domingo, julio 13, 2014

La transición que viene

Por @Ruiz_senior

Quedan pocas semanas para la primera vuelta electoral y los candidatos se desviven por convencer a los votantes con sus promesas, que a alguien desarraigado de Colombia le resultan un espectáculo maravilloso: todas son iguales. Ninguno se molesta en defender valores o proyectos de país o de inversión que tengan alguna solidez, y al final cuando a alguno se le ocurre algún regalo que ofrecerles a los votantes, al día siguiente el otro lo copia sin ninguna incomodidad.

El fondo de ese prodigio es la ausencia de ciudadanía: Santos se confía en los votos que le consigan los beneficiarios del presupuesto, a los que compromete con promesas de gasto gracias al cual los alcaldes, gobernadores, congresistas y demás profesionales de la política pueden enriquecerse, según el molde colonial. Las elecciones son una farsa, al final los gobernantes locales son seleccionados por la camarilla reinante y se mantienen gracias a los recursos que les llegan y les permiten a la vez acumular grandes fortunas y pagar a las clientelas que votan por ellos.

Zuluaga por su parte sin duda sabe que sus generosísimas "propuestas" no animan a nadie (como la de llevar a todos los jóvenes a la universidad, genialidad que sólo degradaría aún más esas instituciones con el precio de que las pensiones o los ingresos de los que ya pasaron por la edad de estudiar terminarían pagando la noble idea del prócer), pero cuenta con que los uribistas votarán por él, un poco por la superstición de que el Gran Timonel "pantalonudo" lo remedia todo y otro poco porque no hay alternativa. 

Según las últimas encuestas, las posibilidades de Peñalosa de pasar a segunda vuelta menguan, pero podría ocurrir que ante el peligro de enfrentarse a Zuluaga en segunda vuelta Santos y las FARC muevan a las clientelas sindicales y a los estudiantes a votar por el exalcalde. Podría incluso salir Abad Faciolince proponiéndole que se una a Clara López en una sola candidatura, como ya hizo con Mockus y Fajardo en 2010: a fin de cuentas, la Alianza Verde de Peñalosa llevaba en sus listas al Congreso y al Senado a la Marcha Patriótica, que según León Valencia es una marca de las FARC.

La "paz" no tiene resistencia porque todo se ha sacrificado a los intereses mezquinos de Uribe y su camarilla: por eso nunca hubo oposición a Santos, por eso la gente que se opone al terrorismo tuvo que elegir senador a un asesino que tomó parte en la toma del Palacio de Justicia (como dirigente del M-19), por eso no se denuncia la componenda de La Habana como un crimen (para "no aguar la fiesta", según el columnista Saúl Hernández, como si la complicidad con el mayor crimen de la historia del país se excusara por cálculos que además de indecentes son ineptos).

Yo veo muy difícil ganarle a Santos. Las encuestas no registran la compra de votos a través de los funcionarios que reciben recursos del gobierno central, y aun así en ellas la intención de voto que obtiene el presidente es el doble de la que se registra a favor de su adversario más destacado. Si Zuluaga pasa a segunda vuelta (nadie piensa que obtendrá una votación parecida a la de Santos en la primera) tendrá en contra la suma de votos de la "mermelada" y de la presión de los terroristas y sus frentes urbanos.

Tal vez habría sido posible ganar oponiéndose al crimen de La Habana, que, mientras se rehúye como tema de campaña, avanza con éxito imparable. 

Hace poco apareció un artículo en La Silla Vacía titulado "La 'ruta mental' de la paz". Es como un comentario a un discurso de Sergio Jaramillo en Harvard (que se cita). Lógicamente no ha habido ninguna respuesta por parte de la supuesta oposición. Voy a comentar ese discurso porque creo que permite entender lo que pretenden los terroristas y su gobierno.
LA PAZ TERRITORIAL
Sergio Jaramillo
Alto Comisionado para la Paz

En el centro de la visión de la paz del Gobierno hay una preocupación por el territorio, y una preocupación por los derechos.

“Derechos” en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto. Pero también en el sentido más amplio de garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio.
El lenguaje es tan vacío como las propuestas electorales. ¿Qué es "una preocupación por el territorio"? La vida colombiana parece un acto religioso celebrado por presidiarios. No puede oír uno a la mayoría de los políticos sin sentir que sólo están pensando en robar y que pretenden tapar esa intención evidente con palabrería. La preocupación por los derechos tiene otro sentido que se empieza a explicar en el párrafo siguiente.

¿Quiénes son las víctimas y qué derechos tienen? Como no hay discusión sobre ideas y valores sino sólo rapiña y forcejeo por los puestos y las rentas, a nadie le importa que se hable de "víctimas del conflicto", noción que en el discurso de Jaramillo se da por sobreentendida. No ha habido una transgresión del derecho penal por parte de unas personas sino un conflicto que generó sus víctimas. A los uribistas no les gusta que se los equipare al gobierno, pero ¿alguien recuerda a uno solo que ponga en duda la responsabilidad de ese asesino sin cara, "el conflicto"?

De modo que el primer derecho de las víctimas según los valores de todas las culturas sería el castigo del victimario, pero como se trata de una componenda para lucrarse del fabuloso botín del crimen, eso se olvida y se atribuye todo a un victimario abstracto. Y no, las "medidas" no son el comienzo de los "derechos" (en Colombia se dice cualquier cosa, a nadie le importa lo que se diga porque todos tienen los ojos fijos en el cofre a ver cuándo hay ocasión de meterle mano).

De modo que la medida más efectiva de protección no es el castigo del que ha matado, violado, secuestrado, mutilado, extorsionado y oprimido de mil maneras, sino el premio de esas acciones para que no tenga necesidad de seguirlo haciendo. Insisto, eso también lo comparten los uribistas y si no le han contestado (ni le contestarán) a Jaramillo es porque su nivel intelectual es un poco más bajo, cosa que ya es para echarse a llorar.

¿Qué es poner fin al conflicto? De nuevo la falacia continua de legitimación del terrorismo, que es el núcleo de la llamada "paz". Cuando a uno lo atracan, la entrega de la billetera se puede llamar "poner fin al incidente". Eso es lo que quiere decir Jaramillo. Ciertamente no van a poner fin al "conflicto" porque en cuanto es legítimo levantarse para abolir la democracia y apropiarse de grandes extensiones de tierra para producir cocaína y explotar ilegalmente la minería (no sólo respecto a las leyes mineras sino respecto a todas las leyes: se trata simplemente de la esclavitud, tal como lo es la producción de cocaína, cuyos principales usufructuarios son del medio social de Jaramillo y gente así), pues las reclamaciones crecen y crecen y la sociedad cede y cede porque cada vez hay más violencia y es más apremiante rendirse a cualquier costo: la toma del Palacio de Justicia fue el resultado de los acuerdos de "paz" de Betancur y los terroristas que participaron reclamaron el juicio de los traidores de la paz.

Es decir, Santos y su gobierno se hacen parte de la banda terrorista y reclaman toda clase de ventajas para su nueva entidad. Los cabecillas terroristas pedirán más y más, hasta un régimen de esclavitud parecido a Cuba, y todo el que se resista de alguna manera será responsable de que no se haya alcanzado la paz. Es verdad que eso ha ocurrido con la complicidad de la mayoría de los colombianos, pero la de los políticos en los que la gente desprevenida confiaba, los únicos que podrían haber liderado el rechazo a esa monstruosidad, es más grave.

Lo de "garantizar los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio" es de nuevo la misma lógica: la legitimación de la existencia de las guerrillas comunistas como respuesta a una ausencia de derechos (no como proyecto criminal sino como reclamo legítimo). Esa falacia sigue en todo el discurso.
Es bien sabido que es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes. “Instituciones” no sólo en el sentido de entidades, sino también del conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública y que son indispensables para la creación de condiciones de cooperación y convivencia.
Instituciones que naturalmente salen del acuerdo con los que matan, violan, mutilan, secuestran, despojan y humillan. La desfachatez de este canalla es la medida exacta del respeto que sienten los colombianos por sí mismos.
El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto –aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad–, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad.
Además de la cháchara legitimadora del terrorismo hay algo más gracioso, que también remite a la conciencia de todos los colombianos. No todos quieren premiar a las FARC ni someterse, pero ninguno concibe el mundo sino como creado: como aplicación de unos arquetipos concebidos por un demiurgo inescrutable. Así nos encontramos con que hay fenómenos ("países") que pueden tener fallas en su institucionalidad (como un automóvil al que le falta una pieza), debido a los cuales se genera el "conflicto". ¡A esa institucionalidad le faltaban prestaciones! Y de ahí surge que ciertos grupos de las clases altas creen el Partido Comunista y sus frentes armados (ni hablar de las grandes fortunas invertidas por los soviéticos en la creación de las FARC).

La mentira no puede ser más descarada: la insurrección comunista no es el resultado de que alguien no tuviera "derechos" satisfechos sino exactamente la causa de que eso ocurra. Como los "países" son trozos de la corteza terrestre habitados por grupos humanos heterogéneos, la posibilidad de garantizar derechos y proveer bienes no surge de la naturaleza sino de la posibilidad de asimilación de conocimientos y valores que se crean en las sociedades más humanizadas.

En rigor, el Partido Comunista y las guerrillas son expresión de la clase burocrática, de los descendientes de los encomenderos, ansiosos de apropiarse de todo e ilusionados con la nueva fórmula que promete permitirles seguir disponiendo del trabajo ajeno.

De modo que para "asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad" se entrega territorio a bandas criminales y se premian sus hazañas, como si eso no fuera exactamente la razón por la que las han cometido (la certeza de que los intereses de los de arriba los conducirán al éxito). Es necesario insistir en que el núcleo del discurso de Jaramillo y el gobierno es la legitimación del terrorismo. Esa legitimación la comparten los uribistas, sólo que añaden lo de "paz sin impunidad" para a la vez "no aguar la fiesta" y parecer descontentos.
Estos dos puntos están en el corazón de los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de participación política. Más adelante los volveré a tocar.
Es decir, que las FARC van a facilitar la democracia y a hacer carreteras y hospitales, toda vez que existen porque la institucionalidad falló en eso. Es la mentira de un criminal que reproducen todos los poderosos en Colombia porque todos esperan quedar bien situados respecto del nuevo poder.

Sobre el Acuerdo de participación política, rigurosamente la abolición total de la democracia, escribí un post hace un tiempo.
Lo que me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual.

Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz.

Eso es lo que llamo la paz territorial y sobre eso quiero hablar hoy.
Lo de "hacer valer los derechos de todos por igual" es como promesa de candidato, pero el fondo siempre es el mismo: atribuir los crímenes al "conflicto" y legitimar a los criminales. Más interesante es lo de "movilizar a la población de esos territorios alrededor de la paz". Se trata de convertir a los criminales en autoridades por medio de esa "movilización". Ya he explicado en el texto sobre el acuerdo de participación política que las urnas ceden ante las organizaciones sociales, es decir, ante las FARC erigidas por el acuerdo como representantes de la sociedad.

La palabrería habitual (que define al país) se hace un absurdo total: el enfoque de derechos es la abolición de las urnas, reemplazadas por las bandas de asesinos, cuyo intento de implantar un régimen de partido único resulta una respuesta a la falta de pluralidad. No importa, es en Colombia, nadie está para pensar en esas cosas
La fase de transición
La idea básica de este proceso es que primero hay que terminar el conflicto para luego abrir una fase de construcción de la paz. Eso fue lo que acordamos con las FARC en el Acuerdo.

General que firmamos en agosto de 2012: “iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a una paz estable y duradera”.

Una idea obvia, pero no en Colombia: paremos el conflicto para poder dedicarnos a construir la paz.

Es lo que he llamado en otra ocasión la transición: una tercera fase luego de la firma del acuerdo final en la que se inicia un diálogo en los territorios para discutir entre todos cómo desarrollar y poner en práctica lo que se ha acordado en La Habana.

Por eso el proceso de paz no se acaba, sino más bien comienza de verdad con la firma del acuerdo.
Es decir, en cuanto se reconoce legitimidad a los criminales y se tolera que controlen territorios en los que no rigen las leyes, se empieza una fase de transición en la que la sociedad se acostumbra a su dominio. Ya la paz con el M-19 da ejemplo de lo que espera: los asesinos convertidos en maestros de moral, las bibliotecas dedicadas a honrar el nombre de los que organizaban secuestros. Hasta el auditorio de la Universidad Distrital se llama "Hermanos Sanjuán" en honor de los secuestradores y asesinos de los niños Álvarez Murillo. Con las FARC armadas y dueñas del país la alternativa es otra Camboya (para evitar cualquier resistencia) o por lo menos otra Cuba.

Porque cuando el comisionado de paz habla de terminar el conflicto no alude a que las FARC se disuelvan, sino a que disfruten de sus negocios sin incomodidades y expandan su poder sin declarar que son los autores de las extorsiones y los asesinatos.
La paz como una oportunidad

Las bases de la transición son los puntos que estamos desarrollando en La Habana y que acordamos en 2012 en el Acuerdo General. No son todos los temas de la agenda nacional, sino los necesarios para asegurar la terminación del conflicto y la construcción de la paz.

Aquí vale la pena volver a insistir: nosotros no acordamos discutir estos temas por cuenta de las FARC, sino de los colombianos. Acordamos discutirlos y estamos llegando a acuerdos porque estamos convencidos de que esas son las reformas que hay que hacer para que la paz eche raíz y Colombia tenga un futuro distinto a la violencia. Para eso estamos en La Habana.

