sábado, diciembre 28, 2013

La moda de la paz


Todo lo que durante este gobierno se llama "paz" es la guerra, ahí sí, contra toda oposición al gobierno y sus socios terroristas. Los mayores defensores de la negociación de La Habana viven azuzando a los terroristas para que persigan a quienes les incomodan y obviamente preparan el terreno para que los terroristas atenten contra Uribe con sus campañas de odio, calumnia y legitimación del crimen (un columnista de Semana llegaba a escribir "terroristas" entre comillas, dando por sentada la legitimidad de las actuaciones de ese "bando del conflicto", que en últimas resulta víctima de Uribe).

Además de eso, la llamada paz es la consecución de los fines con los que los grupos dominantes promovieron las guerrillas: la certeza de que las urnas no darán sorpresas y se mantendrá el control a perpetuidad. De eso se trata, de que la voluntad de los ciudadanos no cuente, sino la decisión del grupo dirigente, que se transmite a la sociedad a través de las "organizaciones sociales" y se convierten en leyes gracias a la "paz" que determina que el poder pasa a manos de esas organizaciones.

En ese sentido es muy curioso que las FARC surgieran por presiones del MRL (aunque desde los años treinta había una gran alianza entre la dirigencia liberal y el Partido Comunista), partido formado por el hijo del presidente del periodo 1934-1938, y alcanzaran el triunfo en el periodo actual gracias al sobrino nieto del presidente del periodo 1938-1942, la revista del nieto del primer presidente mencionado la dirige el sobrino del actual. Ellos crean la violencia y la resuelven premiando a los criminales y blindando su poder contra toda forma de oposición.

Eso les permite repartirse el botín de riquezas naturales del país con sus clientelas, pero sobre todo perpetuar su dominación. La pobreza de la mayoría no les importa, porque es necesaria para tener provisión de criados y aun de emigrantes cuyas remesas les proveen rentas por diversos medios.

Es un plan muy eficaz porque la "redistribución" de los recursos entre sus clientelas se justifica por servicios públicos como la justicia y la educación. Los economistas, como el cínico que está ahora de ministro de Salud, dicen que la educación provee excelentes retornos, pero eso sólo corresponde a que el título es necesario para ocupar cargos parasitarios y muy bien pagados en el Estado o en entidades que en últimas dependen del Estado (como los medios de comunicación o las universidades privadas), y así la educación se vuelve un pretexto para ese despojo.

Bueno, también sirve para cooptar jóvenes aptos que en otro país serían emprendedores o empleados eficientes de empresas industriales o de servicios. La recitación de la propaganda los convierte en fichas del poder, lo que de algún modo les garantizará rentas como profesores, como periodistas, como jueces o en otros puestos parasitarios (el poder judicial en Colombia sólo es una organización criminal y cuando no está prevaricando para enriquecer a sus miembros lo hace para perseguir a quienes incomodan a la oligarquía y sus socios terroristas).

Esa concentración del poder en la oligarquía y sus redes de dominación refuerza la peor tradición de la sociedad colombiana: el servilismo. El estudiante "gana puntos" si adopta la ideología de su profesor y cuanto más estridente sea su actitud "pacifista", es decir, su odio a Uribe, más probable es su reconocimiento y éxito.

Por eso a raíz de la noticia del plan para matar a Uribe aparecieron montones de tuits de adolescentes que consideraban deseable esa eventualidad. A la gente perezosa le molesta admitir que eso es TODO lo que les enseñan, sobre todo en las universidades públicas y de elite. Pero ¿no sería la educación precisamente el ahormamiento para no andar aplaudiendo asesinatos?

A esa clase de público del poder terrorista se lo ilusiona con una retórica de la "paz" cuyos argumentos son inverosímiles: mentiras estúpidas que los adolescentes que estudian reproducen porque creen que haciéndolo se asemejan a los "intelectuales" que les dan clases y les sirven de modelos, tal vez soñando con llegar a disfrutar de rentas parecidas, que casi siempre son para los hijos de esos mismos "intelectuales": los que dan clases en la Nacional mandan a sus hijos a Los Andes y después al exterior, el revolucionario de provincias o de estrato 3 tiene que ocuparse de las masacres y los niños bomba.

Por ejemplo, el columnista Luis Noé Ochoa escribe:
Darle la vuelta al yate es regresar a más desplazamiento, a más minas antipersonas, a más mutilados, a más muertes. Es mejor que la paz venga en yate, y no la guerra en tanques.
Se trata abiertamente de una amenaza, y la renuncia a aplicar la ley se da por sobreentendida: no someterse a los terroristas premiando sus crímenes se castigará con más mutilaciones, cosa que supondría en todo el mundo la desaparición del derecho penal, pues los criminales siempre podrían responder a la acción de la ley. Pero no hace falta salir de Colombia, los crímenes se multiplicaron cuando el gobierno de Pastrana se obstinó en premiar a los terroristas, se redujeron de forma abrumadora cuando el gobierno de Uribe aplicó la ley. Es casi de niños, pero las falacias las reproducen las clientelas a niños nacidos en los últimos años del siglo XX y aun en este siglo. La evolución de la violencia terrorista es clara: SIEMPRE se multiplica cuando el gobierno se dedica a premiarla para favorecer a las clientelas de la oligarquía.

También ahora los terroristas vuelven a todos los territorios de que fueron expulsados, multiplican sus crímenes y la extorsión, etc. La frase de Ochoa tiene sentido si uno cree que premiar el crimen va a servir para que cese, pero eso obviamente no lo cree Ochoa ni menos los que le pagan. Sólo es un engaño para favorecer unos negocios que sin la menor duda le proveen rentas a él.

Más desvergonzada, como es previsible, es la mártir heredera María Jimena Duzán, que gracias a los acuerdos de Pastrana con Tirofijo fue nombrada cónsul en Barcelona, donde acordaba estrategias con los representantes de las FARC en Europa. Si los colombianos no fueran una gentuza servil, esta asquerosa sería vista con mucho más desprecio que la pobre Karina.

