Intimidación de lujo

Colombia es diáfana, pero no para los colombianos, y eso sin duda por un afán secreto de engañarse que merecería atención de algún antropólogo o, mejor, de algún psiquiatra. Por ejemplo, la relación de las bandas terroristas con los grupos universitarios conocidos como "la izquierda" es manifiesta y directa. El Polo "Democrático" o los progresistas jamás han pedido a las bandas terroristas que desistan, sino que cobran sus crímenes exigiendo que se los premie con engaños que parecen concebidos para manipular a niños de cuatro años. ¿O qué es lo que hacen? Sencillamente hay una parte considerable de la sociedad, la que se lucra del Estado, que saca provecho de esos crímenes y los justifica y alienta. Ya sé que es algo que he repetido cientos de veces, pero casi todo el mundo en Colombia obra como si fuera de otra manera.

Otro ejemplo, la relación de los medios de la familia del presidente Santos con las organizaciones terroristas. En esta entrada de Atrabilioso enlacé numerosos documentos que muestran que el hermano mayor del presidente fue uno de los organizadores del M-19 y sin duda estuvo detrás de muchas de sus acciones, por mucho que ahora intente tapar su vinculación a la secta terrorista. Lo mismo se puede decir de la actuación de dicho prócer durante los años del Caguán. ¿Alguien podría explicar que todos los días la prensa diera por sentado que había que permitir a los terroristas reclutar niños en la zona de despeje y emplearla para atacar al resto del país?

Mi explicación de esa ceguera es ésta: el aislamiento hizo que en el centro de Colombia se mantuviera el espíritu de la Contrarreforma, con su terror, sumado a la esclavitud que impusieron los conquistadores. Eso explica el miedo a pensar, la humildad abyecta de la gente pobre, el resentimiento infinito de los que se atreven a renunciar a esa humildad, la tolerancia ante la crueldad o la trampa, el desprecio de las leyes, el servilismo repulsivo de las clases acomodadas ante los poderosos y la doblez general. De ahí que esas realidades obvias, como que los asesinos Petro o León Valencia nunca se han arrepentido de sus asesinatos y secuestros, o que cuentan con protección de gente muy bien relacionada en los medios oligárquicos, sean casi invisibles para los colombianos, o aun tolerables.

Pensando en la familia del presidente, no sólo su hermano mayor dirigía El Tiempo en los años del Caguán, presionando para la negociación mientras que los terroristas se adueñaban del país, con una responsabilidad aún mayor que la de Pastrana en todos esos crímenes, ya que el presidente era sólo un socio de los terroristas (lo ha demostrado con sus recientes declaraciones en Venezuela), mientras que Santos Calderón era uno de sus jefes (ver referencias a la "Alternativa de combate" en el texto enlazado arriba), también su sobrino es el director de la revista Semana, cuyos columnistas principales son casi unánimemente partidarios de los terroristas o en todo caso empleados de ellos en la tarea de la calumnia o el chiste soez contra Uribe y los militares.

Pero es aún más: los demás medios ligados a esa revista contribuyen a la misma tarea. Es el caso de la revista Arcadia, de la que quiero reseñar un editorial muy llamativo, muy diciente.

El prejuicio

La definición del vocablo prejuicio del DRAE dice así: “opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, de algo que se conoce mal”. Y prejuicio es lo que parece dejarse traslucir en las opiniones tenaces y desfavorables que han emitido, a una semana de su posesión, contra el nuevo alcalde de Bogotá desde sus columnas en El Espectador dos reconocidos intelectuales colombianos: Andrés Hoyos, propietario de la revista literaria El malpensante, y Héctor Abad Faciolince, uno de los escritores más apreciados del país.

La elección en octubre del año pasado de un ex guerrillero, que dejó voluntariamente las armas, en el segundo cargo político más importante de Colombia, un país empalado en la violencia ejercida por grupos ilegales armados y por el narcotráfico, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Con la BBC y CNN a la cabeza, los más importantes medios de Occidente citaron las declaraciones de Petro tras la victoria —“Bogotá ha elegido a un hijo del proceso de paz de 1989 y demuestra con ello que la reconciliación es posible”— y reportaron normalidad en la comicios.

A ver, ¿cómo que Petro dejó voluntariamente las armas? Lo hizo después de que sus asesinatos y secuestros le aseguraran poder y rentas gracias a su alianza con los políticos de entonces. Pero ¿es que el que contrata a un sicario no es un asesino? ¿O es que Petro no ha estado desde entonces cobrando los crímenes de las FARC? ¿O cómo se entiende que en lugar de colaborar para impedir los crímenes de esa banda intenten destruir al gobierno que la combate y forzar una negociación que sencillamente ampliaría el poder de Petro y le dejaría otros aliados cobrando las masacres? ¿Habrá quien no quiera ver que tras el proceso de 1989 y la Constitución de 1991 la actividad de las FARC y el ELN se multiplicó? Es lógico: el Foro de Sao Paulo, al que pertenecían el PCC, el M-19 y las mencionadas bandas FARC y ELN, tenía ya cooptado una parte del Estado, sólo unos cuantos años de masacres le aseguraría el poder. Con el gobierno de Santos parece que lo han consumado.

Petro ha demostrado en pocos días una indudable inteligencia política. Tras un poco menos de dos años en los cuales la agenda mediática ha sido manejada con habilidad casi exclusivamente por el presidente Juan Manuel Santos, en menos de dos semanas el nuevo alcalde ha puesto sobre la mesa dos propuestas de trascendencia: la prohibición de porte de armas, y un rechazo al apoyo institucional a las corridas de toros. Ambas decisiones tienen un poderoso peso simbólico, dado el pasado armado del alcalde. Y lograron poner al país mediático —hoy mucho más democrático con la obligada inclusión de twitter y facebook— a debatir, dándoles a los ciudadanos un respiro a la agenda impuesta desde el palacio de Nariño. Eso forma parte del arte de gobernar.

Ahora resulta que como ya no mata directamente el prócer tiene derecho a desarmar a los ciudadanos para entregarle el monopolio de la fuerza a la milicia que piensa formar y que anunció claramente en la campaña electoral. Qué buena noticia es que un asesino amigo personal de Hugo Chávez quiera desarmar a la gente!

Por supuesto, en un país en el que ser de derecha es algo tan natural que ni se admite ni se reconoce, las críticas y temor ante una auténtica alcaldía de izquierda no se han hecho esperar. Se ha llegado al extremo de decir que es peligroso que a Petro le vaya bien porque eso lo convertiría en un fuerte contendor a la presidencia. Y ahora que ha nombrado un gabinete de lujo, en un país en el cual el ejercicio de la política se ha sumido en un aterrador desprestigio por culpa de la corrupción, se acusa a ese gabinete de falta de experiencia política. Nunca se oyó decir algo semejante cuando ganó la alcaldía el profesor de matemáticas Sergio Fajardo, a quien tanto admira Abad Faciolince. Es más, cuando los elegidos para cargos públicos provienen de la universidad privada, Los Andes más exactamente, se les suele denominar “tecnócratas” con satisfacción. Pero cuando vienen de la pública, de la Universidad Nacional en este caso, resulta que son “académicos” y por lo tanto inexpertos.

