martes, noviembre 18, 2008

Filántropos complementarios

Publicado en el blog Liberal Colombiano el 18/06/2007


Cuando se piensa en la actitud de los demócratas norteamericanos ante Colombia siempre queda la duda acerca de sus verdaderas intenciones e intereses. Por una parte es evidente que hay una franja de la opinión que se opone al libre comercio con competidores que juegan con ventaja (mano de obra, combustibles, servicios y alquileres más baratos), y que esa franja está en la base del Partido Demócrata, pero a eso se añade el factor ideológico: el extraño apego a la democracia que llevó a gobiernos como el de Carter a apoyar el ascenso sandinista.

A mí me parece que este factor corresponde más a hipocresía, que realmente a los políticos que se ensañan con Uribe les importa muy poco lo que les pase a las víctimas de la violencia en Colombia y que sólo buscan mostrar un aspecto grato a la buena conciencia de sus votantes. Pero incluso en éstos se percibe ese mismo efecto perverso de la compasión y la caridad: les encanta que haya gente miserable y desesperada a la cual tratar con condescendencia, en realidad no pierden nada si se multiplican las muertes en Colombia, sino que la persistencia del conflicto les sirve de pretexto para reforzar su esquema ideológico de un mundo amenazado por los reaccionarios religiosos republicanos y sus aliados en Latinoamérica.

En eso se debería pensar al percibir la extraña alianza de los demócratas con los socios del narcoterrorismo en Colombia (sí, los que quieren que se permita a las FARC hacer acopio de armas y exportar cocaína gracias al despeje de una amplia zona en el Valle del Cauca, en su jerga canallesca intercambio humanitario, o que las masacres se conviertan en fuente de derecho y se premien con cargos públicos y presupuestos, es decir, la solución política negociada, o la constituyente de paz, pues se trata de unos asesinos con mucha facilidad de palabra). Sobre todo si se tiene en cuenta que entre los artífices del despeje del Caguán destaca en primerísimo lugar la administración Clinton, cuyos representantes llegaron a reunirse con los de las FARC en Costa Rica.

Un episodio del Caguán me permite saltar del tema de los intereses de los demócratas al de la forma en que todo eso se percibe en Colombia: ¿habrá quien todavía recuerde que el presidente de la bolsa de Nueva York fue al Caguán a reunirse con Tirofijo por petición de Bill Clinton? Ese simpático apaciguador no perdía nada porque en esos años gracias al despeje fueran secuestrados varios miles de colombianos, pero lo interesante es que Fernando Garavito, un columnista muy representativo de la prensa del país y de su clase intelectual (también es un poeta con algún renombre y estuvo casado con la suicida María Mercedes Carranza), ¡salió con que el presidente de la bolsa estaba negociando con Tirofijo las inversiones de las FARC!

De eso nadie se sorprendió. ¿Cuántos colombianos aceptarían esa teoría? Mucho me temo que la mayoría, en el supuesto de que leyeran la prensa. A fin de cuentas, uno de los argumentos favoritos contra el TLC es que no puede haber libre comercio cuando alguien vende las cosas demasiado baratas (los cereales subsidiados, que podrían abaratar la comida de los pobres en Colombia). ¡Contra tan odiosa pretensión trabajan los compañeros del PDA, defensores de las justas reivindicaciones de los obreros estadounidenses!

Hay una extraña armonía en la forma en que se comprenden y complementan los nuevos aislacionistas y los supervivientes del comunismo: los del norte son tan buenas personas que no quieren destruir a Colombia vendiéndole cereales subsidiados y los del trópico reivindican sobre todo la solidaridad de clase, no vaya a ser que por crear puestos de trabajo en Colombia se abaraten los sueldos de los estadounidenses. Del mismo modo, unos y otros buscan por todos los medios que fracase el único gobierno en varias décadas que ha reducido drásticamente todos los indicadores de violencia y ha favorecido un salto en los de PIB y desarrollo humano que parecería increíble en un país que hace menos de una década estaba al borde del abismo.

Es que cuando la izquierda democrática haya conseguido el retorno a los diez secuestros diarios la buena conciencia de los votantes de Obama no habrá sufrido ninguna merma, y puede que su economía tampoco. La pasión antiamericana servirá para defender los ingresos de los sectores menos dinámicos de EE UU y el humanismo desinteresado para alentar el asesinato en masa.

Por fin voces sensatas

Publicado en el blog Liberal Colombiano el 27/05/08

Es triste tener que reconocerlo, pero lo más característico no es ni el sufrimiento ni la crueldad ni la injusticia. Ni siquiera el cinismo de los proveedores de iniquidades que reinan en los espacios de opinión de la prensa. Puede que en todos los lugares y épocas en que ha imperado el crimen todo eso se diera sin grandes diferencias. Lo que no es fácil saber es si en otros sitios tenía ese aspecto grotesco de una farsa representada y escrita por alumnos de sexto curso.

El increíble columnista Héctor Abad Faciolince, quien casi resume la idea de "izquierda democrática con rostro humano" propone una ley de ostracismo para que los criminales no puedan participar en política. Se hace eco de lo propuesto por Andrés Hoyos, director de El Malpensante. Es lo que se dice una propuesta digna del país. Figúrense que lo que se ha estado proponiendo a las FARC es que participen en política. Y no, no renuncian a imponer su sueño a pesar de esa oferta. ¡Ahora que se les va a prohibir, seguro que se van a dar cuenta de su error!

Yo voy a comprar una casa. Me piden cien millones, pero yo sólo puedo pagar ochenta. ¡La solución es ir y ofrecerle al vendedor sólo cincuenta en venganza por su obstinación! De no ser porque cada semana hay decenas de personas asesinadas, porque miles siguen secuestradas, porque decenas de miles siguen armadas matándose en el monte, casi que sería más fácil reír que llorar.

Pero es que la propuesta de prohibir hacer política a los criminales de la planta de producción de la izquierda democrática pasa por alto que desde las oficinas la política que se hace es precisamente promover y cobrar el crimen. Por no hablar de lo que se hace desde las boutiques de los medios: baste con ver el video en que aparece en la misma revista el heredero del Frente Manuel Cepeda Vargas.

