Tras confirmarse su salida de la alcaldía y su inhabilitación, Gustavo Petro declaró que se dedicaría a promover una Asamblea Constituyente, cosa que no tienen ninguna novedad porque ya lo había manifestado Navarro Wolff: es el libreto de las FARC y muy probablemente el del gobierno y su equipo negociador.
En términos generales se calcula que una Constituyente acordada con las FARC será lisa y llanamente la abolición total de la democracia y su reemplazo por el trust Münzenberg, según proponían alias Iván Márquez y el magistrado auxiliar Rodolfo Arango.
Pero la cuestión es compleja porque una componenda de ese estilo no sería nada presentable fuera de Colombia, más con el prontuario de las FARC. Lo que Santos nunca hará será convertirse en dictador abiertamente y poner en dificultades a los progresistas de la prensa que lo ensalzan.
De modo que no es imposible que la Constituyente que planean se presente como efectivamente democrática, bien con listas conjuntas del gobierno y las FARC, bien gracias a que el poder local de los políticos está cooptado por la Unidad Nacional, que lisa y llanamente sirve a los terroristas (el que tenga alguna duda al respecto puede recordar la completa adhesión a Chávez, Unasur, la CELAC y demás entidades de la conjura totalitaria).
Una de las rentas que le ofrece al crimen organizado proponer una constituyente es poner a quienes se le pueden oponer a defender el engendro del 91, gracias al cual tienen asegurado el control del poder judicial y la impunidad para muchos crímenes de diverso tipo. Buen ejemplo de esa reacción es este editorial de El Colombiano.
Otra reacción interesante es la del arquetípico lambón Gabriel Silva Luján: se opone porque cree que les interesa a los uribistas, siempre ansiosos de instaurar la reelección perpetua. (Desgraciadamente tiene razón.) La desfachatez con que defiende el engendro de Pablo es casi cómica:
Pero la cuestión es compleja porque una componenda de ese estilo no sería nada presentable fuera de Colombia, más con el prontuario de las FARC. Lo que Santos nunca hará será convertirse en dictador abiertamente y poner en dificultades a los progresistas de la prensa que lo ensalzan.
De modo que no es imposible que la Constituyente que planean se presente como efectivamente democrática, bien con listas conjuntas del gobierno y las FARC, bien gracias a que el poder local de los políticos está cooptado por la Unidad Nacional, que lisa y llanamente sirve a los terroristas (el que tenga alguna duda al respecto puede recordar la completa adhesión a Chávez, Unasur, la CELAC y demás entidades de la conjura totalitaria).
Una de las rentas que le ofrece al crimen organizado proponer una constituyente es poner a quienes se le pueden oponer a defender el engendro del 91, gracias al cual tienen asegurado el control del poder judicial y la impunidad para muchos crímenes de diverso tipo. Buen ejemplo de esa reacción es este editorial de El Colombiano.
Otra reacción interesante es la del arquetípico lambón Gabriel Silva Luján: se opone porque cree que les interesa a los uribistas, siempre ansiosos de instaurar la reelección perpetua. (Desgraciadamente tiene razón.) La desfachatez con que defiende el engendro de Pablo es casi cómica:
En su ya casi cuarto de siglo de vigencia, la Constitución les ha servido bien a los colombianos. Es un conjunto de principios, instituciones y normas que ha traído paz, sembrado prosperidad social y otorgado legitimidad al sistema democrático. Es quizás la primera ley suprema en la historia del país que no fue impuesta a la brava por el victorioso sobre el vencido.
¿Qué importa que los crímenes se hayan multiplicado, que la desigualdad creciera diez puntos durante el primer decenio de vigencia de esa norma, que el poder judicial sea una máquina de persecución al servicio de las bandas terroristas, que reinen la corrupción y el despilfarro? A los colombianos se los compra fácilmente y se los pone a declarar que viven en el paraíso.