El artículo se titula "La guera de Uribe", y desde el comienzo va resultando que el presidente es el causante de la "guerra", como si no fuera una víctima típica. La entradilla es también del mismo estilo: "En el fondo los uribistas le temen a la paz negociada porque les conviene más la guerra, que es cosa de machos". Seguro: la paz negociada es la abolición rotunda de la democracia y su reemplazo por el Trust Münzenberg, pero resulta que la mayoría de los colombianos (que se opone a que los terroristas gobiernen) buscan la "guerra". La desfachatez del engendro sólo remite al grado moral de los lectores de esa revista: siempre y cuando puedan obtener rentas cómodas por recitar mentiras tan atroces, están contentos con lo que pasa.
Qué mezquino está resultando Álvaro Uribe y su ventrílocuo Óscar Iván Zuluaga con este país que tanto les ha dado. Es tal su obsesión por la guerra como forma de vida y por lograr que el país se devuelva al pasado, a ese mundo ideal de la seguridad democrática que nos llenó de falsos positivos, de Urabeños, de Rastrojos y de eufemismos que no han hecho sino confundirnos, que han terminado oponiéndose como una mula muerta a cualquier posibilidad de paz negociada que se le abra al país.
¡Que tanto les ha dado! Los compañeros de esta asquerosa han intentado matar a Uribe más de diez veces. ¿Cuál obsesión por la guerra como forma de vida? Eso es absurdo. ¿Qué es guerra? Los lectores de Semana, los tristes arribistas del triste muladar, sobre todo del triste moridero que hace de capital, están dispuestos a suscribir que intentar aplicar las leyes e intentar impedir los asesinatos es "hacer la guerra". Lo que se puede decir de la seguridad democrática es sencillo: ¿cuántos secuestros cometían las FARC en 2001 y cuántos en 2010? ¿Cuántos niños reclutados, cuántos asesinatos, cuántas extorsiones, cuántas minas? Sencillamente Colombia volvió a ser un país viable, pero las aspiraciones de esta señora y de toda la caterva de asesinos que la acompañan se echaron a perder. Colombia ya volvió al pasado, a los gobiernos de Pastrana y Samper, con el retorno de la extorsión y de la presencia terrorista en todo el territorio, amén de las bajas de soldados y policías.

El resto del artículo es repetición de la misma idea y del mismo estilo violento y amenazante, amén de las falacias sobre el contenido del acuerdo, que ya comenté en dos entradas anteriores. Realmente produce malestar leer eso. La opinión que uno pueda tener sobre los colombianos empeora mucho al hacerlo.

En definitiva, a punta de falacias pretenden convencer a la gente de que decidiendo por ella amplían la democracia y de que las "organizaciones sociales" que controlan los terroristas van a ser representativas. Eso fue lo que triunfó en Rusia en 1917 y no existe como forma de poder en ninguna sociedad democrática. Pero con todos los recursos de los medios y la "educación" llenarán las plazas de festejantes ilusionados con que premiando a los asesinos van a hallar el paraíso.

Aunque la verdad es que son los demás colombianos los que deben preocuparse: la indolencia les asegura una suerte bastante peor que la de los venezolanos y bolivianos. Ésos no tenían tantas pruebas de lo monstruosos que eran sus verdugos antes de someterse a ellos.

(Publicado en el blog País Bizarro el 11 de noviembre de 2013.)

domingo, diciembre 22, 2013

El libreto del referendo

Nos guste o no, habrá referendo y lo más probable es que lo hagan coincidir con las elecciones presidenciales, en las que Santos será candidato, según nos cuenta Mauricio Vargas en su última columna.
El presidente Santos, que en tres semanas anunciará que va por la reelección...
Creo que en lugar de indignarnos porque haya referendo deberíamos pensar en lo que haremos. Al menos, en lo que harán los terroristas y sus socios del gobierno para conseguir que resulte aprobado. Es casi obvio que la mayor parte de los beneficios de los terroristas no serán explícitos en la o las preguntas del referendo y que se tratará sólo de legitimar su trayectoria criminal. También que la violencia se multiplicará después porque el resultado de la negociación será que las FARC tendrán mucho más poder, mucho más territorio controlado, muchas más posibilidades de producir cocaína, muchos más recursos para comprar armas y mucha más confianza en el triunfo. Normalmente pasarían al ELN toda la tropa joven y el control territorial, pero podrían "dividirse" o resultar descontentos por cualquier motivo y volver a las andadas, tal como ocurrió con el M-19, con el que el gobierno de Betancur buscaba la paz antes de la toma del Palacio de Justicia.

La cuestión decisiva es si conseguirán que la gente lo apruebe, y la verdad es que todo parece indicar que será así porque no hay resistencia. De hecho, dan por sentado que será aprobado y se concentran en la campaña presidencial, en la que el triunfo del candidato de las FARC parece menos probable que la legalización de la banda y sus actividades. Es decir, esperan que el sí a la paz refuerce a la maquinaria y a los medios para que Santos sea reelegido.

Esa campaña empieza con la más encendida violencia verbal, propia de un gobierno que a fin de cuentas obra aliado con el poder judicial salido de los carros bomba de Pablo Escobar y el M-19 para encarcelar rivales peligrosos, como Andrés Felipe Arias o Luis Alfredo Ramos. Así, además de las chabacanas metáforas zoológicas fascistoides del presidente, el patético Gabriel Silva Luján escribe una absurda diatriba comparando a Uribe con Pablo Escobar que concluye con esta maravilla:
Nos espera un país a merced de lo que decida el Patrón. Y eso desembocaría en una nueva guerra civil.
Llamativo: no sólo porque el prócer fue ministro de Defensa, nada menos, del gobierno de Uribe, sino precisamente porque Uribe demostró que lo que provee seguridad y reducción drástica y efectiva de los indicadores de violencia es precisamente aplicar la ley. Sencillamente, estos socios del terrorismo se sienten dueños del país y manifiestan su disposición a aliarse con los terroristas para impedir cualquier esfuerzo que se haga por aplicar la ley: es algo que sale del hecho de negociar, porque el Estado sólo existe para hacer cumplir la ley y cuando desiste de hacerlo sólo es una banda de forajidos a los que obviamente les conviene aliarse con los criminales más terribles y ricos.

La "advertencia" de guerra civil es una amenaza en toda regla, y coincide perfectamente con los rasgos dictatoriales del régimen, que casi nadie proclama y casi nadie cree: ninguna democracia que se pueda llamar así controla de ese modo a la prensa ni se dedica a las campañas de odio contra el adversario, que siempre llevan la legitimación tácita o explícita de los que matan y secuestran cada día, por no hablar del uso del poder judicial para emprender persecuciones como la que sufren Arango Bacci, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Mario Aranguren y ahora Luis Alfredo Ramos.

Otro ejemplo de la retórica del régimen es un artículo de la última edición de Semana firmado por un tal Germán Uribe, titulado nada menos que "Uribe, el azote de la paz", centrado en las típicas acusaciones de paramilitarismo y en el genial argumento del "Cui prodest": Uribe es responsable del paramilitarismo porque el paramilitarismo se oponía a las guerrillas igual que Uribe. La diatriba es casi divertida por los abusos de la retórica y los sobreentendidos (llega a escribir "terroristas" entre comillas) y dan ganas de comentar cada falacia pero supongo que el lector de este blog ya habrá encontrado muchas veces las mismas denuncias. Lo interesante es el tono que va adquiriendo la propaganda gubernamental, cuyo eje es la inverosímil acusación de "guerrerismo" contra todo el que se ponga en contra de los que matan cada día. Y obviamente hay muchos más ejemplos, todos del mismo estilo.

