A la hora de explicar las causas del éxito de la propaganda comunista en Iberoamérica prácticamente nadie diría que se debe a que encaja en un orden social antiguo que constituye la base de nuestras sociedades. Por el contrario, casi todos los contradictores de esa propaganda consideran que la revolución es un trastorno que viene a cambiar una situación que no era tan mala y no faltan los que la justifican en la corrupción de los gobiernos anteriores, como si esas condiciones morales de los gobernantes fueran el fruto de algún capricho de una deidad y no el modo de vida de siempre, y como si la tiranía comunista viniera a traer menos latrocinios y abusos.
Ese anclaje en el orden antiguo de la hoy triunfante ideología se evidencia en las disposiciones relativas a los pueblos amerindios de la Constitución Política de Colombia de 1991, que fue una imposición de un gobierno aliado del narcotráfico y la guerrilla comunista del M-19, la cual obtenía ese logro a cambio de su desmovilización. Un avance del proyecto totalitario recién fundado por Lula da Silva y Fidel Castro para resistir al retroceso del comunismo en Europa.
De lo que se trata es de mantener el orden de castas colonial y a una parte de población desprovista de una ciudadanía plena, debido a que no forma parte del conjunto social sino de otras comunidades a las que se «protege» en sus especificidades, según el discurso oficial. En la realidad esos ciudadanos de segunda son meros esclavos de los dueños del Estado, que combinan la dialéctica del palo y la zanahoria, aunque el palo lo reciben los pobladores, amenazados por los narcotraficantes y guerrilleros, valga la redundancia, y la zanahoria es sólo para los jefes de las comunidades, meros capataces de la mafia.
De modo que cuando se habla de las hectáreas que poseen los indios y que se les conceden habría que pensar en la vasta corporación de parásitos dueños del Estado y en las ONG que hacen de intermediarias entre las bandas de asesinos y narcotraficantes y los que controlan en el terreno a las comunidades. Esas hectáreas que se sustraen a la agricultura y a la ganadería no van a beneficiar a los pobladores sino a servir para la industria de la cocaína, que es el fundamento de los regímenes totalitarios de la región, como es bien sabido con el caso venezolano.
Pero al final todo lleva a la visión de la mayoría de los ciudadanos: todas las protestas que he leído en Twitter van acompañadas de hostilidad racista contra una parte de la población tradicionalmente excluida. Parece que la inmensa mayoría de los colombianos encuentran un motivo de orgullo en ostentar desprecio por estos compatriotas y asocian el tener ese origen étnico con los desmanes de los matones asociados a los guerrilleros («guardia indígena»). Así se favorece la labor de la mafia reinante que intenta enfrentar a los indios con los demás colombianos. Esa hostilidad recuerda a la misoginia con que muchos replican al feminismo, como si esta propaganda totalitaria favoreciera realmente a las mujeres.
Poco contribuye a reducir esa hostilidad la corrección política, manifiesta por ejemplo en la reticencia a llamarlos «indios», como los llamaron los conquistadores españoles después de que los viajes de Colón tuvieran por objeto llegar a la India. Debido a que por el racismo tradicional «indio» ha llegado a ser un insulto, se ha generalizado llamarlos «indígenas», para no ofenderlos, tal como los que dicen «afroamericano» o «moreno» para aludir a los negros. Lo que se evidencia en esa manía es la persistencia del racismo como rasgo ideológico predominante, y en fin lo que hace que los narcotraficantes que explotan a las comunidades puedan mantener su ventaja: realmente la mayoría no ve problema en la persistencia del viejo orden de castas, sólo en el inconveniente de no contarse entre los favorecidos. Indígena es un término de origen latino presente en todas las lenguas de Europa occidental con el mismo sentido de «natural del país», el alemán es el indígena en Alemania y el chino en China.
Los indios son las principales víctimas del orden reinante, son la mano de obra barata de los narcocultivos, tal como lo eran de las industrias milagrosas de la época colonial, como la quina. Quien pensara en su redención no debería quejarse de que se les concedan hectáreas sino que esto no se haga a favor de cada familia o de cada individuo, sino de unas organizaciones que sólo son las instituciones de la esclavitud. ¿Que esas tierras serían más productivas en otras manos? Quizá, pero nadie debería impedir al indio propietario asociarse con emprendedores o venderles sus tierras. O mejor, intentar prosperar como cualquier otro ciudadano favorecido por una reforma agraria efectuada sobre terrenos que ahora están en manos de redes criminales.
(Publicado en el portal IFM el 19 de agosto de 2022.)
