martes, mayo 25, 2010

El informe de la "Comisión de la Verdad"

Rápidamente se ha olvidado el Informe de la "Comisión de la Verdad" sobre los hechos del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985. Aparte de los interesados en dicho informe, parece que nadie tiene paciencia para leerlo, y vale la pena prestar atención a lo que dice, porque se trata de un importante episodio del "conflicto", de la guerra que enfrenta en Colombia a la mayoría de los ciudadanos contra la secta totalitaria, también enquistada en la Administración de Justicia.

La comisión de la mentira
La mentira, decía Ortega y Gasset, es la esencia de la política, y esto por cuanto en la política se intenta a toda costa encontrar una verdad útil, lo cual falsea la búsqueda y el resultado. El caso de la "Comisión de la Verdad" que redactó el famoso informe es extremo: se pretende imponer una versión de los hechos que es abiertamente parcial, y en lugar de convocar a los diversos sectores interesados, la comisión la nombra el mismo organismo que ejerce de partido de oposición, toda vez que el rechazo al gobierno no obtiene suficientes votos para presentar una verdadera resistencia en el plano político. La Comisión de la Verdad peruana estaba integrada por un buen número de personas de diversos sectores de la sociedad y fue nombrada por el presidente Valentín Paniagua. Similar trámite siguieron las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y Chile. En pocas palabras, esas comisiones fueron nombradas para aclarar hechos pasados mientras que la que nombró la CSJ pretende tener un papel en la guerra jurídica actual. ¿Cuándo se entenderá que esa guerra jurídica es parte de la que llevan a cabo las guerrillas?

¡Que cese el fuego!
La introducción del Informe es elocuente: se pretende equiparar la respuesta militar de entonces a la política de Seguridad Democrática, con el nada oculto interés de descalificarla y presentar una de las más gastadas y despreciables falacias de la propaganda del entorno terrorista: la equiparación de las bandas de asesinos a las instituciones democráticas:
Como ayer, Colombia sigue debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿Es que la ley y nuestro derecho a vivir en paz no son más que rehenes de la violencia?
Para mí es un misterio insondable la reacción de la gente en Colombia ante semejante retórica, abierta búsqueda de legitimación de las bandas terroristas: ¿será que nadie lo lee o que nadie se da cuenta de que el novedoso "derecho a vivir en paz" constituye una abierta deslegitimación de cualquier esfuerzo que se haga para aplicar las leyes? La introducción concluye con estas perlas:
hoy al igual que hace 24 años, cuando el llamado a que cesara el fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.
Del ahogado el sombrero
La mayoría de los comentarios que aparecieron en la prensa al impresionante informe se centraban en la novedad de que se reconociera la financiación por parte de Pablo Escobar de la acción del M-19. Es lo que se pretendía, que la gente se fijara en eso y no en el sentido obvio del informe y de la comisión, que no es otro que justificar la persecución judicial contra los militares que participaron en la recuperación del palacio. Claro que antes abundaban en la prensa los escritos en que se negaba tal financiación, pero tal vez dichos escritos, pues en Colombia se desconoce la vergüenza, servían para que el reconocimiento por la "Comisión de la Verdad" pareciera una gran concesión. Nadie se fijó siquiera en la proliferación de adjetivos ("desproporcionada", "exorbitante", etc.) que se aplican a la acción militar, ni en la manifiesta afinidad del Informe con la propaganda de los partidarios del M-19 y las bandas que persisten.

El Plan B
El lector es víctima de un atraco y tiene la opción de entregar la cartera y los números secretos de las tarjetas, o de resistirse. En el segundo caso será protagonista de una pelea, y la policía lo detendrá y lo forzará a pagar un soborno aún más oneroso so pena de terminar en la cárcel. Es lo que ocurre cuando la policía está conchabada con los atracadores. Es también exactamente lo que pasa con el asalto al Palacio de Justicia: esperaban tomar el poder al forzar a la autoridad presidencial a rendirse para salvar a los importantes rehenes. Pero si eso no funcionaba, siempre quedaría el recurso de acusar a las fuerzas del orden de extralimitarse, de cometer asesinatos, de la muerte de los magistrados, etc. El Informe es la realización de ese Plan B, que todo lector de la prensa colombiana conoce. Y no es que los hampones que lo redactaron se esfuercen mucho en ser sutiles:
El Magistrado Eduardo López Villegas, al instalar los eventos públicos de la Comisión de la Verdad en noviembre de 2008, expresó, sobre el sentido del trabajo de la Comisión, que “sería ya bastante el establecimiento del derecho de las víctimas a la verdad porque se les restituye en la dignidad ultrajada por el engaño urdido por sus verdugos, y la afrentosa jactancia por falsas proezas.”

Y agregó que “es esa la verdad que ha de pregonar la historia, la que han de re-escribir los que la han contado como una audacia subversiva o una práctica castrense, y en su lugar hablarle a las nuevas generaciones de que allí en el Palacio de Justicia tuvo ocurrencia la más grave laceración que rama del poder alguna ha recibido en nuestra historia civilizada e incivilizada, con la inmolación de Magistrados, funcionarios y empleados al servicio de la justicia, la que fue abandonada, a merced de victimarios sin escrúpulos”.
Es en serio. "Alfonso Cano" habría tenido más pudor. Y lo terrible es que los militares acusados de presuntos crímenes relacionados con esa atrocidad están en manos de criminales de tal calaña. Pero ¿los militares? La sociedad colombiana está sometida a esos personajes porque, precisamente, la inmolación de los magistrados y la posterior Constitución que pactó César Gaviria con la banda que ejecutó la acción terrorista, con evidente respaldo, de nuevo, de Pablo Escobar, dio lugar a dicho dominio.

Derecho e historia
Aparte de ecuánimes, los miembros de la espeluznante comisión pretenden darse a valoraciones históricas, políticas, éticas y hasta filosóficas. Cuando describen el contexto histórico previo a la toma del Palacio, no le hacen ascos a proclamas como ésta, aludiendo al gobierno de Turbay:
Y fueron numerosos los allanamientos ilegales, torturas, desapariciones y no faltaron las ejecuciones extrajudiciales. Era precisamente por la utilización de estos mecanismos, que la legitimidad del Gobierno estaba en tela de juicio.
La prueba que exponen de dichas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones es un libro del ex guerrillero Darío Villamizar. ¿Realmente estuvo en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Turbay? La respuesta está flotando en el viento: respecto al historial del M-19 el lector se entera de que "había realizado algunas acciones que le granjearon simpatía en ciertos sectores", y...
Otra de las acciones más intrépidas consistió en la toma de la Embajada de República Dominicana, cuando el grupo guerrillero solicitó amnistía para 314 de sus miembros, a cambio de la liberación de los rehenes.
Ya lo ven: la legitimidad del gobierno estaba en tela de juicio, pero la guerrilla se metía a una embajada y tomaba unos rehenes, a cambio de la amnistía para sus miembros, acción que no resulta "desproporcionada" ni "exorbitante" sino "intrépida". Acerca del dinero que obtuvieron no se dice nada. ¿No habrá despertado la toma de la embajada simpatía en ciertos sectores? Seguro que sí. También la toma del Palacio, e incluso el asesinato de José Raquel Mercado.