Las FARC –y eventualmente el ELN– tendrán por supuesto que hacer su parte, que no es sólo dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, sino también contribuir de diferentes maneras a la implementación de los acuerdos, incluyendo la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Que las guerrillas dejen las armas es por su puesto una condición ineludible de la transición. Pero no es lo principal.
Es decir, ojo al ingenio del hombrecillo, ¡la dominación de los criminales es una obligación que tienen de contribuir a la implementación de los acuerdos! Es un deber que tienen con las víctimas del conflicto. (No recuerdo al primer uribista que le vea algún problema a lo de "paz sin impunidad", y es lógico: ni siquiera les interesa entender que las FARC no están pidiendo perdón sino que se están erigiendo en autoridades, sin que ellos sean obstáculos para eso.)

Lo de "dejar las armas" es una forma astuta de hablar de "dejación de las armas": se puede entender como que las van a entregar, cosa que está manifestando Jaramillo que no harán pero que alguien podría entender como que sí. Las tendrán guardadas mientras destruyen o controlan las instituciones, momento en que serán los amos absolutos.
Lo principal es lo que pasa después. Lo principal es entender la paz como una oportunidad,como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cincuenta años de guerra. Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto.
La deshonestidad congénita del colombiano se pone de manifiesto en esos plurales. ¿Quiénes no "hemos" logrado algo? Jaramillo se hace portavoz de todos los colombianos tal como lo hace cualquier otro propagandista de las FARC. Los cincuenta años de "guerra" son otra falacia. Las FARC eran sólo el movimiento estudiantil y unos pocos asesinos armados hasta que empezó Belisario Betancur a reconocerlos y premiarlos. Esa determinación de renunciar a la ley es lo que ha "mantenido vivo el conflicto", como explicamos en este video y en éste.

Desgraciadamente la retórica de la guerra y la paz no tiene respuesta, a nadie le parece que no ha habido ninguna guerra que no haya con cualquier otro grupo criminal. Ahora resulta, gracias a la retórica, que "la sociedad" o "los colombianos" somos responsables de que los gobiernos siempre estén violando la ley para sacar réditos de la alianza con los criminales.
Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafíos para dar saltos en su desarrollo. Pregunto: ¿Franklin Delano Roosevelt hubiera podido poner en marcha las transformaciones en materia de regulación del sistema financiero, de obras públicas y de política social que fueron la base de tres o cuatro décadas de crecimiento y bienestar, sin la presión de la Depresión?
¿Se entiende la comparación con Roosevelt? La presión del "conflicto" (las masacres de los psicópatas comunistas) ofrece la oportunidad de proveer derechos a todos (cosa que les suena bonito a todos sin que nadie entienda cómo ocurre). Las masacres, secuestros, violaciones, mutilaciones y demás no sólo son búsqueda de derechos sino también necesarias para crear instituciones sólidas que los provean, no basadas en la aplicación de la ley sino en el acuerdo con los transgresores.

Este hombre representa al gobierno que representa a los colombianos, y de hecho no hay casi ningún colombiano que esté en desacuerdo con esas perlas. Es que los terroristas expresan a la sociedad, no los mandaron de la luna para castigar el desperfecto institucional.
Por supuesto que no. De la misma manera, tenemos que aprovechar la oportunidad y la energía de la paz para crear los incentivos que con el tiempo lleven a cambios reales. No hay posibilidad de que Colombia progrese de manera equitativa y sostenida si no resolvemos el problema del campo y clarificamos y protegemos los derechos de propiedad de la tierra.
¿Alguien entiende a qué se refiere con "incentivos"? Seguramente a algo que después se explicará, pero sin duda relacionado con acuerdos aún no publicados con los terroristas. Lo de los derechos de propiedad de la tierra ya es el colmo del cinismo: toda la tierra es de las FARC y sus mentores de la oligarquía, toda vez que no hay ningún propietario que no les pague extorsión. "Clarificar" es un verbo que alude seguramente a una reforma con la que los terroristas se harán además titulares de la tierra. A fin de cuentas tienen decenas de miles de millones de dólares para arreglar el futuro de Jaramillo y su familia, que obran como agentes de un despojo monstruoso.
Los acuerdos
Ya hemos logrado dos acuerdos, que sientan el marco para la implementación de los demás.
 
El primero, en materia de desarrollo rural, busca como ya dije transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrar la enorme brecha en entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población. 
El Gobierno no cree que existan “condiciones objetivas” que justifiquen que alguien empuñe un arma contra otro. Pero si cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca. Además por su puesto de la presencia de los grupos ilegales y de la misma violencia. 
Por eso digo que este proceso busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos, especialmente de aquellos que han vivido en la periferia del país, en las márgenes del país, y que han sufrido el conflicto en carne propia.
Es la retórica de siempre: ¿de qué modo el reconocimiento del poder de una banda criminal va a ayudar a garantizar los derechos de unos ciudadanos que habitan en el campo? La dulce transformación del campo es sólo el pretexto para desviar varios millones de pesos de cada colombiano a los terroristas y a los tinterillos que los representan, la nueva clientela todopoderosa que asegura el poder de Santos y su camarilla. Es como si los colombianos entregaran la billetera para enriquecer aún más a quienes los han asesinado.

Claro que ese despojo no cierra ninguna brecha porque sólo es concentración de la renta petrolera y minera en manos de los jueces y las ONG, detrás de las cuales siempre están los terroristas. No van a garantizar los derechos de nadie porque precisamente los comunistas se los han estado negando a sus víctimas desde los años cuarenta. Es como nombrar rector de un colegio a Alfredo Garavito para asegurar la educación moral de los niños.

La idea de los planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población es la vieja mentira de que los terroristas se alzaron en armas porque no había oportunidades en el campo, pero esta vez con el designio manifiesto de cometer un peculado gigantesco. Las oportunidades en el campo sólo consisten en que los terroristas no estén más, cosa que se consiguió en gran medida durante los gobiernos de Uribe, con resultados muy notorios.

La violencia florece porque las universidades forman revolucionarios, no porque haya miseria en el campo. La violencia de los revolucionarios es la causa de la miseria en el campo.

Los derechos de los colombianos más desvalidos han sido conculcados por los terroristas. Convertirlos en sus esclavos (entregándoles a los victimarios el control sobre vastas zonas) es despojarlos de sus derechos de forma más atroz. Pero ya están acostumbrados a llamar "dar" al acto de quitar.
El segundo, sobre participación política, busca como ha dicho el Presidente Santos romper para siempre el vínculo entre política y armas y restablecer una regla básica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas; y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia.
La desfachatez de esta gente no tiene límites: no se puede decir que se va a romper el vínculo entre política y armas cuando se demuestra que la forma correcta de hacer carrera política es matar gente. No se va a disuadir a ningún asesino de tomar las armas si se premia a quien lo hace: precisamente es lo que más multiplicará los crímenes, la certeza de que no hay una ciudadanía ni un Estado que respeten ni hagan respetar la ley. Las promesas sólo son engaños.

Pero es que además ese acuerdo significa exactamente el despojo de derechos de los ciudadanos, pues los legisladores no serán elegidos sino nombrados por los terroristas y sus socios del gobierno, que tampoco fueron elegidos para eso. Tal vez sí tengan éxito cuando hayan implantado el régimen de terror, como en Cuba o en Corea del Norte, y a nadie se le ocurra tomar las armas para defender la libertad. De eso se trata.
Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinación de violencia y política, es mucho más. 
Es mucho más porque al marcar claramente la raya entre violencia y política, se estabiliza definitivamente el campo de la política: todo lo que juegue por la reglas, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radical, es lícito y legítimo. Y todo uso de la violencia es simplemente eso: violencia criminal.
¿Cómo se va a establecer la raya entre violencia y política cuando se premian los cientos de miles de asesinatos, las decenas de miles de secuestros, de violaciones de niñas, de mutilaciones, de extorsiones y demás atrocidades? Es como forzar a comer excremento para curar el mal aliento.
Eso hará la política colombiana más rica y más democrática; y también más agitada y más contestataria. No hay que tenerle miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia. 
Y hay que confiar en que la democracia es el mejor mecanismo de consolidación de la paz. Por eso hay que dar más voz y tomarse en serio los derechos políticos de quienes han estado al margen de la vida política del país.
Claro que hay que tenerle miedo a la violencia: de eso se trata la paz, de someter a los colombianos por el miedo. La causa de la violencia es el miedo a la violencia. Para esa paz es para lo que empezaron a matar.

Pero el segundo párrafo explica el sentido de todo el discurso: quienes han estado al margen de la vida política del país son exactamente las personas asesinadas y sometidas por los sicarios de Enrique Santos Calderón, de Daniel Samper Pizano, de Gabriel García Márquez, de Antonio Caballero, de Alfredo Molano (éstos eran los redactores de Alternativa). Ahora a los asesinos, subalternos de la oligarquía, se los hará amos y se presentará esa infamia como la restitución de derechos que alguien les había quitado. Mayor descaro es imposible. Toda la infamia de la tal paz se resume en eso.
Una campaña para construir la paz 
No hay manera de implementar todo lo anterior si no se moviliza a la población. Con lo que paso al tema de la participación. 
En esto hay que pensar en grande: en una verdadera campaña nacional de participación que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la paz. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de planeación participativa “de abajo hacia arriba” en los territorios. 
Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios. 
Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción. 
Todo esto no es una utopía, se ha hecho en otras partes del mundo. Brasil y la India son buenos ejemplos. ¿Cómo no lo vamos a hacer en Colombia si se trata de construir la paz? 
Necesitamos que todos los sectores de la sociedad –campesinos, indígenas, afro descendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la Iglesia– se sientan parte de un mismo proceso, que la paz es de ellos y con ellos, que todos pueden y deben aportar. 
Necesitamos también despertar el entusiasmo de la población urbana, en especial de los jóvenes, que piensen en ese otro país y salgan a las regiones. 
Las universidades deberían estar ahí. Los estudiantes deberían estar ahí. No sólo capacitando y acompañando procesos de planeación participativa, sino ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural.
La campaña consistirá en una enorme inversión de recursos públicos para legitimar a los terroristas, de modo que con el cuento de la paz se profesionaliza a cientos de miles de activistas de las FARC y sus socios urbanos, dedicados a imponer el control en las zonas rurales y a adoctrinar a la población. La "planeación participativa" es el proyecto de organización de esa dominación invirtiendo para ello recursos públicos fabulosos: siguiendo una vieja estrategia, se organizará a las comunidades fragmentándolas y convirtiendo a la fuerza en sus representantes a los agentes de las FARC. Es la vieja "democracia corporativa", el Trust Münzenberg, a que siempre han aspirado las FARC.

Claro que también esa tarea de construir la paz (de implantar el terror comunista sin resistencia) se presentará a ojos de los idiotas como ¡castigo a los terroristas! Se los "obligará" a hacer "trabajo social". A hacer de mandarines sobre los hijos, hermanos, cónyuges y padres de la gente a la que han despojado y asesinado.

La transformación de esos territorios es la implantación del dominio terrorista a través de dichas comunidades: las instituciones de la democracia se suplantan por esas entidades controladas por los terroristas. La organización de mujeres, de "afrodescendientes", de campesinos, de jóvenes, de LGBTI, de maestros, de artistas, de minusválidos, de amigos de la ópera, etc., son la abolición del derecho al voto, porque los representantes elegidos no pintarán nada. Por no hablar del enorme poder clientelar que representarán los constructores de paz en esas regiones.

Claro que intentarán hacer que la gente sienta como propio el esfuerzo de reconstrucción: se llama adoctrinamiento y dominación. La gente que lo siente como propio es la que recibe recursos públicos por colaborar con los terroristas, la demás gente ayudará a pagarlo, aunque la "vacuna" esta vez es sobre todo a los demás colombianos, y naturalmente los recursos pasarán por un peaje que controlan los de siempre: el hijo de Ernesto Samper es el que dirige los pagos de la ley de víctimas.

La mención a las universidades ya es redundante: claro que se trata de eso, de una nueva clientela que sirve al orden en que reinan los de Alternativa, que dedica sus esfuerzos a divulgar la ideología aprendida y a asegurar la dominación de siempre.

¿Qué es lo que negocian el gobierno y las FARC? ¿Alguien podría mostrar alguna diferencia entre lo que dice este tipo y lo que dirían las FARC? Se trata de la aplicación del programa de los terroristas. Y los incautos siguen pensando que se puede discutir sobre si los de las FARC van a la cárcel o no (espoleados por los políticos uribistas, que saben de qué se trata pero sólo están pensando en su carrera y buscarán colocar a sus fichas en el esfuerzo de paz y premiar a las FARC, tal como ya premian al M-19 llevando a sus líderes al Senado).
Una nueva alianza 
En el fondo, se trata de poner en marcha un modelo nuevo e incluyente de construcción y fortalecimiento de las instituciones en las regiones. 
El Estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para “traer el Estado”, se quedó sin aire. He hecho parte de esos esfuerzos y conozco sus méritos y limitaciones. Y estoy convencido de que así el Estado nunca va a “llegar” a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad. 
Pero tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta. Esa es una lógica de fragmentación, que ha sido nuestra enfermedad histórica. 
Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar. 
Una alianza en la que los programas gubernamentales, las autoridades regionales –en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores será fundamental– y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local.
Ese "modelo nuevo" es el régimen comunista y las "comunidades" son las bandas terroristas pagadas por los demás colombianos. La alianza entre el Estado y las comunidades es la alianza entre los clanes oligárquicos y los terroristas. Las prácticas y normas que producen bienestar son exactamente las que imperan en Cuba. Los gobernadores y alcaldes serán impuestos por los terroristas aliados con el gobierno, ya que tras esa enorme provisión de recursos esos clanes se aseguran el dominio por medio siglo, de modo que los adoctrinados de ahora se convierten en mandarines en las regiones y gracias a esas rentas controlan la elección de gobernadores y alcaldes. No les conviene abolir las urnas, sólo controlarlas usando el miedo a la violencia, es decir, el miedo, para someter a la población. Ah, y el cuento de los territorios, ya que fuera de Colombia (y dentro, toda vez que la gente que ha terminado la secundaria a veces cree que la población del país puede ser de 10.000 o de 10.000.000.000 de personas) habrá quien crea que esos territorios están poblados por millones de excluidos que se rebelan y quieren implantar el comunismo.

