lunes, marzo 09, 2009

Los herederos de Pablo Escobar

Tal vez la mayor demostración del éxito del gobierno de Uribe Vélez sea el tipo de argumentos en que se basan las campañas de sus enemigos, muestra de que si fueran a convencer a la gente de que la situación es peor, de que los indicadores económicos o de seguridad o de desarrollo humano son peores que los que había en 2002, nadie les creería. El único recurso que les queda son las calumnias, los rumores, las insinuaciones y demás que nunca se sustentan ante una autoridad judicial, y eso que las autoridades judiciales colombianas son verdaderamente cuestionables.

Vale la pena detenerse en el fondo de esos rumores y en quienes los propagan. El más socorrido corresponde al hecho de que el influyente consejero José O. Gaviria es primo de Pablo Escobar, cosa que sin duda comparten varias decenas de personas en Antioquia y de la que no puede culparse a nadie. Recientemente la prensa armó otro escándalo, con renuncias de los oportunistas de turno, porque al parecer un hermano del mismo consejero fue testaferro de quien pagó a los sicarios que mataron a Guillermo Cano. El otro motivo recurrente es el supuesto alquiler de un helicóptero de propiedad del padre del presidente al jefe del Cartel de Medellín. Los promotores de esos rumores, es lo verdaderamente importante, son personas relacionadas con clanes políticos cuya relación con actividades criminales va un poco más lejos que el ser hijo de alguien, siendo que lo del helicóptero no está probado y lo más seguro es que no fuera un delito.

Lo cierto es que el temible capo encarnó el ascenso del narcotráfico y la corrupción que alcanzó a toda la sociedad. Lo que nadie debería creer es que a pesar de que ese negocio continúa los que no viven directamente de él se han vuelto ciudadanos rectos y juiciosos. Los continuos escándalos por los actos de la familia del consejero Gaviria, que no constituyen ninguna acusación contra él, parecen una buena forma de tapar esas complicidades, pero vale la pena comentarlas una por una.

En primer lugar se podría hablar de los políticos que acompañaron a Escobar, sobre todo de Alberto Santofimio. ¿Cuál fe la trayectoria de ese señor? Era el representante de cierto sector del Partido Liberal en el Tolima y fue nombrado ministro por el presidente Alfonso López. Sí, curioso, el mismo de la ventanilla siniestra. ¿En qué andan las personas que hasta la muerte de ese ex presidente siguieron a sus órdenes y continúan formando un clan político-mediático poderoso? En la oposición cerrada basada en calumnias y en la difusión de cuanta falacia pueda erosionar la imagen del gobierno, curiosamente siempre a favor de las FARC y sus socios políticos, siempre justificando el seppuku de la democracia en una negociación política, alentando el antiamericanismo (elemento que define a Escobar y el apoyo que recibió), justificando la actividad de las bandas narcoterroristas, hinchando el efecto de unos crímenes de hace siete años y silenciando los que se cometen día a día. No es raro que el consejero Gaviria comparara a la revista de esa familia con la agencia de prensa afín a las FARC.

Otro sector con el que se alió Pablo Escobar fue la entonces guerrilla del M-19, a la que encargó la toma del Palacio de Justicia. ¿A que no adivinan en qué andan los miembros de ese grupo hoy en día? Casualmente en el mismo bando de la revista Semana, exigiendo igualmente la negociación política, señalando al gobierno por el parentesco del consejero con el mafioso, defendiendo a Chávez y al conjunto de gobiernos aliados de las FARC, tratando de impedir que se gasten recursos en combatir a los terroristas... Tal parece que retirados de la vida delictiva estos justicieros tienen amistades a las cuales defender, aparte del magnate que los protegió y enriqueció cuando se decidieron a ocuparse sólo de la política legal. Bueno, no parece, su relación con Chávez es muy antigua y conocida.

Todavía hay otra familia política que tuvo relación con Escobar: la que le brindó esa amable ocasión de seguir delinquiendo en la prisión de la Catedral, en la que el supuesto detenido llegó a torturar a personas que fueron llevadas allí desde el exterior. La trayectoria de esas personas es sumamente interesante, por ejemplo, si en el momento de retirarse de la OEA, pero en realidad desde antes, César Gaviria se hubiera dedicado a defender la política de Seguridad Democrática y a criticar todas las mentiras de los medios y de los comunistas, a lo mejor no habría habido reelección y el presidente sería él. ¡Qué curioso, tenía que ponerse a la cabeza del partido de los herederos de Martha Catalina Daniels y a colaborar con Piedad Córdoba en sus diversas campañas! Es la hora en que se desconoce cualquier reproche de la dirección de ese partido a la “controvertida” senadora. Son políticos con metas más elevadas que el poder y también que los principios, o tal vez que los tienen claramente orientados a la defensa de la justicia social y del sueño de Bolívar.

