Publicado en el blog Desenlace sin fin el 21/08/07
En su edición del sábado 18 de agosto El Tiempo publica un artículo de Carlos Gaviria que vale la pena analizar porque cada frase de ese escrito es una falacia criminal, pero encuentra terreno abonado en la tradición ideológica colombiana. Veamos la entradilla:
”El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios.”¿Quién defendía al gobierno? Si uno mira el origen de las AUC, por ejemplo los Castaño Gil, se trataba de una familia de narcotraficantes que rivalizaba en el negocio con el Partido Comunista, luego promotor de Carlos Gaviria. ¿Qué se está diciendo dándolo por sobreentendido? Que como el PCC traficaba con drogas, secuestraba gente y mataba soldados para destruir el régimen político quienes les estorbaran en esas actividades eran todos por un igual defensores del régimen político. Al Capone se enfrenta a la policía, y en cuanto probable rival en algún momento, Lucky Luciano es el representante de la policía. Es la lógica implícita y a todas horas presente en la retórica del entorno PDA-FARC. Veamos la primera frase del texto:
El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo.
Lo primero es completamente falso: ¿qué filosofía liberal va a considerar lícito destruir las instituciones aceptadas por la gente? La legitimación de la violencia política forma parte del acervo del fascismo, en cuya retórica se llamaba “violencia caballeresca”. Pero ¿qué dice la frase? Que la filosofía liberal “reprocha” el uso de las armas. “Es ilegítimo, luego se trata con benignidad”. “Te reprocho tu conducta, luego te perdono la mitad de lo que me debes”. Sólo en un país de contrahechos morales puede hacer carrera una retórica semejante. Pero ¿qué clase de levantamiento armado es la guerrilla colombiana? Ya lo veremos. Sigue Carlos Gaviria:
Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.
¿Puede concebirse un cínico mayor? El levantamiento de la Revolución francesa se autojustificó en el hecho de que pretendía encarnar la voluntad de los ciudadanos contra un régimen que no la tenía en cuenta. El de las FARC y el ELN lo es para suprimir esa voluntad, para imponer un régimen como el cubano, sin elecciones. Aquí la justificación es al revés: Si se dice “Fulanito tenía hambre, por eso robó un pan” el juez entiende que el hambre es atenuante, por eso alguien que se roba todo el pan para matar a la gente de hambre merece el mismo trato benigno. ¡Qué cínico! Nótese la adjetivación que sigue:
Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos.
En un artículo reciente, Salomón Kalmanovitz explica cómo de lo que se trataba era del constitucionalismo medieval y de la posibilidad de pasarse las leyes por la faja por parte de quienes concentraban el poder. En un post reciente intenté explicar de qué modo de lo que se trata es de garantizar la inmunidad de los poderosos que mandan a su ganado a matarse. Pero el sentido se entiende mejor en la frase siguiente. ¡”Impecable” el retrato de un criminal dicharachero! Sigue Carlos Gaviria:
Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.
¿Se entiende bien? La Colombia del siglo XIX defendía valores liberales (como las FARC), la Europa del siglo XXI, el derecho divino de los gobernantes. Y la democracia es imperfecta, por eso, es lo que se infiere, es lícito tratar de reemplazarla por la tiranía. La indigencia intelectual que reina en Colombia impide ver a estos desalmados como almas en pena de la Colonia. Después:
No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la ‘naturaleza divina del gobernante’ y el derecho divino de los reyes.
¿Se entiende la oposición justa? De un lado el ejemplo estadounidense y europeo de castigar los intentos de implantar la tiranía se convierten en el derecho divino de los reyes, del otro, el intento de imposición de una dinastía como la norcoreana o la cubana, un elemento liberal y liberador. ¿Qué tiene que ver el derecho a elegir a los gobernantes con el derecho divino de los reyes? Nada, una mentira típica con la que tratan de mantener la promesa de impunidad para los tristes niños y rústicos que les cuidan a los rehenes. Y de paso a la clientela de profesores universitarios y demás de la certeza de encarnar el futuro promisorio de la humanidad. Para que un miserable embaucador como éste haya sido magistrado hace falta un país de criminales. Después:
Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica ‘legislativa’ y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en ‘otro mundo’ (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva.
¿Queda claro? Colombia no está madura para la democracia, en “otro mundo” se considera que tratar de despojar a la gente por el terror del derecho a elegir el gobierno es un crimen, Colombia es el tercer mundo, otra realidad, en la que todo eso es lícito porque todavía no hay bienestar como en Suiza sino más bien miseria como en Cuba. Claro que precisamente en Suiza hay bienestar porque está deslegitimado hacer carrera política matando gente (que es lo que han hecho todos los dirigentes del PDA, tanto en el M-19 como en el PCC). Pero no importa, la diferente realidad legitima el asesinato, obvio, ¿quién osará ponerlo en duda? Después:
Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).