Es decir, queda claro: las hectáreas remotas y una población a la que mantendrán en la miseria se vuelven el pretexto con el que el orden de siempre, "legitimado" por la ideología de Mugabe y Pol Pot, de Romaña y Jojoy, hegemónica en las universidades, despoja a los excluidos de siempre, la inmensa mayoría de la población que habita en las ciudades y las zonas de alta densidad demográfica.

El cambio que prometen sólo es un retroceso monstruoso hacia la esclavitud, la multiplicación del parasitismo funcionarial y ciertamente de la violencia, pues esa dominación y ese despojo requieren terror para poder funcionar.
Esa alianza a mi juicio sólo es posible tejerla alrededor de la construcción de la paz. 
Tenemos una ventaja: no comenzamos de ceros. Hay programas importantes de la sociedad civil que han avanzado en esa misma dirección. Y tenemos nuestra propia experiencia. Pero hay que construir algo nuevo. 
Los obstáculos sin duda son enormes: la corrupción, el clientelismo, las redes de intereses creados y del crimen organizado amenazan cualquier intento de reconstrucción. Pero si no lo logramos en un período de excepción como es la transición, con los recursos de todo tipo que movilizaría una verdadera campaña de construcción de la paz, no lo lograremos jamás.
Siempre hay que traducir la jerga de la propaganda: la "sociedad civil" son los frentes terroristas de estratos más altos que ejercen tareas no armadas, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y muchas otras. Claro que han avanzado mucho, la acción combinada con las FARC simplemente pasará a ser legal.

Este prócer es colombiano, es decir, tiene una relación especial con las palabras. El mayor crimen de toda la historia del país, el asesinato de cientos de miles de personas para implantar la tiranía y la alianza de funcionarios perversos con los asesinos se ve amenazado por la corrupción y el clientelismo. ¿Es posible concebir mayor corrupción y mayor clientelismo que esa componenda que dará sentido a los crímenes (para eso se cometieron) y convertirá en amos a los criminales? Las cantidades que se han robado los políticos deshonestos (es decir, los que hacen la "paz") en el último siglo serán una bicoca comparadas con las que esperan robarse gracias al cuento de la paz.

En ese mismo orden las FARC son algo distinto de "las redes de intereses creados y del crimen organizado". El colombiano es eso, un subhumano que llama crimen a lo que no le conviene. Gracias a la "paz" los que en otro país serían llamados asesinos y terroristas resultan los agentes de la ley que combaten al crimen organizado. Los "recursos de todo tipo" aluden a los millones que le quitarán a cada colombiano (Rudolf Hommes y Pablo Laserna habían hecho un cálculo, sin duda frotándose las manos) para repartir entre sus clientelas. El sentido del atraco es directo, evidente: el que no quiera que le hagan volar a los hijos, que les dé la plata.
Espacios de reconciliación
Las ventajas de esta campaña son muchas. 
Primero, resolveríamos el problema de credibilidad. Hay que vencer la desconfianza natural de las comunidades, lo que Jean Paul Lederach llama la “distancia” que sienten frente a cualquier esfuerzo de construcción de paz quienes han tenido que vivir y sobrevivir en medio de la violencia. 
Eso es así en un país que ha padecido un conflicto tan largo como el colombiano. Hay regiones donde desde hace veinte o treinta años las comunidades han visto pasar programa tras programa del gobierno y están llenas de incredulidad. 
El comienzo de la solución está en que sean actores y no simples receptores de esos programas. En que vean que sus derechos también cuentan. En la medida en que las instituciones responden, la gente es más consciente de sus derechos y exige más. Así se construye institucionalidad. 
Segundo, en ese marco es posible repensar los procesos de reincorporación de las guerrillas. Colombia tiene una larga experiencia en estos procesos y una agencia fuerte de reintegración. Pero si estamos pensando en transformar los territorios y crear institucionalidad sobre la base de la participación y la inclusión, estos procesos no se pueden limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del proceso de reconstrucción territorial. 
No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos.
Tercero, un ejercicio de ese tipo es también una forma de construir espacios de discusión en el nivel territorial –la llamada “esfera pública”– para deliberar alrededor de propósitos comunes y recuperar las reglas básicas de respeto y cooperación.
 
Por esa misma razón, esos espacios de deliberación son también espacios de reconciliación.
La gente tiene tan bellos derechos que lo que elija en las urnas no importa. Es la lógica del totalitarismo, en el que la justicia con los pobres de la tierra se consigue masacrándolos, esclavizándolos y excluyéndolos de la política. Aquí la magia consiste en convertir a los universitarios que llegaron a extorsionarlos y robarles sus hijos en sus representantes.

Hace falta mucha mala fe para no ver que todos los espacios de discusión y demás maravillas son simplemente oportunidades de poder para los terroristas, con quienes Santos y su camarilla se reparten el fabuloso tesoro de la riqueza energética y minera. Y de paso se aseguran cualquier rechazo, pues la "dejación" de las armas sólo significa que mientras manden no las usarán pero siempre entenderán que cualquier insumisión es violación de sus "derechos adquiridos" y volverán a matar. ¿Para qué las iban a conservar?

La idea de que se trata de "reconciliación" es otro aspecto de la legitimación de los crímenes: el Partido Comunista no se dedicó a organizar bandas de asesinos porque odiara a nadie ni porque nadie estuviera enemistado con otro, sino porque era una forma eficaz y promisoria de tomar el poder y convertirse en la nueva oligarquía. Los miembros de las FARC no odian a nadie, ni están enemistados con nadie, sólo tienen una industria formidable cuya base es la esclavitud de diverso tipo, y cuya mayor renta es la "paz" que estos canallas les proveen.
La justicia y la paz territorial 
Todo lo anterior requiere innovación, requiere creatividad. Hay que pensar distinto, no sólo en cómo hacer las cosas, sino en para qué las estamos haciendo. Eso incluye pensar de nuevo la relación entre la justicia y la paz en un proceso de paz. 
Si entendemos la construcción de la paz como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer derechos, tenemos un marco para ponderar mejor los intereses de la justicia con los de la paz. Siempre y cuando entendamos“justicia” en el sentido amplio de la palabra, como solía definirla John Rawls: como un “sistema equitativo de cooperación en el tiempo”, en el que “cooperación” significa observar unas normas y procedimientos, con sus correspondientes derechos y deberes, que todos aceptan y que regulan su conducta. Y que los aceptan precisamente porque cooperar trae beneficios recíprocos para todos.
Si pensamos en la justicia de esta manera, entendemos que el objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizado derechos y bienestar, y asegurar la no repetición del conflicto.
Toda la palabrería tiene por objeto crear la separación entre "justicia" y "ley" y tapar los hechos de los terroristas, que dejan de ser crímenes a los que toda noción de justicia plantea castigar. Ser creativos e imaginativos quiere decir renunciar al derecho penal y legitimar a los asesinos. La "reconstrucción equitativa del orden social" es otro nombre para el poder de los terroristas: no hay ningún orden social que se haya roto por el conflicto sino un genocidio emprendido por una minoría aliada de los dueños sempiternos del país. En la mayor parte de esos territorios la población es nueva y no hay normas que se vayan a restablecer porque la población a menudo crece a medida que avanzan los cultivos de coca. Todo es puro lenguaje legitimador del terrorismo, que no resulta una conjura criminal sino una expresión legítima contra la exclusión.

Lo de la no repetición es el colmo del descaro: los asesinos quedarán impunes, riquísimos, dueños del presupuesto y plenamente legitimados, pero además conservarán las armas por si no se les obedece. Pero ¡eso asegura la no repetición del conflicto!

Es decir, el conflicto surge del hecho de que ellos no dominaban, y no se repetirá porque nadie se atreverá a alzarles la voz. Esa dominación se llama "derechos", según la tradición colombiana.
La justicia transicional es un componente fundamental, pero sólo un componente de este esfuerzo mucho mayor de reconstrucción. 
En ese marco y con un enfoque de derechos podemos hacer una ponderación justa entre los derechos de las víctimas directas y los derechos de los demás habitantes del territorio. ¿Cómo decidir a quién distribuir la tierra, a las víctimas, a campesinos sin tierra, o a excombatientes? O, a un nivel más general, ¿a qué se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevención de futuras violaciones y a la desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades? 
No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de hacer justicia en el territorio de la manera más amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas.
Lo dice claramente: van a redistribuir la tierra, es algo importantísimo porque quien decidirá a quién redistribuirla son los terroristas. Es decir, el viejo despojo, de muchas décadas, de todos los pobladores rurales (ya se dio en los años cincuenta con los paeces de Icononzo) sencillamente se multiplicará, afianzará y legalizará. Las víctimas no lo serán las personas asesinadas, mutiladas, secuestradas, violadas y despojadas por los terroristas sino ellos mismos, pues el autor de todos los sufrimientos es el maldito conflicto y quién decidirá a quién resarcir son los jueces que nombran los mismos que encargan las masacres.

Colombia es un muladar: sólo en un infierno de canallas sin nociones morales es concebible que el derecho penal se dedique a prevenir futuras violaciones. La "desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades" es el nombre del régimen de terror que impondrán los terroristas en todo el territorio: las "comunidades" son ellos y sus encomendados, las amenazas son cualquier intento de aplicar las leyes. La tarea del derecho penal es la supresión del derecho penal, ésa es Colombia.
Los enemigos del proceso han querido reducir el fin de una guerra de cincuenta años y la construcción de la paz a una sola pregunta: “¿los guerrilleros se van a la cárcel, sí o no?” Por supuesto que hay que discutir sanciones, en especial de los máximos responsables de los crímenes internacionales. Ya lo hemos dicho: en Colombia no habrá una amnistía general. Todo se hará en el marco de nuestras obligaciones internacionales.
Los que llama "enemigos del proceso" son los uribistas, que no son en absoluto enemigos del proceso sino exactamente amigos del proceso. Lo dicen con esas palabras.
Pero es muchísimo más: Francisco Santos se atribuía la paternidad de los diálogos, Luis Carlos Restrepo advertía sobre la inconveniencia de oponerse a la negociación y Uribe anunciaba que no serían obstáculo para la paz.

Pero Jaramillo tiene razón en una cosa: lo han reducido todo a la pregunta de si los guerrilleros van a ir a la cárcel. Obsesionados por sus puestos y sus alianzas con las clientelas organizadas, no ofrecen ninguna resistencia a la infamia del premio del crimen, toda vez que tendrían que enfrentarse al fetichismo de la palabra "paz" y ése es un esfuerzo excesivo para ellos. Pusilánimes e ineptos, con la falacia absurda de la "paz sin impunidad" engañan a la gente, a la que hacen creer que los terroristas están pidiendo perdón y se les puede negar y en últimas son cómplices de la infamia del gobierno.

Sobre los ¡CRÍMENES INTERNACIONALES! Jaramillo miente: los terroristas han dicho claramente que no van a ir a la cárcel y si finalmente fueran a ir sería lo primero que habría que acordar. Y no sólo los terroristas, también el fiscal aliado del uribismo (¿o no aplaudieron los uribistas su designación como fiscal?) dice que pagarán con trabajo social (es decir, con puestos de poder).
Pero si se trata de reconstruir los elementos básicos de la justicia en el territorio y de garantizar que las víctimas no sean victimizadas otra vez, cualquier discusión tiene que partir de ese fin. 
En todo caso, primero hay que oír la voz de las víctimas, no la de quienes hoy se autoproclaman luchadores contra la impunidad y que ayer poco o nada hicieron por esas mismas víctimas. 
Y hay que encontrar una solución que incluya a todos quienes participaron en el conflicto.
Cuando este hombre dice "víctimas" se refiere a los terroristas. Primero porque no concibe víctimas de los criminales sino víctimas del conflicto. Y la consideración de "víctima" vendrá primero del hecho de proclamarse tal (todos los terroristas y sus clientelas), luego del hecho de ser reconocido como tal (por parte de los jueces, fiscales y ONG terroristas que se encargarán de eso) y después de la relación particular que establezcan con los dueños de los recursos.

Durante los ocho años de Uribe se hizo todo lo que conviene hacer respecto de las víctimas: se intentó aplicar la ley y castigar a los asesinos, animando a los miembros de las bandas terroristas a desmovilizarse. De ahí que se redujeran drásticamente los indicadores de violencia. Eso lo trata de negar este hombre a partir de falacias criminales como lo de la responsabilidad del conflicto o la consideración de "víctimas del conflicto" a cualquiera que pueda haber sufrido (por ejemplo, un asesino que va a secuestrar a un niño y sale mutilado por accidente será una víctima).