O mejor, con leer este artículo del ex ministro y líder del PDA Camilo González. Vale la pena detenerse en una cita que hace del gobernador del Valle Angelino Garzón, aunque se debe recordar que González es su mentor:


¿No es hora de preguntarnos si escenarios propios de la democracia, como una Asamblea Nacional Constituyente, podrían ser el camino más indicado del pacto político y social que ponga fin a la violencia? ... Una constituyente por la dignidad nacional que reivindique la política como ejercicio de la búsqueda del bien colectivo, lejos de la corrupción, del narcotráfico y de las presiones violentas de los armados ilegales: una constituyente por la paz basada en la verdad, el perdón, la reconciliación y la reparación a las víctimas de esta absurda violencia. Una constituyente que dé oportunidad a los actores de la violencia, para que se conviertan en actores de paz y de reconstrucción democrática e institucional.
Hablar de una Constituyente como "escenario propio de la democracia", en la concepción de esta gente es exactamente lo mismo que si un cuchillero habla de un corte lanzado a la yugular como una "práctica propia de la medicina". Una Constituyente elegida limpiamente arrojaría resultados parecidos a los de las presidenciales o a los de las legislativas, y la Norma que saliera de ella sería mucho menos satisfactoria para la izquierda democrática que la de 1991. Pero es obvio que no están pensando en esa clase de Constituyente sino en una cuya composición fuera negociada previamente en aras de "la paz", es decir del interés de algún político (como fue la de 1991 con César Gaviria) que no tuviera muchos problemas en venderle los esclavos a buen precio a la izquierda democrática y de la aprobación posterior, con padrinos Smith & Wesson. Es decir, con la amenaza clara del retorno de las bombas.

Esa palabrería con que se pretende imponer el premio de las masacres muestra hasta qué punto los políticos de la izquierda democrática son los más "tradicionales" que hay en Colombia: "el pacto político y social que ponga fin a la violencia" es en buen romance "el acuerdo de rendición de los mutilados por minas y de los deudos de los secuestrados, que reconocen a sus victimarios como amos".

Perdón, perdón: ¡es la "dignidad nacional"!. Es que esas mentiras repugnantes son todo el crimen. Desde el Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Colombia Angelino Garzón encargaba toda clase de tropelías al brazo armado de la organización. Dos décadas después ofrece a las víctimas del atraco la posibilidad de conservar la vida siempre y cuando firmen la escritura de propiedad a favor de los que descubren que esa violencia era "absurda". Ahora los cientos o más bien miles de millones que el angelito se ha embolsado desde entonces son "absurdos", así como la eficacia de la acción armada para el éxito sindical (es decir, de creación de una clientela agradecida). Pero es una mala interpretación: lo "absurdo" es que el ejército y la población no se hubieran rendido a tiempo. Eso genera violencia en la medida en que la violada debería rehuir el estrés de la resistencia y en lugar de eso absurdo relajarse y gozar y hacerse concubina del fogoso amante que la historia le deparó.

La última frase es extraordinariamente expresiva: Una constituyente que dé oportunidad a los actores de la violencia, para que se conviertan en actores de paz y de reconstrucción democrática e institucional.¿Es que ahora no tienen oportunidad? ¿Hay alguien exigiendo seriamente que se excluya a las FARC de la política en una negociación, aparte de ese mamarracho Abad Faciolince que siempre termina pidiendo el voto para el que decía como magistrado que los asesinatos motivados por intereses políticos (de su facción) debían quedar impunes porque tenían miras altruistas?

Para que los actores violentos se conviertan en actores de paz y de reconstrucción lo más urgente es convencerlos de que no van a dictar ninguna ley ni a nombrar a nadie para una Constituyente elegida sin urnas. De que cualquier gobierno que se prestara a eso se haría ilegítimo y la sociedad tendría el deber de tomar las armas para restaurar el derecho (que no puede surgir del premio del crimen).

Pero todo forma parte de una campaña con la que pretenden impedir que el gobierno acabe su mandato: así se explica la incesante presión de los medios y la intoxicación de cada día, según la cual alguien como Angelino Garzón, responsable de mandar matar gente desde la alta dirección de las FARC en su época (es decir, el Comité Ejecutivo Central del PCC) es un político respetable, como el que asesinó a José Raquel Mercado y tantos otros amigos de Enrique Santos Calderón, mientras que el poblador de una región azotada por el crimen que no tuvo otro remedio que pagar la extorsión a quienes impedían el éxito de esos filántropos es un terrible criminal.

La Constituyente de paz era la propuesta de Tirofijo en 1998: llegó a decir claramente que quería la mitad de los delegados para las FARC y la otra mitad para el Estado. La presión de los canallas de los medios pretende forzar a la sociedad a volver a esa misma situación, como si una década hubiera pasado en vano y todavía contaran con el país acobardado y envilecido de entonces.En últimas, la retórica de Angelino Garzón-Camilo González Posso lleva una amenaza clara: pretenden justificar la próxima oleada de bombas y masacres que cobrarán sin el menor pudor como "fracaso de la seguridad democrática". Esa amenaza en sí no tiene nada de novedoso: es más fácil encontrar diferencias con la retórica de las FARC en una página como Anncol que en la de Indepaz>.

Y la gente tiene que despertar más allá de la mediocridad del gobierno y del poder de los socios de las FARC: esas mentiras son aliento del crimen y preparación de otro período como el que comenzó en 1998. Si no hay una respuesta, si se permite tranquilamente que el oficio de los maestros sea la huelga y que el sindicato de maestros tenga canales de televisión de propaganda del terrorismo, si no se desaprueban las mentiras obscenas de los propagandistas melifluos (como Abad)... En fin, si no se mantiene el esfuerzo que permitió elegir a Uribe en 2002 y recuperar los índices de homicidios y secuestros, la embestida de la izquierda democrática puede llevar a una guerra civil de dimensiones difíciles de imaginar.

La tentación populista

Publicado en el blog Liberal colombiano el 11/05/2007

La definición del populismo es de lo más esquiva, un poco como el mismo "pueblo" de que deriva el término y que puede entenderse como "todos" o como "los de abajo". Aventurando un poco una descripción para saber de qué se habla diré que se trata de políticas orientadas a complacer a capas sociales numerosas y poco definidas aplicando medidas que pueden no ser prudentes ni justas ni corresponder a ningún proyecto de mejora efectiva de la sociedad.

De ese modo, las políticas populistas son recursos típicos de los malos gobernantes, que obtienen respaldo mayoritario transgrediendo los principios democráticos o perjudicando a minorías, o a costa del futuro de la sociedad que pretenden dirigir.

Según la definición de la Wikipedia, el populismo se diferencia de la demagogia en que en ésta no hay propiamente acciones mientras que el primero supone que las hay. Ambos términos tienden a confundirse, pero ese matiz permite delimitar el concepto.