Origen del testimonio
Algo que llama la atención poderosamente en la divertida disertación histórica es el origen de los textos que se citan, aun cuando se trata de hechos que cualquier periódico registraría: la mayor parte de las referencias provienen de personajes como el ex guerrillero citado, la escritora Laura Restrepo, manifiestamente afín al M-19, o la académica Socorro Ramírez, alguna vez candidata presidencial de una secta trotskista. La comisión hace suyo un resumen de la relación del gobierno de Turbay con el M-19 que copia del libro que la señora Ramírez escribió con Luis Alberto Restrepo:
“Tanto las amnistías ofrecidas por el Gobierno, como el rechazo que de ellas hizo la guerrilla, demostraban claramente que ninguna de las dos partes del conflicto se sentía derrotada o sustancialmente debilitada. El Gobierno y los militares podían argüir, como triunfo suyo, la detención de la mayor parte de los dirigentes del M-19. Éstos, en cambio, tenían en su haber, una notable popularidad. La batalla entre el M-19 y el Gobierno de Turbay por la conquista de legitimidad política, sin asumir los costos de la paz, había concluido”.
Y no hay la menor objeción al hecho de que una banda de asesinos resulte tan legítima como las instituciones, ni que la supuesta "popularidad" del M-19 no se tuviera que traducir en votos: para los autores del libro y para los magistrados la legitimidad es lo que ellos quieran entender, y las urnas son un fastidio. Ahora ya el M-19, incluso como grupo político poderoso y riquísimo gracias a su alianza con Escobar y Gaviria, va menguando. Pero lo reemplaza la CSJ. Ante el retroceso que el comunismo experimenta en Colombia desde comienzos de siglo, la cúpula judicial se va quedando como un remanente siniestro. La campaña de persecución de las instituciones armadas es la forma de guerra que ponen en práctica desde una fortaleza sólida, y cuentan con la suma de indigencia y pereza intelectual de las víctimas y de quienes quisieran orientar a Colombia en el sentido de las democracias modernas.
(Sigue la próxima semana)

(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de enero de 2010.)

CONTINUACIÓN:

La semana pasada expliqué que el citado informe es sólo un intento de justificar la persecución política que la mal llamada Corte Suprema de Justicia ha emprendido contra los militares que recuperaron el Palacio de Justicia en 1985, y de paso desautorizar la política de seguridad democrática y todo esfuerzo que se haga para contener a las bandas de asesinos que, como el M-19, están en la base del poder de los magistrados (tras la constitución que prohibió extraditar a Pablo Escobar y compañía). Todo eso resulta evidente al leer las Recomendaciones con que concluye dicho escrito: el resto es sólo el camino que se sigue para llegar a esa conclusión, y en 317 páginas uno puede encontrar desarrollada hasta el hartazgo toda la habitual propaganda del Partido Comunista. Ojalá algún día los colombianos se detengan a considerar la enormidad que tal conducta representa. Pero en Colombia la inoperancia institucional, y la misma persecución que han emprendido los magistrados contra el Congreso, han impedido que se investigue un prevaricato evidente. (Las negritas siempre son mías.)
Recomendaciones 
La Comisión de la Verdad tiene la profunda convicción que el Estado y la sociedad colombiana tienen ineludibles deberes de conocer la dolorosa realidad que brota de los hechos del Palacio de Justicia y de aprender las lecciones que permitan evitar que estos hechos se repitan. Las recomendaciones que aquí se presentan constituyen una hoja de ruta que esta Comisión le propone al país, para paliar las terribles consecuencias de los hechos y tratar de conjurar la vergonzosa impunidad que ha rodeado esta tragedia nacional. Se hace con el pleno convencimiento de que sólo con la adopción de medidas concretas se podrá convertir en realidad el “nunca más”, leitmotiv de la Comisión de la Verdad, el cual puede erigirse en pauta ética, política y jurídica de la Nación.

Siempre es una tarea complicada explicar que los problemas de la sociedad colombiana no le llegan de fuera sino que están en la misma concepción del orden social. ¿Cuál es la función de los jueces en los países desarrollados? En Colombia lo es el activismo político y la pretensión de dominar a los poderes elegidos. Es decir a los ciudadanos. Valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los hechos que hay que evitar que se repitan? No, no es que haya bandas criminales secuestrando funcionarios, sino que se intente impedir que se salgan con la suya. "Conjurar la vergonzosa impunidad" es el nombre eufemístico para "perseguir por encima de toda normatividad jurídica a los militares que echaron a perder la labor de los terroristas". La "tragedia nacional" es que crímenes como ése hayan servido de base para que la justicia caiga en manos de semejantes bandidos, que no ocultan su interés en reemplazar a los demás poderes y dictar la pauta ética. Cosa que llevan haciendo décadas: por eso sigue habiendo secuestros y masacres, porque el poder real está en manos de estos socios del terrorismo.

Derecho a la verdad
La memoria histórica es un concepto central para entender la trascendencia de la verdad y su significado político y jurídico. La fidelidad de esta memoria a los hechos suele ser un ejercicio subjetivo, pero aspira construir una narración socialmente compartida de hechos que, como los que se relatan en este Informe, representan hitos fundamentales en nuestra evolución como Nación.
Hay que prestar atención a lindezas como ésa: ¡el "derecho a la verdad" consiste en el derecho de los magistrados a imponer la visión que conviene a su interés! En la frase resaltada esa pretensión adquiere ribetes cómicos: ¿quién aspira a construir una narración socialmente compartida? ¿La fidelidad a los hechos? Ése es un sujeto muy extraño para semejante predicado, y sólo ocurre, como en los contratos de uso de los programas informáticos, que no hace falta fijarse demasiado en el sentido común porque nadie va a leer y sólo quedará el impacto de que los jueces ordenaron perseguir a los militares. "Aspirar a construir una visión socialmente compartida" significa: "pretender que socialmente se comparta una narración impuesta por una autoridad no elegida". ¿Quién construye esa narración? Tres ex presidentes de la CSJ basados en los escritos de personas próximas al M-19.