Ese hombre inverosímil era de todos modos promotor de la segunda reelección de Uribe, pero con el desparpajo que da vivir en medio de gente que no concibe el respeto de sí misma, ostenta ahora su odio como forma de acceder al magisterio moral al que ya accedieron otros próceres como Petro o León Valencia.
Con todo, ¿qué significa la resistencia a la Constituyente por parte de personajes como éste? Realmente es imposible saber qué clase de componendas tiene la camarilla de Santos con el régimen castrista y la banda asesina. ¿Será un intento de regateo o sólo retórica electoral para no espantar a los conformistas que no han entendido la simbiosis del gobierno con las FARC? (De gran ayuda para eso han sido Uribe y sus seguidores, que nunca quisieron hacer oposición.)
Pero más curiosa todavía, más instructiva, es esta perla del profesor de la Universidad de Los Andes César Rodríguez Garavito. Conviene prestarle atención porque ese hombre es uno de los portavoces de "DeJusticia", que es más o menos abiertamente un frente de las FARC para el estrato 6, algo más comprometido que un think tank, como una especie de gerencia de proyectos. Forman parte de esa organización por ejemplo el citado Rodolfo Arango, que propone castigar a los responsables del conflicto ("casualmente" unos meses después salió alias Iván Márquez proponiendo lo mismo), o Rodrigo Uprimny, otro magistrado que consideraba ilegal desmovilizar a los miembros de las FARC porque eso no surgía de acuerdos con el Secretariado.
Ese hombre inverosímil era de todos modos promotor de la segunda reelección de Uribe, pero con el desparpajo que da vivir en medio de gente que no concibe el respeto de sí misma, ostenta ahora su odio como forma de acceder al magisterio moral al que ya accedieron otros próceres como Petro o León Valencia.
Con todo, ¿qué significa la resistencia a la Constituyente por parte de personajes como éste? Realmente es imposible saber qué clase de componendas tiene la camarilla de Santos con el régimen castrista y la banda asesina. ¿Será un intento de regateo o sólo retórica electoral para no espantar a los conformistas que no han entendido la simbiosis del gobierno con las FARC? (De gran ayuda para eso han sido Uribe y sus seguidores, que nunca quisieron hacer oposición.)
Pero más curiosa todavía, más instructiva, es esta perla del profesor de la Universidad de Los Andes César Rodríguez Garavito. Conviene prestarle atención porque ese hombre es uno de los portavoces de "DeJusticia", que es más o menos abiertamente un frente de las FARC para el estrato 6, algo más comprometido que un think tank, como una especie de gerencia de proyectos. Forman parte de esa organización por ejemplo el citado Rodolfo Arango, que propone castigar a los responsables del conflicto ("casualmente" unos meses después salió alias Iván Márquez proponiendo lo mismo), o Rodrigo Uprimny, otro magistrado que consideraba ilegal desmovilizar a los miembros de las FARC porque eso no surgía de acuerdos con el Secretariado.
La constituyente de Petro
Tiene razón Gustavo Petro al denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las decisiones ilegales de la Procuraduría y el Gobierno que terminaron con su mandato en la Alcaldía. Pero se equivoca al patear el tablero del juego que injustamente perdió y unirse al llamado a una asamblea constituyente.
La ilegalidad la define el prócer a partir de una interpretación sesgada de la Convención Americana de DD HH que casualmente no detectaron en los miles de casos precedentes de destituciones de funcionarios elegidos. Es la cultura local, el aplomo de cada patán para decretar cualquier cosa. El detalle judicial se resuelve con un adjetivo y el columnista se erige en autoridad.
En unos años, la Corte Interamericana probablemente fallará a favor de Petro y ordenará indemnizarlo por haber sido sancionado por un funcionario administrativo (el procurador) y no por un juez penal, como lo ordena el artículo 23 de la Convención Americana, que Colombia ratificó y está obligada a cumplir. También le dará la razón a la Comisión Interamericana, que dictó acertadamente medidas cautelares para evitar que se consumara el atropello.
