Por @Ruiz_senior
Quedan pocas semanas para la primera vuelta electoral y los candidatos se desviven por convencer a los votantes con sus promesas, que a alguien desarraigado de Colombia le resultan un espectáculo maravilloso: todas son iguales. Ninguno se molesta en defender valores o proyectos de país o de inversión que tengan alguna solidez, y al final cuando a alguno se le ocurre algún regalo que ofrecerles a los votantes, al día siguiente el otro lo copia sin ninguna incomodidad.
El fondo de ese prodigio es la ausencia de ciudadanía: Santos se confía en los votos que le consigan los beneficiarios del presupuesto, a los que compromete con promesas de gasto gracias al cual los alcaldes, gobernadores, congresistas y demás profesionales de la política pueden enriquecerse, según el molde colonial. Las elecciones son una farsa, al final los gobernantes locales son seleccionados por la camarilla reinante y se mantienen gracias a los recursos que les llegan y les permiten a la vez acumular grandes fortunas y pagar a las clientelas que votan por ellos.
Zuluaga por su parte sin duda sabe que sus generosísimas "propuestas" no animan a nadie (como la de llevar a todos los jóvenes a la universidad, genialidad que sólo degradaría aún más esas instituciones con el precio de que las pensiones o los ingresos de los que ya pasaron por la edad de estudiar terminarían pagando la noble idea del prócer), pero cuenta con que los uribistas votarán por él, un poco por la superstición de que el Gran Timonel "pantalonudo" lo remedia todo y otro poco porque no hay alternativa.
Según las últimas encuestas, las posibilidades de Peñalosa de pasar a segunda vuelta menguan, pero podría ocurrir que ante el peligro de enfrentarse a Zuluaga en segunda vuelta Santos y las FARC muevan a las clientelas sindicales y a los estudiantes a votar por el exalcalde. Podría incluso salir Abad Faciolince proponiéndole que se una a Clara López en una sola candidatura, como ya hizo con Mockus y Fajardo en 2010: a fin de cuentas, la Alianza Verde de Peñalosa llevaba en sus listas al Congreso y al Senado a la Marcha Patriótica, que según León Valencia es una marca de las FARC.
La "paz" no tiene resistencia porque todo se ha sacrificado a los intereses mezquinos de Uribe y su camarilla: por eso nunca hubo oposición a Santos, por eso la gente que se opone al terrorismo tuvo que elegir senador a un asesino que tomó parte en la toma del Palacio de Justicia (como dirigente del M-19), por eso no se denuncia la componenda de La Habana como un crimen (para "no aguar la fiesta",
según el columnista Saúl Hernández, como si la complicidad con el mayor crimen de la historia del país se excusara por cálculos que además de indecentes son ineptos).
Yo veo muy difícil ganarle a Santos. Las encuestas no registran la compra de votos a través de los funcionarios que reciben recursos del gobierno central, y aun así en ellas la intención de voto que obtiene el presidente es el doble de la que se registra a favor de su adversario más destacado. Si Zuluaga pasa a segunda vuelta (nadie piensa que obtendrá una votación parecida a la de Santos en la primera) tendrá en contra la suma de votos de la "mermelada" y de la presión de los terroristas y sus frentes urbanos.
Tal vez habría sido posible ganar oponiéndose al crimen de La Habana, que, mientras se rehúye como tema de campaña, avanza con éxito imparable.
Hace poco apareció un artículo en
La Silla Vacía titulado
"La 'ruta mental' de la paz". Es como un comentario a un discurso de Sergio Jaramillo en Harvard (que se cita). Lógicamente no ha habido ninguna respuesta por parte de la supuesta oposición. Voy a comentar ese discurso porque creo que permite entender lo que pretenden los terroristas y su gobierno.
LA PAZ TERRITORIAL
Sergio Jaramillo
Alto Comisionado para la Paz
En el centro de la visión de la paz del Gobierno hay una preocupación por el territorio, y una preocupación por los derechos.
“Derechos” en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto. Pero también en el sentido más amplio de garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio.
El lenguaje es tan vacío como las propuestas electorales. ¿Qué es "una preocupación por el territorio"? La vida colombiana parece un acto religioso celebrado por presidiarios. No puede oír uno a la mayoría de los políticos sin sentir que sólo están pensando en robar y que pretenden tapar esa intención evidente con palabrería. La preocupación por los derechos tiene otro sentido que se empieza a explicar en el párrafo siguiente.
¿Quiénes son las víctimas y qué derechos tienen? Como no hay discusión sobre ideas y valores sino sólo rapiña y forcejeo por los puestos y las rentas, a nadie le importa que se hable de "víctimas del conflicto", noción que en el discurso de Jaramillo se da por sobreentendida. No ha habido una transgresión del derecho penal por parte de unas personas sino un conflicto que generó sus víctimas. A los uribistas no les gusta que se los equipare al gobierno, pero ¿alguien recuerda a uno solo que ponga en duda la responsabilidad de ese asesino sin cara, "el conflicto"?
De modo que el primer derecho de las víctimas según los valores de todas las culturas sería el castigo del victimario, pero como se trata de una componenda para lucrarse del fabuloso botín del crimen, eso se olvida y se atribuye todo a un victimario abstracto. Y no, las "medidas" no son el comienzo de los "derechos" (en Colombia se dice cualquier cosa, a nadie le importa lo que se diga porque todos tienen los ojos fijos en el cofre a ver cuándo hay ocasión de meterle mano).
De modo que la medida más efectiva de protección no es el castigo del que ha matado, violado, secuestrado, mutilado, extorsionado y oprimido de mil maneras, sino el premio de esas acciones para que no tenga necesidad de seguirlo haciendo. Insisto, eso también lo comparten los uribistas y si no le han contestado (ni le contestarán) a Jaramillo es porque su nivel intelectual es un poco más bajo, cosa que ya es para echarse a llorar.