La narración de los graves crímenes perpetrados y de la impunidad que subsiguió, refleja no sólo lo que puede ser pertinente para el caso del Palacio de Justicia, sino que constituye un retrato de los males profundos que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que la violencia enloquecida y despiadada de las partes en conflicto hubiese segado aproximadamente un centenar de vidas, y no se haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia? ¿Cómo aceptar que el inexplicable desprecio hacia la vida de otros, haya permanecido impune? ¿Cómo explicar la masacre del Palacio de Justicia y la interrupción durante 28 horas de un Estado de derecho, sustentado en una democracia sólida y de larga data?
Como ya he explicado, se trata sólo de la propaganda del Partido Comunista. ¿Cuáles son las partes en conflicto? ¿Hay algún otro "mal profundo" de la sociedad que el hecho de que una secta totalitaria y criminal domine la cúpula judicial?
Estas preguntas, sin respuestas satisfactorias, se pueden insertar en las múltiples tragedias que Colombia ha vivido por causa de las violencias. En momentos en los que el país se debate aún en las fauces del conflicto armado interno, de los crímenes horrendos de la guerrilla, del paramilitarismo, del narcotráfico, del desprecio a la vida y a la libertad, de delitos perpetrados por agentes del orden, la reflexión sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia ofrece al país una oportunidad de enmendar rumbos, de mirarse honestamente en el espejo de la miseria y de la tragedia y, a partir de asumir que esas verdades forman parte también de nuestra identidad, plantear todos el esfuerzo conjunto de construir la paz sobre bases sólidas y de poner la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración.
La política, sobre todo cuando es pura propaganda, tiende a ser indistinguible de la poesía barata. ¡Es el "conflicto" el que tiene fauces y sus agentes son como objetos de ese monstruo. Naturalmente, ¡hay formas civilizadas de arreglar las diferencias, no todo ha de ser el guerrerismo de Uribe! Viéndolo bien, no sólo se trata de perseguir y asustar a los militares ni de descalificar y amenazar con perseguir judicialmente la política de Seguridad Democrática, sino incluso de impedir los rescates de rehenes.
En ese sentido, la verdad real y completa de los hechos, es nuestra primera recomendación y exhortación. Esa verdad no sólo debe surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción de la historia, de los medios de comunicación y de los textos escolares que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos infaustos dos días en el centro de la capital de la República.
La verdad real y completa, no hay que engañarse, es la que sale de la Comisión de la Verdad, es decir, del Secretariado. ¿O alguien cree que el Secretariado de las FARC cambiaría una sola coma de ese informe? ¡La construcción de la historia! llaman a la elaboración de manuales propagandísticos como ése, y esperan que el Estado se dedique a promover el asesinato en masa divulgándolos.
Es necesario que el Estado implemente una política nacional de verdad y memoria sobre los grandes crímenes cometidos en el terrible desarrollo de las violencias. Esta política debe formar parte de la labor de todas las instituciones públicas. Dentro de ella, se debe considerar la constitución de mecanismos oficiales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de reflexión permanente sobre la violencia en Colombia y para el esclarecimiento de todos los graves delitos contra los derechos humanos.
Es decir, el presupuesto se debe gastar, tal como se gasta en adoctrinar militantes marxistas en las universidades públicas, en financiar think tanks dedicados a promover la "verdad" de la CSJ, a la que están obviamente sometidas todas las instituciones públicas. Es como un intento de tomar el poder por decreto, toda vez que los secuestros y masacres no rindieron lo suficiente.
En particular, la Comisión de la Verdad recomienda:

1. A las autoridades judiciales, que en el desarrollo de los procesos en curso y de aquellos que en el futuro se inicien, realicen todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas. Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales.
Es decir, saltarse todos los procedimientos del derecho para llevar a la práctica la persecución contra los militares, toda vez que la judicatura es el último recurso que le queda al PCC para tomar el poder.
2. La efectiva implementación de una política nacional de archivos que contribuya a conocer y divulgar la historia de las violencias en Colombia, en el marco de lo previsto en la Ley General de Archivos y en los artículos 56 y 57 de Ley 975 de 2005, en lo relativo al deber de memoria y de preservación de archivos. La centralización de este sistema puede empezar mediante la interconexión de archivos nacionales, departamentales y distritales, así como aquellos que obren en poder de instituciones públicas sectoriales e incluso rchivos privados. Es preciso, asimismo, que el Archivo General de la Nación adopte las medidas necesarias para digitalizar toda documentación escrita y audiovisual, de modo que se garantice la protección de documentos originales.
Más claro no canta un gallo. Quieren tener un costoso organismo oficial dedicado a sacar partido de "las violencias" y a explotar el pasado para asegurar los negocios del PCC y la caterva de prevaricadores.
3. El establecimiento de un centro de información, documentación y educación sobre los hechos del Palacio de Justicia, en el espacio que debe disponerse al efecto en la Biblioteca Enrique Low Murtra (Ley 1056 de 2006), al que esta Comisión hará entrega, por conducto de la Corte Suprema de Justicia, de la valiosa documentación recogida a lo largo de su misión y en donde otras instituciones, incluyendo las de investigación judicial, puedan centralizar la información disponible sobre los hechos, que encontrarán allí permanente memorial y lugar de conmemoración.

4. Garantizar el más amplio acceso a la información que se refiera a actos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al público en general y a las víctimas en particular. Esto incluye la revisión cuidadosa de la actual legislación sobre acceso a información, la adopción de procedimientos claros y la evaluación periódica del cumplimiento del deber de informar de la administración pública. Las excepciones al principio de acceso a información sólo pueden estar referidas a causas razonables, proporcionales y acordes con la democracia y el Estado de derecho.
Lo dicho: toda una máquina de propaganda dedicada a sacar partido del informe para imponer sobre el futuro una versión casi abiertamente partidaria del terrorismo, marcadamente signada por el lenguaje de la propaganda del PCC que cualquier colombiano que lea la prensa conoce muy bien.
5. Al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas de los sistemas público y privado y a las demás entidades culturales competentes en niveles nacional, departamental, distrital y municipal, la Comisión recomienda la revisión exhaustiva de los contenidos educativos, particularmente de los textos y pedagogía utilizada en cursos de historia de Colombia, de educación cívica, ética y democracia y otros similares, referidos a la narración sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, de modo que reflejen con objetividad y sin prejuicios las causas, hechos y consecuencias, contribuyendo con herramientas pedagógicas específicas a la discusión y debate por parte de profesores y alumnos, sobre el significado de este suceso en la historia de las violencias en Colombia, siempre como garantía de no repetición.
El descaro de esta recomendación es tal que hasta mereció un artículo en El Tiempo. Y es una prueba más de que en Colombia no hay democracia ni Estado de derecho, porque las autoridades elegidas por la gente no cuentan para nada: quien realmente manda son las altas cortes, y su agenda consiste en facilitar la toma del poder a las tropas del partido con el que colaboran los magistrados.
6. Los medios de comunicación podrían sumarse al esfuerzo por revisar críticamente la cobertura que se ha realizado sobre los hechos del Palacio de Justicia y promover el más amplio debate público sobre su significado, con absoluta objetividad. Asimismo, que en el desarrollo de esa cobertura informativa y de educación pública, se respete plenamente la dignidad de las víctimas.
De nuevo, "la dignidad de las víctimas" es el pretexto para llamar a los medios de comunicación a colaborar en la tarea de explotar la tragedia para ayudar en la revolución. ¡Como si no lo hicieran ya!
7. A todas las partes que intervinieron directa o indirectamente en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como en sus causas y consecuencias, la Comisión les invita a realizar un examen sobre sus responsabilidades. En particular, sin perjuicio de reconocimientos que se hayan efectuado y del resultado de los procesos judiciales, los integrantes del extinto M-19, deben formular públicas e incondicionales disculpas al país y a las víctimas, por haber recurrido a la retención de rehenes y a la violencia delirante, en una acción iniciadora y determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.