Las medidas populistas en sociedades culturalmente atrasadas son prácticamente inevitables, pues el gobierno que se negara a jugar con ellas fracasaría ante las promesas de sus contendores, más o menos como un psicólogo serio fracasaría ante competidores expertos en vender halagos y optimismo al leer el tarot. Por eso las denuncias sobre el populismo de los gobernantes se deben mirar con cuidado, pues no todos los gestos populistas son equivalentes. En cierta medida, la acogida que tengan las medidas populistas muestra las inclinaciones de la sociedad en determinado momento más que la intención recta o perversa de los gobernantes. Es decir, la persona equilibrada y sensata no proyecta su vida según el tarot, pero puede hacerlo en caso de encontrarse desesperada. Los gobernantes que quieren obtener el reconocimiento de las personas informadas y conscientes o de los gobernantes de otros países no aplican políticas populistas, salvo que el acoso de la oposición o las dificultades de la gobernabilidad los fuercen a ello.

Un rasgo característico del populismo es la explotación de los prejuicios tradicionales que comparte la comunidad. La generosidad de los gobernantes es un caso típico: las mayorías son miserables y ante la prosperidad de algunos se sienten agraviadas, de modo que el gobierno los despoja y reparte el botín entre sus seguidores. Cuando no hay nada qué repartir, o cuando el gobierno necesita a esos poderosos a los que podría despojar, el recurso es el endeudamiento. En ese caso lo que permite el populismo es el desconocimiento generalizado de lo que permite crear la riqueza. O la creencia, muy relacionada con la religión, de que la riqueza tiene otro origen que el trabajo productivo y es en cierta medida un "derecho" que se adquiere al formar parte del "pueblo".

La idea de "pueblo" y las prácticas populistas llevan en sí el estatismo: tanto la redistribución como cualquier otra medida que ganara grandes aplausos, como la pena de muerte o la lapidación de los sodomitas, supondría en realidad una expansión del poder del gobernante. Cuando el "pueblo" no está atomizado y encuentra una voluntad clara y un agente que lo ejecuta, siempre se logra una expansión del poder guerrero a costa de los bienes, las libertades o la vida de otros.

A pesar del rechazo que inspiran las campañas de los frentes de lucha parlamentaria y periodística de la izquierda democrática contra el actual goierno colombiano, es necesario denunciar y combatir sus resbalones hacia el populismo, algo que por una parte no necesita y por la otra sólo serviría para enajenarle el apoyo de la gente sensata e influyente. Los entusiastas que aplauden cualquier exceso pronto perderían el interés o encontrarían a un Herodes o a un Pilatos más generoso (que les entregara la cabeza del Bautista o de Cristo), mientras que el desprestigio entre quienes tienen conocimiento sería irreparable.

Leyendo el blog del profesor Alejandro Gaviria me enteré de esta noticia de Caracol Radio:

Un ingreso básico equivalente a tres salarios mínimos, es decir un millón 300 mil pesos actuales, devengarían mensualmente todos los trabajadores colombianos, con título profesional, si prospera en el Congreso de la República un proyecto de Ley que radicó el movimiento político Alas Equipo Colombia. Su promotor es el senador Gabriel Zapata, quien explicó que con esta iniciativa se busca acabar con la explotación salarial que hacen de los profesionales muchos empleadores en el país.

Según la propuesta, la empresa o el patrono que no reconozca el salario básico que fije el Congreso sería sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales, es decir más de 216 millones de pesos. El proyecto de Ley establece que en las contrataciones no laborales de personal profesional se deberá garantizar cuando menos unos honorarios iguales o superiores a los tres salarios básicos mensuales. "Tratar de lograr estándares de salarios para las diferentes poblaciones que vayan de acuerdo con sus capacidades y preparación, y no de acuerdo con el gusto del empleador, ha sido una lucha constante en la que se ha ganado algún terreno", dijo el congresista.
La propuesta tiene por objeto atraer a los estudiantes universitarios y a los titulados que tienen ingresos inferiores a los previstos. Y de paso se apoya en una creencia endémica del país: la de que uno merece un ingreso por haber estudiado. El que con medidas como ésa no se favorece la contratación, y que por tanto la propuesta lleva una falacia y sin embargo quien la hace es congresista dice mucho de la calidad de las universidades colombianas. Es decir, una mesita para leer el tarot no sería fácil encontrarla en los departamentos de Psiquiatría de las facultades de Medicina de los países civilizados. Para que alguien la haga es necesario que exista el público que demanda soluciones de ese estilo.

Es una lástima que el gobierno no haya salido a desaprobar esa propuesta. No lo harían los congresistas de la oposición realmente existente porque es la esencia de sus programas (¿o no?). Pero alguien debe pensar seriamente en remediar las cosas y no en buscar apoyo precisamente entre esos estudiantes tan conscientes de su ineptitud que esperan que el gobierno fuerce a alguien a pagarles veinte dólares al día. Tan poco dispuestos a trabajar que excluyen de plano la posibilidad de hacerlo por cuenta propia.

EXACTAMENTE del mismo jaez es la propuesta de penalizar la dosis personal de drogas. Un regalo para los espectadores de los autos de fe que quieren expiar la envidia que les producen los placeres de los consumidores persiguiendo sus hábitos. Los pretextos que se usan para eso son a cual más falaces e indecentes. La torpe certeza de que la causa de la delincuencia es el consumo de drogas es equivalente a la de quienes creen que la prostitución es consecuencia de la moda de la minifalda. Es normal que los delincuentes se droguen porque al haber renunciado a la honra y al porvenir convencional la tentación del placer y aun de la disolución es más poderosa, pero antes de que la marihuana o el basuco fueran populares había una proporción semejante o peor de delincuentes. Y en muchos otros países los jóvenes consumen drogas de esa clase sin necesariamente convertirse en ladrones.

La torpeza del gobierno a ese respecto es impresionante: ¿cuánto ha callado ante las calumnias y falacias miserables de AI, de HRW, de los burócratas de la ONU, de los columnistas y de los portavoces de la Izquierda Democrática Armanizada para no producir la impresión de ser un gobierno que amenaza las libertades y el derecho a la oposición? Después, en un terreno en el que no se juega nada más que el apoyo masivo que de momento no le resulta apremiante, precisamente cae en el error de mostrarse como un gobierno que amenaza las libertades individuales. Para nada: el desprecio de las personas de valores liberales y el rencor de los consumidores le hará perder más futuro que el apoyo momentáneo que le brinde el populacho.

miércoles, noviembre 12, 2008

La maldita política

Publicado en el blog Liberal Colombiano el 22/04/2007

La famosa sentencia de Clausewitz según la cual la política sólo es la continuación de la guerra por otros medios ha tenido en los últimos tiempos lamentables demostraciones. Por una parte, la marcada tendencia de los gobiernos español y venezolano de dividir a la población entre leales y hostiles, entre amigos y enemigos, entre buenos y malos anuncia una perpetuación del estado de crispación a que han llevado esos gobernantes a sus ciudadanos. Esa parcialización extrema del gobierno es típica de todos los regímenes totalitarios.