En Colombia oponerse al secuestro y al asesinato en masa se llama "ser de derecha". No hablemos de criticar a las bandas de asesinos como tropa al servicio de la oligarquía dueña de Arcadia y cuanta válvula busque el patético esnobismo local.

En su columna “Adios a las armas”, Abad Faciolince admite las bondades de la medida propuesta por el alcalde de prohibir el porte de armas, pero se va lanza en ristre contra Petro por haberla propuesto porque, según el columnista, no le compete: “el abandono de las armas, que es urgente y sería una medida pacificadora de toda la sociedad, que disminuiría nuestros vergonzosos índices de violencia, no puede venir de la iniciativa de un alcalde egocéntrico”. El hecho de que el Ejército haya aceptado la propuesta del alcalde indica que sí podía. Porque en política, los discursos, las palabras, esas mismas palabras que desde las humanidades defendemos tanto, son fundamentales y es a través de ellas que se ejerce el liderazgo político. Ellas propician la acción. (A Obama le dieron el Nobel de la Paz en reconocimiento a la importancia de las palabras.) El que sea el Ejército que firme un papel es un asunto secundario. ¿Y por qué egocéntrico? La gratuidad del insulto pone en evidencia la antipatía que le produce el alcalde, justo cuando la medida que ha tomado es la antítesis del egocentrismo: nada menos que buscar mecanismos para evitar que ciudadanos mueran asesinados.

Abad Faciolince es un sicario moral cuya carrera se debe a la explotación de su condición de mártir heredero. Su aversión a Petro viene de que lo acusa de haber incomodado a su amigo Carlos Gaviria, un jurista próximo a las FARC tan siniestro como el asesino Petro, o como la espeluznante editorialista, ¡capaz de decir que desarmar a los ciudadanos para que los maten como en Venezuela es ¡EVITAR QUE MUERAN ASESINADOS! En un lugar menos degradado moralmente una persona tan cínica sería acusada de asesinato: ¿o es que la indefensión de los ciudadanos que obran dentro de la ley no va a facilitarles el trabajo a los que portan armas ilegales? Es obvio, pero ¿acaso alguna vez han negado que quieren que Colombia tome el rumbo de Venezuela?

La columna “Petrópolis” de Andrés Hoyos es aún más sorprendente: le achaca su triunfo a una derecha dividida, y concluye que su gobernabilidad es muy débil y que no tiene por lo tanto derecho a hacer cambios profundos. “La ciudadanía lo que le dijo a Petro fue: arregle el caos, gobierne con ponderación y haga cambios modestos, mientras que él parece pensar que le extendieron una patente de corso para dar saltos mortales”. Cuando en el tercer país más desigual del mundo estamos ante una oportunidad de oro para equilibrar la balanza de la justicia social, Hoyos le dice a Petro que cuidado va y hace algo revolucionario. Que por favor acabe con los trancones y que con eso quedamos contentos. Pero el alcalde sí debe hacer cosas revolucionarias: él sí conoce las explanadas de miseria y pobreza que abrazan el sur de una ciudad injusta y triste, una ciudad de niños que pasan hambre, que tienen una educación deplorable, en la que la condena de la desigualdad se dicta desde la cuna.

Al lado del cinismo de esta asquerosa los terroristas que masacraron a varias decenas de colombianos estos días son casi gente decente. ¿por qué es Colombia el tercer país más desigual del mundo? Pues gracias a la gente "de izquierda", completamente parasitaria y hecha a cobrar el sueldo de decenas de personas por gritar e intrigar, a pensionarse a veces a los cuarenta años y a disfrutar de infinitas gabelas. ¿Qué sentirá un personaje así y los lectores? Pero ¿cómo es que la educación es deplorable? Claro, es sólo recitación de la burda demagogia del alcalde asesino y de la gentuza que lo promueve desde la prensa. ¿O alguien ha olvidado que la educación está en manos de un sindicato ligado a las FARC? ¿O la presencia de la ex presidenta de Fecode en los computadores de Raúl Reyes se debe olvidar? Claro que la condena de la desigualdad se dicta desde la cuna porque favorece a los dueños de Arcadia, que impidieron toda competencia encargando miles de secuestros.

Este editorial quiere invitar a estos dos importantes intelectuales a abandonar el prejuicio y a darle al nuevo alcalde de los bogotanos la oportunidad histórica que se merecen tanto él como la ciudad. Gustavo Petro ha llegado al poder por vía democrática tras una brillante carrera en el Congreso. No está de más recordar que él —al igual que Navarro Wolff—, dejó las armas tras un pacto con el establecimiento para luchar por sus ideales en la arena política, y ambos han cumplido su palabra a rajatabla —tanto que las Farc los desprecian—, a pesar del posterior asesinato de su líder, el carismático Carlos Pizarro. La historia, en este caso, nos da unos elementos contundentes para una reflexión más tolerante, más sosegada y más profunda.

¿El asesinato es una vía democrática? ¿O es que en 1991 no llegaron al poder? Si es por la elección como alcalde de Bogotá, es indudable que su ascenso es la obra de Santos y su interés en premiarse con el pretexto de las FARC.

Pero la frase que he puesto en negrita es particularmente diciente: no es que una banda de asesinos resulte premiada por corresponder a los intereses de una oligarquía corrupta, sino que tuvieron el noble gesto de no matarnos y secuestrarnos.

La legitimación de los crímenes monstruosos de esos canallas está dada por sentada, pero además hay una clara amenaza: ¡que no vaya a ser que se molesten y desistan de seguir por las buenas! En un país decente esa editorialista estaría procesada, pero en Colombia quienes procesan son los mismos criminales, como ella misma.

Somos muchos quienes pensamos que es una gran noticia el hecho de que un hombre que dejó las armas voluntariamente llegue al poder por la vía democrática. Por ahora, es necesario dar un compás de espera al nuevo alcalde. Que sea su gestión la que diga si ha contribuido, aunque sea en parte, a saldar la enorme deuda histórica con la justicia social.

Una gran noticia que un asesino gane las elecciones a pesar de que no obtuvo el voto de más del 15% de los ciudadanos que podrían elegir, y eso gracias a la maquinaria clientelista del samperismo y a la que construyeron los terroristas del Polo Democrático en sus ocho años de destruir la ciudad. En lugar de pagar por sus crímenes, resulta que les salimos a deber.

Más repugnante aún es la rutina de la "deuda histórica con la justicia social". ¿Cuántas veces hay que explicar que los grupos parasitarios que descienden directamente de los encomenderos son los que se lo reparten todo y condenan a la miseria a la mayoría? Basta con pensar en los ingresos de los lectores de esa revista y en su productividad y comparar esos datos con los de las clases acomodadas de un país civilizado. No producen nada, viven del Estado o de negocios relacionados con él, cobran varias decenas de veces el ingreso promedio y ni siquiera pagan impuestos. Esa retórica es exactamente la condición para que en un país haya bandas al servicio de gente así matando y secuestrando. Esos benefactores de la humanidad son los verdaderos asesinos, y los niños que ponen bombas son sólo su servicio doméstico armado.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 3 de febrero de 2012.)

