El largo brazo del hampa

En un episodio de la serie Breaking Bad, Jessie y Walter tienen que buscar un abogado y Jessie persuade a Walter de que en esa circunstancia no necesitan un criminalista sino un criminal. Así conocen a Jimmy McGill, que en esencia es un delincuente ejerciendo de jurista.

Eso son los abogados comunistas que dominan las cortes en Colombia. Un abogado comunista es como un santo violador porque su designio es destruir el orden legal. En Colombia son una cofradía que se reparte los puestos de jueces y fiscales y otros cargos que también generan rentas altas, como las ONG del posconflicto.

Cuando la gente lee a García Márquez se maravilla de su imaginación, pero ésta aporta más bien poco, al escritor le bastaba describir lo que había visto. ¿No es de Macondo ver al Fiscal General de la Nación pronunciando en un acto de proselitismo político un discurso en el que elogia a Carlos Lozano, líder del Partido Comunista de Colombia que comparte programa con las FARC, y a Piedad Córdoba, abierta promotora de la banda de las personas bomba, los policías castrados y los niños violados en los campamentos?

Eduardo Montealegre, que antes de ser fiscal presidió la Corte Constitucional, es un jurista macondiano, como muchos de los que redactaron la Constitución de 1991, individuos claramente comprometidos con acciones como el secuestro y asesinato de los niños Álvarez Murillo o de José Raquel Mercado, pocos años antes.

Con la elección de Petro esas personas acceden a un nivel de influencia incomparable porque además de disponer del presupuesto y la capacidad de nombrar funcionarios establecen contacto con aliados poderosos de otros países. Así pueden extender el prevaricato que practican en Colombia.

Buen ejemplo de lo anterior es la persecución al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, al que dos poderosos bufetes de abogados han demandado por lo civil como representantes de Helena Urán, cuyos buenos servicios al narcocomunismo se han visto recompensados con un cargo como asesora de la Cancillería en asuntos relacionados con la No Repetición, en el que la nombró el actual ministro de Relaciones Exteriores, antiguo representante internacional de las FARC, Álvaro Leyva Durán.

La demanda se basa en la acusación infundada de tortura y desaparición forzada del padre de la demandante, el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado con ocasión de la toma del Palacio de Justicia. No hay ninguna investigación formal en Colombia contra el coronel Plazas Vega por esos hechos, pero el caso puede prosperar porque no se exigen pruebas para presentar la demanda, y ha sido admitido a trámite a pesar de que no se han agotado los recursos en el país de origen. La ventaja de los demandantes, firmas de abogados financiadas por redes de organizaciones que recuerdan el Trust Münzenberg de hace cien años y que aparecen descritas en Google como habituales promotoras de las causas de la «extrema izquierda», es que el demandado debe rebatir la acusación, lo que comporta contratar costosos abogados, algo que no está al alcance del coronel. El hombre que se enfrentó a los narcoterroristas que tomaron el palacio para salvar a Pablo Escobar de la extradición y abolir las instituciones democráticas, que fue condenado injustamente a una cruel sentencia de treinta años —de los que pagó ocho que cesaron cuando la Corte de Justicia tuvo que admitir que las pruebas aportadas eran falsas—, y que todavía no ha sido resarcido por el Estado colombiano por el injusto martirio que sufrió, está en absoluta desventaja ante los representantes de las bandas criminales y de los narcotraficantes a los que combatió como funcionario del gobierno de Uribe.

Es una historia macondiana, grotesca, otro caso de realismo mágico en el que la ausencia de la ley conduce a las peores iniquidades. Y lo peor es la relativa indiferencia de la mayoría de los colombianos, que antes relegan al olvido al coronel y su gesta que siquiera preocuparse por las infamias de que ha sido víctima.