En últimas, la política vendría a ser como la continuación de la guerra en tiempos de tregua, pero con los mismos objetivos y a veces con los mismos protagonistas. Siempre están los grupos que aspiran al control de la máquina estatal para sus propios fines, tanto económicos como de dominio (aunque ambos tienen siempre mucha relación).

La habilidosa campaña del senador Gustavo Petro para calumniar al gobierno y distraer la atención de los ciudadanos de la amenaza terrorista y de la evidente complicidad de su partido con ella forma parte de esa baja política, y de su éxito sólo se podrían temer más violencias y abusos, pues la idea rectora de ese partido ciertamente no es el fin de los crímenes sino su consumación y premio. La presentación que hacen los medios del asunto y el bálsamo que ofrecen a consumidores ansiosos de defender a su bando sólo sirve para ocultar ese hecho.

Pero mucho más grave es que lo mismo ocurra en sociedades teóricamente más avanzadas y regidas por valores liberales. El «gesto» de Al Gore negándose a compartir un foro con el presidente colombiano forma parte de una concepción parecida de la política, señal de que en Estados Unidos también florecen personajes que emulan a Petro, Chávez y Zapatero. ¡Aprovechar las calumnias contra Uribe para acusar a Bush de apoyar a dictadores y criminales en Latinoamérica y erosionar su imagen es una manipulación miserable y cínica de los prejuicios de la población!

Todo eso es terrible porque el control del Congreso y el Senado por los demócratas amenaza a los intereses colombianos y el precio de esas ambiciones de Gore y sus aliados, como Mc Govern, puede ser fatal. Vale la pena repetir lo que afirmó Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental sobre Gore: «Está haciendo cálculos políticos, lo cual es triste pues se anota puntos a costillas de Colombia. Fue un golpe barato y bajo. Es una terrible señal pues indica que no consideran los efectos que tendría en Colombia que no se aprobara al TLC o se deje de combatir el narcotráfico».

Cochina política que pone en práctica el bando estatista exhibiendo el mayor cinismo y aprovechando hechos tan vergonzosos como las calumnias de Petro, tan acertadamente desenmascaradas en el blog Atrabilioso la semana anterior.

Una política sensata de paz

Publicado en el blog Liberal Colombiano el 15/04/2007

Desde que se anunció el comienzo de la negociación del gobierno con el ELN ha habido un escepticismo generalizado, cosa que se puede considerar obvia, pues si los guerrilleros realmente quisieran desmovilizarse les bastaría con acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Y en la medida en que pretenden promover el premio para sus proezas, lo que muestran es que no tienen voluntad de paz sino de ganar tiempo y aprovechar el apoyo del oligopolio mediático —que cada vez se muestra más como un poder paralelo al de las instituciones— para reagruparse y obtener un respiro.

Por parte del gobierno es obvio el interés en sentarse a negociar porque la vasta red de aliados de las guerrillas —tanto en Colombia como en el exterior— aprovecharía la negativa a negociar para divulgar la imagen de un gobierno obstinado en la guerra y más dispuesto a negociar con las bandas antiguerrilleras que con las guerrillas. Los que queremos que prevalezca la democracia deseamos de todo corazón que el gobierno en ningún momento haya pensado en obtener resultados de esa negociación. Y es lo más grave y lo más serio, el mayor peligro: que el gobierno resuelva obtener "positivos" en materia de paz cediendo a las exigencias de unos criminales a costa de las víctimas y de los demás ciudadanos. Porque todo el poder que se dé a los terroristas es poder que sequita a las instituciones legítimas y a los ciudadanos que cumplen las leyes.

Por parte de los medios, la táctica es precisa: arrinconar al gobierno haciéndolo responsable de crímenes que ocurrieron mucho antes de su primer triunfo electoral y de la conducta de políticos que no lo apoyaron en esa ocasión. Cuanto más sea el representante de los ciudadanos un criminal equivalente a los héroes de Machuca, más posibilidades habrá de que el ELN se recupere y de que en una futura negociación con las FARC, cuando la campaña de calumnias y montajes periodísticos permita tener un bando chavista poderoso, se llegue a decretar el país que soñaron hace tres décadas Enrique Santos Calderón, Gabriel García Márquez, Antonio Caballero, Jorge Restrepo, Roberto Pombo, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano y toda una pléyade de adalides de los oprimidos.

La reciente declaración del presidente en el sentido de que es necesaria la concentración del ELN y la liberación de los secuestrados —rápidamente ocultada por la prensa—, es al mismo tiempo una inyección de esperanza para el proceso y una prueba del motivo por el que Uribe es tan popular. Lo que pasa es que la apuesta por conservar el apoyo ciudadano puede no ser suficiente para alcanzar la paz, y obviamente los terroristas no van a hacer caso sino a ganar tiempo en una negociación sin perspectivas, como ha ocurrido hasta ahora.

Y en definitiva se queda uno pensando si hay alguna posibilidad de que el ELN se desmovilice. Y la respuesta es positiva: sólo hace falta que las autoridades persuadan eficazmente a los guerrilleros rasos y a los mandos medios de las ventajas de la paz. El precio puede ser alto, incluso puede significar descuidar el Plan Patriota y ganarse forcejeos con los países vecinos, pero el fin de una banda mítica en la que espera apoyarse la Compañía de Jesús para desarrollar su misión justifica el esfuerzo. Lo que no tiene sentido es creer que los negociadores del ELN, cuya influencia y bienestar se ensanchan en los hoteles de lujo de un país amigo, van a hacer caso de las protestas del gobierno y van a renunciar a su chantaje. La oposición y la prensa desgastarán al gobierno y lo que no consigan en el monte lo tendrán fácilmente en las ciudades en forma de desmoralización de la sociedad. Y la visión de corto plazo de quedar bien en las encuestas a la larga puede llevar a la frustración. Hay que obtener resultados de paz: capturas, bajas,deserciones... Lo demás es "ponerle conejo" a la sociedad.

domingo, noviembre 09, 2008

Las FARC, en defensa del Estado

1. Invercolsa como síntoma. En una columna reciente dedicada a comentar los planes de las FARC para asesinarlo, Fernando Londoño cita unas frases encontradas en el computador de Carlos Antonio Lozada, entre las cuales me llamó la atención ésta: "... [Londoño] siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo". Es verdad que esto se puede relacionar con el papel del ex ministro como litigante en procesos en que se demandaba al Estado, o aun con el famoso episodio de Invercolsa, pero esa interpretación ligera es más bien propia de quienes lo desconocen todo sobre el marxismo y de la disciplina ideológica de las FARC.