¿Qué es poner fin al conflicto? De nuevo la falacia continua de legitimación del terrorismo, que es el núcleo de la llamada "paz". Cuando a uno lo atracan, la entrega de la billetera se puede llamar "poner fin al incidente". Eso es lo que quiere decir Jaramillo. Ciertamente no van a poner fin al "conflicto" porque en cuanto es legítimo levantarse para abolir la democracia y apropiarse de grandes extensiones de tierra para producir cocaína y explotar ilegalmente la minería (no sólo respecto a las leyes mineras sino respecto a todas las leyes: se trata simplemente de la esclavitud, tal como lo es la producción de cocaína, cuyos principales usufructuarios son del medio social de Jaramillo y gente así), pues las reclamaciones crecen y crecen y la sociedad cede y cede porque cada vez hay más violencia y es más apremiante rendirse a cualquier costo: la toma del Palacio de Justicia fue el
resultado de los acuerdos de "paz" de Betancur y los terroristas que participaron reclamaron el juicio de los traidores de la paz.
Es decir, Santos y su gobierno
se hacen parte de la banda terrorista y reclaman toda clase de ventajas para su nueva entidad. Los cabecillas terroristas pedirán más y más, hasta un régimen de esclavitud parecido a Cuba, y todo el que se resista de alguna manera será responsable de que no se haya alcanzado la paz. Es verdad que eso ha ocurrido con la complicidad de la mayoría de los colombianos, pero la de los políticos en los que la gente desprevenida confiaba, los únicos que podrían haber liderado el rechazo a esa monstruosidad, es más grave.
Lo de "garantizar los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio" es de nuevo la misma lógica: la legitimación de la existencia de las guerrillas comunistas como respuesta a una ausencia de derechos (no como proyecto criminal sino como reclamo legítimo). Esa falacia sigue en todo el discurso.
Es bien sabido que es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes. “Instituciones” no sólo en el sentido de entidades, sino también del conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública y que son indispensables para la creación de condiciones de cooperación y convivencia.
Instituciones que naturalmente salen del acuerdo con los que matan, violan, mutilan, secuestran, despojan y humillan. La desfachatez de este canalla es la medida exacta del respeto que sienten los colombianos por sí mismos.
El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto –aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad–, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad.
Además de la cháchara legitimadora del terrorismo hay algo más gracioso, que también remite a la conciencia de todos los colombianos. No todos quieren premiar a las FARC ni someterse, pero ninguno concibe el mundo sino como creado: como aplicación de unos arquetipos concebidos por un demiurgo inescrutable. Así nos encontramos con que hay fenómenos ("países") que pueden tener fallas en su institucionalidad (como un automóvil al que le falta una pieza), debido a los cuales se genera el "conflicto". ¡A esa institucionalidad le faltaban prestaciones! Y de ahí surge que ciertos grupos de las clases altas creen el Partido Comunista y sus frentes armados (ni hablar de las grandes fortunas invertidas por los soviéticos en la creación de las FARC).
La mentira no puede ser más descarada: la insurrección comunista no es el resultado de que alguien no tuviera "derechos" satisfechos sino exactamente la causa de que eso ocurra. Como los "países" son trozos de la corteza terrestre habitados por grupos humanos heterogéneos, la posibilidad de garantizar derechos y proveer bienes no surge de la naturaleza sino de la posibilidad de asimilación de conocimientos y valores que se crean en las sociedades más humanizadas.
En rigor, el Partido Comunista y las guerrillas son expresión de la clase burocrática, de los descendientes de los encomenderos, ansiosos de apropiarse de todo e ilusionados con la nueva fórmula que promete permitirles seguir disponiendo del trabajo ajeno.
De modo que para "asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad" se entrega territorio a bandas criminales y se premian sus hazañas, como si eso no fuera exactamente la razón por la que las han cometido (la certeza de que los intereses de los de arriba los conducirán al éxito). Es necesario insistir en que el núcleo del discurso de Jaramillo y el gobierno es la legitimación del terrorismo. Esa legitimación la comparten los uribistas, sólo que añaden lo de "paz sin impunidad" para a la vez "no aguar la fiesta" y parecer descontentos.
Estos dos puntos están en el corazón de los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de participación política. Más adelante los volveré a tocar.
Es decir, que las FARC van a facilitar la democracia y a hacer carreteras y hospitales, toda vez que existen porque la institucionalidad falló en eso. Es la mentira de un criminal que reproducen todos los poderosos en Colombia porque todos esperan quedar bien situados respecto del nuevo poder.
Sobre el Acuerdo de participación política, rigurosamente la abolición total de la democracia, escribí
un post hace un tiempo.
Lo que me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual.
Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz.
Eso es lo que llamo la paz territorial y sobre eso quiero hablar hoy.
Lo de "hacer valer los derechos de todos por igual" es como promesa de candidato, pero el fondo siempre es el mismo: atribuir los crímenes al "conflicto" y legitimar a los criminales. Más interesante es lo de "movilizar a la población de esos territorios alrededor de la paz". Se trata de convertir a los criminales en autoridades por medio de esa "movilización". Ya he explicado en el texto sobre el acuerdo de participación política que las urnas ceden ante las organizaciones sociales, es decir, ante las FARC erigidas por el acuerdo como representantes de la sociedad.
La palabrería habitual (que define al país) se hace un absurdo total: el enfoque de derechos es la abolición de las urnas, reemplazadas por las bandas de asesinos, cuyo intento de implantar un régimen de partido único resulta una respuesta a la falta de pluralidad. No importa, es en Colombia, nadie está para pensar en esas cosas
La fase de transición
La idea básica de este proceso es que primero hay que terminar el conflicto para luego abrir una fase de construcción de la paz. Eso fue lo que acordamos con las FARC en el Acuerdo.
General que firmamos en agosto de 2012: “iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a una paz estable y duradera”.
Una idea obvia, pero no en Colombia: paremos el conflicto para poder dedicarnos a construir la paz.
Es lo que he llamado en otra ocasión la transición: una tercera fase luego de la firma del acuerdo final en la que se inicia un diálogo en los territorios para discutir entre todos cómo desarrollar y poner en práctica lo que se ha acordado en La Habana.
Por eso el proceso de paz no se acaba, sino más bien comienza de verdad con la firma del acuerdo.