Sobre el citado salvamento de voto recomiendo este post. Gaviria protesta porque el homicidio no sea impune (le parece altruista), por eso la mención a los delitos atroces. Sigue:
El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal.
Al fin una verdad: se trata de política criminal, o mejor dicho, de crimen político. La “filosofía política” es el nombre adornado que le ponen a su comunión de intereses con las FARC y a la defensa de su impunidad (solución política negociada) y del premio de sus crímenes (los “atroces” se los achacarán a los más rústicos y pobres, los ministerios serían para los amigos de Gaviria). Pero en un país de criminales no sorprende que “filosofía política” sea el nombre de esos intereses. Después:
Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado.
Se trata de una grave torpeza del gobierno, que busca un recurso leguleyo para facilitar la desmovilización de las AUC. Lo interesante es el manejo retórico de Gaviria, para quien todas esas bellezas de la rebelión política contra la democracia merecen impunidad. Supongamos unas tropas ilegales que efectivamente defendieran el régimen político (las urnas) ¡serían más punibles que el servicio doméstico armado del combo de Carlos Gaviria, porque el delito político se aplica a quienes se levantan contra el orden establecido! Hay que entenderlo: la perversidad criminal de todo eso compromete al mundo que ha permitido que crezcan monstruos semejantes, a toda la Colombia del siglo XX. Hasta la madre debería haber previsto que daría a luz a un criminal, es tan repugnante la mentira implícita. Sigue:
Juzguen los lectores. Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos.
Como ya he explicado, algo así es una acusación contra toda la sociedad colombiana. En una región las guerrillas comunistas imponen su régimen de terror, pero eso se considera altruista y debe quedar impune, caso de fracasar. Pero oponerse a eso no debe quedar impune, pues el derecho, que ha sido suprimido ahí, excluye de la impunidad a quienes no estén contra el gobierno. No, no es este fósil esclavista, son los demás colombianos que leen eso y no vomitan. Concluye Carlos Gaviria:
En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.
¡Pero si se trata siempre de crímenes cometidos antes de este gobierno! ¿Qué tiene que ver defender a un gobierno como el actual? ¿Por qué medios no delictuosos se podrían defender los ciudadanos de la imposición de las FARC o el ELN? Es sencillo: secuestrar gente, cobrar vacunas, tirar cilindros, etc., es legal porque hay magistrados promoviéndolo. Tratar de impedirlo sin el uniforme que autoriza a ser asesinado es un crimen porque el ganadero o el finquero no tienen tanta labia. Colombia tiene que cambiar, tiene que comprender que los criminales ni siquiera son esos niños de la selva sino los embaucadores como este personaje.
”El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios.”¿Quién defendía al gobierno? Si uno mira el origen de las AUC, por ejemplo los Castaño Gil, se trataba de una familia de narcotraficantes que rivalizaba en el negocio con el Partido Comunista, luego promotor de Carlos Gaviria. ¿Qué se está diciendo dándolo por sobreentendido? Que como el PCC traficaba con drogas, secuestraba gente y mataba soldados para destruir el régimen político quienes les estorbaran en esas actividades eran todos por un igual defensores del régimen político. Al Capone se enfrenta a la policía, y en cuanto probable rival en algún momento, Lucky Luciano es el representante de la policía. Es la lógica implícita y a todas horas presente en la retórica del entorno PDA-FARC. Veamos la primera frase del texto:
El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo.
Lo primero es completamente falso: ¿qué filosofía liberal va a considerar lícito destruir las instituciones aceptadas por la gente? La legitimación de la violencia política forma parte del acervo del fascismo, en cuya retórica se llamaba “violencia caballeresca”. Pero ¿qué dice la frase? Que la filosofía liberal “reprocha” el uso de las armas. “Es ilegítimo, luego se trata con benignidad”. “Te reprocho tu conducta, luego te perdono la mitad de lo que me debes”. Sólo en un país de contrahechos morales puede hacer carrera una retórica semejante. Pero ¿qué clase de levantamiento armado es la guerrilla colombiana? Ya lo veremos. Sigue Carlos Gaviria:
Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.
¿Puede concebirse un cínico mayor? El levantamiento de la Revolución francesa se autojustificó en el hecho de que pretendía encarnar la voluntad de los ciudadanos contra un régimen que no la tenía en cuenta. El de las FARC y el ELN lo es para suprimir esa voluntad, para imponer un régimen como el cubano, sin elecciones. Aquí la justificación es al revés: Si se dice “Fulanito tenía hambre, por eso robó un pan” el juez entiende que el hambre es atenuante, por eso alguien que se roba todo el pan para matar a la gente de hambre merece el mismo trato benigno. ¡Qué cínico! Nótese la adjetivación que sigue:
Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos.