La revolución y el derecho

Una persona, cualquiera, puede estar tentada a suponer que las cosas de las que se entera ocurren sin su participación y que lo que opine acerca de ellas no impedirá que ocurran. Ahí hay un sobreentendido erróneo, que es el de la suficiencia de su opinión: como da lo mismo lo que piense, no hay que detenerse a pensar que puede haberse equivocado en algo. Así, la mayoría de los lectores de prensa hispanoamericanos pueden leer sin rabiar que el chavismo es una falsa revolución, sin darse cuenta de que hay fuerzas como el chavismo precisamente por la aprobación generalizada de esa idea de la revolución. Más aún, por la incapacidad de cada persona de explicar en qué consistiría la revolución que le gustaría que tuviera lugar.

Esa idea de la primacía de la opinión pública es de sobra conocida, debería bastar con la frase de Napoleón: "La opinión pública es un poder al que nada resiste", pero vale la pena citar a Ortega y Gasset:

... el mando es el ejercicio normal de la autoridad, [...] se funda siempre en la opinión pública, [...] jamás ha mandado nadie en la Tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública […]. El hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo.

Pero intentar definir qué es la opinión pública llevaría a pensar en la conciencia individual, que es donde dicha opinión se materializa. Para no extenderme en este preámbulo me quedaré con que la inmensa mayoría de los habitantes de Hispanoamérica aprueban la idea de la revolución y que el sentido que ésta tendría resulta en últimas difícil de definir para cada persona.

Si uno se ciñe a lo que dice el diccionario, la revolución es el "2. f. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación". Y si se piensa en lo que define a esas instituciones se llega a encontrar un derecho positivo vigente, que es el que la revolución pretende abolir. No quiere eso decir que toda revolución en todo lugar sea ilegítima ni que ninguna ley deba ser abolida. Sólo que en Hispanoamérica y en la Europa meridional el sentido de ese cambio es desde finales del siglo XIX la abolición del cuerpo de leyes de la democracia burguesa y la imposición de un régimen colectivista.

Y como hay público para eso y la fuente del mando es la opinión pública, el derecho vigente en las democracias está expuesto a las presiones de quienes pretenden usar sus instituciones no para aplicar las leyes sino para impedir que se apliquen, para falsearlas. Esta imagen de portada de El País de ayer sobre las presiones que sufren los jueces que investigan los posibles delitos de Baltasar Garzón lo demuestra.

¿Alguien recuerda qué es el derecho? El titular no dice que el Supremo acepte la posible transgresión de la ley por Garzón, sino que sugiere que la validez de la ley depende de quién haga la acusación. La ley importa menos que el acusador, y ésta es una noción que adopta con gusto el lector "progresista" de ese periódico precisamente porque su progresismo es su simpatía por la revolución, es decir, por la abolición del derecho heredado de las tradiciones liberales. Para reforzar ese aspecto se recuerda el "valor" del juez pidiendo la extradición de Pinochet, de nuevo saltándose las normas del derecho en aras de complacer a la parte de la sociedad que pretende precisamente eso.

Cuando uno va a tener algún lector colombiano siempre está prevenido acerca de lo que entenderá por cada palabra. ¿Qué es "derecho"? Como obviamente todos lo saben demasiado bien, ¿por qué no contestan qué parte de la ley escrita autorizaba a Garzón a pedir la extradición de Pinochet? La disposición de esos justicieros es lo mismo que el crimen, pues cuando se les pregunta por qué no pedía la extradición de Fidel Castro, que ordenó fusilar a muchos españoles, siempre responderían defendiendo la legitimidad del tirano caribeño y su licencia para matar.

Lo mismo se podría decir del juicio contra el franquismo: ¿cómo es que al responsable de la matanza de Paracuellos, que a diferencia de los reos del franquismo está vivo, no lo procesa? Explicar cómo el ejercicio autónomo de la justicia inventándose las leyes conduce de por sí a la iniquidad es desesperante. ¿Para qué iban a hacer falta leyes escritas? La autoridad sin ley era lo que había antes y en realidad el anhelo de revolución es como una nostalgia de un mundo previo a las instituciones, y en países primitivos como el nuestro es la continuidad del espíritu de señores de horca y cuchillo como Álvaro de Oyón (que, como dato curioso, emprendió su rebelión en el mismo pueblo en que crecerían los angelitos coetáneos y compañeros en el Comité Central del PCC Luis Edgar Devia y Jaime Dussán) o Lope de Aguirre.

Lo que diferencia a España de Colombia es la mayor resistencia en el país europeo de las instituciones surgidas de la Constitución de 1978, que no cedieron ni a la presión del todopoderoso grupo de medios ni a las manifestaciones de los activistas ni a las amenazas de desprestigio del país ante los demás progresistas que pretenden abolir el derecho en países distintos al suyo, los mismos que justifican a las FARC en medio mundo.

En Colombia no ocurre nada parecido porque la revolución ya ocurrió al calor de los carros bomba de Escobar y los secuestros y asesinatos del M-19, cuya relación con los carros bomba de Escobar se mantiene oculta. El asalto al Palacio de Justicia fue el primer acto de esa revolución, con la aniquilación física de los que podrían frenar la extradición y defender la democracia ante las pretensiones de los terroristas. A partir de entonces hubo una larga negociación con quienes tenían el poder, el Partido Liberal, que terminó en la rendición de 1991 y la imposición de un orden que sólo requería otras décadas de masacres para llegar a la situación de Cuba.

El espíritu revolucionario floreció sobre todo en las facultades de Derecho de los años sesenta y setenta y se apropió de las instituciones judiciales. Todo lo que ocurre hoy en día y que escandaliza a muchos ocurre porque realmente no ha habido resistencia al dominio de los totalitarios en las altas cortes, tampoco durante los ocho años de Uribe. Pero sobre todo porque entre quienes opinan y tienen alguna influencia es hegemónica desde hace muchas décadas la adhesión a la revolución. Quienes añoran un derecho que respete las normas escritas son minoría, y basta ver las redes sociales para comprobarlo.

Las infamias monstruosas que hemos visto, sobre todo desde que subió Santos, gracias a la complicidad del gobierno con los terroristas erigidos en jueces, y más aún en 2012 con la obscena autoinculpación de Juan Camilo Salazar y la confirmación de la condena a Plazas Vega, son sólo parte de la revolución de las décadas anteriores, en las cuales la clase productiva fue despojada, desterrada y aniquilada a punta de secuestros para que la clase rica pasara a ser la de los tinterillos que han prosperado gracias a los secuestros, a la relación con el tráfico de cocaína de las FARC y el ELN, al saqueo de las arcas públicas y al testaferrato, siempre dependiendo de esas bandas. No es raro que sea tan raquítica la resistencia ante esos hechos, la "cultura" del colombiano todavía no llega a asimilar el derecho, se ha quedado en la revolución, en la suposición de que la justicia es lo que conviene a cada cual, y ante el poder que demostraron los terroristas lo más sensato es adaptarse.

Eso sí, el poder judicial persigue a los militares y a los uribistas, y dudar de que con eso se busca sobre todo legitimar no sólo al M19 sino también a las FARC, con las que Santos negociará, es pura mala fe. Sencillamente, las fuerzas revolucionarias se apropiaron en 1991 de una parte del Estado, la decisiva, y desde ahí le abren el camino a las tropas. Los sicarios de los medios y las redes sociales son sólo otro frente.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 1.º de febrero de 2012.)

¿Maduros para la democracia?