8. Asimismo, los más altos mandos de la fuerza pública deben reconocer y pedir perdón a la institucionalidad y a las víctimas, por sus excesos en la reacción, igualmente determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.
Nadie debe dudarlo: para los magistrados la fuerza pública es igual de legítima al M-19.
9. Los partidos políticos, los líderes y otras personalidades relevantes de ese entonces, deben asumir sus responsabilidades, de modo que envíen a la sociedad colombiana en general, y a las víctimas en particular, una señal inequívoca de que el sentido último de la función pública es la protección de la vida y de la dignidad humana, aún en las circunstancias más extremas. 10. Finalmente, el Estado colombiano debe también reconocer su responsabilidad en los hechos y pedir perdón a las víctimas.
Pero ¿cuál es la responsabilidad del "Estado colombiano"? ¿Qué es el "Estado colombiano"? ¿Cuáles son las víctimas? En general se trata de militantes del M-19 o de las redes mafiosas afines que intentan usar los supuestos crímenes como pretexto para deslegitimar la democracia. La CSJ anda en lo mismo, legitimando el terrorismo y haciendo culpable a la democracia de los crímenes de los adolescentes que tan eficazmente promovieron la carrera de los magistrados, toda vez que, como ya expliqué la semana pasada, el escándalo es el Plan B del golpe.


(Publicado en el blog Atrabilioso el 28 de enero de 2010.)

jueves, mayo 20, 2010

El procurador y el senador Robledo

He pensado que el título que merecería esta entrada es algo como "La mentalidad colombiana", pero temo haber publicado ya algo con ese título. Las respuestas de la prensa a la decisión del procurador de investigar las referencias que se hacen al senador del PDA Jorge Enrique Robledo en los computadores de Raúl Reyes servirían para ilustrar los aspectos más llamativos de la mentalidad tradicional colombiana, que por lo demás ya tiene un folclore característico: ciertas expresiones populares como "la ley del embudo", "el diablo haciendo hostias", "los pájaros les disparan a las escopetas" o "palo porque bogas, palo porque no bogas" reflejan la reacción de las víctimas ante la desfachatez de quienes juzgan, litigan, alegan o dictan resoluciones, o de quienes "argumentan" en la prensa a favor o en contra de determinados intereses.

Por ejemplo, respecto de la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría contra el senador Robledo y el concejal Caicedo, no tardó en pronunciarse Enrique Santos Calderón:
Me sorprende que haya salido a brincar el nombre del senador del Polo Jorge Robledo en la investigación sobre 'farcpolítica' que ha anunciado el procurador Ordóñez. Por la sencilla razón de que las posturas de Robledo contrarias a la lucha armada son ampliamente conocidas. Y de tiempo atrás. Desde los años 70, cuando militaba en un movimiento -el Moir- que nunca comulgó con la guerrilla, en épocas en que a gran parte de la izquierda la seducía la tentación del fusil. Ojo, pues, con la cacería de brujas.
Pocas cosas son más interesantes que esas "posturas contrarias a la lucha armada" por parte de un dirigente de un partido que no ha pedido la desmovilización de las guerrillas. Al respecto conviene recordar que en la Declaración Política ese partido manifiesta:

Es su propósito trabajar por conseguir la paz democrática que anhelan los colombianos a través de la salida política al conflicto armado, y el logro del intercambio humanitario.
Es decir, para estos mentirosos la condena de la lucha armada es la exigencia de que se premie y se favorezca su reproducción pagando copiosamente los secuestros. Pero en la realidad la negociación política y el intercambio humanitario son los objetivos de la lucha armada y del secuestro, nadie que esté cobrando los crímenes de esa manera puede decir que condene la lucha armada.

Pero es que el señor Santos Calderón es sólo una voz privilegiada de la misma gavilla de personajes que siempre han acompañado a la guerrilla y al Partido Comunista. Por ejemplo, respecto del grupo de Colombianos por la Paz, empezó una columna sobre el canje:

Salida en falso la del presidente Uribe al calificar de "bloque intelectual" de las Farc al Comité de Colombianos por la Paz que ha intercambiado cartas con el sucesor de 'Tirofijo'. Es macartismo primario, que desdice del jefe del Estado y les otorga a las Farc un estatus que ni tienen ni se merecen.
Y la mentira, que con tanto descaro han repetido los medios sobre la tarea de ese grupo que intenta legitimar a las FARC resulta respaldada por el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Cuando alguien escriba la historia de Colombia en las últimas décadas ese papel de legitimación que ha tenido el terrorismo será tan importante como las propias acciones "militares".

Es del máximo interés la historia del MOIR y su rechazo a la lucha armada. Eso porque la misma ideología que transmiten los medios han generado en Colombia una visión según la cual todos los fines son lícitos y sólo son cuestionables, a veces, los medios: "vamos a cocinar a los niños, es nuestro programa político, pero nos oponemos a que los arrastren del pelo". El MOIR es un movimiento nacido del rechazo de los maoístas al "revisionismo" que emprendió el Partido Comunista de la Unión Soviética cuando Jruschov denunció los crímenes de Stalin. Respecto del PCC y las FARC el MOIR se consideraba ortodoxo y entusiasta de la Revolución cultural china y de los regímenes de Enver Hoxha en Albania y de Pol Pot en Camboya.

De modo que el rechazo de la lucha armada no era por pacifismo ni por respeto de la democracia, sino porque esa lucha la emprendían los rivales "revisionistas" y porque no la consideraban eficaz para tomar el poder y aplicar el programa de Pol Pot en Colombia. El hecho de que se presente esa discrepancia con el PCC como una prueba de lealtad democrática es sólo muestra del descaro de esos periodistas, que aspiraban en los años setenta a emular a Pol Pot y todavía esperan sacar algún provecho de las tropas que adoctrinaron, por ejemplo con la revista Alternativa.