La publicación del acuerdo de participación política tras las fotos del yate deja ver que la gran baza de Santos para las elecciones es la muestra de resultados de "paz" y el avance en ese terreno. Siendo lo que es, sería muy inconveniente que la gente detectara el doble juego de engaño e intimidación que constituye esa campaña, así como la total coincidencia del gobierno con los terroristas. Pero gracias a los medios podrán hacer pasar todo eso como tolerable. En las regiones apartadas, donde la mayoría conoce a los terroristas y sabe que no van a desistir de su opresión, se mata, mientras que en las ciudades se entonan cánticos de paz y se ponen en práctica los tradicionales cinco minutos de odio contra Uribe, que no quiere la "paz".

Claro que de por medio está que el descontento con Santos no es tan acusado como se cree porque los resultados económicos son buenos, sobre todo en aquello que el ciudadano percibe: sí ha bajado el desempleo y sí ha crecido el PIB y sí se ha reducido la desigualdad, cosas que no son grandes méritos del gobierno, pues vienen de la herencia de buenas prácticas de la época de Uribe, pero que sí genera una disposición benévola en la gente. Los desastres, sobre todo la fuga de inversiones y la pérdida de oportunidades, tardarán en verse.

La aspiración de Santos a la reelección cuenta con grandes ventajas, pero la decisiva es la falta de respuesta. He mostrado decenas de veces que los precandidatos uribistas se entusiasmaron con el comienzo de la negociación, no tanto por amor a la "paz" ni por estupidez cuanto por un cálculo errado sobre la actitud que deberían adoptar. En la mayoría de los casos, por ese principio que comenté una vez de que "el votante siempre tiene la razón".

Es decir, el eje de la campaña santista será la paz mientras que en el uribismo no se sabe y hay muchas presiones para que se dé la bendición a la negociación. Incluso cuando ya se veía la clara alianza de Santos con las FARC apareció una carta de Luis Carlos Restrepo exhortando a apuntarse a la "paz". Los radicales "derechistas" que se rebelaron contra Uribe en la convención se aferraban a un candidato que durante treinta años ha promovido la negociación de las leyes con los terroristas.

Buen ejemplo de esa actitud equívoca respecto a la negociación es este tuit de Alfredo Rangel:
No es verdad que el acuerdo sea vago, pues se explica muy bien que muchísimas instancias de decisión no corresponderán a entidades formadas por personas elegidas sino a grupos que aparecen representando a la sociedad, es decir, al Trust Münzenberg: a las organizaciones de fachada de las FARC. Pero ¿qué quiere decir "avance"? Para mí un avance sería una mala noticia, no creo en la negociación política con los terroristas, el único avance razonable sería que desistieran, cosa que es lo contrario a negociar. Rangel parece lamentar que no lo haya.

Al igual que Francisco Santos, Rangel ha sido durante varias décadas promotor de la negociación política. Y pongo ese ejemplo porque creo que la tarea de los demócratas en Colombia hoy en día es elaborar una estrategia de respuesta al referendo de Santos.

Me parece acertado lo expuesto por Fabián Lacouture: la reelección de Santos se puede impedir centrando la campaña en la denuncia de su afinidad con las FARC. Pero la elección presidencial coincidirá con el referendo y los colombianos escogerán entre la paz y la guerra, de modo que no habrá, como muchos creen, una simple alternativa entre Uribe y Santos.

Para hacerle frente al régimen bolivariano que se viene, pues lo que van acordando en La Habana es sencillamente la entrega del poder a los terroristas, es necesario desmontar la falacia de la paz y la guerra, explicar de forma incesante que la llamada paz es sólo el sometimiento al crimen organizado y que no se debe acatar lo acordado por el gobierno y sus socios terroristas en La Habana.

Hay que entender que eso es más importante que ganar la elección presidencial, pero sobre todo que no hacerlo puede ser fatal para esa elección. Si se consigue una alianza de uribistas y godos y se explica a la gente que no se trata de un forcejeo entre la paz y la guerra sino entre entregarle el poder al crimen organizado y abolir la democracia o aplicar la ley, la victoria sería muy probable. Haría falta movilizar el voto en las regiones porque probablemente el "pacifismo" ganaría en Bogotá, donde viven las clientelas del comunismo, pero todo eso se puede hacer.

Y entonces el referendo tramposo con sus mentiras y todo el resto de ventaja del sátrapa se convierte en una oportunidad maravillosa, como el hombre ordinario que puede hacer algo generoso al encontrarse una catástrofe y se convierte en el héroe de la jornada y aun engrandece su vida (hay una divertida película sobre esa contingencia). Eso puede ser para los colombianos esa situación, la elección entre los valores rectos de la democracia y la caída en la tiranía comunista, entre hacer frente al atraco y someterse de la forma más indigna. Entre optar por la verdad y tragarse la mentira. Entre seguir el camino de las satrapías bolivarianas o salvar la dignidad de Sudamérica.

¿Y no deberían dar ejemplo de ello los que aspiran a ser sus líderes? La secta obduliana intenta enlodar por todos los medios a Zuluaga, y yo creo que los desautorizaría si fuera capaz de prepararse para combatir las falacias "pacifistas" (aunque desgraciadamente sigue diciendo que la verdadera paz es resolver los problemas sociales, ideíta que legitima a los terroristas, que son un proyecto de dominación y opresión de los ricos sobre los pobres y no una revuelta de "desposeídos").

Es lo que viene. No hay modo de rehuirlo ni tiene sentido predicar la abstención porque se alcanzará el umbral. Los demócratas, aun en condiciones adversas, deben proponer que se vote NO. Cediendo a la retórica de la "paz" y ofreciendo "matices" a la monstruosidad de La Habana perderían seguro y autorizarían a Santos, mientras que denunciando la falacia podrían fracasar, pero ganarían en todo caso honra y dignidad. Esas bellezas, pensará el colombianito típico, no proveen rentas, pero cuando se pierden se pierde todo.

(Publicado en el blog País Bizarro el 8 de noviembre de 2013.)

martes, diciembre 17, 2013

El acuerdo de participación política


Voy a comentar las enormidades más gruesas del texto de ese acuerdo:
Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
En esas breves palabras está todo: los criminales tratados como una autoridad respetable. Los sacrílegos y blasfemos dando misa. Eso ya estaba antes y hace que la claudicación esté ya resuelta en la reacción inicial a la noticia del comienzo de los diálogos y aun antes, cuando la prensa anunciaba que Santos buscaría la paz.  
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", denominado Participación Política. En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa. De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
Ojo, declaran que han logrado consensos pero no explican en qué consisten esos consensos. Eso da mucho que pensar. Si se mira cada punto, las perspectivas son estremecedoras:
1. Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
¿Qué oposición va a ser ésa si el gobierno es lo mismo que las FARC? ¿Serán los que discrepen del régimen oligárquico-mafioso-comunista los que tendrán garantías? 