Pero el episodio de Invercolsa es sintomático de ese sentido de "Estado" que según las FARC está en el mismo lado del "pueblo" y tiene como opuestos al "capital" y a Londoño: el de la corporación de las personas que ocupan cargos públicos y viven de la máquina estatal. El delito (según Salomón Kalmanovitz, delitos) de Londoño produce una indignación generalizada porque compró unas acciones sin ser empleado de la empresa. El hecho de que esas acciones se vendieran muy por debajo de su valor a los empleados de la empresa no molesta a nadie. Puedo haber leído mil comentarios al respecto, y aun haber escrito decenas de veces que la sustracción de recursos comunes habría ocurrido igual si quien comprara las acciones fuera un empleado, pero eso resulta invisible para todos los comentaristas. Peor, en el caso de Kalmanovitz la explicación que se da es de un cinismo que supera con creces a Londoño: vender muy por debajo de su precio las acciones a los funcionarios estatales tenía por objeto ¡"democratizar la propiedad accionaria"!

2. Concepción del Estado. El Estado surge en todas partes como organización destinada a mantener un orden cuya esencia es la dominación. Casi siempre esa dominación tiene al principio características étnicas, la determina la conquista de un territorio por una comunidad guerrera que puede tener o no organización estatal previa. En el caso de la América española la labor de los representantes del Imperio era la administración del saqueo y la esclavización de los conquistados, respecto de los cuales las diferencias culturales eran tan rotundas que la asimilación sólo era posible a costa de destruir las sociedades tradicionales. De ese modo, la Corona española era la propietaria legal de las riquezas del continente y en los territorios sometidos sus agentes se constituyeron en la clase dominante. Es en esa organización, en sus valores y estructuras, aun en las personas que ocupaban los cargos de mayor jerarquía, donde está el origen del Estado colombiano. La independencia no alteró ese orden, salvo por la expulsión de los peninsulares.

El crecimiento de esa organización y la ampliación de sus tareas siguiendo la estela de las sociedades europeas y de las demás de Latinoamérica comportó una ampliación considerable de la masa de funcionarios. Eso aseguró la creación de posiciones de mando para la mayoría de los descendientes de los poderosos de antaño, salvo los que llegaron a ser suficientemente ricos para emigrar. Esa masa de funcionarios, es decir, de personas que contaron con "palanca" para conseguir los puestos o aun con la información y la instrucción que se requerían configuran una clase social específica cuyos intereses son muy diferentes a los de los demás grupos sociales. Por eso no hay una oposición significativa entre "el Estado" y los "trabajadores al servicio del Estado"; estos últimos requieren que haya provisión de recursos y siempre tienden a estar a favor de la expansión de competencias para la organización que les paga el sueldo. Los ¡trabajadores! al servicio del Estado son la clientela de las FARC, por eso uno nunca encuentra ninguna protesta de las personas que profesan la ideología socialista por atropellos como la venta de acciones de Invercolsa, sólo por la intrusión de un farsante que no era verdadero ¡trabajador!

3. El proyecto comunista. La forma de obrar del Partido Comunista a lo largo de su historia es típica: creación de organizaciones sectoriales de masas, de un núcleo de cuadros muy formados en la doctrina y con mucha frecuencia profesionalizados, en su día gracias a los recursos soviéticos; formación de guerrillas campesinas e infiltración y dominio de todas las organizaciones sindicales. En cualquier parte los comunistas habrían hecho lo mismo, pero en Colombia se encontraron con que el único sector de asalariados potencialmente interesados en la organización sindical y la presión de todo tipo eran los empleados estatales, es decir, los beneficiarios del sistema que en teoría el comunismo pretendía destruir, los amigos de los políticos de los partidos tradicionales, las personas de las clases acomodadas de las ciudades que podrían aspirar a obtener cómodas sinecuras gracias a su condición de privilegiados.

Grupos sociales como el magisterio, los empleados de empresas como Telecom y Ecopetrol, de las entidades públicas de salud, como el Seguro Social, etc., encontraron en las habilidades organizativas de los comunistas una verdadera mina para asegurarse privilegios y formas de presión irresistibles. Tanto por el afán de control de los comunistas como por la eficacia de la lucha sindical, la existencia de guerrillas relacionadas con el mismo partido fue de una utilidad extraordinaria. Gracias a esa fuerza fue posible convertir la minoritaria CSTC de los años setenta en la hegemónica CUT de los noventa. Y ciertamente los administradores y directivos no estaban para oponer mucha resistencia a esa presión. Si todo el mundo ha oído hablar de la ineficacia de las entidades públicas, en Colombia eso se multiplica; y con la perspectiva de una toma del poder por los comunistas, aún más. Los altos cargos siempre han estado pendientes de enriquecerse mientras ocupan sus puestos, no faltaría más sino que los arriesgaran o incluso se jugaran la vida para impedir la expansión del sindicalismo comunista.

4. El partido de los amos. De ese modo, sean cuales sean las creencias de los militantes, sin apartarse de la doctrina, el comunismo en Colombia lejos de ser una fuerza de rebelión que aprovecha el descontento de los excluidos es el principal frente de organización de la clase que desde siempre domina a la sociedad a través del Estado. El aspecto de explotación del resentimiento de gente humilde sólo funcionó con una minoría ínfima de campesinos desplazados a las zonas más inhóspitas y fue primero alimentado por los sueños de emular a Castro que prosperaron en las universidades y después por los recursos del narcotráfico. La capacidad de presión de los comunistas habría sido insignificante sin haber alcanzado la representación de los ¡trabajadores! estatales.

5. ¿Por qué necesitan la guerrilla? Esto es de la máxima importancia para entender por qué la llamada izquierda democrática no puede romper realmente con las FARC: a diferencia de Venezuela, falta el gran botín que repartir entre los pobres y por eso un triunfo electoral es realmente imposible. Quien pretenda hacer frente a la fuga de capitales, al aumento de cargos parasitarios y de prebendas para la base de asalariados estatales (y por tanto del gasto), al rechazo de la mayoría de los militares y de muchos otros sectores sociales, etc., no puede basar su aspiración en promesas y buenas palabras, necesita un elemento de disuasión eficaz. Es más o menos como si en Sudáfrica de después del apartheid se presentara un partido blanco con pretensiones de ganar las elecciones con el voto de los negros. Siempre perdería.