Dicha corte, como ya he explicado, se encontrará con el problema de los miles de destituciones previas, y puede que a pesar de su arrogancia y de la afinidad con el chavismo de los jueces que la componen, resulte demasiado descarada tratando de cambiar tardíamente la legislación de un país para proteger a un secuestrador y asesino. Pero de momento no cuesta nada declarar lo que "probablemente" sucederá. Probablemente no.
Aunque tardía, esa es la solución última que prevé el sistema jurídico que el mismo exalcalde ayudó a construir y se comprometió a cumplir en 1991. En esa coyuntura histórica, el M-19 de Petro tuvo una representación cuantiosa en la asamblea constituyente, aupado por una movilización estudiantil y una indignación colectiva que no se han visto desde entonces. El resultado fue una constitución profundamente democrática e igualitaria —con instituciones como la tutela, un catálogo amplio de derechos y unos mecanismos generosos de participación popular—, en la que se reconocen ideas del M-19 y otros sectores progresistas.
La indignación colectiva era el afán desesperado de frenar la extradición de los omnipotentes señores de la cocaína, que le habían pagado al M-19 por la toma del Palacio de Justicia y por muchísimos carros bomba gracias a los cuales la universidad eligió a muchos representantes de la banda porque el resto de la sociedad se abstuvo (la participación en las elecciones a dicha asamblea fue inferior al 20%).
Como siempre, hay que recordar lo monstruosa que es Colombia, lo repugnantes que son los colombianos para cualquiera que viva en otro ambiente. Este profesor de la universidad de las elites no vacila en declarar que el engendro impuesto por los mafiosos y asesinos es "profundamente democrática e igualitaria". ¿Qué es lo democrático? Aquello que corresponde a los intereses del Polo Democrático, por ejemplo la capacidad de las cortes para legislar por encima de lo que la gente haya escogido en las urnas. ¿Qué es lo igualitario? Por ejemplo, que el coeficiente de Gini marcara diez puntos más al cabo de un decenio de dicha constitución, como ya señalé.
Los mecanismos que menciona, la acción de tutela o el catálogo de derechos que se protegen con ella son el nombre mismo de lo no democrático: cada derecho es un pretexto para que los recursos comunes favorezcan a particulares. El derecho a la educación impone que aquellos que no van a buenos colegios y no pueden acceder a la universidad pública les pagan los estudios a los que sí pueden, etc.
Los mecanismos que menciona, la acción de tutela o el catálogo de derechos que se protegen con ella son el nombre mismo de lo no democrático: cada derecho es un pretexto para que los recursos comunes favorezcan a particulares. El derecho a la educación impone que aquellos que no van a buenos colegios y no pueden acceder a la universidad pública les pagan los estudios a los que sí pueden, etc.
Pero ¿quíen lee a tan noble pensador? Colombia se resume en eso, en una renta de recursos naturales que se reparte una minoría cuyo latrocinio llama "generosidad" sin que haya nadie que se dé cuenta de la monstruosidad de dicha mentira.
Por eso es difícil digerir lo que Petro le dijo a este diario tras su salida del cargo: “25 años después de la paz con el M-19, creo que nos traicionaron […] pero hoy la vía no son las armas, es la constituyente”. Primero, porque lo que pasó no fue una “traición” innominada, ni un colapso de la Constitución que amerite otra constituyente. Lo que pasó tuvo origen en las acciones del procurador Ordóñez, que ha abusado una y otra vez de los poderes amplios que la misma Constitución le dio (con la venia del M-19) y del nombramiento que le hiciera el Congreso (con el voto de Petro).
Lo tremendo no es que unos asesinos y secuestradores que servían a la mafia de la cocaína resulten impunes y con poder, sino que encima se sienten traicionados. Pero eso para uno, para el flamante profesor el problema es que cuestione la constitución (la amenaza de "no son las armas", de nuevo reivindicación de las atrocidades que cometieron en los setenta y ochenta, tampoco le llama la atención a nadie).