El sentido de esto es casi un chiste: pretenden ofrecer legitimación a la existencia de las bandas terroristas en la mentira de que no se podía participar en política por el Frente Nacional. La misma leyenda del origen del M-19 en el fraude de 1970. Todo eso es falso: el comunismo participó en las elecciones durante los periodos del Frente Nacional aliado con el MRL de López Michelsen. El precursor de Tirofijo, Juan de la Cruz Varela, un personaje verdaderamente siniestro (como tantos jefes del comunismo en todo el mundo, como Ho Chi Minh o Kim Il Sung) fue el segundo de López en la elección de 1960.

Lo del acceso a medios de comunicación es un chiste: ¿alguien puede distinguir en algo medios como Semana, Caracol o El Espectador de la página de Anncol? Tal vez que ésta sea menos desvergonzada: quienes controlan los medios son los mismos empresarios del terrorismo. Pero hay más: ¿de qué modo van a tener "acceso" a empresas privadas? Lo que se anuncia es claramente algún tipo de sometimiento de la prensa, que podrían nacionalizar o controlar más de lo que ya la controlan.

Otra gracia de todo eso es que el gobierno Santos resulta representando a las instituciones cuando sólo son unos malhechores que engañaron a los votantes para obrar a favor de sus socios terroristas.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
Siempre la propaganda: lo que no es democrático es que el gobierno haga lo contrario de lo que prometió y que se negocien las leyes con unos criminales. Los mecanismos de participación directa aluden a probables medidas plebiscitarias para imponer una tiranía como la venezolana usando los mismos métodos que se usaron en Venezuela.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Eso parece aludir a mecanismos para abolir la democracia y reemplazarla por los órganos típicos del Trust Münzenberg. ¿Alguien cree que va a haber igualdad de condiciones con unos asesinos impunes y ricos dominando el Estado de mil maneras, como si no lo dominaran ya?

De paso, según la vieja pretensión de los terroristas, éstos resultan representantes de los débiles, como si no fuera el poder aliado de las mafias el que impone la negociación por encima de la voluntad expresada en las urnas de la mayoría de los colombianos.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática.
De nuevo la mentira de que los terroristas acumularon decenas de miles de millones de dólares secuestrando niños y traficando cocaína porque no los dejaron participar. Aunque no faltará el que sienta alivio por las menciones de la democracia y lo democrático. Ya asquea.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
Esto les interesa especialmente, y parece el anuncio de la Constituyente soviética que exigían las FARC: la ampliación de la democracia a los sectores afectados por el conflicto, etc. quiere decir que encontraron alguna forma de convocar una Constituyente con circunscripciones especiales en las que no regirá la ley. Todavía hay más párrafos con esas perlas. Tiene que ser eso.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
No puede ser oposición porque la manguala terroristas-comunistas-oligarcas es hegemónica. Entonces puede ser que pretendan una farsa de bipartidismo de "izquierda" de las FARC y "derecha" de la Unidad Nacional. Son lo mismo, son una misma red de usufructuarios de los secuestros y la cocaína.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Lo sabía: esa comisión podría convertirse en la puerta de la Constituyente soviética.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Es decir, el Estatuto de la Oposición no será desarrollado por representantes elegidos de los ciudadanos, sino por el citado Trust Münzenberg de militantes comunistas de las asociaciones de negros, de mujeres, de LGBTI, o bien de académicos, que son los comunistas de familias ricas. El "Estatuto de la Oposición" definirá los límites de la ley de tal modo que será equivalente a una Constituyente: no que vayan a cambiar la Constitución de 1991 porque en esencia es la Constitución de los comunistas a tal punto que el Polo Democrático (que era el Partido Comunista más el M-19) declaraba que era el partido de la Constitución de 1991.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
Más de lo mismo: la participación ciudadana, los voceros de los movimientos sociales. Se trata de dar poder a los terroristas a través del citado Trust Münzenberg. El acuerdo es exactamente lo que pretendían las FARC.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Es decir, las milicias y demás medios de intimidación que se han probado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, legalizadas y oficializadas.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Es decir, la entrega de grandes recursos a las organizaciones controladas por los terroristas, que se convertirán en autoridad y tendrán medios de comunicación para promover sus fines.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Es muy importante que se entienda que los opositores son los comunistas, porque si es los que piensan disputarle la presidencia a Santos, ya se ve cuál es el respeto. Esos asesinos resultan, gracias a su generosidad con Mora, Naranjo y los demás canallas, víctimas de irrespeto, estigmatización y persecución.

¿Cuáles son esas medidas? Eso es muy interesante porque se trata de acabar con la libertad de expresión. Las organizaciones sociales y de derechos humanos son, de nuevo, las redes de dominación de las FARC. Y lo que se anuncia en este párrafo es la persecución de cualquiera que se queje de los niños bomba y las castraciones pedagógicas que permitieron tan dulce prosperidad a Mora, Naranjo y tantos generales y personajes de todo tipo que imperan en la Colombia de hoy.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Más burocracia y poder para los terroristas: ¿quiénes van a formar esos consejos? Los siguientes párrafos abundan en lo mismo.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Seguro, ahora los secuestradores van a ser los fiscales contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
"Participación" siempre quiere decir "poder para los sóviets": para los órganos típicos de los comunistas, o sea, de las FARC, que cuentan con cientos de miles de universitarios que sólo sirven para esa clase de activismo. De hecho, la afinidad espontánea entre el gobierno de Santos y los terroristas tiene que ver con la herencia común de la casta de los encomenderos: las multitudes de activistas son sencillamente la nueva generación del mismo grupo parasitario de siempre, ahora sediento de rentas gracias al aumento de la exportación de materias primas.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
Ojo a esto porque "el tránsito de organizaciones" quiere decir que habrá un periodo en el que las FARC seguirán usando las armas "legalmente". Eso es lo que quiere decir "movimientos sociales con vocación política". Por ejemplo, podrían ser milicias o pseudomilicias o nombres cambiados para los frentes terroristas. El "tránsito" se demoraría un poco, puesto que los cambios institucionales para facilitar esa constitución los acordarían los jefes, que no tendrían demasiada prisa en dejar de disfrutar de las rentas de los negocios ilegales.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Es decir, más protección para la fachada legal de los terroristas.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Claro, los que ahora mismo matan a candidatos que no les incomoden van a ser los garantes de la transparencia en los procesos electorales.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Parece que la Constituyente que pedían las FARC funcionará en forma de comisiones con todo tipo de atribuciones. Y sobre todo de rentas. Más puestos de poder para los universitarios que siempre han acompañado a las FARC.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Es decir, las curules que no obtendrían en una votación libre. Lo del abandono es de nuevo la retórica de la propaganda terrorista: ¡las FARC son respuesta al abandono estatal! En todo caso, cuando hay ciudadanos que pueden votar dos veces se viola el principio de "un hombre un voto" y obviamente las regiones escogidas será aquellas en las que las FARC pueden asegurar la votación, y donde no habrá modo de evaluar las libertades de los ciudadanos.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
De nuevo la UP y las condiciones de operación del partido armado que hubo en los ochenta y que ocasionó tanta violencia en esos años.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda. 
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Lo dicen: "la dejación de la armas". Quiere decir que no matarán abiertamente ni exhibirán las armas, sino que las tendrán por si no ganan las elecciones. Que se olviden los que han creído otra cosa. Más retórica sobre garantías, es decir, más puestos para las clientelas terroristas.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Es decir, puestos para los comunistas con el pretexto de que las usufructuarias de los puestos son representantes de las mujeres.