Así, lo que llegó a ser el comunismo en otros sitios (una sociedad de esclavitud generalizada en provecho de una casta) en Colombia sólo necesitó la resistencia de la sociedad tradicional a cualquier reforma liberal. La doctrina comunista partía del sueño de crear una sociedad sin clases y sin Estado, pero en Colombia ha significado la imposición más inicua de la jerarquía de "estratos" gracias al saqueo que se ejerce sobre todos los que trabajan a través del Estado, siguiendo la costumbre de la encomienda.

6. Guerra fría para rato. Pero la retórica comunista les sigue siendo necesaria: la vida intelectual en Colombia es tan precaria que la creencia en una superación del capitalismo por el socialismo es unánime, y por eso la afirmación de un orden de esclavitud sin la salmodia anticapitalista resultaría intolerable, sobre todo para los descendientes de los que exterminaron y esclavizaron a los aborígenes con el pretexto de la evangelización. No es que la guerra fría se mantenga por enquistamiento de odios, como supone un comentarista de El Espectador, sino que la gastada retórica comunista ayuda a mantener el dominio de la misma casta de siempre.

7. Divertimentos académicos. El episodio de las críticas de José Obdulio Gaviria a un profesor comunista de la Universidad Nacional que predica la violencia permite ver hasta qué punto por una parte el sentido de esa universidad es proveer rentas a los divulgadores de la doctrina y por la otra formar a los futuros activistas, cuya participación en la lucha dependerá de su estrato. Desgraciadamente en Colombia quejarse de esos proyectos se traduce en censurar el pensamiento y la larga ristra de amenazas que ha recibido el asesor presidencial se presentan como defensa de la libertad de expresión.

Los lectores deberían por ejemplo prestar atención a esta revista que publica escritos de profesores de la Universidad Nacional. ¿Quién había de protestar por el contenido de estudios académicos? Para poner un ejemplo, este artículo, verdadera salmodia satánica que habría hecho sonrojar a Jojoy termina con esta belleza:El contexto de la economía política colombiana analizado en este artículo, posibilita una gran respuesta popular en contra de este modelo de dominación, explotación y expoliación, tal y como viene ocurriendo en la mayor parte de los países de América Latina. Esta resistencia de los explotados y oprimidos debe proyectarse hacia gobiernos verdaderamente alternativos que empiecen a confrontar esta tiranía política y social del capital globalizado desde una perspectiva socialista. Es lo que en sentido colombiano se llama rigor académico, por eso el profesor que predicaba la violencia, colaborador de la misma revista, fue defendido por decenas de columnistas con el cuento de que se trataba de una discusión académica. Lástima que esa violencia teórica se interprete de otro modo según la revista:

ESPACIO CRÍTICO es un proyecto de intelectuales e investigadores sociales que a través de sus trabajos de investigación en diversos campos de las ciencias sociales, la cultura y el pensamiento político, así como de sus análisis de la coyuntura política y económica, nacional e internacional, pretende contribuir a la causa del movimiento social y popular, constituirse en punto de apoyo de sus discusiones, de sus luchas y movilizaciones.

8. La larga conquista del Estado. A nadie debe caberle la menor duda: el que amenazó a Londoño sabe por qué pretende hablar en nombre del Estado: sólo les hace falta tener suerte mandando cilindros y masacrando soldados, la parte principal del control estatal ya la tienen y la sociedad colombiana no quiere salir del sopor y darse cuenta de que las FARC son la fuerza de choque de ese clero millonario y linajudo que en gran medida domina el Estado y simplemente ha heredado de sus antepasados encomenderos el mando y el hábito de mentir. Es tanta la ceguera que otro profesor de los que colabora en esa revista y escribe la misma retórica comunista ¡dirigía el Instituto para el Desarrollo de la Democracia!

9. Después del 91. De hecho, recientemente Eduardo Pizarro se felicitaba del gran triunfo de la "izquierda" que fue la Constitución del 91. Si se evalúan sus particularidades y lo que ha ocurrido después, por ejemplo con la Corte Constitucional, se puede ver que ni siquiera hace falta cambiar las leyes, sólo eliminar a quienes ven con temor el ascenso del paraíso socialista (que todo el mundo ha rechazado, salvo países más atrasados que Colombia como Venezuela, Bolivia o Nicaragua). Puede que el esfuerzo de los dos gobiernos de Uribe haya sido eficaz contra las FARC, pero el control del Estado por las redes de la llamada izquierda democrática no ha menguado. Y por otra parte es una tendencia demasiado profunda, con demasiado arraigo para que el Estado esté a salvo: sólo un programa audaz que reduzca el gasto público, sobre todo el destinado a adoctrinar terroristas, permitirá esperar que en Colombia se afiance la democracia liberal.

jueves, noviembre 06, 2008

Apuntes sobre el delito político

Publicado en Atrabilioso el 15/08/07

Todo el que publique algún escrito sabe que lo que más conviene es el halago de los lectores, cuanto más adornado con flores retóricas, mejor. Por eso uno siempre está condenado a despertar un rechazo generalizado en la medida en que lejos del halago busca la verdad, y más si esa verdad consiste en algo tan desagradable como esto: que no hay un problema de violencia o de criminalidad ajeno a los valores predominantes entre los colombianos sino que la guerrilla y el narcotráfico son expresión de esos valores y en cierta medida resultados inevitables.

Pongamos el caso del delito político. ¿Quién no oyó decenas de veces que un acto atroz como la bomba de El Nogal no se podría considerar delito político? Es una opinión corriente y muy difícil de poner en cuestión que las personas que se alzan en armas por sus ideas y por la justicia que conciben merecen respeto y benevolencia penal. Cada vez que uno trata de explicarle a alguien que ir a matar gente para imponer la voluntad propia sobre la de la mayoría es de por sí un crimen que en los países civilizados multiplica las penas que se aplican a los demás crímenes, uno se siente como predicando el canibalismo ante las reacciones de los colombianos. Es una opinión que casi todos los colombianos comparten y que sirve de estímulo a la violencia política, como bien lo explica Eduardo Posada Carbó.

Lo que parece interesante, una vez se admite que las desgracias colombianas surgen del cúmulo de valores comunes, es analizar el significado profundo de esa opinión, que lógicamente no se tiene en Europa ni en Norteamérica ni en ninguna otra parte, salvo en otros países de Latinoamérica, como acertadamente explica Salomón Kalmanovitz.