En un artículo reciente, Salomón Kalmanovitz explica cómo de lo que se trataba era del constitucionalismo medieval y de la posibilidad de pasarse las leyes por la faja por parte de quienes concentraban el poder. En un post reciente intenté explicar de qué modo de lo que se trata es de garantizar la inmunidad de los poderosos que mandan a su ganado a matarse. Pero el sentido se entiende mejor en la frase siguiente. ¡”Impecable” el retrato de un criminal dicharachero! Sigue Carlos Gaviria:
Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.
¿Se entiende bien? La Colombia del siglo XIX defendía valores liberales (como las FARC), la Europa del siglo XXI, el derecho divino de los gobernantes. Y la democracia es imperfecta, por eso, es lo que se infiere, es lícito tratar de reemplazarla por la tiranía. La indigencia intelectual que reina en Colombia impide ver a estos desalmados como almas en pena de la Colonia. Después:
No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la ‘naturaleza divina del gobernante’ y el derecho divino de los reyes.
¿Se entiende la oposición justa? De un lado el ejemplo estadounidense y europeo de castigar los intentos de implantar la tiranía se convierten en el derecho divino de los reyes, del otro, el intento de imposición de una dinastía como la norcoreana o la cubana, un elemento liberal y liberador. ¿Qué tiene que ver el derecho a elegir a los gobernantes con el derecho divino de los reyes? Nada, una mentira típica con la que tratan de mantener la promesa de impunidad para los tristes niños y rústicos que les cuidan a los rehenes. Y de paso a la clientela de profesores universitarios y demás de la certeza de encarnar el futuro promisorio de la humanidad. Para que un miserable embaucador como éste haya sido magistrado hace falta un país de criminales. Después:
Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica ‘legislativa’ y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en ‘otro mundo’ (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva.
¿Queda claro? Colombia no está madura para la democracia, en “otro mundo” se considera que tratar de despojar a la gente por el terror del derecho a elegir el gobierno es un crimen, Colombia es el tercer mundo, otra realidad, en la que todo eso es lícito porque todavía no hay bienestar como en Suiza sino más bien miseria como en Cuba. Claro que precisamente en Suiza hay bienestar porque está deslegitimado hacer carrera política matando gente (que es lo que han hecho todos los dirigentes del PDA, tanto en el M-19 como en el PCC). Pero no importa, la diferente realidad legitima el asesinato, obvio, ¿quién osará ponerlo en duda? Después:
Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).
Sobre el citado salvamento de voto recomiendo este post. Gaviria protesta porque el homicidio no sea impune (le parece altruista), por eso la mención a los delitos atroces. Sigue:
El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal.
Al fin una verdad: se trata de política criminal, o mejor dicho, de crimen político. La “filosofía política” es el nombre adornado que le ponen a su comunión de intereses con las FARC y a la defensa de su impunidad (solución política negociada) y del premio de sus crímenes (los “atroces” se los achacarán a los más rústicos y pobres, los ministerios serían para los amigos de Gaviria). Pero en un país de criminales no sorprende que “filosofía política” sea el nombre de esos intereses. Después:
Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado.
Se trata de una grave torpeza del gobierno, que busca un recurso leguleyo para facilitar la desmovilización de las AUC. Lo interesante es el manejo retórico de Gaviria, para quien todas esas bellezas de la rebelión política contra la democracia merecen impunidad. Supongamos unas tropas ilegales que efectivamente defendieran el régimen político (las urnas) ¡serían más punibles que el servicio doméstico armado del combo de Carlos Gaviria, porque el delito político se aplica a quienes se levantan contra el orden establecido! Hay que entenderlo: la perversidad criminal de todo eso compromete al mundo que ha permitido que crezcan monstruos semejantes, a toda la Colombia del siglo XX. Hasta la madre debería haber previsto que daría a luz a un criminal, es tan repugnante la mentira implícita. Sigue:
Juzguen los lectores. Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos.
Como ya he explicado, algo así es una acusación contra toda la sociedad colombiana. En una región las guerrillas comunistas imponen su régimen de terror, pero eso se considera altruista y debe quedar impune, caso de fracasar. Pero oponerse a eso no debe quedar impune, pues el derecho, que ha sido suprimido ahí, excluye de la impunidad a quienes no estén contra el gobierno. No, no es este fósil esclavista, son los demás colombianos que leen eso y no vomitan. Concluye Carlos Gaviria:
En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.
¡Pero si se trata siempre de crímenes cometidos antes de este gobierno! ¿Qué tiene que ver defender a un gobierno como el actual? ¿Por qué medios no delictuosos se podrían defender los ciudadanos de la imposición de las FARC o el ELN? Es sencillo: secuestrar gente, cobrar vacunas, tirar cilindros, etc., es legal porque hay magistrados promoviéndolo. Tratar de impedirlo sin el uniforme que autoriza a ser asesinado es un crimen porque el ganadero o el finquero no tienen tanta labia. Colombia tiene que cambiar, tiene que comprender que los criminales ni siquiera son esos niños de la selva sino los embaucadores como este personaje.