La cantidad de respuestas desconcertantes que se encuentra quien plantee que Colombia debería cambiar su Constitución política recuerda un lugar común de los representantes de las dictaduras militares que hace unas décadas asolaron a la mayoría de los países de Hispanoamérica: "Es que el país no está aún maduro para la democracia". Ya he explicado alguna vez que el término está tan falseado que hasta los terroristas se llaman "Polo Democrático", de modo que es difícil saber qué entienden los demás colombianos por "democracia".

Analizar esas respuestas serviría por una parte para darse cuenta de que el programa de los comunistas es muchísimo más popular de lo que se cree, y también de que en el bando contrario reina la confusión y aun el conformismo.

Para aludir al escepticismo ante la idea de convocar una Constituyente se puede empezar por el recelo del expresidente Uribe ante la manía colombiana de resolver los problemas expidiendo decretos. Ese recelo llevado al extremo conduce a graves extravíos y tiene mucho que ver con el ascenso de sus enemigos en los últimos años: por un lado se reconoce la ley escrita y a las autoridades existentes (en lugar de superar la infamia de una norma básica dictada por un jefe del tráfico de drogas aliado con una camarilla de tinterillos venales y una banda de asesinos), y por el otro se infiere que las leyes son declaraciones vacías sin relación con la realidad, como en la famosa frase de Groucho Marx: "Éstos son mis principios, si no le gustan tengo otros". "Respeto las leyes, si no me convienen las cambio", como ocurrió con la fatídica ocurrencia de la segunda reelección (que obviamente era sólo el primer paso hacia la presidencia vitalicia y un régimen hispanoamericano, tipo Somoza o Stroessner).

Resulta que hoy en día la principal función de los jueces es prevaricar y servir a los intereses de camarillas aliadas de Chávez, los terroristas y los traficantes de cocaína, y que ese poder está sustentado en la legitimidad de una norma que los uribistas no cuestionan. ¿Cómo esperan superar esa situación? Nunca lo pretendieron cuando tenían el poder ejecutivo y la relación directa con las mayorías, señal de que sus miras no iban por ese camino sino por el de entenderse con esa clase de personajes (cosa fácilmente comprobable en la conducta de los congresistas y senadores elegidos por los partidos que Uribe promovía y que hoy secundan, prácticamente sin excepción, la persecución que emprendió el gobierno criminal).

Aun entre los críticos se encuentra uno con muchísimos que aseguran que en caso de convocarse una Asamblea Constituyente ésta sería manipulada por los políticos. De hecho, el odio "genérico" a los políticos es una condena taimada de la democracia, pues no es concebible un régimen democrático sin personas dedicadas a administrar el Estado. Pero también en los demás sistemas de gobierno hay políticos, y siempre mucha más corrupción, sólo que al no haber libertades no se conoce.

Aparte del desdén por el sistema democrático esas personas manifiestan un tremendo desprecio por la ciudadanía: parece que hubiera que resignarse a que los jueces fueran camarillas de criminales porque de otro modo se correría el riesgo de dejarse engañar. Y que una norma que de forma manifiesta autoriza a matar gente para abolirla merece defensa a causa de ese riesgo virtual.

En ese grupo numerosísimo no faltan los que juran que una Constituyente es lo que necesita Santos para repartirse el poder con las FARC. Si pudiera convocarla y dictar una Constitución más afín a los intereses terroristas, ¿qué lo detendría? Y en este caso la confusión sobre el sentido de la Constitución de 1991 es aún más grave: ¡la norma que entrega el poder judicial a los terroristas resulta ser un dique de contención contra su ascenso!

Primero hay que entender que el comunismo es una concepción de la sociedad y un proyecto político muy preciso que cuenta con una compleja organización internacional. El M-19 sería una organización distinta de las FARC, pero en cuanto proyecto comunista siempre estará de parte de la otra banda. Cuando la Constitución le entrega una parte significativa del poder a esos terroristas, se debe entender que el comunismo ha conquistado una parte significativa del Estado y sólo necesita un empujoncito para hacerlo colapsar y esclavizar a la sociedad. La disposición del poder judicial colombiano desde entonces lo demuestra. La Constitución del 91 es tal vez el principal acicate de las FARC, no sólo por el ejemplo de que "el crimen paga", sino por las garantías expresas que tienen para cometerlo.

Pero si se admite esto, ¿qué es lo que impide decidirse a cambiar ese poder judicial y a nombrar tribunales que juzguen a los prevaricadores que ahora protegen la actividad terrorista? Las propias leyes vigentes bastarían para condenar a los del montaje contra Plazas o la impunidad de Teodora. Claro que cualquier proyecto que se quiera emprender ofrece dificultades, pero en este caso la mayor es esa pereza de hacer frente a una realidad monstruosa.

Y no tiene sentido suponer que una movilización cívica acompañada de propuestas de textos y de listas de candidatos a delegados vaya a ser derrotada por los políticos afines al terrorismo. Quienes así razonan obran en definitiva de tal modo que permiten que sus representantes en el legislativo sean verdaderos delincuentes. ¿Cómo es que el engendro de Pablo fue aprobado por menos del 20% de los ciudadanos que podían votar? ¿Cómo es que a pesar de la campaña de los medios y del terror continuo Uribe fue elegido en 2002?

Esa desconfianza sólo es muestra del escaso arraigo de los valores democráticos: en todas las sociedades anteriores se temía el Apocalipsis si llegaba a permitirse elegir al gobierno a los tontos y a los malvados (por no hablar de los prejuicios contra los negros o las mujeres). ¡Qué raro que las sociedades más prósperas y libres sean democráticas!

(Publicado en el blog Atrabilioso el 26 de enero de 2012.)

Pero, veamos, ¿a quién representan las FARC?

Eso se pregunta Mauricio Vargas en su más reciente columna, y a pesar de lo problemático que resulta contestar a esa cuestión vale la pena intentarlo. O mejor dicho, contestar al planteamiento de Vargas, que puede estar induciendo falacias sin proponérselo.

La primera cuestión está en la propia definición: supongamos que se demostrara que las FARC sí representan a una parte, incluso a una parte significativa de la sociedad colombiana. ¿Sería entonces más legítimo negociar el orden político premiando sus crímenes? Bonito sería el rumbo de una sociedad semejante: cada vez que hubiera un conflicto que fuera de alguna manera justificable, uno de los sectores se dedicaría a asesinar y secuestrar inocentes y a destruir el orden legal democrático, y siendo representativos, habría que reconocerlos.

Es decir, el problema no es que las FARC no sean representantes legítimos de ningún sector, sino que amenazan al conjunto de la sociedad y por eso negociar las instituciones con ellas es directamente lesivo para todos. Exactamente como una dama que hiciera concesiones a quien intenta violarla.

Pero lo segundo es también atroz, y no obstante parece sensato y puede haber sido, como ya he dicho, concebido por su autor con la mejor intención: es el viejo lugar común de que las FARC son tan ajenas a la sociedad como cualquier otro grupo delincuencial. Esa idea es grata a la inmensa mayoría de los colombianos, sin distinguir entre uribistas y antiuribistas, pero es una mentira grave y funesta. Las FARC sí representan a un sector social significativo y son el fruto de extravíos de las clases altas y de intereses de importantes instancias de la vida colombiana.