[El resto carece de interés.]

(Publicado en el blog País Bizarro el 6 de noviembre de 2013.)

viernes, diciembre 13, 2013

Las trampas de la lealtad

La convención uribista terminó como muchos temían y otros anhelaban, con la designación de Zuluaga, que probablemente habría perdido en una consulta abierta. Algún malicioso señaló que la idea de la consulta abierta se planteó para favorecer a Ramos, pero que una vez encarcelado éste el resultado sería un triunfo seguro de Francisco Santos, cosa que Uribe no deseaba. Yo añadiría otra sospecha: al no haber consulta del UCD, los votantes uribistas podrían participar en la consulta conservadora y así impedir que se imponga un candidato conveniente al interés de Santos de dispersar el voto de oposición. Por ambas razones me parece un acierto de Uribe.

La posibilidad que tenía Francisco Santos de ganar en una consulta se debía a la promoción que sin mucho pudor le hacían los medios controlados por el gobierno: sería un candidato fácil de destruir a punta de chistes y aun de maltratar en un debate abierto. También tenía el apoyo de muchos activistas y de un sector del uribismo. Pero esas palabras son confusas: ¿qué es un activista? Muchas personas dedican una parte de su tiempo libre a promover sus ideas, pero muchas otras están pensando en acceder a puestos de poder, o en que accedan personas con las que tienen parentescos o relaciones personales que podrían favorecerlas, según una tradición muy arraigada en Colombia. Y un "sector" no corresponde a determinada facción definida ideológicamente sino más bien a una conjura dirigida por una camarilla poderosa.

Por eso es muy llamativo todo el malestar que dejó la decisión final de elegir a Zuluaga. Los que esperaban que el candidato fuera Francisco Santos suelen ser los más entusiastas uribistas, lo que hace pensar que a la vez que elogian sin cesar al líder pretenden imponerle decisiones, conducta que hace pensar en la adulación interesada. ¿Qué era lo que distinguía el "sector" partidario de Francisco Santos del de Zuluaga? El contenido de esas diferencias es desconocido, y se podría decir que no existían más allá de las redes de relaciones personales de los afines al candidato malogrado.

Claro que mucha gente se indignará con la idea de que la convención era "amañada", pero eso sólo hace pensar en la ausencia de una buena educación, que ante todo consiste en imbuir el respeto de uno mismo. ¿A quién representaban los asistentes? ¿Quién quiso que acudieran ellos y no otros? Si hay un partido cuya base sea un programa, un ideario y unos estatutos, los que acuden a una convención representan a los afiliados, pero a ningún uribista le ha parecido necesario que haya algo así, o que se deba echar atrás la mayor parte de los cambios del 91 (no para volver a la Constitución de 1886 sino para implantar una norma liberal). Lo que promueven, sobre todo los que querían hacer candidato a Francisco Santos, es precisamente el culto de la personalidad y la adhesión ciega al líder. Parece que mientras puedan controlarlo, cosa que suponían que podrían hacer con su candidato.

Pero además Francisco Santos como representante de un ala radical es casi un chiste. Además de su trayectoria como "socialbacán" y persona afín a la "izquierda" que dirigía su primo Enrique, es muy llamativo que siendo vicepresidente contratara a personas tan dignas de confianza como León Valencia o Gonzalo Sánchez para que conformaran el Grupo de Memoria Histórica, autor del inefable documento cuyo contenido analizamos en este video (lo pongo porque podría haber lectores que no lo hayan visto).


Más preocupantes son las respuestas que dio a María Jimena Duzán en una entrevista de septiembre de 2012 que he analizado en este blog varias veces (1-2). Por ejemplo, sobre la resistencia al proceso de La Habana.
M.J.D.: Pero si es cierto que Uribe también quería la paz, ¿por qué él se opone al proceso de manera tan integral?

F.S.: Es que eso tiene que ver con que la pelea entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no es una pelea por la paz, sino una disputa política. 
M.J.D.: ¿Pero no es un poco mezquino que el expresidente Uribe esté utilizando la paz para conseguir réditos políticos? 
F.S.: ¿Y cuándo la política no ha sido mezquina? Pero además le digo: Santos también ha sido inmensamente mezquino con el expresidente Uribe. Pudo haber construido su gobierno sobre lo construido, pero no quiso. Si no hubiera tenido la mezquindad en varios nombramientos en los que no vale la pena entrar, Uribe estaba montado en la paz al lado del presidente Santos.
"Disputa política" no quiere decir "sobre el gobierno", sino sobre la rapiña por los puestos y las rentas, por el control del Estado como fuente de poder y negocios para algunas personas. Si el líder de los "leales" concede todos los supuestos de la segunda pregunta de la "periodista", o es un canalla o es un idiota, y no se puede decir que podría haber cambiado al cabo de un año.

Ése es el nivel, la política no obedece a valores sino a redes de relaciones y servidumbres, tras las que se ocultan intereses más bien turbios. La propia idea de la "lealtad" remite al mundo de El cartel de los sapos (y la dificultad de confiar en los amigos). De hecho, recuerda poderosamente el mundo de la mafia siciliana u Onorata società ("sociedad honorable"), cuyos miembros son los "hombres de honor" (es decir, asesinos disciplinados y leales a sus jefes y no simples malhechores desesperados). Es obvio que en la política hay intereses y lealtades personales (es típico de idiotas suponer que los políticos no deben pensar en el dinero, mientras los ciudadanos sí, como si a los dentistas se les exigiera que sólo pensaran en nuestras caries). Pero cuando no hay con los votantes una relación de respeto en torno a valores e ideas, de lo que se trata es sólo de forajidos.

