el que protege la propiedad de la burguesía y el dominio de los banqueros, pero él mismo o su familia podrían quedar desprotegidos al destruir los CAI. Lo que pasa es que su adscripción a la universidad es como a una secta, sus profesores predican la revolución, sus compañeros también, las manifestaciones son la ocasión de divertirse, sentirse importante y hasta conseguir novia, y la recitación de consignas le provee la sensación de ser un conocedor de la historia y la política. El joven, sobre todo el que no tiene muchas luces ni un gran bagaje cultural detrás, entiende "aprender" como "complacer a sus profesores", y es lo que hace tomando parte en la "lucha".

Pero en esas algaradas el enemigo es la policía y el compañero de lucha es la delincuencia. La diferenciación tan obvia para los colombianos entre delincuencia común y rebelión altruista tiene un fondo "clasista" que en realidad es un atavismo: lo que contrasta no son los doctores con retóricas económicas y jurídicas burdas y falaces frente a los rateros y vendedores de drogas, sino los criollos frente a los indios. El caso cierto es que la revolución necesita al "lumpen", como se puede comprobar con la historia venezolana reciente (y cualquiera que estudiara las revoluciones comunistas en todo el mundo encontraría siempre el mismo patrón) y que los ataques a la policía buscan generar suficiente desorden y terror para animar a los saqueadores.

El fin altruista del "delito político" es la burda retórica de los políticos, que se sacrifican y se vuelven tiranos sempiternos por puro amor a la patria. El estudiante revolucionario sueña con tener mando e ingresos sin haber estudiado nada ni trabajado, y de hecho lo consigue. Cualquiera que tenga algún conocimiento de economía notará que Petro no tiene ni remota idea de esa materia (tampoco la tiene el jefe de gobierno español Pedro Sánchez), pero es un hombre poderoso y en una época se jactaba de tener un doctorado. Lo mismo se puede decir de casi todos los congresistas de ese bando (ya se podrán figurar qué entiende de administración pública un prócer como Gustavo Bolívar) y de casi todos los gobernantes castristas en Latinoamérica. 

Las actuaciones del estudiante revolucionario son delitos comunes, si acaso más graves por las pretensiones que conllevan.

Pero es que TAMBIÉN la delincuencia común es la sombra de esa disposición de las clases poderosas. El peón demasiado seguro de sí mismo o demasiado valiente para dejarse intimidar empieza a creer que está por encima de la ley, cosa que es posible precisamente porque SIEMPRE ha sido así en Colombia, a tal punto que cuando la Corona española estableció normas para tratar a los indios, Jiménez de Quesada dejó aquello de "se obedece pero no se cumple". Es lo que ocurre siempre, se finge respetar la ley pero en la realidad se hace lo que el poderoso quiere, eso es la "acción de tutela", eso fue lo que hizo Santos, que llegó a la presidencia a perseguir a quienes lo eligieron. La delincuencia y el odio a la ley no son manías de los estudiantes revolucionarios sino la forma de vida colombiana. El atracador es un pequeño tirano que obra por cuenta propia.

Turbas disponibles
¿Qué pasa cuando alguien se lanza a la calle a protestar y a ejercer violencia? Pues que pronto tiene a numerosos espontáneos acompañándolo. Si el control es imposible por parte de las autoridades, pues pronto proliferan los saqueos e incendios, y los ladrones y violadores harán de las suyas con menos riesgo. Pero, insisto, es la forma de vida del país y basta pensar en los "paros cívicos" que siempre había para saber con certeza que el desorden siempre tiene partidarios. Ahora además están organizados y conectados por las redes sociales, pero no todos los que toman parte en las algaradas son activistas ni estudiantes. Parece que a grandes masas de población les hace falta adquirir el amor al orden y la seguridad. Ése es otro elemento que cuenta a favor de la mafia.

El libreto revolucionario se sigue aplicando y en realidad es una incógnita lo que pasará en las próximas semanas en Colombia. El presidente es un personajillo vulgar al que hasta Daniel Coronell retrata con acierto, de modo que nadie puede esperar que vaya a liderar ninguna respuesta. Uribe propuso decretar el toque de queda y sacar al ejército, pero nadie espera que el gobierno le haga caso. También, cuando lo encarcelaron, uno de sus hijos habló de convocar una constituyente, pero fue una audacia que pronto se olvidó. Ojalá hubiera una propuesta que agrupara a la sociedad contra el plan probablemente acordado en la reunión de Santos con Cepeda y los jefes de las FARC, pero eso supondría hacerle exigencias al gobierno que sólo busca complacer a los grandes poderes, como los medios de comunicación (en la prensa de todo el mundo salió la noticia de los disturbios ocasionados por la muerte de Javier Ordóñez, como si no fuera una farsa plagiada de la farsa de la "izquierda" estadounidense a raíz de la muerte de George Floyd).

Me gustaría equivocarme, pero creo que esa reacción no llegará. A pesar de que es evidente que el hampa mueve sus fichas, es algo que ocurre desde hace más de diez años, "la paz" era sólo el comienzo, y la sociedad no reacciona. 

(Publicado en el blog País Bizarro el 13 de septiembre de 2020.)