Por ejemplo, haciendo frente a la cuestión de si hay alguien a quien las FARC representan, es obvio que representan a todos aquellos que quieren que se negocie con ellas. ¿No son esas personas una amenaza para la democracia y no alientan los crímenes cuando hacen presión para que se los reconozca como fuente de derecho? La cuestión es tan pueril como si algún abogado pretendiera que el malhechor encargado de llamar a las familias de los secuestrados para cobrar el rescate es en realidad un protector de las víctimas. Las FARC son en últimas clientelismo armado, y su trayectoria con los grandes sindicatos del país lo demuestra. Sus usufructuarios, tanto oligarcas como lagartos, sencillamente "hacen la guerra con los hijos ajenos".

El papel de todas esas personas como parte esencial del crimen se hace más patente cuando se piensa en la relación entre los asesinatos y secuestros de las FARC y las personas que los cometen. ¿Qué beneficio obtiene cada una de esas personas? Tanto si las FARC tomaran el poder como si se desmovilizaran, el futuro de cada criminal específico dependería de su inserción en la jerarquía tradicional (étnica, sexual, "etaria", regional y de instrucción). Es decir, los crímenes los cometen niños indígenas de regiones miserables pero sirven para que personajes como María Jimena Duzán sueñen con embajadas vitalicias (de momento le sirvió para ser cónsul en Barcelona, rodeada de lujos y dedicada a favorecer desde la oficina a los demás "pacifistas" instalados en Europa). Lo mismo se puede decir de los miembros de familias patricias, de los ex presidentes, de los congresistas premiados por Santos, de las ONG, de los sindicatos, de los empleados estatales en términos generales, sobre todo de los de más nivel, que por lo demás son los más resueltamente partidarios de las FARC (es decir, de la negociación, pues es la forma en que se explotan los crímenes lavándose las manos).

Si las FARC no fueran representativas de instancias poderosas de la sociedad, no existiría esa solidaridad general entre los supuestos críticos del uribismo en la prensa y sus compañeros que cabildean más abiertamente a favor de las FARC y legitiman y alientan sus crímenes. ¿O alguien recuerda algún vago reproche de algún antiuribista que escriba en la prensa o aparezca en los medios a la consideración general de "defensores de derechos humanos" que se otorga a benefactores de la humanidad como Iván Cepeda Castro o Javier Giraldo? Curioso. Para entender que todo el antiuribismo es resueltamente solidario con las FARC basta leer por ejemplo las últimas columnas del melifluo académico Eduardo Posada Carbó con un discurso claramente favorable al premio de los crímenes (1, 2).

Y cuando uno suma a los interesados en que las leyes no surjan del consenso de los ciudadanos o de sus representantes sino de la presión de las bandas de asesinos resultan claramente distinguibles dos niveles de grupos a los que representan las FARC.

En un plano ideológico está lo que en Colombia se llama "izquierda", cuya conexión con esa banda de asesinos y con las demás es evidente en todo momento. Las FARC son un nombre para las fuerzas de choque de la "izquierda" o Polo Democrático en las áreas rurales o en los barrios miserables de las ciudades. El que quiera creer otra cosa podría explicar cómo es que ese partido nunca ha pedido a la banda que desista de sus crímenes, y al contrario ha hecho toda clase de presión para que se premien. ¿O no es así? El hecho de que los colombianos disocien ambas actividades sólo es reflejo de esa condición moral que lleva a considerar crimen lo que hace un adolescente hambriento pero no lo que hace quien lo contrata, que sería exactamente el caso del PDA y las FARC. Entre las perlas de esos criminales no es menor la última amenaza del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, ahora líder de un partido con el que coquetea el uribismo: si Santos no hace la "paz" matarán a un millón.

En un nivel sociológico es mucho más clara la relación: el socialismo a la cubana es, como la tutela, una garantía de que los grupos organizados que tradicionalmente dominan el Estado estarán a salvo de competir y de rendir cuentas. El rechazo del juego político normal en cualquier democracia agrupa a los sectores parasitarios de siempre, caracterizados por ser herederos directos de cargos públicos y también de ventajas concretas a la hora de acceder a ellos: contactos (sobre todo), rasgos físicos próximos a los de los conquistadores, títulos académicos (garantizados por las mismas rentas), etc. No es raro que el presidente de la federación de sindicatos estatales fuera Wilson Borja, corresponsal de alias Raúl Reyes, ni que la revista de los ricos sea la más obsesivamente antiuribista y tenga entre sus columnistas a un sicario ascendido a la gerencia y a una lista de personajes del mismo estilo.

¿A quién representan las FARC? A los colombianos identificados con el viejo orden de castas que por eso aborrecen la democracia y la competencia. Que esos colombianos sean también la esencia del país, el país atávico (a diferencia de las mayorías, que preferirían integrarse en sociedades en las que los señoritos serían despreciados y aun ridiculizados), es precisamente lo que determina la dificultad de acabar con las bandas terroristas: el ciudadano ordinario, que podría intercambiarse por el de clases sociales bajas de cualquier país desarrollado, es incapaz de crear medios de prensa distintos a los que heredaron los jefes del terrorismo. Y las nuevas generaciones son incapaces de resistir a la seducción que ejerce sobre ellos ese orden, el único mundo que pueden concebir, reforzado por la educación.

Hagan la prueba, díganle a cualquier colombiano de 15 años que en 2000 las guerrillas secuestraban a diez personas cada día, o de que Arias o Salazar no se robaron nada. Todos estarán seguros de que eso es mentira. La prensa y la educación están en manos de los amos de las FARC, y hay muy poca determinación para cambiar eso.

Y en definitiva, admitir que las FARC representan a ciertos sectores de la sociedad colombiana implica que esos sectores, cuya complicidad con los crímenes comunistas alcanza más de medio siglo, tienen una responsabilidad que tal vez no sea punible en términos penales, pero que sí debe determinar que se los vete como representación de la sociedad, que se los arrincone y señale, tal como ocurrió con los partidarios de Hitler que no cometieron directamente crímenes. Bueno: decir que las FARC no representan a nadie o que son meros bandidos llegados de la luna es una forma de asegurarle la impunidad a sus cómplices.

Ese combate político es la tarea de Colombia para las próximas décadas, y un improbable desenlace justo requerirá superar el statu quo impuesto en 1991 por la alianza de terroristas, tinterillos y traficantes de drogas: a fin de cuentas, ¿no dicen los del Polo Democrático que son el partido que defiende esa Constitución? Bueno, también para eso debería haber un partido que agrupe a los ciudadanos que quieran oponerse al premio del crimen. Algo que también parece remoto e imposible, pero que no por ello deja de ser necesario. Y posible.

Los enmascarados de plata

Uno de los héroes de la industria del entretenimiento más populares en Colombia cuando yo era niño era el Santo, "El Enmascarado de Plata", un luchador mexicano del que se coleccionaban cromos y se leían sus aventuras en revistas de fotos. Habrían de pasar muchos años para que yo entendiera, tras ver las escenas terribles de la lucha libre estadounidense, el Pressing Catch, que por fuerza un espectáculo de lucha es una farsa, que si se enfrentaran los luchadores con la saña que fingen, las lesiones los mantendrían fuera de actividad la mayor parte del tiempo y las muertes serían frecuentísimas.

Una farsa semejante ejecuta el actual presidente colombiano junto con su hermano mayor respecto de las bandas terroristas (que durante décadas promovió el segundo acompañado de buena parte de su medio social y que ahora a toda costa intenta legitimar la prensa controlada por la familia). Por una parte, tratando de encarnar la rabia de la ciudadanía a la que asesinan y despojan, y por la otra obteniendo réditos de ese papel según un guión que si no han acordado (y hay muchas razones para creer que sí lo han hecho) en todo caso surge del mismo consenso básico respecto al final.