Más siniestro aún es lo de "quienes participaron en el conflicto". De nuevo la repulsiva falacia de la guerra civil. El ganadero o agricultor que paga el secuestro es una parte del conflicto, el secuestrador la otra. El policía o el militar que intentan aplicar la ley son del mismo bando del conflicto que el ganadero, y pasa como sobreentendido que la formidable y rentabilísima industria del secuestro es tan legítima como el intento de aplicar las leyes.

Se trata del premio a los asesinos, que tendrán jugosas pensiones de jubilación mientras que sus víctimas de todo tipo, si es que aún viven, serán castigadas como causantes del conflicto, según exigencia de las FARC a las que nadie responde. Por el miedo a la violencia el gobierno se las arreglará para que sea así: todos los que incomodaron al M-19 están presos. Con los terroristas mucho más poderosos, el castigo será mucho mayor. Nadie debe dudar de eso.
Tercero, dentro de este marco es posible diseñar un sistema en el que los diferentes programas de reconstrucción y las medidas de justicia transicional se entretejan y refuercen mutuamente. Permítanme dar unos ejemplos concretos.
La restitución de tierras es una medida de elemental justicia en una transición. El gobierno ya puso en marcha un ambicioso programa de restitución, que será mucho más efectivo si la tierra se restituye en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial que acordamos en La Habana.
Ahí está bien descrita la combinación de la reconstrucción y la justicia: a los asesinos los castigarán entregándoles las tierras de sus víctimas. Lo dicen con absoluta claridad.
Otro ejemplo son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que acordamos en el Punto 2. Se trata de unas nuevas circunscripciones electorales, con reglas especiales, para que los territorios más afectados por el conflicto incrementen su representación en la Cámara de Representantes durante el período de transición. 
Con esa medida estamos ampliando la participación de quienes por cuenta del conflicto han estado al margen de la vida política del país, estamos integrando políticamente a esas poblaciones y a esas regiones, y estamos reparando a las víctimas. Pocas cosas en una transición a la paz son tan importantes como la activación de los derechos políticos de quienes han sufrido la violencia. 
También los programas de reincorporación de las FARC –y eventualmente del ELN– a la vida civil deben contribuir a las medidas de esclarecimiento, reparación y no repetición. Y en la medida que lo hagan, facilitarán la reincorporación, porque las comunidades aceptarán más fácilmente a los excombatientes.
Los territorios son el pretexto para que los terroristas obtengan poder gracias a sus crímenes y a las decenas de miles de millones de dólares que han acumulado secuestrando gente y exportando cocaína que producen esclavos (al igual que en la minería ilegal). Lisa y llanamente la abolición de la democracia, descrita como el paraíso terrenal.

De modo que quienes estaban ocupados matando y extorsionando resultan víctimas excluidas de la vida política y ahora tendrán poder directamente sin necesidad de que haya votantes (no les alcanzan los votos que compran con el producto de sus fechorías ni los que fuerzan con amenazas de muerte, que también contarán). Es fascinante el desparpajo de esta gente: los puestos del poder legislativo que se dan a quienes matan y secuestran se convierten en ¡activación de los derechos políticos de quienes han sufrido la violencia
Se trata entonces de asegurar no sólo que las medidas de verdad, justicia y reparación se refuercen entre sí en una estrategia integral de justicia transicional que produzca un máximo de satisfacción de los derechos de las víctimas y evite la impunidad –esa ha sido nuestra posición–, sino que esa estrategia integral esté inscrita en una estrategia más amplia de toda la transición en los territorios para garantizar derechos.
Se trata del premio de los crímenes, para lo cual se convierte a los asesinos en víctimas, al intento de destruir la democracia en el resultado de un déficit de democracia y a la tiranía de las bandas criminales en el paraíso de los derechos. ¿Alguien supone que los cubanos no tienen derechos maravillosos que no tiene nadie más? Es eso: la imposición de una tiranía comunista con base en la amenaza de seguir con el conflicto. A las bandas de asesinos no se les exige que desistan, sino que se acuerda con ellas el despojo y sometimiento de los demás.

Y todo eso sin resistencia: los colombianos son creacionistas, si no perciben el mismo bienestar de la gente de los países a los que a menudo tienen que emigrar es por un capricho del demiurgo creador, no porque cuando surge una monstruosidad así traten de ver por dónde asoma algún billete o algún halago que los complazca. En el mejor de los casos adoran al Gran Timonel de la pseudooposición que también es entusiasta de la paz pero le pone arandelas para que no ocurra sin él.
Consensos para la paz 
De nada sirve poner en marcha esta o cualquier otra estrategia si no tiene un consenso político detrás. Y con eso quiero terminar: con la importancia de construir consensos para la paz. 
Lo ha dicho el Presidente: cualquier acuerdo al que lleguemos con las FARC tendrá que ser sometido a un mecanismo de refrendación. Serán los colombianos quienes tendrán la última palabra. Y eso va obligar a que se creen consensos a favor (y sin duda también en contra) de lo que acordemos. 
Esos consensos son obviamente fundamentales, pero tenemos que construir desde ya consensos entre los poderes públicos y consensos en la sociedad si queremos llegar allá. 
El Presidente Santos ha propuesto un gran pacto por la democracia y la paz. Imposible pensar en una transición de verdad si no tiene detrás un pacto político de esa naturaleza, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. 
Y eso exige lo que en otra ocasión he llamado un acto de imaginación. Una capacidad de vencer el miedo natural al cambio y de vencer también la indiferencia de quienes, sobre todo en el mundo urbano, piensan que las cosas están bien como están. Entre todos tenemos que poder imaginarnos una Colombia en paz. 
En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y en contra del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz. 
Esa es la tarea que tenemos ante nosotros. Una tarea sin duda difícil en época electoral, pero yo creo que al final primarán la sensatez y el sentido de realidad. Y la realidad es esa: que no va a haber otra oportunidad.

El nombre de eso es atraco, y las mentiras que dice Jaramillo son exactamente las mismas de los terroristas: intentan anular cualquier resistencia a la tiranía del crimen por medio de un referendo que en rigor será simplemente un atraco (para el que encargarán muchos más asesinatos que los que ya se han visto).

De modo que convertir a los asesinos en autoridades es "vencer el miedo natural al cambio" y tratar de aplicar las leyes y defender los derechos humanos (que es la tarea del Estado) es "el pasado".

Lo único con que se puede contar es con que habrá consenso. Ya lo ha dicho Uribe: ellos no serán obstáculo para la paz. Sólo es cuestión de la cuota de poder que obtengan. El que lo dude puede irme mostrando algún comentario, aunque sea vago, de algún uribista a lo que dice Jaramillo.

Todos preferirán la paz y tratarán de aliarse con los nuevos dueños de las tierras y los recursos. Tal vez fue por haber previsto ese futuro de paz por lo que Uribe llevó en sus listas al Senado a un representante del M-19. Pero ¿acaso es falso el rumor de que le ofrecieron un ministerio al angelino León Valencia? ¿Acaso Sergio Jaramillo no era un alto funcionario del gobierno de Uribe, como Gabriel Silva Luján y Mario Iguarán y muchísimos otros filántropos?

El destino de Colombia para el próximo medio siglo está resuelto, claro. La toma del poder por los terroristas traerá decenas de veces más horror y sangre de lo que se ha visto hasta ahora, pero nadie tiene derecho a decir que no lo sabía. Fue lo que aprobaron en estos cuatro años, porque nadie puede decir que Uribe y compañía no han dicho sin cesar "Prefiero la paz", y aun son una minoría en un país poblado por gente nacida para lucrarse del crimen (las FARC y las demás bandas terroristas son lo que sostiene los sueldos fabulosos, decenas de veces superiores a las de quienes trabajan, de los jueces, los profesores universitarios y muchos otros funcionarios) o para someterse indignamente a quienes lo consiguen, soñando con llegar algún día a parasitar a los demás.

(Publicado en el blog País Bizarro el 3 de mayo de 2014.)

domingo, julio 06, 2014

La histeria inquisitorial

La persecución contra la representante electa María Fernanda Cabal por un tuit en el que desaprueba al finadito García Márquez ha dejado aflorar de una manera casi cómica eso nuevo que se ve en Colombia que es un ambiente de arrogancia de los terroristas y sus socios, que ya se sienten haciendo la Revolución cultural, o al menos en los inolvidables tiempos del paredón cubano.

Nadie es más patético en una situación así que los esnobs de clases acomodadas: los lectores de El Malpensante o del blog de Alejandro Gaviria, convencidos de habitar un país normal en el que el vicio prohibicionista disparó los homicidios. Viven como escondidos mientras el tono de la prensa es cada vez más, insisto, el de la Camboya de los primeros meses del dominio del jemer rojo: tras la probable victoria de Santos, ya con el control del poder judicial, con la prensa sometida y muchas decenas de miles de millones de dólares que nadie controla, impondrán el reino de terror que ahora se anuncia.

Primero fue el inefable senador Benedetti proponiendo una sanción para la representante, inventándose las leyes y tratando de acaudillar la persecución: probablemente él no ha secuestrado ni matado a nadie, y no obstante intenta presentarse como maestro de moral, quitándoles el trono a Petro y a León Valencia. Grotesco, patético, colombiano.

Destaca, como siempre, el periódico del Grupo Santodomingo (nadie debe olvidar que ese grupo pasó a patrocinar abiertamente al M-19 después de 1991 e incluso incluyó a uno de sus ejecutivos en la bancada de la banda en el Congreso). Voy a comentar dos "noticias" de ayer sobre el asunto:
Denuncian penalmente a María Fernanda Cabal por discriminación 
La parlamentaria uribista publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Gabriel García Márquez con Fidel Castro con la leyenda: “Pronto estarán juntos en el infierno”.
¿De modo que a alguien se le ocurre que se puede denunciar penalmente eso? Claro que sí: el poder judicial colombiano es un frente terrorista y anda dedicado a perseguir militares, políticos inconvenientes para las FARC y a cualquiera que los incomode. La desfachatez con que obran es inconcebible en cualquier parte, pero a Alejandro Gaviria y los personajes como él, beneficiarios más o menos directos del terrorismo pero ansiosos de un barniz de civilización, les parece que tal vez esos jueces están buscando popularidad. Baste que el lector se interese por lo que ha sido el proceso por el que condenaron a Plazas Vega o los argumentos para dejar impune a Sigifredo López para que quede claro que entre esos jueces y fiscales y los que envían los niños bomba no hay ningún matiz moral. Bah, tampoco lo hay con el público de Alejandro Gaviria y compañía, porque es como si en tiempos del holocausto alguien se considerara inocente por no trabajar en los campos de concentración.

La posibilidad de que la CSJ acepte esa denuncia depende de la conveniencia que eso tenga para la reelección de Santos (y para el poder de sus compañeros de gabinete). Es decir, para el avance de las FARC.

Debajo del titular aparece una foto de una pancarta que reza
"María Fernanda Cabal. Aracataca te declara persona no grata por tu sacrilegio".
¿De modo que considerar que un jefe de bandas terroristas probablemente iría al infierno, según las creencias de los católicos, es un sacrilegio. Quién sabe qué incentivos tendrán (del gobierno o de las bandas terroristas, que hoy por hoy son lo mismo) esas personas para participar en la persecución (hace poco se quejaban del olvido en que las tenía el escritor), pero el resultado de considerar sagrado a un personaje caracterizado por perseguir a las meseras (lo contaba Plinio Apuleyo Mendoza en un video que apareció en El Tiempo) y que después colaboraba con las peores industrias criminales, es cómico. Es colombiano. Colombia es eso. Presten atención a lo que cuenta alias Popeye en este video (minuto 3.30).



Sigue así la increíble "noticia":
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia en contra de la electa representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Cabal, por su participación en el delito de discriminación, tras la publicación hecha en su cuenta en la red social Twitter el pasado jueves.

La denuncia hace referencia expresa al mensaje publicado por Cabal en la red social en la que presentó una fotografía del nobel de literatura Gabriel García Márquez con el expresidente de Cuba, Fidel Castro, y la leyenda: “Pronto estarán juntos en el infierno”. 
Según la acción judicial, la congresista del Centro Democrático incurrió con su actuar en racismo y discriminación como lo consagra la ley 1482 de 2011. “Ejerció actos de hostigamiento contra la memoria del maestro Gabriel García Márquez y lo que él representa para la literatura universal en especial para el pueblo colombiano”.
Ahora los actos de hostigamiento contra la memoria son racismo, cosa que es perfectamente normal: los colombianos no tienen noción del sentido de las palabras. La palabra paz quiere decir hoy por hoy "asesinato" y si alguien se preocupa por los cientos de asesinatos que han cometido las FARC este año le dicen que es enemigo de la paz. Pero ¿no ven que la paz se firma para que todos los colombianos tengan derechos? Ese fenómeno fascinante de la ausencia de diccionario muestra otra vez que los colombianos están en los límites de la condición humana: fuera. La orgía de crimen, mentira y servilismo ha generado unos pseudohumanos que hacen cualquier guiso de vocalizaciones y las consideran un discurso, como si alguien considerara que los inventos que hace un mono que abre una nevera fueran un menú y unas recetas.

Claro que los magistrados encontrarán el racismo, tal como todos los días todos los jueces encuentran los derechos vulnerados que les pagan los demandantes de tutelas.

El párrafo siguiente es verdaderamente de antología:
En este sentido se indica que se presentó un agravante debido al medio de difusión del mensaje en la red social y en diferentes medios de comunicación que hicieron referencian al hecho. Se espera que en las próximos días el alto tribunal defina si acepta o no la denuncia.
¡El hecho de escribir en Twitter ya es un agravante! Pero más porque los medios lo divulgaron. Es en serio. Colombia es eso pero a los nacionales les duele admitirlo, aunque a menudo no lo entienden (no hay un día en que no me responda alguien cuando pregunto por qué hay un asesino del M-19 en el Senado gracias a Uribe que lo que pasa es que soy amigo de los guerrilleros).