Hay una relación de mutua dependencia entre las opiniones corrientes y las expresadas en los códigos legales o por los encargados de aplicarlos. Unas y otras proceden del espíritu tradicional y expresan modos de vida arraigados. Es verdad que la gente se acostumbra a lo que le imponen las leyes, pero también que un régimen legal que contrariara las ideas mayoritarias tendría grandes dificultades para aplicarse.

Pensando en eso, ¿qué puede significar un ordenamiento legal que autoriza el asesinato de sus agentes? ¿Qué Estado o que gobierno pueden conceder ventajas a quienes pretenden destruirlo por la fuerza? Basta ese absurdo que casi nadie cuestiona para entender la profunda deformidad de la sociedad colombiana. Y su explicación está en el origen del Estado.

Es decir, las instituciones republicanas crecieron con base en la sociedad colonial y el ordenamiento que se impuso fue el que correspondía a las clases dominantes de ese orden, exceptuados los peninsulares. Durante varias décadas siguió siendo legal la esclavitud y las viejas costumbres, como la de usar los cargos públicos para enriquecerse, se mantienen todavía. Las instituciones democráticas son elementos superficiales y aparentes en ese orden de apartheid y existen en un continuo forcejeo con las realidades sociales previas. Basta un examen superficial a fenómenos endémicos como la tutela o la parafiscalidad para entender la persistencia de ese viejo orden.

De tal modo, el delito político es un fuero que tenían los poderosos del orden tradicional y que pretenden conservar. En realidad todo lo que representa la llamada izquierda democrática, el conjunto de redes comunistas y pro-guerrilleras que conspira por mil medios para destruir las escasas libertades e instituciones democráticas que hay, es la defensa de esos fueros y privilegios de las castas superiores de esa sociedad de siempre. Respecto al delito político, no está mal prestar atención a un par de párrafos de Kalmanovitz:

En la América española los criollos apropiaron el constitucionalismo católico feudal para rehusar lo que consideraban el mal gobierno, o las leyes que les parecían nocivas, e hicieron del desacato y de la ambigüedad una conducta frecuente. Ni el racionalismo del absolutismo francés ni la idea del contrato social se adaptaron en estos lares durante la construcción de las repúblicas durante el siglo XIX. El constitucionalismo de sucesión, mediante el cual los caudillos se atornillaban al poder o cambiaban las reglas de juego existentes por unas exactamente al contrario, o hacían fraude electoral masivo, le restó legitimidad al ejercicio del poder y justificó la rebeldía de los perdedores en la política.

El sistema de justicia que se fue desarrollando mantuvo algunos de los rasgos corporativos y de casta, con regímenes distintos y favorables para los que ostentaban fueros militares, religiosos y comerciales, mientras que las castas aprendieron la dura lección de que la ley era para los pobres. La desidia, la mala educación de los abogados, la mezcla de modelos de justicia importados y la carencia de un centro de gravedad o de jurisprudencia basado en el estudio riguroso de los fallos del pasado, alejaron la ley del derecho. El sistema colombiano mantuvo unos rasgos de independencia en sus cortes superiores que se manifiestan con fuerza en el presente.

Bueno, yo he hablado antes de deformidad moral de la sociedad, pero es algo que se manifiesta en los individuos, en unos con más energía que en otros. ¿Nadie ha leído que todo eso estaría bien en las democracias pero que Colombia no lo es? Yo he vivido muchos años fuera de Colombia y cada vez que pienso en algo que es a un tiempo intolerablemente tosco, perverso, infantil y estúpido se me atraviesa la idea de Colombia. Ese pensamiento de que las FARC pretenden anular las elecciones para corregir la existencia del fraude electoral sólo se le puede ocurrir a un colombiano. Pero es predominante.

Vale la pena volver a pensar en el atentado de El Nogal: ¿cómo que no es un crimen político? ¿Qué otra cosa va a ser? Según un canallesco profesor de la Universidad Nacional (valga la redundancia), Mauricio García Villegas:

Los grupos armados ilegales han tenido en Colombia dos motivaciones: la injusticia social y la ineficacia del Estado. Por la primera se han formado las guerrillas; por la segunda han surgido los 'paras'.

En esas frases está expresado el punto de vista predominante entre los colombianos: ¡el comunismo es sinónimo de justicia! Andar diciendo que es el mayor crimen de la historia, que la historia de Colombia resulta casi idílica si se la compara con la de cualquier país en que hayan dominado los comunistas... Uf, eso suena a estar peor que loco.

La comprensión de la mayoría, al menos de la mayoría de las clases medias urbanas, hacia la guerrilla es la principal causa del levantamiento armado y de todos los crímenes que se cometen por su causa. Pero al respecto la opinión generalizada sigue siendo la misma, sólo ha cambiado un poco la claridad con que se aplaudía a las FARC hace unos años. Ahora se presentan como un mal necesario. Como decía un asqueroso personaje en una ocasión, algunos de sus miembros cometen infracciones del DIH y merecen ser castigados, con los demás hay que negociar las leyes.

La anécdota de El otoño del patriarca es irresistible: cuando alguien obedece la orden de matar a los niños que conocían el secreto de la lotería, finalmente a ese alguien se le castiga: «hay órdenes que no se deben cumplir». Lo mismo ocurre con la respetabilidad del levantamiento armado por la justicia social, cuando la escalada de violencia conduce a rellenar de excrementos los cilindros para hacerlos más eficaces, aquellos que ordenaron a los niños y rústicos «tomar las armas para combatir la injusticia social» se desentienden y se escandalizan, aunque no es que les hagan muchos ascos a las rentas de las retenciones (que llegan a través de ONG influyentes en otros países, en los mismos en que se invierten los capitales justicieros).

¿De qué modo pueden entenderse que los jueces defiendan por tradición el derecho a matar soldados y policías, que no otra cosa es el «levantamiento armado contra la injusticia social»? Hay que imaginarse la Colombia del siglo xix. Si en una de tantas guerras civiles resulta vencedor un bando lo primero que hará será decretar penas muy altas para toda rebelión, salvo que cuente con no poder evitarla: que aun en el poder su capacidad de imponerse totalmente sobre cualquier insurrecto será limitada. De modo que tiene que convivir con los potenciales insurrectos y sólo asegurarse de que en caso de una nueva guerra civil su persona y su familia y su grupo no vayan a resultar afectados. Ésa es la clave del delito político: los miembros de las castas superiores están a salvo de la violencia y para eso permiten el asesinato de los miembros de las castas inferiores que trabajan defendiéndolos.