El lector que dude del carácter criminal del MOIR puede echar un vistazó a perlas como ésta, sobre la necesidad de la violencia revolucionaria en el órgano de dicha organización, o a diversas alusiones al inolvidable régimen del jemer rojo en Camboya. Sencillamente se usa el recurso del engaño, como si un asesino de las FARC hubiera propuesto empalar al señor Cuéllar y por eso se lo considerara inocente del degollamiento.

Lo más gracioso es que se trata de una investigación disciplinaria de la Procuraduría y los medios, así como la base social del terrorismo, las camarillas de intelectuales y profesores universitarios, arman un tremendo escándalo mientras que respecto del encarcelamiento de políticos que apoyan al gobierno a partir de testimonios absurdos, forzados, obtenidos abiertamente con sobornos (como ocurrió con la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, después de que Piedad Córdoba acudiera a visitar a la prisión a Rocío Arias), no dicen nada. Mejor dicho, sí dicen: las resoluciones judiciales, tan sesgadas y deshonestas como los propios crímenes que alientan esos medios y esos personajillos, les resultan una prueba contra las víctimas.

A propósito de Robledo y los intelectuales, esta carta de apoyo firmada por figuras muy reconocidas en la prensa niega la veracidad de los computadores de Raúl Reyes. Se nota que son personas muy próximas a la cúpula judicial, que también puso en duda las certificaciones de Interpol.

En lasillavacia.com acusan al procurador de hacer un montaje con la investigación sobre Robledo. Las mentiras respecto a la enemistad del senador Robledo con las FARC delatan la mala fe de esa página, pero no tanto como la aseveración de que no hay nada que incrimine al senador sumada al reconocimiento de que no han leído todos los documentos. Definitivamente la propaganda en Colombia es desvergonzada al extremo. Y a eso ayuda el que el contenido de los computadores no haya sido hecho público por el gobierno desde el principio.

En definitiva, los nexos del PDA con las FARC no se pueden investigar, tal como no se puede procesar a Piedad Córdoba, por escandalosas que sean las pruebas que la relacionan con las actividades de la banda asesina. A ninguno de los muchos "periodistas" que han protestado por la investigación a Robledo se le ha ocurrido comentar la relación con las FARC de los demás investigados, que de todos modos no se exponen a ningún procesamiento judicial porque el delito sería no colaborar con las FARC. Sólo tienen a su favor que Robledo es de una secta totalitaria distinta al PCC y que no se han hecho públicos los documentos que lo incriminan, de ahí sacan en limpio la inocencia de los demás acusados. No, no que la proclamen, pues no hace falta cuando de todos modos no hay ningún procesamiento, sino que la dan por sentada una vez convierten el hecho de adelantar una investigación disciplinaria en una persecución política.

Pero más que el aspecto particular de la investigación a Robledo interesa examinar la mentalidad colombiana, que encuentra una expresión humorística en las diatribas del inefable Dandi Taurino, Antonio Caballero.
Robledo ha sido desde hace 40 años el más severo crítico de la lucha armada que practican las Farc. cuando el Procurador no las criticaba, Robledo sí.
Nada se entiende de Colombia sin atender a ese aspecto grotesco de la mentira, característico de ciertos abogados. Viene a ser que cuando el presidente Uribe estudiaba y los colombianos andaban dedicados a otras tareas no condenaban el revisionismo del PCC ni su traición a Stalin ni su escasa adhesión al régimen camboyano, pero Robledo sí criticaba a las FARC. ¿No hay algo inverosímil ahí? Lo sería para otras gentes. En Colombia se escandalizan cuando uno no es así, cuando uno no acepta semejante basura.

Pero esa frase que sirve de entradilla al artículo es después la prueba de que el procurador prevarica al promover la investigación de Robledo por nexos con las FARC: es como si alguien negara que Carlos Castaño hubiera tenido negocios con Pablo Escobar porque eran enemigos, y esperara que de ahí saliera un argumento jurídico y la vindicación de Castaño. No hay mucho que hacer: Colombia es así. A la gente esa forma increíble de mentir no la escandaliza. Lo que la escandaliza es que alguien no la comparta.

De modo que ese señor es el columnista más leído y respetado por mucho que sus mentiras sean casi abiertas, por ejemplo cuando dice que el presidente Uribe ganó su primera elección con votos del paramilitarismo. ¿Alguien recuerda todavía los resultados de las elecciones de 2002? Los departamentos en que Serpa ganó eran los mismos con altísima presencia paramilitar, mientras que el 53 % de la votación total que obtuvo Uribe fue sobre todo en las grandes ciudades y en las regiones con presencia guerrillera. Y el señor Caballero sigue mintiendo cuando dice que las elecciones de 2006 las compró Uribe con promesas de notarías y contratos. ¿Es así? ¿Cuántos votos del 62 % de los emitidos fueron resultado de promesas de notarías y contratos? El hecho de que haya congresistas presos le resulta una prueba de su culpabilidad y no del sesgo increíble de los jueces.

Que es como si alguien usara la investigación contra Robledo como una prueba en su contra.

Tal es la mentalidad colombiana que asegura el atraso para varios siglos si no somos capaces de civilizarnos y tener en cuenta la verdad. Si no rechazamos esos hábitos leguleyos por los que cualquier mentira sirve de pretexto para proteger y justificar a los émulos de Pol Pot que de todos modos colaboran con sus rivales "revisionistas" en el camino de la esclavitud de los colombianos.

De una esclavitud que es en últimas el sueño de Caballero y Santos Calderón.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 12 de enero de 2010.)

miércoles, mayo 12, 2010

El año del bicentenario

Se nos fue el año y el que comienza dentro de una semana es lo que se dice un año "interesante", particularidad que ya empieza a anunciarse en estos días con los asesinatos del Urabá y el secuestro y asesinato del gobernador del Caquetá, por no hablar de la diaria provocación del líder de la izquierda democrática de la región. Pero el 2010 es interesante sobre todo porque cumplimos doscientos años como Estado independiente y sin duda mucha gente empezará a evaluar ese proceso, cosa por lo demás necesaria.

El principal significado de la independencia de las colonias españolas de América es el fin del imperio español como gran potencia mundial. Se podría decir que tal declive ya llevaba tiempo ocurriendo y que la misma Francia que tantos frentes tenía que atender pudo imponer un rey en Madrid. Pero económica, demográfica y militarmente quedarían muchas esperanzas mientras las colonias siguieran unidas a la metrópoli. Tras la independencia la hegemonía británica en los mares se acentuó, al igual que la expansión de los angloamericanos.