El periodismo de la Colombia de Santos es enternecedor, pero hay algo ¡TODAVÍA! más sabroso.
Sugieren que hay pandilla neonazi al servicio de María Fernanda Cabal 
La congresista uribista está en el centro de una polémica por su pronunciamiento contra Gabriel García Márquez.
¿Cómo surge esa noticia? Es muy importante prestar atención porque es de un nivel intelectual y moral inequívocamente colombiano.
El excolumnista Ernesto Yamhure, defensor de las tesis uribistas, acentuó este lunes la polémica alrededor de la representante a la Cámara electa, María Fernanda Cabal. 
En medio del debate nacional porque la líder política publicó en Twitter una fotografía de Gabriel García Márquez junto al exmandatario cubano Fidel Castro acompañada con la frase "pronto estarán juntos en el infierno"; ahora Yamhure habla de un grupo de neo nazis al servicio de Cabal. 
“Es importante que la policía monitoree muy de cerca las actividades de la pandilla de neo nazis al servicio de María Fernanda Cabal”. 
Y continuó: “Cuando usted tiene genes indígenas, apellidos indígenas, temperamento indígena, se ve ridículo posando de fascista y cantando de Cara al Sol”.
(Vale la pena leer toda la "noticia", debajo está el dato de los descontentos de Aracataca.)

¿Qué es el uribismo? Una forma de acceder a puestos de poder gracias a la popularidad de que disfrutó Uribe. Los uribistas son entusiastas de la negociación con los terroristas (todos los días lo declara Zuluaga, para no ser menos que Francisco Santos, que se atribuía el origen de los diálogos), pero al final todos pueden ser uribistas. Tanto los que planearon la toma del Palacio de Justicia como este enternecedor personaje que llama a la policía a perseguir a unos que tienen genes indígenas (el ignorante cree que "indígena" es lo mismo que "indio") y posan de fascistas. ¿Puede ser más cómico? Es grotesco: esta clase de personajes forcejean por cargos e influencia (por poner a Otty Patiño en las listas al Senado) y cuando encuentran quien les incomode lo persiguen a la manera de las sectas estalinistas.

De modo que Yamhure tiene unos contradictores y como lo desaprueban los califica de neonazis y le ofrece a su antiguo periódico otro pretexto absurdo para la increíble persecución (en realidad es sólo la preparación del escenario para un atentado, tal como hicieron antes con Londoño). Los periodistas son de tal nivel que lo convierten en noticia.

¿Cuáles son esos neonazis? Los de "Derecha Colombia", que obviamente ya contestaron. El nivel de ese periodismo ya es difícil de creer: un columnista expulsado porque descubrieron que había estado con Castaño tiene alguna querella personal con unos radicales ultraconservadores y por insultarlos los llama neonazis y los acusa de estar financiados por María Fernanda Cabal y el periódico lo convierte en noticia. La propaganda de las FARC es muchísimo más rigurosa.

No hay ninguna respuesta de Uribe ni de José Obdulio Gaviria ni de ningún personaje importante ante semejante campaña: tratan de complacer al público que no quiere estar en contra de García Márquez. Intentan mostrar todo lo que lo aprecian. Por ese camino van convirtiéndose en verdaderos cadáveres políticos que con su silencio legitiman una campaña de persecución que ya es la tiranía.

Ni a la señora Cabal ni a su esposo les he oído declaraciones contra la democracia y las libertades o los derechos humanos (que sí se encuentran en la propaganda de "Derecha Colombia"). Comedidamente me atrevo a sugerirles que borren toda afinidad con cualquier extremismo de ese tipo, porque la persecución y sobre todo el motivo por la que se emprende, los convierten en los líderes naturales del posturibismo, y nadie que no defienda la asimilación de Colombia al mundo moderno tiene futuro. Salvo los comunistas, claro, porque han alcanzado la hegemonía gracias a las genialidades de los compañeros de Yamhure cuando estaban en el gobierno.

(Publicado en el blog País Bizarro el 23 de abril de 2014.)


lunes, junio 23, 2014

La lógica infecta del uribismo

Saúl Hernández es uno de los columnistas más lúcidos e interesantes que se pueden leer en la prensa colombiana y sus escritos a menudo explican con bastante acierto lo que la propaganda trata de nublar. Sin embargo, su última columna, tras señalar el nudo de la campaña electoral, termina delatándose en su afinidad con la lógica que lleva a la perdición al candidato uribista y a todo el Centro Democrático. Voy a comentarla. 
La demagogia de la paz
Es un hecho que la campaña presidencial aún no despega ni suscita mayores emociones. Y creo que la razón salta a la vista: es una campaña que está viciada por un elemento perturbador que la sitúa en un contexto de excepcionalidad. ¿Cuál? Pues la promesa de una paz incierta que el electorado no se atreve a entorpecer.
Casi que se podría invertir la frase y encontrar el sentido de la actividad terrorista: gracias a la continua amenaza de la violencia, la voluntad de los ciudadanos se suprime, toda vez que en caso de "entorpecer" la paz se pagarían las consecuencias. Es decir, no sólo en el gobierno de Santos, la violencia es un mecanismo de dominación gracias al cual la sociedad sigue sometida a las mismas familias de siempre, el que cuestione ese orden termina amenazando la promesa de paz.

Pero ¿de qué modo puede atreverse el electorado a entorpecer esa "paz"? Tácitamente el columnista carga sobre las espaldas del electorado el hecho de que los candidatos no sean capaces de denunciar el contenido monstruoso de dicha "paz". ¿Cómo puede saberse si el electorado se atreve a entorpecer la paz si nadie le propone que lo haga? (De hecho, Uribe ganó en 2002 porque se atrevió a cuestionar el futuro luminoso que se anunciaba gracias al Caguán.)

En cualquier proceso electoral en cualquier parte se podría plantear algo así: gracias a los motivos que sean, casi siempre a una hegemonía previa de una etnia o de un sistema de valores, quien propone una alternativa se encuentra en minoría y aun en desventaja. Pero intenta imponerse agrupando a la gente que comparte sus ideas. En Colombia no: se culpa al electorado y se lloriquea porque el enemigo no ayuda. La frase final del escrito lo confirma.
Las pruebas abundan. No hay que olvidar que desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana señalamos que la paz no se firmaría en este cuatrienio –violando la promesa de que sería una negociación de meses y no de años–, sino que se convertiría en un instrumento para catapultar la reelección de ‘Juan Manuel’, con la premisa de que él es imprescindible para consolidar ese pacto. 
Pues bien, ese mismo argumento, que más parece un chantaje, es el que viene machacando Santos en la campaña de ‘Juan Manuel’ con aseveraciones como “No es el momento de cambiar de ‘capitán’, eso sería fatal”, “Ninguno de los candidatos tiene la más mínima experiencia en procesos de paz”, “Vamos a completar lo que hemos comenzado” o “No podemos comenzar de cero cuando estamos a punto de ganar”.
Y, por consiguiente, como la paz es un tema de alta sensibilidad para los colombianos, la mayoría se ha hecho a un lado para no aguar la fiesta, con lo cual ‘Juan Manuel’ podría reelegirse con una votación pírrica gracias a un maniqueísmo descarado que ha dado frutos debido a que a nadie le gusta que lo califiquen de “enemigo de la paz” y lo igualen con los verdaderos enemigos, que son los que llevan 60 años asesinando a colombianos. Esa es una ofensa verdaderamente grave que supera con creces la incultura de quienes hicieron mofa del Jefe de Estado por un insignificante episodio de incontinencia.
Luego, el contenido de la "paz", que es el aplauso a los cientos de miles de crímenes de los terroristas y la sumisión a su autoridad, pasa como algo tolerable, "un tema de alta sensibilidad para los colombianos", algo que nadie se atreve a cuestionar, etc.

Aquel que no quiera ser descrito por los socios de los terroristas como "enemigo de la paz", y por tanto se hace a un lado para no echar a perder la esperanza, es un cómplice, puesto que se trata de la legitimación y el premio de los crímenes: de aquello para lo que se cometen.

El columnista, tal vez por lealtades personales con los jefes uribistas, pasa por alto la profunda inmoralidad de esa actitud, que ya es grave en cualquiera pero lo es mucho más en quien aspira a gobernar y busca los votos de las víctimas y la gente descontenta con Santos y su componenda.

Es decir, si un gobernante desalmado se alía con unos asesinos para repartirse el botín y la mayoría se pone de su parte desistiendo de la justicia y de la ley, nadie puede lamentarse diciendo que si obraba honradamente perdía votos. El que se hace cómplice puede tener muchos motivos, y en el caso de la mayoría es el miedo y el servilismo, pero eso no reduce la culpa de esa complicidad.

Ese maniqueísmo del chantaje de Santos ha dado frutos porque la supuesta oposición la constituyen enanos morales que no pueden ver que toda concesión al crimen se traduce siempre sin remedio en más crímenes y que (es lo que en últimas dice el columnista) tal vez querrían ser ellos los que se repartan el botín con los asesinos.
De manera que ese talismán que es la promesa de un país en paz ha adormecido la campaña a tal grado que ‘Juan Manuel’ lidera las encuestas con un pobrísimo 23 por ciento que no se compadece con el reparto impúdico de mermelada, mientras que tres cuartas partes de los colombianos se oponen a esa reelección sin hacer olas, pasivos ante la esperanza –que es lo último que se pierde– de que esta vez sí se logre la paz con unos rufianes que a diario demuestran que ni la quieren ni la merecen.
Lo que ha adormecido la campaña es la falta de oposición. El paso siguiente es la hegemonía de los terroristas, poseedores de decenas de miles de millones de dólares con los que pueden comprar a todos los políticos y a todos los jueces y a todos los periodistas e implantar una tiranía mucho peor que la venezolana o la cubana (antes del comunismo esos países eran más bien tranquilos comparados con Colombia).

Pero los uribistas tienen un remedio: lloriquear. Es el sentido del escrito de Saúl Hernández. No habrá país en paz porque lo que ha hecho Santos es dar a los terroristas lo que más necesitan, que es la legitimidad. El acuerdo de participación política es el reconocimiento solemne de que se levantaron en armas porque la democracia era insuficiente. Pero ¿no lo sabe Saúl Hernández ni los asesores de Zuluaga? Sí lo saben, pero no van a frustrarles a sus votantes la dulce idea de que "reconciliándose" con los que han matado a otros van a evitarse riesgos.

Es decir, Hernández y el uribismo renuncian a decirle a la gente que debe ceñirse a la ley y hacer frente a los criminales porque la gente está ilusionada con convivir con ellos y más bien resignada a dejarlos gobernar. Eso se llama hacerse cómplices.
Es como si a la gente la hubieran convencido de que el terrorismo es culpa de todos y que, para solucionarlo, el aporte mínimo de cada uno es el voto a favor de quien tiene la ‘llave de la paz’. Pura demagogia que se sirve de un viejo anhelo colectivo, anclado en el ADN de la Nación, para alcanzar réditos personales o grupales. Con esa promesa se creó la Constitución de 1991 y con la misma, Andrés Pastrana fue elegido presidente.
No, nadie cree que el terrorismo es culpa de todos, sencillamente una sociedad desvertebrada está formada por individuos que no tienen ejemplos ni sentido de comunidad y se ponen de parte del vencedor. En 2008 de Uribe y el Ejército, ahora de las FARC y Santos. El anhelo colectivo anclado en el ADN de la nación es la ausencia de respeto a la ley: tal como se evidencia con los intolerables ataques con ácido, parece que en cada colombiano anidara un salvaje que podría cometer en cualquier momento las atrocidades de los terroristas.

El párrafo es muy elocuente, y permite de nuevo entender el sentido de la acción terrorista: una vez que se reconoce legitimidad a los criminales, el supuesto alivio de las víctimas potenciales conduce a la aceptación de lo que exigen. ¿De dónde salen? De la universidad. ¿Quién iba a la universidad? En algún momento entre 1950 y 1970 el 1% de nivel socioeconómico más alto. ¿Quién dirigía a los estudiantes? El profesorado, nombrado entre las elites sociales. ¿No es claro que el terrorismo es sólo un sistema de dominación de los mismos de siempre, una forma de perpetuar por medio de la violencia la jerarquía heredada?
Sí, el cuento de la paz ha sido un factor emocional que ha perturbado por décadas nuestro trasegar político. Desde las palomitas de Belisario, pasando por la ‘Séptima papeleta’ de 1990 y el ‘Mandato por la Paz’ de 1997, hasta llegar a la reelección de un mandatario que no tiene otra cosa que ofrecer. Por eso, la manipulación de conciencias con la incesante invocación de lemas publicitarios: ‘estamos reparando a las víctimas’, ‘preparémonos para el postconflicto’, ‘hay que convocar al Consejo Nacional de Paz’.
¿Cómo es que no hay una oposición que le explique a la gente que las víctimas lo son de los criminales y no del "conflicto" y que todo lo que Santos promete sólo significará la multiplicación de los crímenes? Sencillamente porque en el orden de siempre y en el que creó el engendro del 91 hay un sector social significativo que medra gracias a la integración en ese orden y que no tiene interés en destruirlo. Por eso Uribe nunca quiso crear partidos diferentes ni oponerse a las castas políticas ni cuestionar a las cortes heredadas del 91 ni menos convocar una Constituyente para empezar a plantear un país basado en la ley y no en las componendas con los criminales. Por eso los uribistas están encantados de acudir a paneles televisivos a discutir con León Valencia y María Jimena Duzán, exhibiendo sus excelentes modales. Por eso es imposible encontrar a uno solo que entienda de derecho y no sea entusiasta de la "acción de tutela" porque todos los que tienen educación y contactos pueden beneficiarse de la abolición del derecho.
De nuevo, todos se harán a un lado cuando emerja, por reclamo de las Farc, la ‘Comisión de su Verdad’, que prodigará culpas a diestra y siniestra (sobre todo a diestra) y exculpará a estos arcángeles hasta del menor de sus crímenes. Luego se abrirá la puerta a su Asamblea Nacional Constituyente con la inocente convicción de que de allí surgirá una paz definitiva y absoluta. ¡Qué ingenuidad! Por eso, un tema tan azaroso, que suele ser presa del oportunismo político, debería estar excluido del debate electoral.
Pero ¿quiénes son todos los que se harán a un lado? ¿Se hará a un lado el columnista? ¿No está justificando que el candidato uribista y aun los senadores y representantes elegidos se hagan a un lado?