Segundo, porque nada regocijaría más al procurador que una nueva constituyente, donde fueran recortados los derechos de las mujeres, los gais, los jóvenes, los defensores del medio ambiente y tantos otros que ha perseguido jurídicamente. Y que eliminara el artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos al sistema legal colombiano y que Petro está usando en su recurso ante el Sistema Interamericano.
El sobreentendido que hay tras este párrafo es la imposibilidad de una constituyente "corporativa", como la llama Rodolfo Arango: una constituyente podría ser menos complaciente con la universidad y sus tropas que la del 91 porque podría participar más del 20% del electorado, luego, podría convenir al procurador.
Tercero, Petro tristemente se equivoca al responder con la misma moneda al Gobierno y al procurador: echando por la borda las reglas de juego y sacrificando los principios al frío cálculo político. ¿Cómo más entender su coqueteo con el uribismo y las Farc para ambientar la idea de la constituyente? Basta ver los resultados de la elección al Congreso para darse cuenta de que una nueva constituyente distaría mucho de la del 91. No existe hoy un movimiento de indignados con la contundencia del estudiantil de hace un cuarto de siglo, que desestabilice desde abajo las clientelas políticas. Lo más probable es que la constituyente se parezca al Congreso recién electo: una tercera parte de votos amarrados por la corrupción, otro tercio ubicado a la derecha y otro entre el centro y la izquierda. De allí saldría una Constitución mucho más parecida a la de 1886 que a la de 1991.
Este párrafo es el que justifica el comentario a todo el artículo: puede que lo que inquiete a César Rodríguez sea lo que ilusione a las FARC: una Constituyente en la que los recursos públicos se destinen a "amarrar" votos para favorecerlas, toda vez que su interés hoy es indistinguible del de Santos y su camarilla. Dos tercios de la representación en una Constituyente son suficientes para imponer cualquier cosa. Los políticos tienen una visión de corto plazo, sólo para la rapiña, con lo que las perspectivas de legitimar el régimen fariano son altísimas. Puede que sea lo que buscan las FARC, Petro, Navarro y otros. Y lo que fingen resistir Silva Luján y Rodríguez.
La Constitución está lejos de ser perfecta. Se puede mejorar con reformas puntuales, como la limitación de los poderes de la Procuraduría y las facultades de nominación de las cortes. En lugar de reemplazarla, una vez más, deberíamos intentar algo más difícil: cumplirla.
El viejo problema de que en términos legales los terroristas ya triunfaron en 1991 gracias al terror de los carros bomba: pedir una constituyente es un pretexto para seguirse lucrando de los crímenes con el pretexto de la negociación. Si no la consiguen quedará como que cedieron, cuando ya tienen el Estado a su servicio.
Y pensando en eso uno vuelve a ver la magna obra de Uribe, que nadie quiere ver. Si hacia 2008 en lugar de buscar perpetuarse en la presidencia hubiera querido hacer frente a la tiranía criminal impuesta en 1991 cambiando la constitución, otros serían los resultados. Una mayoría que implantara una constitución parecida a la de los países civilizados, y que desbaratara el control del hampa terrorista sobre el poder judicial, era posible entonces. Ahora no. Ahora con cara ganan ellos y con sello pierde la democracia.
Pero Colombia es un destino: yo ya renuncié a convencer a nadie de que entregarle el país a Santos y permitir de mil maneras el triunfo de los terroristas no es algo de lo que le salgamos a deber a Uribe. Es como si les hablara en chino, sólo están preparados para batirle la cola a algún capitán de un equipo que gane partidos.
(Publicado en el blog País Bizarro el 7 de abril de 2014.)
(Publicado en el blog País Bizarro el 7 de abril de 2014.)