Es decir, en cuanto se reconoce legitimidad a los criminales y se tolera que controlen territorios en los que no rigen las leyes, se empieza una fase de transición en la que la sociedad se acostumbra a su dominio. Ya la paz con el M-19 da ejemplo de lo que espera: los asesinos convertidos en maestros de moral,
las bibliotecas dedicadas a honrar el nombre de los que organizaban secuestros. Hasta el auditorio de la Universidad Distrital se llama "Hermanos Sanjuán" en honor de los secuestradores y asesinos de los niños Álvarez Murillo. Con las FARC armadas y dueñas del país la alternativa es otra Camboya (para evitar cualquier resistencia) o por lo menos otra Cuba.
Porque cuando el comisionado de paz habla de terminar el conflicto no alude a que las FARC se disuelvan, sino a que disfruten de sus negocios sin incomodidades y expandan su poder sin declarar que son los autores de las extorsiones y los asesinatos.
La paz como una oportunidad
Las bases de la transición son los puntos que estamos desarrollando en La Habana y que acordamos en 2012 en el Acuerdo General. No son todos los temas de la agenda nacional, sino los necesarios para asegurar la terminación del conflicto y la construcción de la paz.
Aquí vale la pena volver a insistir: nosotros no acordamos discutir estos temas por cuenta de las FARC, sino de los colombianos. Acordamos discutirlos y estamos llegando a acuerdos porque estamos convencidos de que esas son las reformas que hay que hacer para que la paz eche raíz y Colombia tenga un futuro distinto a la violencia. Para eso estamos en La Habana.
Las FARC –y eventualmente el ELN– tendrán por supuesto que hacer su parte, que no es sólo dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, sino también contribuir de diferentes maneras a la implementación de los acuerdos, incluyendo la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Que las guerrillas dejen las armas es por su puesto una condición ineludible de la transición. Pero no es lo principal.
Es decir, ojo al ingenio del hombrecillo, ¡la dominación de los criminales es una obligación que tienen de contribuir a la implementación de los acuerdos! Es un deber que tienen con las víctimas del conflicto. (No recuerdo al primer uribista que le vea algún problema a lo de "
paz sin impunidad", y es lógico: ni siquiera les interesa entender que las FARC no están pidiendo perdón sino que se están erigiendo en autoridades,
sin que ellos sean obstáculos para eso.)
Lo de "dejar las armas" es una forma astuta de hablar de "dejación de las armas": se puede entender como que las van a entregar, cosa que está manifestando Jaramillo que no harán pero que alguien podría entender como que sí. Las tendrán guardadas mientras destruyen o controlan las instituciones, momento en que serán los amos absolutos.
Lo principal es lo que pasa después. Lo principal es entender la paz como una oportunidad,como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cincuenta años de guerra. Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto.
La deshonestidad congénita del colombiano se pone de manifiesto en esos plurales. ¿Quiénes no "hemos" logrado algo? Jaramillo se hace portavoz de todos los colombianos tal como lo hace cualquier otro propagandista de las FARC. Los cincuenta años de "guerra" son otra falacia. Las FARC eran sólo el movimiento estudiantil y unos pocos asesinos armados hasta que empezó Belisario Betancur a reconocerlos y premiarlos. Esa determinación de renunciar a la ley es lo que ha "mantenido vivo el conflicto",
como explicamos en este video y en
éste.
Desgraciadamente la retórica de la guerra y la paz no tiene respuesta, a nadie le parece que no ha habido ninguna guerra que no haya con cualquier otro grupo criminal. Ahora resulta, gracias a la retórica, que "la sociedad" o "los colombianos" somos responsables de que los gobiernos siempre estén violando la ley para sacar réditos de la alianza con los criminales.
Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafíos para dar saltos en su desarrollo. Pregunto: ¿Franklin Delano Roosevelt hubiera podido poner en marcha las transformaciones en materia de regulación del sistema financiero, de obras públicas y de política social que fueron la base de tres o cuatro décadas de crecimiento y bienestar, sin la presión de la Depresión?
¿Se entiende la comparación con Roosevelt? La presión del "conflicto" (las masacres de los psicópatas comunistas) ofrece la oportunidad de proveer derechos a todos (cosa que les suena bonito a todos sin que nadie entienda cómo ocurre). Las masacres, secuestros, violaciones, mutilaciones y demás no sólo son búsqueda de derechos sino también necesarias para crear instituciones sólidas que los provean, no basadas en la aplicación de la ley sino en el acuerdo con los transgresores.
Este hombre representa al gobierno que representa a los colombianos, y de hecho no hay casi ningún colombiano que esté en desacuerdo con esas perlas. Es que los terroristas expresan a la sociedad, no los mandaron de la luna para castigar el desperfecto institucional.
Por supuesto que no. De la misma manera, tenemos que aprovechar la oportunidad y la energía de la paz para crear los incentivos que con el tiempo lleven a cambios reales. No hay posibilidad de que Colombia progrese de manera equitativa y sostenida si no resolvemos el problema del campo y clarificamos y protegemos los derechos de propiedad de la tierra.
¿Alguien entiende a qué se refiere con "incentivos"? Seguramente a algo que después se explicará, pero sin duda relacionado con acuerdos aún no publicados con los terroristas. Lo de los derechos de propiedad de la tierra ya es el colmo del cinismo: toda la tierra es de las FARC y sus mentores de la oligarquía, toda vez que no hay ningún propietario que no les pague extorsión. "Clarificar" es un verbo que alude seguramente a una reforma con la que los terroristas se harán además titulares de la tierra. A fin de cuentas tienen decenas de miles de millones de dólares para arreglar el futuro de Jaramillo y su familia, que obran como agentes de un despojo monstruoso.
Los acuerdos
Ya hemos logrado dos acuerdos, que sientan el marco para la implementación de los demás.
El primero, en materia de desarrollo rural, busca como ya dije transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrar la enorme brecha en entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población.
El Gobierno no cree que existan “condiciones objetivas” que justifiquen que alguien empuñe un arma contra otro. Pero si cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca. Además por su puesto de la presencia de los grupos ilegales y de la misma violencia.
Por eso digo que este proceso busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos, especialmente de aquellos que han vivido en la periferia del país, en las márgenes del país, y que han sufrido el conflicto en carne propia.