Muchos otros personajes de la política, de la rama judicial, del periodismo, etc., colaboraron con los carteles de la droga de los años ochenta, forman una familia poderosa de políticos oscuros que durante las últimas décadas han pasado por el Congreso sin que se sepa qué propuestas han hecho o qué ideas defienden, pero siempre figuran por ejemplo absolviendo a Samper o aprobando todos los “micos” que convienen a los narcotraficantes. El actual alcalde de Bogotá es uno de ellos, típico. Según denuncias del columnista Ernesto Yamhure, se lo relaciona con un reconocido mafioso, y también se lo recuerda por votar una norma que impedía la retroactividad en la extradición. No es raro que en su administración predominen las personas próximas a ese ex presidente. También están éstos en la misma tarea de ponerle zancadillas al gobierno, deslegitimarlo y cabildear a favor de las FARC. Bueno, Piedad Córdoba es la principal representante de este sector.

El otro sector hostil al gobierno, si bien poco significativo en materia de votos, es el del clientelismo conservador. En este caso el comportamiento de sus líderes es todavía más equívoco que en los anteriores. El ex ministro Álvaro Leyva cabildea abiertamente a favor de las FARC, los antiguos comisionados de paz, Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez siguen soñando con reanimar la mesa del Caguán, con los proyectos de “paz” que la animaban. Otro personaje de esa facción escribe con frecuencia en los medios columnas en defensa de los intereses de los narcoterroristas y se permitió anunciar el castigo por la fuga del ministro Araújo, que no fue otro que el asesinato de los diputados del Valle.

La escena de la reciente reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores en que los tres predecesores de Uribe lo presionaron en términos groseros para que despejara territorio a fin de celebrar el “intercambio humanitario” (pero en realidad sólo para negociar, siendo que tal intercambio nunca lo concederán las guerrillas y todos lo saben) es muestra del sesgo que tienen todos esos sectores: a todos les quedaría tan fácil figurar como enemigos de las guerrillas y reconocer los logros de Uribe en materia de seguridad, que su resuelta solidaridad con los rehenes, a sabiendas de que no resultarán liberados, es uno de esos misterios de la historia patria que hacen pensar en un milagro tan misterioso como la conversión de tantas personas susceptibles de corromperse gracias al narcotráfico en hermanitas de la caridad que sufren ¡hasta el llanto! al leer la carta de Íngrid y por todas las dificultades de los rehenes...

Pero no sólo hubo políticos que sufrieron el embrujo de ese líder político que se apoyó tanto en el antiamericanismo que se puede considerar con todo rigor un precursor de Hugo Chávez. (Bueno, lo es en muchas otras cosas.) Los recursos también enriquecieron a muchos abogados, periodistas y jueces... A muchos nos gustaría que esa corrupción fuera cosa del pasado, pero hay demasiados datos para poner en duda que esa ilusión se haya cumplido.

En paralelo al crecimiento de los carteles del narcotráfico de Cali y Medellín se fue desarrollando uno que los aventajaba en muchas cosas: en la disciplina de sus miembros, en la influencia que tenía dentro de la sociedad a través de una compleja red de lealtades, en el arraigo en zonas rurales en las que la captura resulta muy difícil, en las relaciones internacionales... Esa organización preexistente y claramente superior a la de Escobar es el viejo Partido Comunista de Colombia, que por entonces era la misma organización que las FARC y que ahora, sin que se haya probado su imbricación con esa poderosa guerrilla, se caracteriza por defenderla y justificarla.

Esa organización es el cartel que sobrevive a todas las guerras contra el narcotráfico y ha llegado a copar la mayor parte del negocio gracias a la colaboración del gobierno venezolano, como explicaba un informe publicado hace poco en El País de Madrid. Y hay muchas razones para pensar que muy diversos sectores de la sociedad colombiana están a su servicio gracias a los recursos fabulosos que controlan.