Es decir, el espectáculo requiere los necesarios accesos de ira por parte del bravucón presidente y los muy reales asesinatos de las tropas de niños controladas por personas muy próximas a su hermano mayor. El objetivo de las supuestas querellas retóricas es ir haciendo tragar al público la negociación política (para eso son necesarios los crímenes) siempre considerando que resulte verosímil (de ahí que se prodiguen las exigencias de "gestos de paz" y la renuencia de las FARC a demorarlos mientras sacan cocaína y acumulan grandes botines con la extorsión consentida en las zonas fronterizas y protegidas por el régimen venezolano).

Para comprender que se trata de un guión acordado basta con prestar atención al árbitro, que no es otro que la prensa completamente sumisa al hampa gobernante, a tal punto que el siniestro ex canciller de Samper, Rodrigo Pardo, pasó a ocupar un puesto de poder en RCN, la única cadena que no obedecía del todo al libreto samperista-pastranista. Invito al lector a prestar atención a este "Análisis mundial para pensar en rutas para llegar a la paz en Colombia" que es lisa y llanamente el comienzo de una intensa campaña de propaganda de la negociación idéntica a la que precedió al Caguán. No tardó en aparecer la correspondiente columna de Eduardo Posada Carbó, ¡"Apuesta por la paz"! mostrando el optimismo de los cobramasacres que habitualmente exhiben algún comedimiento para poder ejercer su tarea con más efectividad.

De no ser por la distracción habitual de la gente y por la ausencia de una verdadera oposición, sería algo universalmente reconocido que los crímenes son acordados entre el gobierno y los jefes de la banda terrorista. La obsesión por buscar que se legitime a los criminales es casi enfermiza en la prensa de la familia presidencial, pero ¿en qué creen los lectores o por quién toman partido? Los pocos que leen esa clase de noticias son mayoritariamente partidarios de los terroristas. De otro modo habría llamado la atención la legitimación descarada del terrorismo de una señora del Think Tank "Razón Pública" (muy posiblemente un órgano emergido de las FARC, a tal punto que su creador, Hernando Gómez Buendía era firmante de la correspondencia de los "Colombianos por la Paz" con la banda), que previsiblemente apareció en la portada electrónica de El Tiempo.

Bueno, las indecentes declaraciones de Andrés Pastrana forman parte de lo mismo, y la renovación generacional (varios millones de personas han pasado a ser mayores de edad en la última década) así como la presión de la "educación" y de la misma prensa hacen que mucha gente olvide el Caguán, o pierda fuelle la determinación de impedirlo.

Ya es tedioso repetirlo: la negociación política, el premio de los crímenes terroristas, es lo que buscan los partidos de la Unidad Nacional y todos quienes siguen aferrados a esos partidos son cómplices. Puede que a la larga les convenga, pues no se ven muchas posibilidades de impedir que en 2014 salga elegido un heredero de las políticas de los Santos, estos gladiadores farsantes, pero las personas rectas no deberían dejarse engañar.

Es decir, las "críticas constructivas" de algunos forman parte de la misma bravuconada con que los Santos representan su libreto.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 18 de enero de 2012.)

Diez verdades de a puño sobre la educación superior

Contra toda evidencia la universidad da por sentado que es necesaria tal como lo hacía la institución eclesial a la que pretende reemplazar.

Si fuera por un objetivo terrenal medible como el crecimiento económico y el bienestar, la universidad pública gratuita es contraproducente.

Respecto a la rebelión de los estudiantes chilenos se pasa por alto que el crecimiento del país también se debió al ahorro en universidades.

Cada vez que un país hispánico está cerca del desarrollo, surgen de la sociedad fuerzas atávicas que lo impiden. Ahora es el turno de Chile.

Como factor de equidad la universidad pública es una falacia monstruosa: la plata de los débiles se dedica a proveer ventajas a los fuertes.

El objetivo de las universidades del mundo hispánico no es el saber, sino la provisión de títulos que garanticen la inclusión del agraciado.

En cuanto es el Estado el proveedor de educación superior ésta se vuelve un pretexto para la exacción de los grupos parasitarios de siempre.

El activismo violento y totalitario es un sino fatal de las universidades hispánicas: mientras gana el paraíso el clero disfruta beneficios.

Si un profesor renuncia ante la indigencia de sus alumnos no culpa a la escuela ni al medio sino a la tecnología. ¿Qué enseñaría ese hombre?

“Es que a eso venimos, a aprender”, replican. Como para esperar que tras más de una década en la escuela sepan leer o escribir. Es Colombia.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 16 de diciembre de 2011.)

La plata de los secuestros

Recientemente los grandes pensadores de la prensa colombiana descubrieron algo que hace mucho tiempo señalé, que el problema no es que las FARC hayan perdido sus ideales, sino exactamente lo contrario, que los conservan. Pero es un aspecto casi secundario hoy en día, porque la principal causa de que siga habiendo FARC es la promesa de Santos de premiar sus atrocidades, en aras de un papel en la historia que podría ser más vistoso aún que el de su tío abuelo y que el de Uribe, dado que podría ir acompañado de un Nobel. La organización terrorista está derrotada, pero los aportes de Chávez y el negocio de la cocaína hacen que se le dé respiración artificial, también en aras de complacer a la copiosa masa de pensadores con sueños de justicia social que producen a un ritmo asombroso las universidades.

No faltan quienes señalan que el comunismo podría haber ganado elecciones en Colombia de no ser por la guerrilla, cosa que resulta muy difícil tanto de creer como de dudar. ¿Quién sabe? Sólo la guerrilla permitió el control de las universidades y a partir de ahí de la función pública. A punta de persuasión el PCC no habría llegado muy lejos porque para la rapiña siempre habría infinidad de rivales. Fue la eficacísima intimidación lo que permitió a personajes como Luis Eduardo Garzón controlar el sindicalismo en Barrancabermeja y así hacer hegemónica a la Central Única de Trabajadores (en la que el actual vicepresidente también tenía su papel como parte del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, la entidad que encargaba y dirigía los asesinatos y secuestros). Lo mismo ocurrió en infinidad de empresas públicas, y cualquiera que sepa algo de esos sindicatos podría confirmar la persistencia de las amenazas por parte de los representantes de la izquierda democrática a cualquiera que pudiera hacerles competencia.

Pero mucho más importante fue la adhesión de personas de los clanes de poder, que a fin de cuentas más que aliados o agentes obraron como grandes accionistas de la cruzada totalitaria, puede que incluso desde los años treinta, pasando por grandes proezas como el bogotazo o la violencia de las dos décadas siguientes. De tal modo, las organizaciones de fanáticos asesinos que recogen las vocaciones que prepara la universidad han pasado a ser sencillamente parte del statu quo, elementos necesarios cuya desaparición se impide a toda costa, como ocurrió con el ELN tras la Operación Anorí, cuando el entonces presidente López Michelsen impidió la aniquilación de la banda en aras de una negociación, según ha denunciado muchas veces el general Álvaro Valencia Tovar.