Es la retórica de siempre: ¿de qué modo el reconocimiento del poder de una banda criminal va a ayudar a garantizar los derechos de unos ciudadanos que habitan en el campo? La dulce transformación del campo es sólo el pretexto para desviar varios millones de pesos de cada colombiano a los terroristas y a los tinterillos que los representan, la nueva clientela todopoderosa que asegura el poder de Santos y su camarilla. Es como si los colombianos entregaran la billetera para enriquecer aún más a quienes los han asesinado.
Claro que ese despojo no cierra ninguna brecha porque sólo es concentración de la renta petrolera y minera en manos de los jueces y las ONG, detrás de las cuales siempre están los terroristas. No van a garantizar los derechos de nadie porque precisamente los comunistas se los han estado negando a sus víctimas desde los años cuarenta. Es como nombrar rector de un colegio a Alfredo Garavito para asegurar la educación moral de los niños.
La idea de los planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población es la vieja mentira de que los terroristas se alzaron en armas porque no había oportunidades en el campo, pero esta vez con el designio manifiesto de cometer un peculado gigantesco. Las oportunidades en el campo sólo consisten en que los terroristas no estén más, cosa que se consiguió en gran medida durante los gobiernos de Uribe, con resultados muy notorios.
La violencia florece porque las universidades forman revolucionarios, no porque haya miseria en el campo. La violencia de los revolucionarios es la causa de la miseria en el campo.
Los derechos de los colombianos más desvalidos han sido conculcados por los terroristas. Convertirlos en sus esclavos (entregándoles a los victimarios el control sobre vastas zonas) es despojarlos de sus derechos de forma más atroz. Pero ya están acostumbrados a llamar "dar" al acto de quitar.
El segundo, sobre participación política, busca como ha dicho el Presidente Santos romper para siempre el vínculo entre política y armas y restablecer una regla básica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas; y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia.
La desfachatez de esta gente no tiene límites: no se puede decir que se va a romper el vínculo entre política y armas cuando se demuestra que la forma correcta de hacer carrera política es matar gente. No se va a disuadir a ningún asesino de tomar las armas si se premia a quien lo hace: precisamente es lo que más multiplicará los crímenes, la certeza de que no hay una ciudadanía ni un Estado que respeten ni hagan respetar la ley. Las promesas sólo son engaños.
Pero es que además ese acuerdo significa exactamente el despojo de derechos de los ciudadanos, pues los legisladores no serán elegidos sino nombrados por los terroristas y sus socios del gobierno, que tampoco fueron elegidos para eso. Tal vez sí tengan éxito cuando hayan implantado el régimen de terror, como en Cuba o en Corea del Norte, y a nadie se le ocurra tomar las armas para defender la libertad. De eso se trata.
Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinación de violencia y política, es mucho más.
Es mucho más porque al marcar claramente la raya entre violencia y política, se estabiliza definitivamente el campo de la política: todo lo que juegue por la reglas, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radical, es lícito y legítimo. Y todo uso de la violencia es simplemente eso: violencia criminal.
¿Cómo se va a establecer la raya entre violencia y política cuando se premian los cientos de miles de asesinatos, las decenas de miles de secuestros, de violaciones de niñas, de mutilaciones, de extorsiones y demás atrocidades? Es como forzar a comer excremento para curar el mal aliento.
Eso hará la política colombiana más rica y más democrática; y también más agitada y más contestataria. No hay que tenerle miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia.
Y hay que confiar en que la democracia es el mejor mecanismo de consolidación de la paz. Por eso hay que dar más voz y tomarse en serio los derechos políticos de quienes han estado al margen de la vida política del país.
Claro que hay que tenerle miedo a la violencia: de eso se trata la paz, de someter a los colombianos por el miedo. La causa de la violencia es el miedo a la violencia. Para esa paz es para lo que empezaron a matar.
Pero el segundo párrafo explica el sentido de todo el discurso: quienes han estado al margen de la vida política del país son exactamente las personas asesinadas y sometidas por los sicarios de Enrique Santos Calderón, de Daniel Samper Pizano, de Gabriel García Márquez, de Antonio Caballero, de Alfredo Molano (éstos eran los redactores de
Alternativa). Ahora a los asesinos, subalternos de la oligarquía, se los hará amos y se presentará esa infamia como la restitución de derechos que alguien les había quitado. Mayor descaro es imposible. Toda la infamia de la tal paz se resume en eso.
Una campaña para construir la paz
No hay manera de implementar todo lo anterior si no se moviliza a la población. Con lo que paso al tema de la participación.
En esto hay que pensar en grande: en una verdadera campaña nacional de participación que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la paz. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de planeación participativa “de abajo hacia arriba” en los territorios.
Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios.
Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción.
Todo esto no es una utopía, se ha hecho en otras partes del mundo. Brasil y la India son buenos ejemplos. ¿Cómo no lo vamos a hacer en Colombia si se trata de construir la paz?
Necesitamos que todos los sectores de la sociedad –campesinos, indígenas, afro descendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la Iglesia– se sientan parte de un mismo proceso, que la paz es de ellos y con ellos, que todos pueden y deben aportar.
Necesitamos también despertar el entusiasmo de la población urbana, en especial de los jóvenes, que piensen en ese otro país y salgan a las regiones.
Las universidades deberían estar ahí. Los estudiantes deberían estar ahí. No sólo capacitando y acompañando procesos de planeación participativa, sino ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural.
La campaña consistirá en una enorme inversión de recursos públicos para legitimar a los terroristas, de modo que con el cuento de la paz se profesionaliza a cientos de miles de activistas de las FARC y sus socios urbanos, dedicados a imponer el control en las zonas rurales y a adoctrinar a la población. La "planeación participativa" es el proyecto de organización de esa dominación invirtiendo para ello recursos públicos fabulosos: siguiendo una vieja estrategia, se organizará a las comunidades fragmentándolas y convirtiendo a la fuerza en sus representantes a los agentes de las FARC. Es la vieja "democracia corporativa", el Trust Münzenberg, a que siempre han aspirado las FARC.