Al respecto conviene recordar a Paul Valéry: «en las guerras se matan entre sí personas que no se conocen para beneficio de personas que sí se conocen y no se matan». El tremendo forcejeo entre las formas de vida coloniales y las que pretenden la asimilación al Occidente civilizado es toda la historia de la Colombia independiente. El núcleo de esas formas de vida es la esclavitud. En una situación de orden e imperio de la ley la presión por la igualdad y por el reconocimiento de aquello formalmente aceptado en las bases constitucionales terminaría siendo lesivo para las castas poderosas. En caso de «conflicto» el terror, el asesinato, el despojo, etc. contra los miembros de las castas inferiores, se legitiman y quienes lo cometen tienen garantías de impunidad, al tiempo que la capacidad de gasto estatal se multiplica. Los acuerdos de paz terminan siendo mutuas concesiones entre las facciones de poderosos que mandaban a su ganado a matarse, siempre en provecho propio y a costa de los que no viven de la política sino que trabajan.

El que tenga alguna duda sólo tiene que fijarse en los resultados de la Constitución del 91: expansión del gasto estatal a favor de los abogados, maestros, médicos y demás (con penosos resultados en productividad), imposición de un método de «justicia» que en la práctica es la supresión del derecho en favor de la discrecionalidad del juez, multiplicación de gasto en entidades como la Universidad Nacional, es decir, de rentas para los promotores de la lucha revolucionaria... La «oligarquía» que decían combatir no resultó tan perjudicada.

En últimas el delito político es un despropósito legal y moral que en Colombia se mantiene porque la guerra contra las instituciones democráticas es la guerra contra los pobres y sobre todo contra los que trabajan: la defensa del orden de siempre. Lo que pasa es que los colombianos que leen la prensa y escriben en los blogs mayoritariamente están en lo mismo, y resultarían completamente desvalidos e ineptos en una sociedad competitiva.

Son mayoritariamente miembros de las clases parasitarias, es decir, de la clientela del terrorismo y eso es lo que lleva a hacer que su corazón romántico se sienta atraído por conceptos tan amables como «justicia social», «ideales», etc. Lo mismo ocurre con las papilas gustativas que encuentran «dulce» y envían algo que en alguna instancia del cerebro se traduce en «calorías». El apego de los colombianos instruidos al delito político expresa sobre todo el temor y el rechazo a un mundo en el que tendrían que trabajar. Y las masacres y secuestros son la defensa relativamente eficaz que se opone a ese mundo. Esperar que quieran hacerse responsables de ellos ya es entrar en un terreno de infantilismo que no merece que se le dedique tiempo.

sábado, noviembre 01, 2008

El antiuribismo

Publicado en Atrabilioso el 7/6/2007

Nada explica mejor la popularidad de Uribe que el antiuribismo. Y eso se puede afirmar tanto en alusión a su omnipresencia en los medios como a la calidad de sus argumentos. Pero sobre todo si se piensa que las propuestas positivas de los enemigos del presidente los ponen siempre del mismo lado: el del intercambio humanitario, la solución política negociada, la Constituyente de paz, etc. Es decir, para cualquier observador resulta evidente que la aversión fervorosa de casi todos los columnistas hacia Uribe es una tácita adhesión a esos nobles fines. Desde el comentarista que afirma sin inmutarse que José Obdulio Gaviria era el asesor de Pablo Escobar, precursor de Uribe en el narcotráfico, hasta el comedido analista que se indigna ante tanto populismo, todos desearían un gobierno que hiciera más esfuerzos pacifistas y de reconciliación, o cuanto menos se muestran comprensivos con quienes expresan ese deseo.

Ya en una ocasión expliqué la falacia presente en ese discurso: se intenta convencer a los lectores de que los problemas del país comenzaron con Uribe y de que las cosas estaban mejor antes de 2002. El motivo de tanto atrevimiento es la disposición de la gente a creer que las guerrillas son el parto de los montes o el fruto de la injerencia selenita y no el resultado de una tradición poderosa y la expresión de una facción determinante en la sociedad. Uno de los recursos más socorridos, por ese motivo, es el del paramilitarismo, expresión según el mito que divulgan los medios de una fuerza extraña a la sociedad y hostil a la paz y no de una resistencia, todo lo ilegal e inicua que se quiera, a la lucha revolucionaria que tan alegremente han alentado varias generaciones de universitarios.

De tal nivel es la acusación contra el ministro de Defensa: ¡se lo acusa de reunirse con los socios del PDA en el Foro de Sao Paulo! ¿Quién lo acusa? Los dirigentes del PDA. Es sólo un ejemplo del sentido de esa facción y de sus socios del "liberalismo": son como la oficina jurídica de la industria del secuestro, dedicada a producir un embeleco leguleyo tras otro para convertir en un crimen la aplicación de las leyes y la no rendición a las pretensiones de los líderes. Cuando no están hablando de Uribe y de los paramilitares, callando sobre los asesinatos que cometen a diario sus niños, cuando no alentándolos y justificándolos, resulta evidente cuáles son sus valores y aspiraciones verdaderos.

Aquellos que se suman al coro antiuribista deberían prestar atención a eso tácito que hay en la retórica de la prensa y el profesorado universitario: ¿alguien recuerda alguna condena al régimen cubano? Las condenas a las FARC son una mentira calculada: de una calamidad ocasionada por el paramilitarismo y por EE UU y por cualquiera que se oponga al dominio de los clanes de los López y la camarilla de Alternativa y sus sectas de psicópatas, rápidamente pasan a ser un mal necesario y una vía hacia la justicia social.

De hecho, tras el frenesí de calumnias que llenan los periódicos parece verse el premio de los petrodólares venezolanos y de la industria del secuestro. Para cualquier persona decente antes que la verdad, la justicia y la reparación, más allá del hecho de que se apliquen a una sola de las facciones criminales, está el cese de los crímenes. Para los sicofantas de la prensa, la verdad, la justicia y la reparación pasan por encargar otra orgía de crímenes porque el sentido de esas palabras lo estiran hasta convertirlo ya no en casa, carro y beca, sino en embajada, ministerio y curul.

Y en últimas la disyuntiva es clara para cada persona: más asesinatos o el cese de los asesinatos, elección libre del régimen político y de los gobernantes o imposición de unas bandas de asesinos. Los columnistas ya dicen (aunque en voz muy baja) quiénes son y qué los mueve: basta con buscar respuestas a la dulce propuesta del angelito que está de gobernador del Valle. Son los demás colombianos los que deben saber cuál es su elección. Puede que llegue el día en que las nuevas generaciones de colombianos entiendan que Acacio y Romaña y el mismo Tirofijo sólo son los peones de los antiuribistas profesionales de la prensa y de las universidades.