Bueno, ¿dónde está la ingenuidad? Santos se encontró un Estado rico y reparte favores a toda clase de funcionarios y logreros que complacen como sea a los criminales, tal como, siguiendo con el ADN de la nación, los policías buscan ocasión de entenderse con los ladrones. Los que firman la paz no son los mismos que mueren, ésos no le importan a nadie. Nadie es inocente ni ingenuo en esa pieza de horror, sólo se trata de las rentas fabulosas del crimen.

La partícula "Por eso" con que comienza la última frase confunde un poco: ¿por la ingenuidad? ¿Por qué?

Pero esa frase, esa idea, tanto lo que lleva dentro como el hecho de publicarla, ¡hasta qué punto muestra lo que es Colombia! ¿Alguien le hará caso y querrá sacar el tema del debate electoral? ¿De qué modo se conseguiría que quedara fuera? Ya es inconcebible que en Colombia las autoridades respeten la ley, no faltaría más sino que los políticos no manipularan el asunto que más interesa a los ciudadanos.

Pero, ¿qué? Supongamos que ocurriera, que el tema más importante de la historia, la caída en un régimen impuesto por bandas de asesinos que asegurará la miseria por siglos y una catástrofe como la de Camboya o la de Ruanda quedara fuera del debate democrático, ¿sería eso lícito? ¿Sería buena idea?

De lo que se trata es simplemente de lloriqueo: nadie tiene la decencia de explicar que la llamada paz es un crimen, la alianza con los asesinos y secuestradores para repartirse el botín que se les entrega gracias al miedo. No lo hace el candidato de la supuesta oposición ni ninguno de los demás, como si fuera muy inconveniente oponerse al canibalismo o a la prostitución infantil y sólo quedara lamentarse de las dificultades de la vida.

No podía faltar la muestra de solidaridad con Santos y su "insignificante" episodio de incontinencia. Sin contar que al parecer estaba borracho, ¿cómo es que un espectáculo tan penoso nunca lo da ningún gobernante de otro país? Porque ningún país se deja gobernar por individuos cuyo organismo colapsa. Pero ¿no encontrarán condena de los compasivos con el presidente que jamás prestan atención a los niños bomba ni a los policías torturados? Ni se cuestiona la "inocente" esperanza de la paz ni se deja de mostrar solidaridad con el pobre hombre enfermo. (¿No sería una estratagema de J. J. Rendón?). Podrían decirles que son enemigos de los buenos sentimientos.

Tiene verdadera gracia que la campaña en que Colombia escoge el abismo y nadie se opone porque podría resultar excluido y aun amenazado en el imperio futuro de los terroristas sea "aburrida". Claro que lo es: el candidato parece un débil mental que proclama todos los días que es excelente persona y promete cupos universitarios para todos y cuanto se le quiera pedir (parece que tal como cuenta con el amor a la paz de la mayoría también cree que todos conciben una caja inagotable de la que sólo hace falta que llegue un hombre honrado y generoso como él para remediarlo todo), y nadie detecta que la "timidez" para denunciar la componenda criminal es una forma clara y especialmente deshonrosa de complicidad.

El país cae en manos del terrorismo por obra de Santos, de los lagartos, de las mayorías indolentes y de estos impostores que suplantan lo que en una democracia sería la oposición.

(Publicado en el blog País Bizarro el 9 de abril de 2014.)

miércoles, junio 11, 2014

Perspectivas de Constituyente


Tras confirmarse su salida de la alcaldía y su inhabilitación, Gustavo Petro declaró que se dedicaría a promover una Asamblea Constituyente, cosa que no tienen ninguna novedad porque ya lo había manifestado Navarro Wolff: es el libreto de las FARC y muy probablemente el del gobierno y su equipo negociador. 

En términos generales se calcula que una Constituyente acordada con las FARC será lisa y llanamente la abolición total de la democracia y su reemplazo por el trust Münzenberg, según proponían alias Iván Márquez y el magistrado auxiliar Rodolfo Arango.

Pero la cuestión es compleja porque una componenda de ese estilo no sería nada presentable fuera de Colombia, más con el prontuario de las FARC. Lo que Santos nunca hará será convertirse en dictador abiertamente y poner en dificultades a los progresistas de la prensa que lo ensalzan.

De modo que no es imposible que la Constituyente que planean se presente como efectivamente democrática, bien con listas conjuntas del gobierno y las FARC, bien gracias a que el poder local de los políticos está cooptado por la Unidad Nacional, que lisa y llanamente sirve a los terroristas (el que tenga alguna duda al respecto puede recordar la completa adhesión a Chávez, Unasur, la CELAC y demás entidades de la conjura totalitaria).

Una de las rentas que le ofrece al crimen organizado proponer una constituyente es poner a quienes se le pueden oponer a defender el engendro del 91, gracias al cual tienen asegurado el control del poder judicial y la impunidad para muchos crímenes de diverso tipo. Buen ejemplo de esa reacción es este editorial de El Colombiano.

Otra reacción interesante es la del arquetípico lambón Gabriel Silva Luján: se opone porque cree que les interesa a los uribistas, siempre ansiosos de instaurar la reelección perpetua. (Desgraciadamente tiene razón.) La desfachatez con que defiende el engendro de Pablo es casi cómica:
En su ya casi cuarto de siglo de vigencia, la Constitución les ha servido bien a los colombianos. Es un conjunto de principios, instituciones y normas que ha traído paz, sembrado prosperidad social y otorgado legitimidad al sistema democrático. Es quizás la primera ley suprema en la historia del país que no fue impuesta a la brava por el victorioso sobre el vencido.
¿Qué importa que los crímenes se hayan multiplicado, que la desigualdad creciera diez puntos durante el primer decenio de vigencia de esa norma, que el poder judicial sea una máquina de persecución al servicio de las bandas terroristas, que reinen la corrupción y el despilfarro? A los colombianos se los compra fácilmente y se los pone a declarar que viven en el paraíso.

Ese hombre inverosímil era de todos modos promotor de la segunda reelección de Uribe, pero con el desparpajo que da vivir en medio de gente que no concibe el respeto de sí misma, ostenta ahora su odio como forma de acceder al magisterio moral al que ya accedieron otros próceres como Petro o León Valencia.

Con todo, ¿qué significa la resistencia a la Constituyente por parte de personajes como éste? Realmente es imposible saber qué clase de componendas tiene la camarilla de Santos con el régimen castrista y la banda asesina. ¿Será un intento de regateo o sólo retórica electoral para no espantar a los conformistas que no han entendido la simbiosis del gobierno con las FARC? (De gran ayuda para eso han sido Uribe y sus seguidores, que nunca quisieron hacer oposición.)

Pero más curiosa todavía, más instructiva, es esta perla del profesor de la Universidad de Los Andes César Rodríguez Garavito. Conviene prestarle atención porque ese hombre es uno de los portavoces de "DeJusticia", que es más o menos abiertamente un frente de las FARC para el estrato 6, algo más comprometido que un think tank, como una especie de gerencia de proyectos. Forman parte de esa organización por ejemplo el citado Rodolfo Arango, que propone castigar a los responsables del conflicto ("casualmente" unos meses después salió alias Iván Márquez proponiendo lo mismo), o Rodrigo Uprimny, otro magistrado que consideraba ilegal desmovilizar a los miembros de las FARC porque eso no surgía de acuerdos con el Secretariado.
La constituyente de Petro 
Tiene razón Gustavo Petro al denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las decisiones ilegales de la Procuraduría y el Gobierno que terminaron con su mandato en la Alcaldía. Pero se equivoca al patear el tablero del juego que injustamente perdió y unirse al llamado a una asamblea constituyente.
La ilegalidad la define el prócer a partir de una interpretación sesgada de la Convención Americana de DD HH que casualmente no detectaron en los miles de casos precedentes de destituciones de funcionarios elegidos. Es la cultura local, el aplomo de cada patán para decretar cualquier cosa. El detalle judicial se resuelve con un adjetivo y el columnista se erige en autoridad.
En unos años, la Corte Interamericana probablemente fallará a favor de Petro y ordenará indemnizarlo por haber sido sancionado por un funcionario administrativo (el procurador) y no por un juez penal, como lo ordena el artículo 23 de la Convención Americana, que Colombia ratificó y está obligada a cumplir. También le dará la razón a la Comisión Interamericana, que dictó acertadamente medidas cautelares para evitar que se consumara el atropello.
Dicha corte, como ya he explicado, se encontrará con el problema de los miles de destituciones previas, y puede que a pesar de su arrogancia y de la afinidad con el chavismo de los jueces que la componen, resulte demasiado descarada tratando de cambiar tardíamente la legislación de un país para proteger a un secuestrador y asesino. Pero de momento no cuesta nada declarar lo que "probablemente" sucederá. Probablemente no.
Aunque tardía, esa es la solución última que prevé el sistema jurídico que el mismo exalcalde ayudó a construir y se comprometió a cumplir en 1991. En esa coyuntura histórica, el M-19 de Petro tuvo una representación cuantiosa en la asamblea constituyente, aupado por una movilización estudiantil y una indignación colectiva que no se han visto desde entonces. El resultado fue una constitución profundamente democrática e igualitaria —con instituciones como la tutela, un catálogo amplio de derechos y unos mecanismos generosos de participación popular—, en la que se reconocen ideas del M-19 y otros sectores progresistas.
La indignación colectiva era el afán desesperado de frenar la extradición de los omnipotentes señores de la cocaína, que le habían pagado al M-19 por la toma del Palacio de Justicia y por muchísimos carros bomba gracias a los cuales la universidad eligió a muchos representantes de la banda porque el resto de la sociedad se abstuvo (la participación en las elecciones a dicha asamblea fue inferior al 20%).

Como siempre, hay que recordar lo monstruosa que es Colombia, lo repugnantes que son los colombianos para cualquiera que viva en otro ambiente. Este profesor de la universidad de las elites no vacila en declarar que el engendro impuesto por los mafiosos y asesinos es "profundamente democrática e igualitaria". ¿Qué es lo democrático? Aquello que corresponde a los intereses del Polo Democrático, por ejemplo la capacidad de las cortes para legislar por encima de lo que la gente haya escogido en las urnas. ¿Qué es lo igualitario? Por ejemplo, que el coeficiente de Gini marcara diez puntos más al cabo de un decenio de dicha constitución, como ya señalé.

Los mecanismos que menciona, la acción de tutela o el catálogo de derechos que se protegen con ella son el nombre mismo de lo no democrático: cada derecho es un pretexto para que los recursos comunes favorezcan a particulares. El derecho a la educación impone que aquellos que no van a buenos colegios y no pueden acceder a la universidad pública les pagan los estudios a los que sí pueden, etc.