Claro que también esa tarea de construir la paz (de implantar el terror comunista sin resistencia) se presentará a ojos de los idiotas como ¡castigo a los terroristas! Se los "obligará" a hacer "trabajo social". A hacer de mandarines sobre los hijos, hermanos, cónyuges y padres de la gente a la que han despojado y asesinado.
La transformación de esos territorios es la implantación del dominio terrorista a través de dichas comunidades: las instituciones de la democracia se suplantan por esas entidades controladas por los terroristas. La organización de mujeres, de "afrodescendientes", de campesinos, de jóvenes, de LGBTI, de maestros, de artistas, de minusválidos, de amigos de la ópera, etc., son la abolición del derecho al voto, porque los representantes elegidos no pintarán nada. Por no hablar del enorme poder clientelar que representarán los constructores de paz en esas regiones.
Claro que intentarán hacer que la gente sienta como propio el esfuerzo de reconstrucción: se llama adoctrinamiento y dominación. La gente que lo siente como propio es la que recibe recursos públicos por colaborar con los terroristas, la demás gente ayudará a pagarlo, aunque la "vacuna" esta vez es sobre todo a los demás colombianos, y naturalmente los recursos pasarán por un peaje que controlan los de siempre: el hijo de Ernesto Samper es el que dirige los pagos de la ley de víctimas.
La mención a las universidades ya es redundante: claro que se trata de eso, de una nueva clientela que sirve al orden en que reinan los de
Alternativa, que dedica sus esfuerzos a divulgar la ideología aprendida y a asegurar la dominación de siempre.
¿Qué es lo que negocian el gobierno y las FARC? ¿Alguien podría mostrar alguna diferencia entre lo que dice este tipo y lo que dirían las FARC? Se trata de la aplicación del programa de los terroristas. Y los incautos siguen pensando que se puede discutir sobre si los de las FARC van a la cárcel o no (espoleados por los políticos uribistas, que saben de qué se trata pero sólo están pensando en su carrera y buscarán colocar a sus fichas en el esfuerzo de paz y premiar a las FARC, tal como ya premian al M-19 llevando a sus líderes al Senado).
Una nueva alianza
En el fondo, se trata de poner en marcha un modelo nuevo e incluyente de construcción y fortalecimiento de las instituciones en las regiones.
El Estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para “traer el Estado”, se quedó sin aire. He hecho parte de esos esfuerzos y conozco sus méritos y limitaciones. Y estoy convencido de que así el Estado nunca va a “llegar” a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad.
Pero tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta. Esa es una lógica de fragmentación, que ha sido nuestra enfermedad histórica.
Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar.
Una alianza en la que los programas gubernamentales, las autoridades regionales –en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores será fundamental– y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local.
Ese "modelo nuevo" es el régimen comunista y las "comunidades" son las bandas terroristas pagadas por los demás colombianos. La alianza entre el Estado y las comunidades es la alianza entre los clanes oligárquicos y los terroristas. Las prácticas y normas que producen bienestar son exactamente las que imperan en Cuba. Los gobernadores y alcaldes serán impuestos por los terroristas aliados con el gobierno, ya que tras esa enorme provisión de recursos esos clanes se aseguran el dominio por medio siglo, de modo que los adoctrinados de ahora se convierten en mandarines en las regiones y gracias a esas rentas controlan la elección de gobernadores y alcaldes. No les conviene abolir las urnas, sólo controlarlas usando el miedo a la violencia, es decir, el miedo, para someter a la población. Ah, y el cuento de los territorios, ya que fuera de Colombia (y dentro, toda vez que la gente que ha terminado la secundaria a veces cree que la población del país
puede ser de 10.000 o de 10.000.000.000 de personas) habrá quien crea que esos territorios están poblados por millones de excluidos que se rebelan y quieren implantar el comunismo.
Es decir, queda claro: las hectáreas remotas y una población a la que mantendrán en la miseria se vuelven el pretexto con el que el orden de siempre, "legitimado" por la ideología de Mugabe y Pol Pot, de Romaña y Jojoy, hegemónica en las universidades, despoja a los excluidos de siempre, la inmensa mayoría de la población que habita en las ciudades y las zonas de alta densidad demográfica.
El cambio que prometen sólo es un retroceso monstruoso hacia la esclavitud, la multiplicación del parasitismo funcionarial y ciertamente de la violencia, pues esa dominación y ese despojo requieren terror para poder funcionar.
Esa alianza a mi juicio sólo es posible tejerla alrededor de la construcción de la paz.
Tenemos una ventaja: no comenzamos de ceros. Hay programas importantes de la sociedad civil que han avanzado en esa misma dirección. Y tenemos nuestra propia experiencia. Pero hay que construir algo nuevo.
Los obstáculos sin duda son enormes: la corrupción, el clientelismo, las redes de intereses creados y del crimen organizado amenazan cualquier intento de reconstrucción. Pero si no lo logramos en un período de excepción como es la transición, con los recursos de todo tipo que movilizaría una verdadera campaña de construcción de la paz, no lo lograremos jamás.
Siempre hay que traducir la jerga de la propaganda: la "sociedad civil" son los frentes terroristas de estratos más altos que ejercen tareas no armadas, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y muchas otras. Claro que han avanzado mucho, la acción combinada con las FARC simplemente pasará a ser legal.
Este prócer es colombiano, es decir, tiene una relación especial con las palabras. El mayor crimen de toda la historia del país, el asesinato de cientos de miles de personas para implantar la tiranía y la alianza de funcionarios perversos con los asesinos se ve amenazado por la corrupción y el clientelismo. ¿Es posible concebir mayor corrupción y mayor clientelismo que esa componenda que dará sentido a los crímenes (para eso se cometieron) y convertirá en amos a los criminales? Las cantidades que se han robado los políticos deshonestos (es decir, los que hacen la "paz") en el último siglo serán una bicoca comparadas con las que esperan robarse gracias al cuento de la paz.