Ojalá que las celebraciones sean la ocasión de un examen juicioso de nuestra historia: que impere un espíritu riguroso en los trabajos históricos, superando la tradicional sujeción a la oratoria y el tradicional enclaustramiento en las referencias locales. La independencia fue el acto fundador de una serie de naciones que cada vez pesan más en el concierto global, naciones que en estos dos siglos han avanzado dando tumbos y hoy en día se encuentran mayoritariamente en una situación problemática, como en la cuerda floja, vacilando entre asimilarse a las democracias de Occidente o entregarse al ensueño de la tiranía autocomplaciente.

También sería una buena ocasión para evaluar con rigor a los fundadores de esas naciones, respecto de los cuales hay una incomprensión generalizada. Puede que los nuevos seguidores de Bolívar empiecen a darse cuenta de que el libertador, por mucho que intentara imponer una dictadura, no se apoyó en el terror ni buscó la guerra civil, que es lo que hace día a día el nuevo Adán siguiendo el modelo del tirano cubano, cuyo secreto para gobernar de forma vitalicia es el mismo de Stalin: una maquinaria de terror.

Ojalá también hubiera un relevo en la presidencia que garantizara la continuidad: si los reeleccionistas razonan que "es mejor pájaro en mano que ciento volando", por una parte están menospreciando su propia capacidad como agentes políticos, así como la de los ciudadanos, pero por el otro están ofreciéndole grandes expectativas al chavismo, que cada vez concentra más apoyos locales de todo tipo de opositores y en el exterior se legitima compartiendo el honor de la presidencia vitalicia con un líder vecino al que pueden presentar como paradigma de la derecha.

En resumen, es mucho lo que significa este año y muy significativo lo que ocurrirá. Y la posibilidad de un proceso prolongado de crecimiento económico, instauración del orden, integración regional y progreso generalizado dependerá de lo que la Colombia productiva consiga en el año que comienza.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 23 de diciembre de 2009.)

jueves, mayo 06, 2010

La gran prioridad

Uno de los lugares comunes más frecuentes que uno encuentra cuando lee o escucha opiniones sobre Colombia es que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y es verdad: cuando parecía que la amenaza de las mafias retrocedía tras la muerte de Pablo Escobar se destapó el proceso 8.000 y durante ese funesto gobierno las guerrillas comunistas se hicieron tan poderosas que constituyeron un peligro mayor que el capo del Cartel de Medellín, un peligro capaz de ocasionar más sufrimiento. Pero cuando se consiguió hacerlas retroceder, entonces el dictador venezolano se lanzó abiertamente a reforzarlas, con la nada oculta complicidad de la misma clase de gente que prosperaba durante el gobierno de Samper y del mismo Samper.

De modo que siempre está claro qué es lo urgente, ahora mismo contener la embestida chavista, que en cualquier momento puede volverse real con muchas acciones terroristas encadenadas y combinadas con marchas indígenas, huelgas magisteriales, disturbios estudiantiles y sabotajes sindicales de todo tipo. Lo urgente en especial es impedir que los poderes ejecutivo y judicial del próximo periodo caigan en manos de los aliados del sátrapa, que cuentan con los principales medios de prensa, con cientos de miles de activistas violentos y adoctrinados y con muchos miles de millones de dólares del erario venezolano para comprar votos. Por mucho que parezca que la agresión se ha atenuado últimamente, basta con leer con atención lo que sale en la prensa para entender que en cualquier momento la actividad terrorista se intensificará, cuando ya tengan a la población adormecida y a los exaltados soliviantados gracias a la propaganda.

El inefable mártir heredero Héctor Abad Faciolince da un ejemplo impresionante de esa propaganda: hace unas semanas no tenía problemas para condenar la "retórica belicista" del gobierno colombiano (la bajeza del colombiano medio le impide reconocer que ni siquiera en las FARC hay gente tan descarada para mentir: siempre que haya un escritor de clase alta y con apellidos extranjeros y ropa cara todo el mundo está de su parte). Ahora sale con que la amenaza de Chávez y las FARC es mentira porque la gente no quiere a las FARC, como si en las zonas que dominaron a punta de masacres sí las quisieran:
En Colombia y Venezuela estamos en manos de un par de presidentes paranoicos, asustados, que creen que el vecino es el lobo feroz que viene a comérselos, a atentar contra ellos y contra los respectivos sagrados territorios de sus patrias. Pura paja, pura locura, pura paranoia: ni Chávez puede ni quiere invadir a Colombia, ni su apoyo tácito o explícito a la guerrilla es una amenaza seria para nuestra seguridad (pues los colombianos en un 98% detestamos a una guerrilla de las Farc arrinconada)...
Y la verdad es que esa clase de propaganda es una prueba de que sí hay una amenaza seria cuyo núcleo son las elecciones de 2010. Sin el interés de la agresión más o menos inminente no habría necesidad de caer en algo tan obsceno como equiparar la actitud de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Pero eso es lo urgente. Lo importante es lo que subyace a la agresión y a la complicidad de la prensa y la "academia" con el sátrapa. Lo importante en Colombia es la ideología, pues mientras la percepción de la gente siga dominada por los prejuicios y certezas de los que crearon a las FARC y alimentaron las bases del chavismo, el destino del país seguirá siendo inseguro y tanto la miseria como la violencia persistirán.

Sería muy interesante analizar lo que hizo de Colombia el principal centro mundial de producción y tráfico de drogas ilícitas. La doctrina "oficial" (es decir, la de la prensa y la "academia") explica el problema por la prohibición del tráfico, como si no hubiera más países capaces de producir drogas o más pobres y atrasados. Muchos estudiosos y analistas han señalado el prolongado aislamiento del país como el origen de rasgos culturales que hacen propensos a muchos colombianos al delito. Ese aislamiento determina una enorme dificultad para entender lo que ocurre fuera y de ahí una marcada tendencia a creer cualquier cosa que resulte conveniente o grata. El saqueador del siglo XVI se acostumbró a su posición de mando y a la crueldad que necesitaba para conservarla, y no tuvo problemas en atribuirse una misión evangelizadora. Su descendiente se dedicó al comercio basado en la violencia y el engaño, dejando lo más desagradable a los descendientes de los esclavos de entonces, y pronto encontró un pretexto increíble para justificarse: no había ningún problema en lo que él hacía, pues los culpables eran los demás por prohibir lo que de todos modos no se permite en ningún país.