Es en ese contexto donde se deben situar los continuos rifirrafes entre el gobierno e instituciones como la Corte Suprema de Justicia, respecto de lo cual lo más llamativo es el caso Tasmania y el reciente anuncio de que el presidente denunciaría al magistrado que presidía la Corte Suprema de Justicia por mentir a la prensa al decir que Uribe lo llamó para interesarse por el caso de su primo. Sean cuales sean los argumentos jurídicos, nadie puede pasar por alto el hecho de que la Ley de Justicia y Paz somete a los responsables de los crímenes paramilitares y a sus cómplices a unas penas que los guerrilleros no aceptarían. La obsesión de los magistrados con los parapolíticos parece un servicio que prestan a alguien, como en general el conjunto de sus actuaciones relacionadas con el conflicto, el narcotráfico, las guerrillas y el gobierno.

El caso Tasmania es muy expresivo, y sólo por la presión de los medios se ha olvidado: nadie ha llegado a explicar por qué el magistrado Velásquez no denunció la llamada del presidente sino hasta mucho tiempo después, por qué no había acta de la reunión con el paramilitar, por qué en lugar de interesarse por averiguar la verdad los magistrados se apresuraron a negar la posibilidad de que se investigara... En el caso de la supuesta llamada del presidente al magistrado Valencia ocurre lo mismo: la acusación ante los medios tiene un gran impacto por el interés propagandístico, pero las pruebas obran en contra de lo que dice el magistrado. El recurso del formidable lobby opositor se resume en un texto de uno de sus más característicos portavoces, el columnista Ramiro Bejarano:
Indigno un presidente que convierte en testigos a sus obsecuentes subalternos e intenta poner de su lado al Procurador y al Fiscal, provocando pronunciamientos tergiversados. Eso es propio de quienes viven entre coartadas, no de un jefe de Estado. Así lo recordará la historia, y lo censurará la comunidad internacional, que asombrada ve que el mandatario acosado por los pleitos de parapolítica, en medio de la grave crisis con Venezuela, denuncia a la cabeza de otra rama del poder. Si eso no es un tirano entonces ¿qué es?
Es el mismo recurso de prohibir el procedimiento judicial que ya se aplicó respecto al magistrado Velásquez. La verdad es que respecto de esos hechos el juicio que se tenga sin acceder a toda la información y sometido a la presión de los medios y de otras personas es por fuerza dudoso. Mucho más sencillo resultaría analizar lo que dicen los magistrados. Debería ser una prueba para todo ciudadano honrado contestar si realmente las guerrillas obran por altruismo y por querer destruir la democracia se les debe ofrecer reconocimiento. Nadie que piense seriamente en eso puede dudar de que esos magistrados comparten intereses con esos altruistas.

Y en todo ello no hay ningún misterio: entre los principales frentes de actividad del Partido Comunista en los años sesenta y setenta destacan las universidades, muy especialmente las facultades de Derecho. Miles de estudiantes fueron reclutados a través de la Juventud Comunista para formar parte de las guerrillas, y un decano de una facultad de Derecho, Jaime Pardo Leal, fundó un sindicato de jueces y fiscales, Asonal-Judicial, que tendría un papel significativo en el desarrollo del sindicalismo estatal controlado por los comunistas, cuyo dominio en la judicatura tiene una larga trayectoria y se puede evaluar en el activismo de muchos ex magistrados, como Carlos Gaviria, que representa el sector más afín a las guerrillas del PDA. (Recientemente explicaba en la radio que si bien las guerrillas cometían actos terroristas también eran políticas y había que reconocerlo, algo como pensar que Pablo Escobar era comerciante y al tiempo que se lo castigaba por sus crímenes se hacían negocios con él, o que Bin Laden también es religioso, y al tiempo que se lo persigue por poner bombas se evalúan sus elementos doctrinales para enseñarlos con el catecismo: en comparación con Gaviria, Tirofijo es decente).

Pero la verdad es que el poder de los herederos de Pablo Escobar sólo se puede contener si la gente hace caso a todos los signos, sobre todo a la clara implicación venezolana en el narcotráfico y al interés bizarro de tantos personajes en ponerle zancadilla al gobierno y conseguir que las bandas narcoterroristas levanten cabeza.


(Publicado en el blog Atrabilioso el 23 de enero de 2008.)