En ese mismo orden las FARC son algo distinto de "las redes de intereses creados y del crimen organizado". El colombiano es eso, un subhumano que llama crimen a lo que no le conviene. Gracias a la "paz" los que en otro país serían llamados asesinos y terroristas resultan los agentes de la ley que combaten al crimen organizado. Los "recursos de todo tipo" aluden a los millones que le quitarán a cada colombiano (Rudolf Hommes y Pablo Laserna habían hecho un cálculo, sin duda frotándose las manos) para repartir entre sus clientelas. El sentido del atraco es directo, evidente: el que no quiera que le hagan volar a los hijos, que les dé la plata.
Espacios de reconciliación
Las ventajas de esta campaña son muchas.
Primero, resolveríamos el problema de credibilidad. Hay que vencer la desconfianza natural de las comunidades, lo que Jean Paul Lederach llama la “distancia” que sienten frente a cualquier esfuerzo de construcción de paz quienes han tenido que vivir y sobrevivir en medio de la violencia.
Eso es así en un país que ha padecido un conflicto tan largo como el colombiano. Hay regiones donde desde hace veinte o treinta años las comunidades han visto pasar programa tras programa del gobierno y están llenas de incredulidad.
El comienzo de la solución está en que sean actores y no simples receptores de esos programas. En que vean que sus derechos también cuentan. En la medida en que las instituciones responden, la gente es más consciente de sus derechos y exige más. Así se construye institucionalidad.
Segundo, en ese marco es posible repensar los procesos de reincorporación de las guerrillas. Colombia tiene una larga experiencia en estos procesos y una agencia fuerte de reintegración. Pero si estamos pensando en transformar los territorios y crear institucionalidad sobre la base de la participación y la inclusión, estos procesos no se pueden limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del proceso de reconstrucción territorial.
No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos.
Tercero, un ejercicio de ese tipo es también una forma de construir espacios de discusión en el nivel territorial –la llamada “esfera pública”– para deliberar alrededor de propósitos comunes y recuperar las reglas básicas de respeto y cooperación.
Por esa misma razón, esos espacios de deliberación son también espacios de reconciliación.
La gente tiene tan bellos derechos que lo que elija en las urnas no importa. Es la lógica del totalitarismo, en el que la justicia con los pobres de la tierra se consigue masacrándolos, esclavizándolos y excluyéndolos de la política. Aquí la magia consiste en convertir a los universitarios que llegaron a extorsionarlos y robarles sus hijos en sus representantes.
Hace falta mucha mala fe para no ver que todos los espacios de discusión y demás maravillas son simplemente oportunidades de poder para los terroristas, con quienes Santos y su camarilla se reparten el fabuloso tesoro de la riqueza energética y minera. Y de paso se aseguran cualquier rechazo, pues la "dejación" de las armas sólo significa que mientras manden no las usarán pero siempre entenderán que cualquier insumisión es violación de sus "derechos adquiridos" y volverán a matar. ¿Para qué las iban a conservar?
La idea de que se trata de "reconciliación" es otro aspecto de la legitimación de los crímenes: el Partido Comunista no se dedicó a organizar bandas de asesinos porque odiara a nadie ni porque nadie estuviera enemistado con otro, sino porque era una forma eficaz y promisoria de tomar el poder y convertirse en la nueva oligarquía. Los miembros de las FARC no odian a nadie, ni están enemistados con nadie, sólo tienen una industria formidable cuya base es la esclavitud de diverso tipo, y cuya mayor renta es la "paz" que estos canallas les proveen.
La justicia y la paz territorial
Todo lo anterior requiere innovación, requiere creatividad. Hay que pensar distinto, no sólo en cómo hacer las cosas, sino en para qué las estamos haciendo. Eso incluye pensar de nuevo la relación entre la justicia y la paz en un proceso de paz.
Si entendemos la construcción de la paz como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer derechos, tenemos un marco para ponderar mejor los intereses de la justicia con los de la paz. Siempre y cuando entendamos“justicia” en el sentido amplio de la palabra, como solía definirla John Rawls: como un “sistema equitativo de cooperación en el tiempo”, en el que “cooperación” significa observar unas normas y procedimientos, con sus correspondientes derechos y deberes, que todos aceptan y que regulan su conducta. Y que los aceptan precisamente porque cooperar trae beneficios recíprocos para todos.
Si pensamos en la justicia de esta manera, entendemos que el objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizado derechos y bienestar, y asegurar la no repetición del conflicto.
Toda la palabrería tiene por objeto crear la separación entre "justicia" y "ley" y tapar los hechos de los terroristas, que dejan de ser crímenes a los que toda noción de justicia plantea castigar. Ser creativos e imaginativos quiere decir renunciar al derecho penal y legitimar a los asesinos. La "reconstrucción equitativa del orden social" es otro nombre para el poder de los terroristas: no hay ningún orden social que se haya roto por el conflicto sino un genocidio emprendido por una minoría aliada de los dueños sempiternos del país. En la mayor parte de esos territorios la población es nueva y no hay normas que se vayan a restablecer porque la población a menudo crece a medida que avanzan los cultivos de coca. Todo es puro lenguaje legitimador del terrorismo, que no resulta una conjura criminal sino una expresión legítima contra la exclusión.
Lo de la no repetición es el colmo del descaro: los asesinos quedarán impunes, riquísimos, dueños del presupuesto y plenamente legitimados, pero además conservarán las armas por si no se les obedece. Pero ¡eso asegura la no repetición del conflicto!
Es decir, el conflicto surge del hecho de que ellos no dominaban, y no se repetirá porque nadie se atreverá a alzarles la voz. Esa dominación se llama "derechos", según la tradición colombiana.
La justicia transicional es un componente fundamental, pero sólo un componente de este esfuerzo mucho mayor de reconstrucción.
En ese marco y con un enfoque de derechos podemos hacer una ponderación justa entre los derechos de las víctimas directas y los derechos de los demás habitantes del territorio. ¿Cómo decidir a quién distribuir la tierra, a las víctimas, a campesinos sin tierra, o a excombatientes? O, a un nivel más general, ¿a qué se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevención de futuras violaciones y a la desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades?
No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de hacer justicia en el territorio de la manera más amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas.