Hay que decirlo claramente de una vez: la producción y el tráfico de cocaína han sido durante las últimas décadas rubros importantes de la economía colombiana, gracias a los cuales decenas de miles de personas se han enriquecido: los propietarios de terrenos urbanos y rurales, los abogados que representan a las bandas de traficantes, muchos jueces, policías, políticos, funcionarios y demás "víctimas" de la corrupción, los intermediarios del consumo suntuario, los proveedores de bienes costosos para los mafiosos, los tratantes de blancas, etc. ¡Pero según la doctrina oficial todas esas personas son víctimas de los prohibicionistas! Cuando aludo a los "corruptos" como "víctimas de la corrupción" uso el mismo "argumento" con el que la prensa colombiana presenta a Colombia como la víctima del tráfico de drogas gracias a que las personas que se lucran de ese negocio cuentan, muy colombianamente, a sus víctimas, a las personas a las que mandan matar, como víctimas de un enemigo borroso, remoto y muy conveniente.

¿Qué quiere decir esa manía ridícula y persistente de pretender remediar el problema de las mafias del tráfico de cocaína esperando a que se despenalice dicho negocio? Lo que en realidad quieren decir es: "No es nuestro problema sino el de ellos, no tenemos que matarnos entre nosotros para complacer la manía de ellos de prohibir". Y el interés de proteger el negocio es más o menos evidente. Si en Colombia la gente visitara las hemerotecas se podrían encontrar decenas de artículos de Daniel Samper Pizano en los que esa voluntad de defender los intereses de las mafias es casi expresa. Por una parte, la "transferencia de la culpa" (como si un carterista razonara que las pérdidas económicas de las señoras fueran el problema de ellas, que podrían guardar el dinero en el bolsillo), por la otra, la mentira desvergonzada: si el crimen se remedia despenalizándolo pronto habrá que pedir que se despenalice la prostitución infantil y el tráfico de órganos, negocios a los que ya se dedican las mafias colombianas y que sin duda encontrarán quienes los justifiquen culpando a los consumidores.

No se avanza en ninguna dirección sin entender que el tráfico de drogas es complementario de esa justificación habitual. Que la "racionalización" es una forma de intentar salvar el negocio, por mucho que fuera imposible encontrar nexos entre los exportadores de cocaína y los teóricos de la "victimización": no es muy difícil entender que pueden lucrarse indirectamente de esos negocios.
Invito al lector a buscar en la última columna de Enrique Santos Calderón la menor condena al negocio del tráfico de drogas o de las mafias que se dedican a él: para el principal defensor del Caguán no hay un problema en las mafias sino en el hecho de perseguirlas. Todo su escrito es como una ilustración del sentimiento del carterista de mi ejemplo de arriba. Debido al error ajeno el carterista vive de eso y no tiene un trabajo formal. El carterista es la víctima de las señoras que usan bolso.

Una oscura disposición del Congreso estadounidense ¡abre la ventana! a la esperanza. Un patético y arquetípico "académico" que escribe en El Espectador, Francisco Gutiérrez Sanín, se entusiasma con la posibilidad de que cese ya la guerra contra las drogas y el país vuelva por el buen sendero.
Aunque de naturaleza global, la guerra contra las drogas fue una construcción política, y la única manera de cambiarla y domesticarla es por la vía de la política. E, insisto, hacerlo es, por mucho, nuestro primer problema de seguridad. Es un asunto que toca directamente con el futuro de nuestro Estado. Se trata de La gran prioridad.
Y no hay posibilidad de equívoco: ningún colombiano ha tenido jamás ninguna responsabilidad pues todo es el "error político" de prohibir las drogas (y dentro de poco de prohibir la producción de donantes de órganos o de asistentes sexuales menores de edad). Y ciertamente las capturas, las extradiciones, las fumigaciones, las intercepciones son simplemente errores, pues forman parte del Gran Error.

Claro que las mentiras no faltan en ambos escritos, por ejemplo cuando se alude a la creación de una comisión por la Cámara baja estadounidense y se compara con la resolución autoritaria del Senado colombiano, se pasa por alto que el riesgo de ir a la cárcel por parte de los consumidores en la mayor parte de EE UU sigue siendo muchísimo más alto que en Colombia. Sencillamente, si la gente se ilusiona con el fin de los problemas del país gracias a la nueva comisión, no hay forma en que ellos no salgan ganando. Por ejemplo, si la comisión cuestiona la penalización del consumo, siempre se podrá continuar con el negocio, justificado en que no se ha acabado la prohibición, pero si no cambia nada, producir y vender cocaína será de lo más legítimo, una forma de resistencia a ese imperio retrógrado.

Ésa es la gran prioridad para quienes quieren ver a su país florecer a pesar de los criminales y sus valedores: acabar con las organizaciones mafiosas y al mismo tiempo favorecer la expansión del tejido empresarial que trabaja dentro de la legalidad, de modo que el desmonte del tráfico de cocaína, que a fin de cuentas se va desplazando a Venezuela y Bolivia, no se traduzca en dificultades económicas. Y persistir por ese camino es al mismo tiempo rechazar la propaganda que pretende condenar la aplicación de la ley con el pretexto de que los motivos de la ley no son justos y por eso el crimen es producto de la ley.


(Publicado en el blog Atrabilioso el 16 de diciembre de 2009.)

sábado, mayo 01, 2010

Los motivos del lobo

Desde hace un tiempo circula por internet un mensaje de correo electrónico que supuestamente envió por error el arzobispo de Caracas a los destinatarios equivocados y que ha sido copiado en cuanto lugar de propaganda del chavismo hay. La autenticidad de dicho mensaje resulta menos importante que el análisis del contraste que establecen los izquierdistas con él y, más a fondo, del sincretismo de diversos vicios tropicales que representa el chavismo. El escándalo que les produce el sentido de ese mensaje hace recordar los discursos de los años sesenta, los discursos que dieron lugar a las guerrillas. Comentaré por partes el texto, quien quiera leerlo entero sólo tiene que hacer clic en el enlace de arriba.
La Iglesia Católica debe oponerse a todo intento de homogeneizar la educación básica, porque esto sólo nos llevará al caos y a las guerras entre hermanos.
Es el tema grato por antonomasia para los comunistas, el de la desigualdad económica y la exclusión, que pretenden remediar tomando el poder y construyendo la sociedad sin clases. La frase del mensaje parece concebida para retratarlos, porque el medio por el que pretenden hacerse con el poder es la guerra civil. Es decir, la exclusión le parece al arzobispo necesaria para evitar el caos y la guerra, mientras que a los revolucionarios les parece necesaria la guerra para remediar la exclusión.
Los niños de los estratos más pobres querrán acceder a las mismas posiciones que sus compañeros más afortunados, creándose la inconformidad y alimentándose la envidia.

Friedrich Nietzsche decía que la igualdad nos parecía una aspiración irrenunciable porque queríamos igualarnos al de arriba, y que en cuanto lo conseguíamos querríamos ponernos por encima de nuestros iguales. A los intelectuales colombianos los desvela la dificultad que tiene una persona humilde para llegar a las altas jerarquías, lo cual es sumamente extraño porque si tal cosa ocurriera las personas humildes "igualadas" amenazarían los ingresos y hasta el prestigio de esos intelectuales. El caso de Nicolás Castro explica el sentido de esa angustia: las personas humildes no son los niños hambrientos ni los desplazados, que, lo saben, no podrán competir con ellos por las rentas públicas dedicadas al arte, sino que son ellos mismos, agraviados por los privilegios de las familias presidenciales.