Es lo mismo que está haciendo Santos ahora con las FARC, con la complicidad de los expresidentes vivos, salvo Uribe (que por otro lado tampoco es que haga oposición): las amenaza con no premiarlas si no matan al ritmo que a él le conviene, bravuconada que sirve para informar a toda la población de que el gobierno está resuelto a "negociar". Tal como ocurrió cuando Pablo Escobar impuso a punta de carros bomba la Constitución que prohibía extraditarlo, la inmensa mayoría de los colombianos se mantienen indiferentes y sólo se oye el ruido de los interesados en que se premien los crímenes, de los pacifistas que para cualquier persona que no tenga disposición servil son obviamente quienes encargan y cobran los crímenes.

Si uno se detiene a pensar, resulta evidente que el fondo de todo es esa incuria absoluta, fruto sin duda de la tradición de oscurantismo que en Hispanoamérica dejó la Contrarreforma del siglo XVII y las prácticas inquisitoriales que la acompañaron. La posibilidad de disfrutar de la vida excluye cualquier oposición al poder o cualquier crítica. Por eso a muy poca gente la subleva que uno de los asesinos que organizaron con Pablo Escobar el asalto al Palacio de Justicia sea hoy el alcalde de la capital del país mientras que el oficial que impidió que destruyeran el régimen democrático está preso tras un montaje evidente.

Pero también por eso a nadie le importa que los miles de millones de dólares que se pagaron por varias decenas de miles de secuestros se hayan esfumado. Las guerrillas llegaron de la luna con unos ideales que perdieron para bajar de estrato y pensar sólo en delinquir, y ¿a quién se le va a ocurrir que los columnistas y líderes de ONG, que siempre han vivido rodeado de lujos sin que se pueda entender cómo los pagan, puedan haber estado prosperando gracias a su pacifismo y a su comprensión con "la insurgencia"?

En cualquier país civilizado habría muchísimas investigaciones periodísticas y judiciales para saber qué ocurrió con ese dinero. En Colombia no, en buena medida porque periodistas y jueces son dos de los principales gremios controlados por los mismos empresarios de la retención: más bien hay persecución judicial y de calumnias del Ministerio de la Verdad contra cualquiera que se interese por saber. Lo único que queda, y alguna vez habrá colombianos con el mínimo de dignidad para planteárselo, es la certeza de que muchos literatos y "científicos sociales", todos extrañamente "enamorados" de Uribe, vivieron rodeados de lujos, de fiesta en fiesta y de orgía en orgía, coleccionando ligueros y agotando botellas de whisky caro sin que se pueda saber cómo se pagaba tan agradable tren de vida.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 13 de diciembre de 2011.)

El secuestro a crédito

Todo parece indicar que el gobierno colombiano prepara un "proceso de paz" con las FARC, para lo cual hace tiempo que adelanta conversaciones secretas, cosa que puede ser el tema de las conversaciones del presidente con Chávez, pero que pueden estar adelantando otros funcionarios, como la secretaria general de Unasur.

El sentido de esos diálogos es ya un crimen: un gobierno no puede estar tramando nada con organizaciones terroristas a espaldas de los ciudadanos, y por fuerza lo que maquinan es lesivo para éstos. Cuando se entra en esa lógica siempre se termina sometido al juego de los terroristas, como ocurrió con Andrés Pastrana, que hoy en día va tranquilamente a Caracas a decir que Uribe no tenía interés en la "paz", en la que en cambio colaboró Chávez.

El hecho de que lo haga Juan Manuel Santos es aún más grave, puesto que en su plan de gobierno proponía otra cosa:

Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el confl icto y construiremos la paz. Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas No les dejaremos más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución Política de Colombia. Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme.

De lo que sale que engañó a los votantes y cometió un fraude, lo que viene a ser algo muy parecido a un golpe de Estado. El hecho de que el déficit de civismo (ya he explicado en otro post que es el elemento principal de la situación) y el control de los recursos públicos, con los que compra a los congresistas, y de los medios de comunicación, determine que semejante actuación no tenga respuesta no la hace menos grave. Por el contrario, deja ver más claramente el régimen como una autocracia corrupta que busca entenderse con criminales.

Como siempre que se habla de eso hay que recordar la corrupción del lenguaje: un gobierno que se alía con criminales viene a ser un gobierno criminal, y una prueba de ello es que adopta el mismo lenguaje de la propaganda terrorista. Lo que llaman "paz" es la suspensión de las leyes, cosa que podría hacer cualquier gobierno para evitarse dificultades: reconoce que hay una guerra con los grupos de criminales organizados y deja de aplicar las leyes contra los homicidios y secuestros. Es extraño que ningún gobierno, sobre todo ningún gobierno democrático, haga eso.

En ese camino hacia la "paz", que es el objetivo de los crímenes, el reconocimiento de los asesinos como agraviados que obran legítimamente, el gobierno que negocia a escondidas con los terroristas ha dado un paso más. La promesa de que los "gestos de paz" conducirán a una negociación política, en alusión a la posibilidad de que las FARC liberen a unos militares secuestrados, sólo es una forma encubierta de pagar el rescate: ¡se paga a plazos! No que las FARC desistan del objeto por el que secuestraron a esas personas, sino que lo cobran, según compromisos secretos con el gobierno, al cabo de un tiempo.

Cuando el gobierno y la prensa hayan conseguido "dorarle la píldora" a los colombianos.

Y el problema es que esa forma de obrar no se diferencia nada de la de alguien que hubiera colaborado en los secuestros. De hecho, ¿no los habrá ayudado a planear el Hermano Mayor del presidente? ¿O cómo se explica que el contenido de los PC de Jojoy siga siendo secreto, como no sea porque muchos personajes de ese estilo aparecen ahí como mentores de los terroristas.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 9 de diciembre de 2011.)

Ilusiones perdidas

Quinta entrega de la serie de entradas sobre la Colombia de Santos (la primera trataba de los crímenes actuales como resultado y continuación de los que cometieron los amigos de Pablo Escobar y García Márquez en los ochenta, y de la condición de los gobiernos que premian a los criminales; la segunda, de la manipulación de la historia por parte de los responsables de organizar, dirigir, cobrar y usufructuar esos crímenes, como el hermano mayor del presidente Santos; la tercera, de las falacias que hacen circular sobre el tráfico de drogas los acomodados al régimen impuesto por los propios criminales y la cuarta del elemento decisivo del desorden colombiano: la incuria, la indolencia, la falta de una ciudadanía vigorosa y consciente). Esta vez intentaré analizar la corriente política que ha contado con más apoyo popular en la década pasada, las causas de su esplendor y decadencia y su probable porvenir.

Es inevitable ocasionar disgustos a personas que cuentan con que uno es de su bando, pero respecto a lo que representa el uribismo hay que decir claramente que fue una solución falsa, improvisada y limitadísima. Y no por querer justificar de ninguna manera el feroz acoso a que el sicariato moral que protege al régimen ha sometido al ex presidente (que no tiene otro objeto que tratar de avanzar en el camino que abrieron los terroristas en las décadas anteriores a la Constitución del 91), sino porque la indefinición ideológica del propio líder y su incapacidad de romper con las estructuras políticas de siempre conduce a la parálisis, gracias a la cual Santos puede avanzar en su plan de premiar a los terroristas y dejar un país "pacificado" (espera) gracias al reconocimiento que trata de ofrecer a quienes no han hecho otra cosa que intentar destruir la democracia.