Lo dice claramente: van a redistribuir la tierra, es algo importantísimo porque quien decidirá a quién redistribuirla son los terroristas. Es decir, el viejo despojo, de muchas décadas, de todos los pobladores rurales (ya se dio en los años cincuenta con los paeces de Icononzo) sencillamente se multiplicará, afianzará y legalizará. Las víctimas no lo serán las personas asesinadas, mutiladas, secuestradas, violadas y despojadas por los terroristas sino ellos mismos, pues el autor de todos los sufrimientos es el maldito conflicto y quién decidirá a quién resarcir son los jueces que nombran los mismos que encargan las masacres.
Colombia es un muladar: sólo en un infierno de canallas sin nociones morales es concebible que el derecho penal se dedique a prevenir futuras violaciones. La "desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades" es el nombre del régimen de terror que impondrán los terroristas en todo el territorio: las "comunidades" son ellos y sus encomendados, las amenazas son cualquier intento de aplicar las leyes. La tarea del derecho penal es la supresión del derecho penal, ésa es Colombia.
Los enemigos del proceso han querido reducir el fin de una guerra de cincuenta años y la construcción de la paz a una sola pregunta: “¿los guerrilleros se van a la cárcel, sí o no?” Por supuesto que hay que discutir sanciones, en especial de los máximos responsables de los crímenes internacionales. Ya lo hemos dicho: en Colombia no habrá una amnistía general. Todo se hará en el marco de nuestras obligaciones internacionales.
Los que llama "enemigos del proceso" son los uribistas, que no son en absoluto enemigos del proceso sino exactamente amigos del proceso. Lo dicen con esas palabras.
Pero es muchísimo más: Francisco Santos se atribuía la paternidad de los diálogos, Luis Carlos Restrepo advertía sobre la inconveniencia de oponerse a la negociación y Uribe anunciaba que no serían obstáculo para la paz.
Pero Jaramillo tiene razón en una cosa: lo han reducido todo a la pregunta de si los guerrilleros van a ir a la cárcel. Obsesionados por sus puestos y sus alianzas con las clientelas organizadas, no ofrecen ninguna resistencia a la infamia del premio del crimen, toda vez que tendrían que enfrentarse al fetichismo de la palabra "paz" y ése es un esfuerzo excesivo para ellos. Pusilánimes e ineptos, con la falacia absurda de la "paz sin impunidad" engañan a la gente, a la que hacen creer que los terroristas están pidiendo perdón y se les puede negar y en últimas son cómplices de la infamia del gobierno.
Sobre los ¡CRÍMENES INTERNACIONALES! Jaramillo miente: los terroristas han dicho claramente que no van a ir a la cárcel y si finalmente fueran a ir sería lo primero que habría que acordar. Y no sólo los terroristas, también el fiscal aliado del uribismo (¿o no aplaudieron los uribistas su designación como fiscal?) dice que pagarán con trabajo social (es decir, con puestos de poder).
Pero si se trata de reconstruir los elementos básicos de la justicia en el territorio y de garantizar que las víctimas no sean victimizadas otra vez, cualquier discusión tiene que partir de ese fin.
En todo caso, primero hay que oír la voz de las víctimas, no la de quienes hoy se autoproclaman luchadores contra la impunidad y que ayer poco o nada hicieron por esas mismas víctimas.
Y hay que encontrar una solución que incluya a todos quienes participaron en el conflicto.
Cuando este hombre dice "víctimas" se refiere a los terroristas. Primero porque no concibe víctimas de los criminales sino víctimas del conflicto. Y la consideración de "víctima" vendrá primero del hecho de proclamarse tal (todos los terroristas y sus clientelas), luego del hecho de ser reconocido como tal (por parte de los jueces, fiscales y ONG terroristas que se encargarán de eso) y después de la relación particular que establezcan con los dueños de los recursos.
Durante los ocho años de Uribe se hizo todo lo que conviene hacer respecto de las víctimas: se intentó aplicar la ley y castigar a los asesinos, animando a los miembros de las bandas terroristas a desmovilizarse. De ahí que se redujeran drásticamente los indicadores de violencia. Eso lo trata de negar este hombre a partir de falacias criminales como lo de la responsabilidad del conflicto o la consideración de "víctimas del conflicto" a cualquiera que pueda haber sufrido (por ejemplo, un asesino que va a secuestrar a un niño y sale mutilado por accidente será una víctima).
Más siniestro aún es lo de "quienes participaron en el conflicto". De nuevo la repulsiva falacia de la guerra civil. El ganadero o agricultor que paga el secuestro es una parte del conflicto, el secuestrador la otra. El policía o el militar que intentan aplicar la ley son del mismo bando del conflicto que el ganadero, y pasa como sobreentendido que la formidable y rentabilísima industria del secuestro es tan legítima como el intento de aplicar las leyes.
Se trata del premio a los asesinos, que tendrán jugosas pensiones de jubilación mientras que sus víctimas de todo tipo, si es que aún viven, serán castigadas como causantes del conflicto, según exigencia de las FARC a las que nadie responde. Por el miedo a la violencia el gobierno se las arreglará para que sea así: todos los que incomodaron al M-19 están presos. Con los terroristas mucho más poderosos, el castigo será mucho mayor. Nadie debe dudar de eso.
Tercero, dentro de este marco es posible diseñar un sistema en el que los diferentes programas de reconstrucción y las medidas de justicia transicional se entretejan y refuercen mutuamente. Permítanme dar unos ejemplos concretos.
La restitución de tierras es una medida de elemental justicia en una transición. El gobierno ya puso en marcha un ambicioso programa de restitución, que será mucho más efectivo si la tierra se restituye en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial que acordamos en La Habana.
Ahí está bien descrita la combinación de la reconstrucción y la justicia: a los asesinos los castigarán entregándoles las tierras de sus víctimas. Lo dicen con absoluta claridad.
Otro ejemplo son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que acordamos en el Punto 2. Se trata de unas nuevas circunscripciones electorales, con reglas especiales, para que los territorios más afectados por el conflicto incrementen su representación en la Cámara de Representantes durante el período de transición.