A lo mejor algún día se publican las verdaderas diferencias entre los dirigentes del uribismo y las causas de tanta amargura y resentimiento. Mi experiencia es que casi todos los "pachistas" que protestan con "un mes de silencio" corresponden al activismo político que describí en una entrada de hace unos meses: la clase de gente que busca pretextos para estar contra el gobierno y realmente se opone a la "paz" por los motivos que señala Francisco Santos en las respuestas citadas. Da lo mismo que le quiten tres ceros al peso o que le entreguen el país a las FARC en La Habana, aunque lo mejor es el mar de San Andrés (no creo que muchos colombianos sepan dónde está San Andrés como para situar las ISLAS en un mapa, no hablemos de las rocas remotas que definen los límites marítimos), gracias al cual se le sale el patriota a muchos. Esos mismos, en casi todos los casos, fueron defensores del increíble Sigifredo López (nada podría desarmar la componenda criminal de Santos y las FARC más eficazmente que una denuncia contra el prócer ante la CPI y a la vez una denuncia por prevaricato contra el fiscal, sería tarea de niños sacar adelante ambas denuncias).

El futuro colombiano es desesperado y podría enderezarse un poco si los uribistas consiguen ganar las elecciones, para lo que creo que necesitarán la alianza con los conservadores. La democratización real del país requerirá, como ya he señalado otras veces, otra generación que rompa con esa cultura de la lealtad personal y las bajezas inagotables de la rapiña por los cargos públicos: que al menos exija saber qué es lo que hace preferible a un candidato sobre otro, más allá de la recomendación del amigo bien relacionado.

(Publicado en el blog País Bizarro el 30 de octubre de 2013.)

sábado, diciembre 07, 2013

El Estado desagraviador

Tal vez el valor más característico de los colombianos es el culto de la educación, por eso los políticos, cuyas manifestaciones son verdaderos termómetros de la opinión común (dado que toda rareza los dejaría en minoría), proclaman todos los días su disposición a impulsar la educación y a brindar más educación; y todo el que puede mantener a sus hijos hasta los treinta años estudiando hace el esfuerzo y de ese modo el país cuenta con varios millones de titulados universitarios cuyas carreras no se sabe a menudo para qué sirven; mejor dicho, sirven para que las personas tengan ese adorno de su rango universitario, aunque según su origen social eso va a significar que se dediquen a la enseñanza o disfruten de rentas cómodas en el Estado (los que han ido a universidades privadas prestigiosas y tengan contactos) o que tengan que elegir entre la miseria orgullosa de los resentidos sociales y los trabajos que harían sin haber estudiado (los que van a universidades públicas o a las de garaje).

Esa noción predomina entre la gente que no ha estudiado pero, gracias a la idea de la educación como derecho fundamental, también entre la mayoría de los egresados: la educación se concibe como algo que certifica un documento y cada vez más como algo que se puede reclamar al Estado, no como el esfuerzo de superación y edificación que tenía el término antes sino como una forma de acceso a un rango social superior. El resultado, y eso lo he visto muchísimas veces, es que uno encuentra en las redes sociales profesores universitarios de periodismo que desconocen las reglas más elementales de ortografía, o que usan términos con un sentido rotundamente distinto al del diccionario, casi siempre porque en el ambiente el término se ha envilecido pero a veces porque los honra usar palabras raras de cuyo uso no tienen noción.

Educación debería ser ante todo lectura, y no lectura para contestar un examen sino para entender el mundo: la primera tarea de la escuela debería ser imbuir en los educandos el hábito lector, pero eso no interesa sencillamente a nadie. Y la persona educada debería ser aquella que conoce los clásicos, que al menos los ha leído, cosa que en Colombia no son ni siquiera los profesores de filosofía o literatura de las universidades más caras. Cada "profesional" ha hecho algún esfuerzo por poder recitar las claves de algún manual de su especialidad y aun los textos más populares relacionados con esa materia los desconoce.

Pero ¿a quién se le va a ocurrir que la educación sea algo que la gente tiene que obtener con su esfuerzo y no sólo reclamar como un "derecho"? La mera idea escandaliza a las personas "educadas", que son tales porque han adoptado la ideología de las universidades, consistente en esa mezcla de pretextos para el resentimiento y a la vez para el parasitismo.

Pongamos el libro más reconocido de todos los escritos en español durante el siglo XX relacionado con historia, filosofía y política. ¿Cree el lector que el 1% de los colombianos titulados en cualquiera de estas carreras o en derecho, antropología, filología, literatura, sociología, psicología, etc. ha leído La rebelión de las masas? Yo estoy seguro de que no. Y no digo nada de la comprensión de lectura ni de la aptitud del lector.

Acerca del título de esta entrada, y también de la cuestión de la educación, voy a copiar unas frases de ese libro que vienen muy a cuento.
El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización. Y es muy interesante, es revelador, percatarse de la actitud que ante él adopta el hombre-masa. Éste lo ve, lo admira, sabe que está ahí, asegurando su vida; pero no tiene conciencia de que es una creación humana inventada por ciertos hombres y sostenida por ciertas virtudes y supuestos que hubo ayer en los hombres y que pueden evaporarse mañana. Por otra parte, el hombre-masa ve en el Estado un poder anónimo, y como él se siente a sí mismo anónimo -vulgo-, cree que el Estado es cosa suya. Imagínese que sobreviene en la vida pública de un país cualquiera dificultad, conflicto o problema: el hombre-masa tenderá a exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente de resolverlo con sus gigantescos e incontrastables medios.

Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatifícación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o, simplemente, algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguir todo -sin esfuerzo, lucha, duda, ni riesgo- sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina.
El nombre de esa disposición que describe Ortega es "socialismo", esa certeza de que el mundo existió siempre sin orden ni justicia ninguna hasta que la clase de los funcionarios se propuso organizar a la sociedad para satisfacer sus necesidades. La experiencia del socialismo marxista en Europa oriental y China debería bastar para explicar el efecto de todo eso, pero también se podría decir de lo que ocurre en Europa occidental, donde el Estado-providencia ha conducido a una situación crítica de insolvencia.

En Hispanoamérica el Estado llegó "importado", ya existía cuando se fundaron las sociedades, y la casta de funcionarios ha sido la hegemónica en todo momento. En la medida en que se multiplican la población y los recursos, esa casta trata de expandir a toda costa su poder. Ése es el sentido de lo que se conoce como izquierda: no propiamente un proyecto liberador ni tampoco redistribuidor sino de concentración del poder en la burocracia, cosa que es más grave cuanto mayores sean los recursos naturales de un país.