La palabra más socorrida en la cómica retórica de Petro es cambio. Curiosamente, Andrés Pastrana ganó las elecciones en 1998 con la Gran Alianza por el Cambio. Colombia siempre tiene ganas de cambio. La muchedumbre de pobres quiere un cambio para convertirse en ricos, para lo cual se suma a los políticos que se lo prometen con fórmulas mágicas, lo cual viene a ser como untarse de excremento para buscar novia. Pero en realidad ¿cuál es el cambio de que habla Petro? La suplantación de las élites por el pueblo oprimido, la vicepresidencia para una mujer negra de origen rural, el aumento de impuestos que se cree que pagan los ricos, la generosidad a costa del empobrecimiento y la hiperinflación…

Pues bien, el cambio en el que las élites pierden el poder y lo consigue la mayoría es exactamente lo que no representa Petro. Su gobierno es el de las élites de siempre, quienes lo apoyan son los profesores de universidad, sobre todo los de aquellas en que estudia la gente rica o los que directamente cobran del Estado, los miembros de las altas cortes, cuyos ingresos son muchas decenas de veces los de un trabajador corriente, los dueños de los medios, como el Grupo Santodomingo y otros semejantes, los sempiternos clanes del poder, con los hermanos Santos Calderón y los hermanos Samper Pizano en cabeza, los sindicatos funcionariales, formados sobre todo por titulados universitarios que disfrutan de prebendas fabulosas en un país miserable…

En lugar del cambio en el que se desplaza a las élites a favor del pueblo, el de Petro es el gobierno de las élites, directamente de los descendientes de los encomenderos (el fundador de la dinastía de los López era el sastre del virrey, y la familia de Antonia Santos era ya poderosa antes de la independencia) y la perpetuación del parasitismo de esos grupos, cuyas fuentes de rentas se multiplican mientras el país se hunde en la miseria, como Nicaragua y Venezuela. De hecho, la funcionaria que demanda indemnización del coronel Plazas Vega es una típica representante de esas élites, como el propio canciller que la nombró, hijo de un ministro de Laureano Gómez y tan responsable de las atrocidades de las FARC como Von Ribbentrop de la invasión de Polonia.

Y el único cambio deseable para que el país salga del realismo mágico y acceda a la prosperidad, para que los salarios corrientes sean de más dos mil dólares y no de menos de veinte, como en Venezuela, para que haya seguridad en las calles y productividad en las empresas, es acabar con ese viejo orden: reducir los impuestos, reducir el funcionariado, reducir el gasto público: arrancar de las manos de esas mafias los recursos de todos.

Y todo eso presupone el imperio de la ley, es decir, que la judicatura no sea un arma de los oligarcas y sus aliados comunistas. ¿No es llamativo que ni Ernesto Samper ni Horacio Serpa ni Ramiro Bejarano hayan pagado nada por la infinidad de crímenes de su gobierno? ¿O que todos los posibles rivales de Santos fueran procesados y en muchos casos encarcelados o tuvieran que convertirse en fugitivos? El apoyo al asno Petro es sólo el conformismo con ese orden de cosas, la renuncia a la ley, la cual es en realidad una novedad en un país acostumbrado a vivir sin ella.

La infame demanda contra el coronel Plazas Vega, que ya denunció Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, es la revancha del hampa oligárquico-comunista tras el fracaso de la infame condena a treinta años que emitió el Tribunal Superior de Bogotá y que fue anulada al cabo de ocho años por la Corte Suprema de Justicia, que era a su vez la venganza por el éxito del coronel dirigiendo la operación que impidió el golpe de Estado que intentaba dar la banda de asesinos creada por el régimen cubano y sus agentes en Colombia, Enrique Santos Calderón, Gabriel García Márquez y muchos otros patricios, absolutamente seguros de quedar impunes. Como señala acertadamente la señora O’Grady, un intento de reescribir la historia del M-19 en las cortes estadounidenses.

El apoyo al coronel ante esta iniquidad es el primer deber de quien de verdad desee vivir en una república democrática.

(Publicado en el portal IFM Noticias el 14 de mayo de 2023.)