De no ser así, ¿qué importancia tiene que alguno de los niños humildes llegue a ser magistrado o senador? ¿Es eso más importante que el que todos tengan posibilidad de alimentarse o que se alargue la esperanza de vida para todos? Bueno, la justicia de los revolucionarios es una desiderata a la que no cuesta nada añadirle adornos, cosa que sólo es muestra del atraso de Hispanoamérica. En el mundo de su ensueño no falta nada mientras que en la realidad de su ensueño materializado la gente se gana diez dólares al mes y sufre palizas y humillaciones si se muestra levemente insumisa. No les importa, pues el núcleo de ese ensueño es su propio poder y protagonismo, que visiblemente no alcanzarán allí donde haya que trabajar.

¿Qué pasaría si excepcionalmente un niño humilde llega a ministro pero la desigualdad entre ricos y pobres, o la pobreza, no se reduce? Es muy interesante de nuevo el contraste entre las inquietudes del arzobispo y los anhelos de los revolucionarios: la inconformidad y la envidia le parecen al primero desgracias que hay que evitar, mientras que para los segundos son los bienes más preciados, pues gracias a esas pasiones conseguirán soldados que los conviertan en oradores luminosos, embajadores y ministros vitalicios y en cualquier caso hacedores de la historia. El molde reaccionario de las ideas del arzobispo no es en absoluto más cruel ni más inmoral que la ambición de unos aventureros cuyo tesoro es el resentimiento que les permitiría provocar la guerra civil y hacerse con el poder.

Los de los estratos superiores perderán motivación para estudiar y alcanzar el éxito.

A primera vista esto resulta extraño. ¿Por qué iban a perder motivación? Pero puede ser cierto: en buena medida las clases altas las forman las personas más refinadas y aun aptas de una sociedad, y la educación suele ser sobre todo la transmisión del refinamiento, de las destrezas y hasta de los conocimientos que previamente alcanzaron los privilegiados sociales. En un contexto en el que sólo se trata de "ser como los demás", los vástagos de esas clases perderían toda motivación. Pero sigue siendo curioso que un arzobispo piense en el éxito. ¿No es éste un valor consumista extraño a los valores cristianos?

Con una educación talla única, lo que crearemos es una nación de envidiosos y conformistas.

A mí este pensamiento me resulta extraño. ¿No está la envidia antes? Por lo demás, la revolución socialista no es, como tanta gente cree, una opción de los pobres y discriminados sino de los ricos y discriminadores. El que lo dude puede averiguar quién hizo la Revolución cubana y de dónde proceden todos los jerarcas del régimen. También en Venezuela los ricachones del régimen bolivariano son en su mayoría personas de extracción social alta que encontraron en el bolivarismo lo que sus primos habían encontrado en la política anterior.

Los niños que, por su origen socioeconómico, tienen desventajas, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia y, sobre todo en el mensaje cristiano del amor.

La rutina ideológica hispánica condiciona los puños apretados y el semblante épico del universitario tropical cuando lee eso. Y yo me pregunto ¿qué pasaría si las ideas del arzobispo tuvieran éxito? Nada peor que el chavismo, pues la insumisión no ha servido para despertar los talentos dormidos de los pobres sino para henchir la nómina de la delincuencia. El hecho de que Colombia fuera el país del tráfico de cocaína y de muchos otros negocios criminales es el resultado directo de la promoción del resentimiento que floreció con Gaitán y siempre tuvo enormes apoyos entre las clases medias urbanas. El ensueño jerárquico del arzobispo y de los reaccionarios de ese estilo cedería ante la presión de la globalización y el mercado, mientras que la rebelión justiciera sólo conduce a jerarquías más brutales y opresivas, como las que sufren los cubanos o venezolanos. ¿Por qué habría de pensar alguien que es mejor una nación de "malandros" que atracan ancianos y matan a sus vecinos que una de cristianos modestos y dóciles? Para los doctores colombianos la respuesta es obvia: los primeros pueden abrir el camino hacia el poder. Los segundos podrían asegurar el ascenso de las clases productivas.

Los hijos de familias pudientes, llamados a ir a las universidades y, más tarde, tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana.

Los hijos de las familias pudientes llamados al mando se convirtieron en los más crapulosos juerguistas y en los más pretenciosos barbilindos, pero no por eso renunciaron a sus privilegios. ¿Por qué habrían de ser mejores que los que describe en su ensueño el arzobispo? Porque son de izquierda, son justos, pacifistas (tanto que quieren el intercambio humanitario para poder ser más pacifistas después, cuando haya más gente retenida para intercambiar), ecologistas, críticos, inconformes, rebeldes, intelectuales (leen a William Ospina), sensibles (algunos ya hasta conocen a Serrat), etc. Ah, y son científicos, se dicen unos a otros que Dios no existe y compadecen a los que no llegan a tan madura y sesuda conclusión. Lo que los diferencia de los que vislumbra el arzobispo es que no son responsables ni servirían para dirigir empresas ni ejercer con acierto ninguna profesión. La adhesión a la ideología revolucionaria reemplaza cualquiera de esas virtudes burguesas.

Nadie debe pensar que en las sociedades totalitarias todo el mundo va a las mismas escuelas, por el contrario, la exclusión siempre es mayor. Pero ¿qué se ganaría si todo el mundo fuera a las mismas escuelas? Lo urgente sería más bien mejorar la calidad de todas las escuelas de modo que todos aprendieran más. Pero ¿qué es "aprender"? En las escuelas colombianas "aprender" significa "hacerse consciente" o "pensante", es decir, razonar como un miembro de las milicias chavistas. Y es una verdadera tragedia que ese condicionamiento para el crimen no sólo se considere "educación", sino también una forma de remediar injusticias y atrasos. Lo que objetivamente han conseguido los revolucionarios en Colombia es multiplicar las desigualdades (gracias a los privilegios inverosímiles de los profesionales de la protesta) y destruir todo rastro de juridicidad (gracias a las tutelas, que sencillamente convierten a los jueces en dueños del erario). Lo único en que se diferencia el mundo que han creado a punta de asesinatos del orden en que sueña el arzobispo es que no hay nada cristiano ni responsable ni modesto ni diligente. Como ya expliqué en otra ocasión, el fruto de la educación colombiana es Pablo Escobar, ese precursor de Chávez.



(Publicado en el blog Atrabilioso el 9 de diciembre de 2009.)