Pero ¿quíen lee a tan noble pensador? Colombia se resume en eso, en una renta de recursos naturales que se reparte una minoría cuyo latrocinio llama "generosidad" sin que haya nadie que se dé cuenta de la monstruosidad de dicha mentira.
Por eso es difícil digerir lo que Petro le dijo a este diario tras su salida del cargo: “25 años después de la paz con el M-19, creo que nos traicionaron […] pero hoy la vía no son las armas, es la constituyente”. Primero, porque lo que pasó no fue una “traición” innominada, ni un colapso de la Constitución que amerite otra constituyente. Lo que pasó tuvo origen en las acciones del procurador Ordóñez, que ha abusado una y otra vez de los poderes amplios que la misma Constitución le dio (con la venia del M-19) y del nombramiento que le hiciera el Congreso (con el voto de Petro).
Lo tremendo no es que unos asesinos y secuestradores que servían a la mafia de la cocaína resulten impunes y con poder, sino que encima se sienten traicionados. Pero eso para uno, para el flamante profesor el problema es que cuestione la constitución (la amenaza de "no son las armas", de nuevo reivindicación de las atrocidades que cometieron en los setenta y ochenta, tampoco le llama la atención a nadie).
Segundo, porque nada regocijaría más al procurador que una nueva constituyente, donde fueran recortados los derechos de las mujeres, los gais, los jóvenes, los defensores del medio ambiente y tantos otros que ha perseguido jurídicamente. Y que eliminara el artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos al sistema legal colombiano y que Petro está usando en su recurso ante el Sistema Interamericano. 
El sobreentendido que hay tras este párrafo es la imposibilidad de una constituyente "corporativa", como la llama Rodolfo Arango: una constituyente podría ser menos complaciente con la universidad y sus tropas que la del 91 porque podría participar más del 20% del electorado, luego, podría convenir al procurador.
Tercero, Petro tristemente se equivoca al responder con la misma moneda al Gobierno y al procurador: echando por la borda las reglas de juego y sacrificando los principios al frío cálculo político. ¿Cómo más entender su coqueteo con el uribismo y las Farc para ambientar la idea de la constituyente? Basta ver los resultados de la elección al Congreso para darse cuenta de que una nueva constituyente distaría mucho de la del 91. No existe hoy un movimiento de indignados con la contundencia del estudiantil de hace un cuarto de siglo, que desestabilice desde abajo las clientelas políticas. Lo más probable es que la constituyente se parezca al Congreso recién electo: una tercera parte de votos amarrados por la corrupción, otro tercio ubicado a la derecha y otro entre el centro y la izquierda. De allí saldría una Constitución mucho más parecida a la de 1886 que a la de 1991.
Este párrafo es el que justifica el comentario a todo el artículo: puede que lo que inquiete a César Rodríguez sea lo que ilusione a las FARC: una Constituyente en la que los recursos públicos se destinen a "amarrar" votos para favorecerlas, toda vez que su interés hoy es indistinguible del de Santos y su camarilla. Dos tercios de la representación en una Constituyente son suficientes para imponer cualquier cosa. Los políticos tienen una visión de corto plazo, sólo para la rapiña, con lo que las perspectivas de legitimar el régimen fariano son altísimas. Puede que sea lo que buscan las FARC, Petro, Navarro y otros. Y lo que fingen resistir Silva Luján y Rodríguez.
La Constitución está lejos de ser perfecta. Se puede mejorar con reformas puntuales, como la limitación de los poderes de la Procuraduría y las facultades de nominación de las cortes. En lugar de reemplazarla, una vez más, deberíamos intentar algo más difícil: cumplirla.
El viejo problema de que en términos legales los terroristas ya triunfaron en 1991 gracias al terror de los carros bomba: pedir una constituyente es un pretexto para seguirse lucrando de los crímenes con el pretexto de la negociación. Si no la consiguen quedará como que cedieron, cuando ya tienen el Estado a su servicio.

Y pensando en eso uno vuelve a ver la magna obra de Uribe, que nadie quiere ver. Si hacia 2008 en lugar de buscar perpetuarse en la presidencia hubiera querido hacer frente a la tiranía criminal impuesta en 1991 cambiando la constitución, otros serían los resultados. Una mayoría que implantara una constitución parecida a la de los países civilizados, y que desbaratara el control del hampa terrorista sobre el poder judicial, era posible entonces. Ahora no. Ahora con cara ganan ellos y con sello pierde la democracia. 

Pero Colombia es un destino: yo ya renuncié a convencer a nadie de que entregarle el país a Santos y permitir de mil maneras el triunfo de los terroristas no es algo de lo que le salgamos a deber a Uribe. Es como si les hablara en chino, sólo están preparados para batirle la cola a algún capitán de un equipo que gane partidos.

(Publicado en el blog País Bizarro el 7 de abril de 2014.)

domingo, junio 01, 2014

La ideología universitaria

1. La mejor universidad

En una ocasión leí una noticia sobre un grupo de jóvenes del Huila que habían sido enrolados en las FARC con engaños y después estaban medio secuestrados, mientras sufrían adoctrinamiento y se los preparaba para cumplir tareas al servicio de la banda. Me quedó sonando que una chica de ésas contara que según Jojoy ésa era la mejor universidad que podían tener.

Ya sé que la gente del medio universitario está harta de que se relacione sus beneméritos centros de saber con las guerrillas, pero ¿qué clase de argumento es ése? Es como si los ex presidiarios protestaran porque los incluyeran entre los sospechosos de alguna infracción. Habría que plantearse si hay algo de cierto en eso, cosa que SIEMPRE se descarta en medio de las típicas amenazas y acusaciones de paramilitarismo.

Realmente esa asociación molesta a los interesados y a los ignorantes. Los que se han aventurado a estudiar carreras como sociología o antropología en la Universidad Nacional saben que sus profesores son sólo los compañeros de estudios y militancia de Alfonso Cano, cosa muy fácil de comprobar por ejemplo enterándose de quiénes escriben cartas a las FARC quejándose de los "falsos positivos" y tratando de legitimar a la banda para que se premien sus proezas. O consultando a cualquier persona que conociera las universidades públicas en los años sesenta, setenta y ochenta. Yo conozco incluso profesores extranjeros cuya labor, muy bien pagada, es la difusión del marxismo. Basta echar un vistazo al artículo enlazado en este párrafo para entender que es a lo que se dedican cientos de profesores.

De modo que Jojoy no andaba tan desencaminado cuando se sentía formando una nueva generación de revolucionarios: los demás doctores sólo son más ineptos como asesinos, no menos ignorantes ni menos fanáticos ni menos leales al sueño totalitario.

Lo nuevo es que la izquierda marxista ya no está sólo en la universidad ni se plantea emprender la lucha armada para imponer el socialismo, sino cobrar el fruto de la lucha armada que empezaron los del Movimiento Estudiantil Revolucionario de las generaciones anteriores. Y ahora domina la mayor parte del Estado, a través de los sindicatos, de la Administración de Justicia, de entidades como la Alcaldía de Bogotá y de redes de políticos venales que siguen las órdenes de Hugo Chávez (en algunos casos prácticamente lo dicen).

Arrinconada la tropa rústica, lo que caracteriza a la universidad actual es el odio al líder de la otra Colombia, que llevó a la victoria de las Fuerzas Armadas y formó una mayoría social que rechaza el comunismo. Los pretextos de ese odio son grotescos, a menudo mentiras descaradas o apreciaciones delirantes (como considerar las supuestas interceptaciones a los evidentes socios del tráfico de drogas y el terrorismo como delitos de lesa humanidad) y explotan a la vez el resentimiento contra los que salen en las páginas sociales y el desprecio de las personas cultas y sensibles de la capital por los colombianos de las zonas rurales.

Es el odio de la clase de gente indignada por el monstruoso crimen de unos vulgares subsidios agrícolas, menos sesgados a favor de los ricos que en los demás países, pero dispuesta a considerar justificada la indemnización de 2.000 millones de pesos, decenas de veces lo que un trabajador colombiano obtendría en toda su vida, porque un presunto prevaricador se sintió incómodo ante la posibilidad de que lo estuvieran investigando.

En Twitter yo sigo a decenas de personas que se sienten unidas en su rechazo al terrorismo y a su promotor venezolano. Yo creo que mientras no se tenga claro que el problema es el orden social cuyo principal engranaje es la universidad, y no sus efectos, como las bandas terroristas (si se piensa en las surgidas en las universidades después de la revolución cubana, serían varias decenas: sólo las FARC y el ELN persisten, gracias a la ayuda generosa de la Unión Soviética y del territorio libre de América, en su día); mientras no se entienda que la guerrilla es casi una fatalidad para Colombia y no una desgracia que le llegó por mala suerte, y que incluso cuando la tropa rústica ha sido vencida, aquello que la mueve sigue conspirando y haciendo casi tanto daño como entonces... Mientras no se haya pensado seriamente en eso, sólo se estará disfrutando de una tregua en la cual olvidarse de los problemas.

Para hacerles frente habría que preguntarse ¿por qué produce Colombia personajes como Jojoy o como Pablo Escobar?, ¿de dónde salen las certezas y condicionamientos que los llevan a hacer lo que hicieron? En el caso del campesino comunista el alivio que siente uno al saber que desapareció no compensa la indignación que sigue dejando la impunidad de los cientos de miles de miserables que lo apoyaban y que se lucraron de muchas maneras de las atrocidades que ordenaba, sobre todo robando al conjunto de los ciudadanos a través del sindicalismo estatal, pero también desde ONG, grupos políticos y agencias de mediación de secuestros.

Jojoy desapareció pero las FARC persisten, y seguirán matando colombianos cuya suerte importa a muy pocos. Y el país cuenta con cientos de miles de Timochenkos y Romañas (más cobardes e hipócritas, eso sí) "formados" en las universidades. Mientras no se atienda a esa cruel realidad, la alegría por la desaparición de Jojoy puede ser tan fútil como la que en su día experimentaron los colombianos por la caída de Sangrenegra, Desquite o Efraín González. Los jefes de la conjura siguen disfrutando sus sueldos multimillonarios en la Universidad Nacional y sin duda se ríen del entusiasmo de los colombianos por la muerte del patán al que desprecian tanto como a las víctimas.

Por lo general, cuando se consideran las relaciones de la izquierda universitaria con las bandas terroristas hay personas que se echan a temblar por algo que les parece excesivo o calumnioso. Pero ahí se trata de algo intelectualmente atroz: la pretensión de que un prejuicio va a ser más cierto que el conocimiento empírico. Quienes no dudan de esa relación son quienes conocen por dentro esas sectas, como Plinio Apuleyo Mendoza, José Obdulio Gaviria o Eduardo Mackenzie.

Con todo, lo interesante es considerar lo que era Jojoy, sus valores y aspiraciones, su condición moral y la base de su concepción del mundo. Fuera de su liderazgo, de su zafiedad, de su condición de criminal activo y de su arraigo en la guerra, las ideas de Jojoy son exactamente las que han profesado la mayoría de los intelectuales colombianos desde los años sesenta. Al pie de la letra. A lo mejor es que leía demasiado la prensa y por eso razonaba así. Pero la verdad es que desde los años ochenta el mando en las FARC lo tienen los universitarios. El rústico Jojoy sólo era un peón de las ideas de Cepeda I, de Gilberto Vieira (cuyos descendientes también tienen su parte de mando en las redes de la lucha revolucionaria) y de los demás líderes del PCC.

¿Cuáles son esas ideas? Es profundamente estúpido suponer que se trata de "ideologías foráneas", pero no por eso se debe concluir que son un simple desarrollo endógeno de la mentalidad tradicional. La vieja cultura de saqueo y esclavitud halló un pretexto potente en el totalitarismo marxista, tan potente que el arquetípico golpista venezolano no encontró nada mejor para asegurarse el poder. En gran medida esos valores se adaptan a corrientes poderosas que atraviesan todo Occidente, pero en el contexto primitivo y de indigencia moral generalizada (que es otro nombre del primitivismo) que reina en Colombia, la traducción en crimen masivo fue inmediata. En otras partes no es tan fácil para los rateros convertirse en fanáticos ni para los fanáticos convertirse en rateros.

Es decir, la ambición de un guerrero primitivo como Jojoy encontró la cadena de falacias que le permitían obrar como obraba sin vacilación. La casta intelectual (formada por miles de individuos que reciben sueldos multimillonarios y toda clase de prebendas por dedicarse a hacer política contra el sistema democrático) aseguró su poder gracias a los crímenes de las bandas, y al mismo tiempo proveyó las coartadas que en la mente de decenas de miles de campesinos se convirtieron en la orgía de sangre que todavía asusta a la mayoría de los colombianos.

¿Cuáles son esas coartadas? ¿De qué modo la ideología universitaria sigue siendo hegemónica entre las clases altas en Colombia y amenaza con nuevas erupciones de redes criminales dispuestas a tomarse el poder, toda vez que ya tienen copado la mayor parte del Estado sin que las mayorías se decidan a cambiar esa situación? En la siguiente entrega continuaré explicándolo.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 8 de noviembre de 2010.)

2. Adiós a Dios

El ateísmo, la negativa a aceptar que una voluntad externa rige el mundo, está en la base de la tradición filosófica griega, que es al fin de cuentas el origen de nuestra civilización. Pero tal visión corresponde al anhelo de saber de un tipo de individuos que concibieron infinidad de hipótesis sobre la esencia y el origen de la materia, el universo o la vida, que se pasaban el día tratando de entenderlo. Ser ateo comporta desistir de atribuir al mundo cualquier sentido, cualquier causa final (es decir, no existe para nada).

En otras palabras, el ateísmo desempeña un papel en la indagación filosófica y no puede ser una certeza fácil que alivie a la gente de las cargas ligadas a su tradición religiosa. Quien lee a los grandes filósofos muy rara vez encuentra proclamas de ateísmo o condenas de la religión. Por el contrario, desde la Edad Media son muchos los pensadores creyentes, los que intentan hacer compatible el cristianismo con la razón desarrollada en la Antigüedad (que también tuvo su papel en el origen del cristianismo). Tampoco Marx, que dice que en el mundo que creó la burguesía la religión es el opio del pueblo pero no atribuye a "opio" la acepción que el populacho le da: era ante todo una forma de disfrute y alivio que no estaba al alcance de todo el mundo.

La pérdida de la religiosidad en individuos que no tienen hambre y sed de verdad sólo conduce a una profunda desmoralización, precisamente porque la religión era la base de un acuerdo general sobre los límites de lo que se puede hacer. El intelectual Iván Kamarazov se preguntaba: "Si Dios no existe, entonces ¿todo está permitido?". Cuando uno lee las arduas y apasionadas discusiones sobre el aborto se queda siempre desconcertado ante la tosquedad de los liberalizadores. ¿Qué es lo que hace que el feto de dos meses sea desechable y el niño de dos meses de nacido no? Los mismos griegos y romanos dejaban morir a las criaturas que no interesaban, a menudo a las niñas. Tampoco habría por qué desistir de comer carne humana, como hacían antes de la Conquista los habitantes de Mesoamérica (mucho más cerca de los europeos de su tiempo en refinamiento y organización que de los habitantes de la actual Colombia). De hecho, últimamente no es raro encontrar noticias sobre gente que se aventura a hacerlo. Lo mismo se podría decir sin problemas del incesto, del homicidio, de la crueldad, etc.