¿Cómo hace la casta dueña del Estado para conservar el control? Primero explota esa disposición de las masas a creer que el mundo siempre ha sido como lo conoce y que cualquier bien de que haya disfrutado es natural (casi siempre es resultado de la tecnología que se inventa allí donde no hay socialismo), y a partir de ahí convierte a todos los demandantes de favores estatales en agraviados. A los agraviados se los organiza ofreciéndoles medios de relación y todo tipo de halagos, hasta que toda particularidad personal se vuelve "identidad" y lleva a los vividores que poseen esos rasgos a puestos de poder y a los demás a ser clientela que vota y opina en el sentido que conviene a la casta reinante.

Paradigma de esa labor es el conflicto cultural por las costumbres. Por ejemplo, la pelea por la dosis personal de drogas. Los comunistas colombianos vivieron durante la mayor parte de su historia gracias a los aportes del régimen soviético y tratando de imponer ese modelo en Colombia. ¿Cómo es que están tan dispuestos a promover las costumbres más libertinas que en la antigua URSS habrían llevado a cualquiera a pasar su vida en un campo de concentración? Porque eso sirve para presentar el totalitarismo como una cosa divertida. Todavía en Cuba hay muchísimas personas presas por fumar marihuana, cosa que no impide que el gobierno tome parte en el tráfico de cocaína, pero los castristas en Colombia son los más firmes defensores del derecho a consumir.

Mucha gente cae en la trampa: es decir, mucha gente que realmente cree en la libertad individual y desaprueba la prohibición. Desgraciadamente, la única oposición que encuentran los totalitarios es de gente conservadora que defiende una actitud de prohibición. La cuestión aquí es cómo el hecho de consumir drogas convierte a la persona en agraviada por los que las prohíben y le provee una "identidad" que sólo consiste en un hábito que la mayoría considera funesto. Se presenta la tradición moral como un error que van a corregir los castristas y de paso al consumidor se lo engatusa para que de su inclinación (que podría considerarse una debilidad) infiera una disposición a cambiar la sociedad. Exactamente eso hacen los islamistas con los raponeros y demás delincuentes de origen norteafricano en Europa.

Pasa lo mismo con la homosexualidad: en muchos registros de épocas remotas se encuentran referencias a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y según las épocas y culturas se toleraban o se perseguían. En la antigüedad esas personas no eran "homosexuales", no tenían una "identidad" diferente. No se encontrará una idea parecida o un adjetivo o nombre interpretable como "homosexual" en ningún documento antiguo, y ciertamente los "homosexuales" abundaban en Grecia y Roma. Tras la caída de Roma y la hegemonía cristiana en Europa esas prácticas se consideraron criminales y sólo en el siglo XX se empezaron a tolerar. Es de suponerse que siempre habría personas tentadas de experimentarlas, como con cualquier práctica en que entre en juego la sensualidad. Al igual que ocurre con las drogas, quien crea en la libertad individual debe oponerse a toda forma de condena y persecución de las costumbres heterodoxas. El problema es que los comunistas, herederos de regímenes que castigaban espantosamente esas prácticas, encuentran a otra comunidad de agraviados a los cuales desagraviar gastando dinero público y en realidad convirtiéndolos en otra clientela.

Respecto del aborto es aún más grave porque abortar no es ninguna diversión y en lugar de educar a la gente para evitar los embarazos no deseados se la convierte de nuevo en agraviada que reclama su "derecho" y requiere toda clase de gasto público y ciertamente cargos bien pagados para las feministas que salvan a las posibles víctimas de la amenaza prohibicionista.

Todo eso es el programa del socialismo después de que el viejo esquema de la lucha de clases fracasó y la gente de vocación funcionarial tuvo que inventarse otros pretextos. Aunque de hecho lo que señala Ortega es predominante. Volviendo al comienzo de esta entrada, ¿quién va a pensar que la educación es algo que asumen los padres respecto de los hijos y depende casi sólo del esfuerzo de éstos? Es un "derecho" que todos tienen que reclamar y a ninguno (literalmente, A NINGUNO) se le ocurre que en lugar de enseñar a leer el gobierno podría dar de comer. Mucha gente en Colombia podía estudiar pero no comer. Sólo es que la "educación" justifica los ingresos de una clientela más dinámica y a la vez permite adoctrinar en los valores que convienen a la casta dominante.

Nadie debe dudarlo: la expansión del Estado no es ningún progreso, sólo es la persistencia de un orden de dominación y su efecto es el que ya se vio en la antigua URSS y después en Cuba y en Venezuela. Y el activismo por las "identidades" agraviadas (en España ocurre con Cataluña, una región rica que quiere pagar menos impuestos y se aferra a un sentimiento de superioridad promovido por la educación) es una manipulación falaz de gente cuyo verdadero interés es la dominación, y cuyos resultados en el gobierno se han probado en Bogotá con las tres alcaldías sucesivas del Partido Comunista.

(Publicado en el blog País Bizarro el 24 de octubre de 2013.)

martes, diciembre 03, 2013

Los colombianos y la ley


El hispanoamericano es una especie de europeo "asilvestrado", perdido en una tierra desconocida en la que la vieja tradición moral y espiritual del viejo continente se pierde: manda la pura fuerza y las leyes se van inventando o acomodando según la conveniencia del momento.

Pero la definición de ley supone que es algo fijo porque si se puede cambiar en cualquier momento no es ley. Claro que toda la vida se han cambiado las leyes, pero su duración y reconocimiento, así como el consenso con que se cambian, define el nivel de desarrollo (y de orden, prosperidad y armonía) de una sociedad.

Tal vez el núcleo de la problemática colombiana sea la actitud de los ciudadanos ante la ley. No sólo de los que la transgreden, que son muchos, sino de todos los demás. Ante cualquier circunstancia se encuentra uno con lo mismo: no sólo que algunos obren frívolamente respecto de la ley sino que son muy raros los que ven algún problema en esa disposición. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda que es verdaderamente el rasgo más típico.

En las facultades de Derecho en que influía el marxismo, se enseñaba que "El Derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley". La teoría de la lucha de clases servía para deslegitimar la tradición jurídica universal, y ello resultaba grato a los jóvenes de clases acomodadas que aspiraban a cargos de poder (baste pensar que hacia 1970 la mitad de los colombianos eran analfabetos, con lo que la inmensa mayoría de quienes llegaban a la universidad serían de los primeros centiles de renta). ¡Reproducía la resistencia TRADICIONAL a someterse a normas precisas e inamovibles! El marxismo y la revolución eran y son pretextos en los que cabalga esa vieja costumbre de los de arriba de hacer lo que les da la gana.

Claro que los abogados también quieren estar por encima de la ley y por eso todos apoyan la llamada "acción de tutela", impuesta por los comunistas del M-19 en la Constitución de 1991 y aplicada por jueces "formados" en esos preceptos. Se trata de la abolición de la ley, que se desmorona ante la discrecionalidad del funcionario: precisamente hay leyes para que se sepa hasta dónde puede llegar el poder del Estado o de una autoridad, cuando basta invocar un "derecho fundamental" para ordenar cualquier cosa, lo que hay es un atropello que favorece al gremio de abogados, que ni siquiera necesitan conocer las leyes y sólo tienen que mantener buenas relaciones con los jueces. En otras palabras, se trata de la persistencia de un orden de dominación que anula cualquier noción formal de democracia e igualdad ante la ley que figure en la constitución. El gremio de "juristas" es el agente de esa dominación.