Con esa medida estamos ampliando la participación de quienes por cuenta del conflicto han estado al margen de la vida política del país, estamos integrando políticamente a esas poblaciones y a esas regiones, y estamos reparando a las víctimas. Pocas cosas en una transición a la paz son tan importantes como la activación de los derechos políticos de quienes han sufrido la violencia.
También los programas de reincorporación de las FARC –y eventualmente del ELN– a la vida civil deben contribuir a las medidas de esclarecimiento, reparación y no repetición. Y en la medida que lo hagan, facilitarán la reincorporación, porque las comunidades aceptarán más fácilmente a los excombatientes.
Los territorios son el pretexto para que los terroristas obtengan poder gracias a sus crímenes y a las decenas de miles de millones de dólares que han acumulado secuestrando gente y exportando cocaína que producen esclavos (al igual que en la minería ilegal). Lisa y llanamente la abolición de la democracia, descrita como el paraíso terrenal.
De modo que quienes estaban ocupados matando y extorsionando resultan víctimas excluidas de la vida política y ahora tendrán poder directamente sin necesidad de que haya votantes (no les alcanzan los votos que compran con el producto de sus fechorías ni los que fuerzan con amenazas de muerte, que también contarán). Es fascinante el desparpajo de esta gente: los puestos del poder legislativo que se dan a quienes matan y secuestran se convierten en ¡activación de los derechos políticos de quienes han sufrido la violencia
Se trata entonces de asegurar no sólo que las medidas de verdad, justicia y reparación se refuercen entre sí en una estrategia integral de justicia transicional que produzca un máximo de satisfacción de los derechos de las víctimas y evite la impunidad –esa ha sido nuestra posición–, sino que esa estrategia integral esté inscrita en una estrategia más amplia de toda la transición en los territorios para garantizar derechos.
Se trata del premio de los crímenes, para lo cual se convierte a los asesinos en víctimas, al intento de destruir la democracia en el resultado de un déficit de democracia y a la tiranía de las bandas criminales en el paraíso de los derechos. ¿Alguien supone que los cubanos no tienen derechos maravillosos que no tiene nadie más? Es eso: la imposición de una tiranía comunista con base en la amenaza de seguir con el conflicto. A las bandas de asesinos no se les exige que desistan, sino que se acuerda con ellas el despojo y sometimiento de los demás.
Y todo eso sin resistencia: los colombianos son creacionistas, si no perciben el mismo bienestar de la gente de los países a los que a menudo tienen que emigrar es por un capricho del demiurgo creador, no porque cuando surge una monstruosidad así traten de ver por dónde asoma algún billete o algún halago que los complazca. En el mejor de los casos adoran al Gran Timonel de la pseudooposición que también es entusiasta de la paz pero le pone arandelas para que no ocurra sin él.
Consensos para la paz
De nada sirve poner en marcha esta o cualquier otra estrategia si no tiene un consenso político detrás. Y con eso quiero terminar: con la importancia de construir consensos para la paz.
Lo ha dicho el Presidente: cualquier acuerdo al que lleguemos con las FARC tendrá que ser sometido a un mecanismo de refrendación. Serán los colombianos quienes tendrán la última palabra. Y eso va obligar a que se creen consensos a favor (y sin duda también en contra) de lo que acordemos.
Esos consensos son obviamente fundamentales, pero tenemos que construir desde ya consensos entre los poderes públicos y consensos en la sociedad si queremos llegar allá.
El Presidente Santos ha propuesto un gran pacto por la democracia y la paz. Imposible pensar en una transición de verdad si no tiene detrás un pacto político de esa naturaleza, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional.
Y eso exige lo que en otra ocasión he llamado un acto de imaginación. Una capacidad de vencer el miedo natural al cambio y de vencer también la indiferencia de quienes, sobre todo en el mundo urbano, piensan que las cosas están bien como están. Entre todos tenemos que poder imaginarnos una Colombia en paz.
En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y en contra del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz.
Esa es la tarea que tenemos ante nosotros. Una tarea sin duda difícil en época electoral, pero yo creo que al final primarán la sensatez y el sentido de realidad. Y la realidad es esa: que no va a haber otra oportunidad.
El nombre de eso es atraco, y las mentiras que dice Jaramillo son exactamente las mismas de los terroristas: intentan anular cualquier resistencia a la tiranía del crimen por medio de un referendo que en rigor será simplemente un atraco (para el que encargarán muchos más asesinatos que los que ya se han visto).
De modo que convertir a los asesinos en autoridades es "vencer el miedo natural al cambio" y tratar de aplicar las leyes y defender los derechos humanos (que es la tarea del Estado) es "el pasado".
Lo único con que se puede contar es con que habrá consenso. Ya lo ha dicho Uribe: ellos no serán obstáculo para la paz. Sólo es cuestión de la cuota de poder que obtengan. El que lo dude puede irme mostrando algún comentario, aunque sea vago, de algún uribista a lo que dice Jaramillo.
Todos preferirán la paz y tratarán de aliarse con los nuevos dueños de las tierras y los recursos. Tal vez fue por haber previsto ese futuro de paz por lo que Uribe llevó en sus listas al Senado a un representante del M-19. Pero ¿acaso es falso el rumor de que le ofrecieron un ministerio al angelino León Valencia? ¿Acaso Sergio Jaramillo no era un alto funcionario del gobierno de Uribe, como Gabriel Silva Luján y Mario Iguarán y muchísimos otros filántropos?
El destino de Colombia para el próximo medio siglo está resuelto, claro. La toma del poder por los terroristas traerá decenas de veces más horror y sangre de lo que se ha visto hasta ahora, pero nadie tiene derecho a decir que no lo sabía. Fue lo que aprobaron en estos cuatro años, porque nadie puede decir que Uribe y compañía no han dicho sin cesar "Prefiero la paz", y aun son una minoría en un país poblado por gente nacida para lucrarse del crimen (las FARC y las demás bandas terroristas son lo que sostiene los sueldos fabulosos, decenas de veces superiores a las de quienes trabajan, de los jueces, los profesores universitarios y muchos otros funcionarios) o para someterse indignamente a quienes lo consiguen, soñando con llegar algún día a parasitar a los demás.
(Publicado en el blog País Bizarro el 3 de mayo de 2014.)