¿De dónde viene que alguien que profese el ateísmo deba tener alguna enemistad con quienes creen en Dios? La persona religiosa en cierta medida asume el compromiso de conservarse inocente, cuando es cristiana observa no sólo el mandamiento de amor al prójimo, que no es ninguna obviedad y sobre todo no lo era antes, sino también las normas mosaicas. Quienes buscan esa enemistad sólo halagan el orgullo de personas muy mediocres intelectualmente para utilizarlas con otros fines.

Como país heredero de la Contrarreforma, Colombia sufre el flagelo de una religión severa que tenía que convivir con una empresa que negaba la esencia de sus convicciones. El saqueo, el exterminio y la esclavitud de la población aborigen no eran propiamente formas de amor al prójimo, y la conversión forzosa y masiva, ligada a la esclavización, era más una forma de dominación que de enseñanza de una doctrina de amor. El aislamiento del país, la precariedad de las condiciones materiales, el mismo primitivismo de los aborígenes, etc., fueron debilitando el sentido de un discurso religioso que desempeñó un importante papel en la formación de la Europa moderna.

El catolicismo realmente existente durante los siglos coloniales y en el periodo republicano ya era, comparado con el modelo de la misma tradición cristiana, una forma de desmoralización. Convivía con la crueldad, con el desprecio, con el atropello constante y con una muy marcada hipocresía. De hecho, ya el modelo de penitencia y perdón siempre y cuando se acepte la primacía de la institución religiosa (y de sus ministros) termina siendo una forma de "carta blanca" para delinquir. El lamentable episodio de la relación de García Herreros con Pablo Escobar, convertido en aspirante al cielo antes de su última fuga, ilustra muy bien ese problema.

Es de ese orden hegemónico de donde surge la ideología universitaria o jojoyana. Hipócritamente presentada como "ilustración" o "progreso", pero en realidad como continuación del orden de Apartheid cuando los valores liberales y democráticos amenazan con acabar con los privilegios de las castas superiores. En el juego de intereses de esas castas la cuestión religiosa se vuelve una guerra de banderías y no un problema filosófico. Y el "ateísmo" es sumamente útil: es necesario quitarles frenos a los esclavos para que se maten sin complicaciones para conseguir que Molano llegue a ministro vitalicio.

Pongo "ateísmo" entre comillas porque la ideología universitaria colombiana es un conjunto de resortes y sobreentendidos. La religión se considera un lastre para el progreso, y los problemas morales se niegan. Hace unos cuantos años le pregunté a un comunista si estaba casado y me miró con desconcierto y rabia: "¿Te imaginas que yo voy a vivir amancebado?". Si se piensa en los crímenes, siempre dicen que eso ya no pasa porque ya nos hemos civilizado, pero ¿qué es "civilizarse"? Si hay una vaga noción del deber de amar al prójimo es precisamente por el cristianismo que los nuevos inquisidores en todo momento persiguen como superstición. Y en todos los casos el límite de los crímenes resulta más bien laxo: las FARC y el ELN secuestran y matan gente desde los años sesenta, y hasta los tiempos del Caguán los apoyaban abiertamente 99 de cada cien estudiantes o profesores de universidades públicas. Para esa ideología el aborto o el tráfico de drogas sólo son delitos por la perversidad de quienes los prohíben. Fuera de ahí son "derechos".

Es decir, el mito religioso, milenario y complejo (que, para mencionar sólo el siglo XX, profesaron personas como el poeta más reconocido por los otros poetas, Eliot, o el cineasta más admirado por su profundidad en el medio del cine, Dreyer), se reemplaza por un mito más barato y menos exigente, en el que no faltan la atribución de un sentido al mundo y aun el invento de una "moral natural", reducidos al nivel de comprensión de una chusma elemental y ansiosa de imponerse por la violencia. En cambio, el orden social en el que los descendientes de los españoles se hacen funcionarios de la organización espiritual permanece intacto: sólo es que antes las rentas provenían de los rezos y de la vigilancia de la moral, mientras que ahora llegan de la condena de la religión y de toda la ingeniería social emprendida con recursos fabulosos de las víctimas del terror (como los "estudios de género", de la Universidad Nacional). El espíritu inquisitorial también permanece intacto.

Esa suplantación de la religión por una ideología brutal y de corto vuelo está detrás de todas las atrocidades del siglo XX: fue por igual la norma en la Alemania nazi, en la Rusia de la colectivización, en la China de la Revolución cultural y en la Camboya del jemer rojo. En Colombia una vez la base social del totalitarismo (el estudiantado, aun después de graduarse, como parte de la vasta casta que intenta imponer el régimen de partido único) abraza la ideología anticristiana, no es raro que los oficiantes de la "lucha" (que reemplaza a las viejas misiones de los católicos) se permitan todas las transgresiones imaginables a la moral "sobreentendida". El avispado "intelectual" siempre podrá decir que la pedofilia de Raúl Reyes es culpa del régimen que no buscó la negociación de paz.

¿No es el tipo de razonamiento habitual de 999 de cada 1.000 profesores colombianos? La ideología jojoyana hereda de la religión ese arte de brindar identidad a sus prosélitos: una vez reconocidos todos en la superioridad de su condición de sabios insondables que se atreven a declarar que Dios no existe, no tienen ningún problema en engañar con cualquier pretexto a la masa enemiga (la de los creyentes o no adeptos al sueño de la sociedad sin clases).

Esa manía antirreligiosa acompañó al comunismo en todas partes. En España en los años treinta fueron asesinados unos ocho mil curas y monjas por el mero hecho de serlo. Y es una constante el deseo de reemplazar a la Iglesia por el Estado, haciéndolo dueño hasta de la intimidad de las personas. El pseudoateísmo "científico" conviene a ese fin.

Lo que distingue a Colombia es el absurdo continuo: los profesores universitarios corrientes son capaces de montar en cólera porque se los compare con Jojoy, pese a que su visión del mundo es idéntica. ¿No debería ser el finadito quien hallara muy odiosa esa comparación? A fin de cuentas tenía mejor comprensión de lectura, mejor lenguaje, mejor compañía femenina y más prestigio entre la izquierda que ellos. Claro que semejantes sabios no aspiran a un Rolex: dado que hace falta un poco de valor para alcanzar esos ingresos, y no sólo recitar mentiras e idioteces para favorecer la actividad de la tropa remanente, queda mejor optar por la superioridad moral.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 10 de noviembre de 2010.)

3. La victoria inesperada

La exportación de cocaína ha sido un rubro importante de la economía colombiana en las últimas cuatro décadas. La mayoría de los jefes visibles de esa industria, los malhechores que organizaron las redes y rutas y las bandas de sicarios con que se defendían de competidores y perseguidores, están hoy muertos o presos, y sus fortunas dispersas o desaparecidas. Se trataba casi siempre de aventureros surgidos de la delincuencia, o de ex policías o ex militares de baja graduación.

Pero el dinero fluía y fluye hacia los grupos poderosos: abogados, jueces, funcionarios públicos de distinto rango, políticos, militares y policías de alta graduación, testaferros con base económica... Personajes que obviamente no conocen las cárceles, salvo que hayan incomodado a las redes y camarillas que controlan el aparato judicial. Al cabo de un tiempo, el tráfico de cocaína representó una brutal "contrarreforma social" (parafraseando la socorrida "contrarreforma agraria" de la propaganda terrorista, grosero pretexto de la universidad para convertirse, falazmente, en defensora de las víctimas de la guerra que emprendió). La nueva industria determinó una concentración mayor del poder y de los recursos en las castas que usufructúan el Estado desde mucho antes de la Independencia, obviamente a costa del sector productivo formal y de quienes no tienen acceso al favor estatal. Baste pensar en la multiplicación del valor de las viviendas desde los setenta para entender esa concentración como factor de exclusión.

Si se piensa en el poder político y no sólo en el dinero, el fenómeno es mucho más marcado. La necesidad de Pablo Escobar y sus mariachis de "vacunarse" contra la posibilidad de la extradición determinó la jugada de César Gaviria de convocar una Constituyente. Asesinada la cúpula judicial por la alianza entre el capo y la tropa que obedecía a Alternativa, las "fichas" del Movimiento Estudiantil Revolucionario ascendieron en la carrera judicial, obviamente con los previsibles "refuerzos" y "castigos" (para usar el lenguaje de los psicólogos conductistas) que podían repartir en el gremio tan solventes y enérgicos patrocinadores.

La nueva Constitución, modelo de las que después promoverían Chávez y sus émulos, llevó al extremo dicha contrarreforma social: se multiplicaron los recursos para el funcionariado, festín animado por el entonces reciente descubrimiento de Caño Limón. Gracias a eso, y a la necesidad de respaldo y legitimación del contubernio constituyente, la presencia de los emisarios de la utopía en las universidades y en los servicios públicos se afirmó, además por el apoyo de los que ya tenían su puesto, es decir, los lagartos y demás personajes relacionados con el viejo orden, agradecidos por las pensiones y demás prebendas fabulosas y por el blindaje contra toda posible evaluación.

De paso, la nueva norma fundacional encontró en la tutela el atajo para convertir todas las leyes y todos los contratos en papel mojado, concentrando el poder en los abogados y jueces (los que, en la etapa estudiantil, más habían hecho por el sueño revolucionario), y en quienes podían incentivar o intimidar a dichos gremios: los mafiosos, los terroristas y las camarillas ("roscas") del poder político.

Como ya he señalado muchas veces, la mayor atrocidad que ofrece Colombia al mundo es que los beneficiarios de esa extrema desigualdad tienen por oficio quejarse de la desigualdad. Cuando el modo de vida de alguien es una mentira semejante, cuando el parasitismo más desvergonzado se disfraza, aun para el mismo beneficiario, de filantropía, y el despojo sistemático en "justicia", se está ante un falseamiento extremo de la condición humana. Alguien que convive con eso ya no podrá observar ninguna norma de respeto de sí mismo. La desfachatez con que los "juristas" de la Corte Suprema de Franela ejercen su tiranía y con que los sicarios de la prensa la justifican ya muestra una condición moral que avergonzaría a Jojoy.

Por eso no es sorprendente la ambivalencia de la universidad ante las FARC y el ELN, sean cuales sean sus crímenes: ¿alguien recuerda un solo documento firmado por tres o cuatro profesores en que se pida a esas bandas que se desmovilicen o en que se condene su actuación? TODOS los actos políticos de la universidad tienen por objeto cobrar esos crímenes, sacar provecho de ellos, convertir a los rentistas que prosperaron gracias a Pablo Escobar en amos de la sociedad. El tráfico de cocaína y el ascenso de las bandas terroristas produjeron en Colombia un mandarinato bastardo cuyo efecto inmediato, dada la mentira de que proceden las rentas de los beneficiados, es una profunda desmoralización.

Y eso afecta a toda la sociedad, tal como un crimen monstruoso daña a todos los que lo presencian. ¿Alguien se habrá preguntado cómo es que en El Espectador escriben al menos media docena de columnistas que son profesores de la Universidad Nacional y que usualmente no dan ninguna clase (la transmisión del leninismo se deja a otros menos relacionados con las grandes familias) sino que son "investigadores"? El sueldo de esos señores es el galardón que obtienen por deslegitimar al gobierno elegido por los ciudadanos, que pagan ese oneroso tributo gracias al poder de los carrobombas de los años ochenta y noventa. Todo lo cual, sobra decirlo, no incomoda a nadie. Ni el gobierno anterior ni el actual se han planteado la conveniencia de que la legitimación del terrorismo deje de estar pagada por las víctimas.

Y esa realidad termina explicando la base sociológica del terrorismo totalitario: la labor de Jojoy conduciría a una abolición de la propiedad y después de todas las libertades. ¿Quién se habría de beneficiar de eso? Obviamente, el clero universitario, la burocracia parasitaria, en resumen, el mandarinato bastardo que mencioné antes. En caso de que el terror dé sus frutos, ellos se dedicarán a aderezar falacias para legitimar la opresión, tal como han hecho los intelectuales cubanos durante medio siglo.

Pero visto el relativo fracaso de la tropa rústica no hay que creer que pierden mucho, pues ya tienen las rentas y el poder. Lo único que les incomoda es exactamente aquello por lo que organizaron tantos levantamientos armados: las urnas, el hecho de que la gente se exprese y elija a sus gobernantes (la "democracia electoral" era el nombre universitario para esas odiadas costumbres). En Colombia, dadas las condiciones morales de la población, se tolera esa absoluta irrelevancia. El gobierno fue elegido para que continuara el uribismo y se ha dedicado a enterrarlo. No se puede negar que es una opción práctica, pues el poder real lo tienen las camarillas que heredaron la Constitución de Pablo Escobar y hoy controlan toda la rama judicial. Por eso la absoluta coincidencia entre los defensores de las FARC y la Corte Suprema de Franela. Buscan lo mismo, ningunear la decisión de los ciudadanos y tratarlos como ganado.

Muy engañados están los colombianos si creen que el retroceso de las FARC los librará de aquello que buscaba la banda: con el gobierno Santos, aliado con el hampa judicial y los demás poderes fácticos, la prensa y la universidad, los patrocinadores del terrorismo acceden a todo el poder. Puede que la triste tropa de Jojoy les resulte hoy por hoy más bien un estorbo y pongan a políticos uribistas a perseguirla. La democracia y la libertad han retrocedido casi tanto como si las FARC hubieran ganado la guerra.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 17 de noviembre de 2010.)