Es muy frecuente que los mismos jueces proclamen su disposición a ir más allá de la ley para aplicar sus concepciones ideológicas. Es otro rasgo de barbarie que misteriosamente los demás colombianos no reconocen como crimen: el único dolo concebible es el lucro, las buenas intenciones lo justifican todo. El supuesto altruismo de una disposición resulta menos grave que el egoísmo de querer prosperar, y teniendo en cuenta el trasfondo ideológico y la ignorancia, frecuentísima, de los jueces en materias ajenas a su cargo (típico en las querellas laborales), termina siendo más funesto que la simple concusión o el simple cohecho.

Se podría parafrasear aquella frase de Nietzsche ("Decís que una buena causa justifica cualquier guerra y yo os replico que una buena guerra justifica cualquier causa") con esta variación: "Decís que una buena intención justifica estirar la interpretación de la ley y yo os replico que el respeto estricto a la ley justifica cualquier intención".

Esa legitimación por la buena intención afecta a todos los ámbitos de la vida: durante décadas fueron tal vez mayoría en Colombia los que simpatizaban con los Robin Hood de las guerrillas, sobre todo del M-19, que secuestraban a los hijos de los mafiosos para hacer realidad sus ideales. Muy pronto descubrieron que aliarse con los mafiosos era más útil para sus fines que cualquier altruismo y terminaron asaltando el Palacio de Justicia por encargo de Pablo Escobar (cosa que reconoce la misma Comisión de la Verdad nombrada por la Corte Suprema de Justicia).

En otro sentido, la idea de la buena intención es un pretexto para saltarse la ley: parece que lo que importa es el fin, pero es sólo un pretexto. Lo que importa es asegurarse privilegios, el primero de los cuales es el de mandar sin tener que someterse a no pisar determinadas líneas marcadas previamente.

La idea de reelegir a Uribe en 2006 fue un primer designio de cambiar la ley a la que se debería obedecer. La causa que se invocó era en cierta medida razonable: el peligro de un retorno de los cómplices del terrorismo, y el consenso también fue amplio, pues casi dos tercios de los votantes lo apoyaron en las elecciones. Respecto a la ley misma, conviene tener en cuenta que la reelección por una vez es permitida en las principales repúblicas presidencialistas, como Estados Unidos y Brasil. Pero la ligereza con que se quiso volver a cambiar la ley para conseguir otra reelección (si hubiera prosperado, ahora habría otra propuesta parecida) ya era manifestación de esa inclinación típica de los colombianos.

El caso de las corruptelas de los funcionarios, de que se habla mucho recientemente por el escándalo de la mafia judicial, merece una atención distinta: lo que indigna a los colombianos no es la transgresión de la ley sino el enriquecimiento de los transgresores. El nombre de eso es envidia y en absoluto tiene que ver con una disposición a valorar la ley.

Y es que si la ley no es sagrada todos la van a quebrantar en aras de su propio interés: la exigencia de buenas intenciones y solidaridad por parte de personas que no pueden enriquecerse prevaricando o desfalcando es en definitiva pura inmoralidad. Lo que impide los prevaricatos y peculados es la ley y no el buen corazón de los que no tienen ocasión de cometerlos. Si esos delitos son moneda corriente es porque la mayoría no milita en la defensa de la ley sino cuando encuentra algún halago o alguna utilidad práctica a su interés particular. En la realidad, cada vez que les conviene violarla lo hacen porque no es algo que la comunidad valore.

Sería bueno comparar el caso de los jueces corruptos con la voluntad de "paz" de la mayoría de los colombianos respecto de los grupos terroristas. La envidia hace ver a esos funcionarios como monstruos sin escrúpulos mientras que los que están dispuestos a reconocerse iguales a los asesinos de las FARC y el ELN resultan personas excelentes que tienen la mejor intención de que cese la violencia. Claro que, como he explicado muchísimas veces, esa disposición es la principal causa de la violencia, pero no es lo importante. Tampoco las mentiras atroces en que se basa.

Lo importante es que se viola la ley. Esos pacifistas son tan perversos y deshonestos como los corruptos del poder judicial porque el contenido de esa negociación es la supresión de las leyes que prohíben matar. El interés del pacifista bienintencionado y simpático es impedir que sus hijos vuelen por la explosión de una bomba, pero el de los corruptos también es impedir que sus hijos pasen penurias. Se dirá que los jueces corruptos perjudican a personas concretas, pero ¿los cientos de miles de personas asesinadas por los terroristas no son personas concretas? ¿No lo son sus parientes y amigos?

El contenido de esa "paz" es una alianza con los criminales, no sólo del gobierno o los grandes poderes del Estado y la sociedad, sino de la mayoría de los colombianos que opinan y votan, que desisten de la justicia que exigen otros (sí, los muertos son los primeros que exigen justicia porque víctimas de homicidio lo somos todos potencialmente) en aras de ventajas personales que esperan obtener y por eso, por ese miedo y ese interés espurio, es por lo que "compran" esa retórica repulsiva de la "guerra" y la "reconciliación" (cuando no tienen un interés particular en el ascenso colectivista y en la multiplicación del gasto público, que tantas rentas produjo a los parásitos estatales sobre todo a partir de 1991, gracias al triunfo del M-19, ciertamente).

Claro que hay otras razones de ese "pacifismo" criminal (sobre todo, la conveniencia de no disgustar a los de arriba, que son los grandes valedores de la "paz"), pero el núcleo es la incapacidad de aceptar que debe primar la ley. Naturalmente que los terroristas consideran la claudicación como un triunfo y multiplicarán sus crímenes, también si se los premia (el ELN mató a mucha más gente después de que tuvo una parte legal financiada por el Estado, la actual Corporación Nuevo Arco Iris): no van a dejar negocios rentabilísimos como los de la cocaína, la extorsión o la minería ilegal, se los dejarán a otros mientras ellos ascienden a posiciones de poder y buscan la paz. De hecho, ¿cómo creen que surgieron las primeras leyes? No sería porque los opresores triunfantes se reconciliaran con sus víctimas.

Pero ésa es otra historia: de momento debe quedar claro que esa buena disposición a premiar a los terroristas violando la ley es una endemia que basta para explicar el terrorismo, y que despertaría el mayor desprecio en cualquier país civilizado en que se entienda.

(Publicado en el blog País Bizarro el 21 de octubre de 2013.)