Antes de cualquier comentario sobre los ocho años de gobierno de Uribe, para llamar la atención del lector sobre lo expuesto en el párrafo anterior, voy a copiar una frase aparecida hoy mismo en la columna del general Álvaro Valencia Tovar:

Le quedan dos caminos, que en su condición de nuevo jefe supremo puede escoger antes de que la criminalización lo comprometa irremediablemente: persistir con terquedad comunista en el camino hacia la desintegración total, o acogerse a la oportunidad única que el gobierno del presidente Santos, ejecutor de la brillante línea político-militar de su antecesor, le brinda y pasar a la historia como el hombre que puso un final digno a la guerra fratricida emprendida por las Farc.

¿Cuál es la doctrina del uribismo respecto a las FARC? Este general dice con toda convicción que el juego negociador de Santos es continuación de la línea de Uribe. ¿Alguien podría decir si esto es así? La tragedia del uribismo, aquello que lo hace una solución falsa, es que de nuevo la conciencia ciudadana se diluye y los seguidores del ex presidente lo mismo dicen que sí, que los golpes que se han dado a las FARC eran para que negociaran, o que no, que el designio de Santos es una traición. Depende de lo que decida el líder. Él sabe.

De tal modo, cuando en 2001 la complicidad del gobierno de Pastrana con los secuestros y masacres se hizo insoportable (los que duden de la condición de criminal de ese ex presidente pueden prestar atención a sus recientes declaraciones en Venezuela), la gente se aferró al único líder con alguna experiencia que prometía combatir a los terroristas. Yo podría decir "nos aferramos" porque fui de los primeros en promover su candidatura en una época en la que el rechazo al premio del crimen y la complicidad de Pastrana se dividía entre quienes sólo soñaban con una intervención estadounidense, quienes proponían un golpe de Estado y quienes, y eran muchísimos, no vacilaban en esperar que Carlos Castaño recondujera al país. Cualquiera que en aquella época leyera los foros de Caracol o Terra recordará las polémicas que tuvimos (yo solía firmar como Camilo N.) tratando de demostrar que las instituciones podrían sobrevivir si la gente elegía una opción correcta.

Pero eso sólo significó que las cosas entonces estaban tan mal que no había ningún partido que representara cabalmente el rechazo al terrorismo. Uribe era un importante político del partido que había gobernado por tres periodos en los que el terrorismo avanzó, había respaldado la Constitución del 91 y aun fue el ponente de la ley que aseguró la impunidad a los terroristas del M-19.

Menciono todo esto porque hay un abismo entre la sociedad colombiana que quisieran la mayoría de los uribistas y la que quisiera yo: hasta ahora nadie puede demostrar que a Uribe le parezca importante crear un partido distinto de los existentes, ni menos cambiar la Constitución. El presupuesto de su gobierno era el pragmatismo, cosa que en gran medida resulta justificable pero a la postre condujo al "paraíso" actual. Aun, si una corriente poderosa consiguiera una gran movilización ciudadana que cambiara la Constitución y permitiera crear un partido de la mayoría que hiciera frente al socialismo hegemónico hoy en día tanto en las leyes como en los partidos, ¿qué se haría con la prensa y con las universidades? El uribismo nunca pensó en crear órganos de prensa distintos a los existentes, los principales de los cuales son órganos de la oligarquía ligada al terrorismo. Ni menos en cerrar las universidades públicas, eso escandaliza a los uribistas tanto como a los mismos seguidores del Partido Comunista.

Por eso, porque las multitudes ni siquiera tienen valores claros (los uribistas al mismo tiempo profesan una especie de pinochetismo furibundo y un conformismo increíble con las tradiciones políticas locales), no había líderes verdaderamente representativos de nada y de ese modo el Congreso cayó en las mismas manos de los políticos que habían exculpado a Samper y apoyado el Caguán. El problema con los uribistas es que ninguno parece sorprenderse de que el Congreso esté hoy en día formado por tales personajes, como si la mayoría del voto en 2010 no hubiera sido "uribista".

Una vez en el poder, y después de aciertos de ensueño en su primer gobierno, lo único que se le ocurrió al pragmático presidente fue buscar la reelección, para la que el estado de ánimo de la mayoría y la dispersión de sus posibles rivales resultaron favorables (el segundo candidato más votado en 2006 fue Carlos Gaviria, cuyo partido a estas alturas no ha pedido a las bandas terroristas que se desmovilicen). Valdría la pena comparar la respuesta del uribismo y su líder a la cuestión de la continuidad de su proyecto con la que asumió Alfredo Cristiani, que afrontaba una situación mucho más delicada, con un partido cuestionado y una situación más inestable.

Entre los prodigios que se deben a esa primera reelección destaca el partido de la U, pues para conseguir tolerancia de la prensa y votos de la Corte Uribe tuvo que aliarse con Juan Manuel Santos y sus formidables redes clientelares. Pero también el retraso en la firma del TLC, pues la reelección habría sido más difícil con los gremios soliviantados, lo que complicó la negociación y el parón tras el triunfo del Partido Demócrata en 2006.

El error que determinó la ruina del uribismo, que todavía no se ha visto completamente y que nadie quiere entender, fue dedicar el segundo mandato a buscar otra reelección. El primitivismo de Colombia, la consecuente inmadurez cívica y la consecuente inexistencia de partidos basados en doctrinas, idearios y programas claros determinaron que a millones de personas les pareciera de lo más legítimo y correcto que el presidente cambiara las leyes cada vez que alguna obstruía su camino. Casi no hubo respuesta a la graciosa teoría del "Estado de opinión" "fase superior del Estado de derecho" (llegaron a decirlo en un acto al que acudió el heredero de la Corona española, lo que le aseguraba publicidad al hallazgo, y la consecuente sorpresa de los lectores de otros países).

Pero aún más grave fue la actitud de Uribe después del ascenso de Santos: siendo reconocido por la mayoría de los ciudadanos como el líder absoluto del país, no pareció darse cuenta de las implicaciones de la nueva orientación que le daba Santos al gobierno: no podía ponerse en abierta oposición so pena de echarse en contra a todo el Congreso, incluida la Comisión de Acusación que lo procesa por acusaciones absurdas, por lo que aguantó y aguantó, con la esperanza de resultar decisivo en las elecciones regionales y municipales de octubre pasado. Ante la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o de promover a un candidato afín, prefirió apostar a un candidato que parecía tener gran ventaja, pese a que el año anterior ese candidato formaba parte del coro de calumniadores. Cuando el gobierno y Chávez decidieron promover candidaturas alternativas para distraer votos y permitir el ascenso del "progresista" que ayudará a legitimar la negociación con las FARC y la asimilación al eje bolivariano, tampoco Uribe tuvo ninguna respuesta.

La doctrina en la que parecen creer las personas próximas a Uribe es que todo se resuelve accediendo al poder ejecutivo, por eso es de temer que para 2014 estén preparando una nueva reelección, que será frenada por las cortes con la consiguiente seguridad del triunfo para el bando de Gaviria, Samper, Pastrana y Santos, que hoy por hoy tienen a Chávez como el mejor amigo.

El antiuribismo, la campaña de calumnias e intimidaciones de los beneficiarios de los crímenes de Pablo Escobar y el M-19, así como de las demás bandas criminales, ha encontrado en la actitud del ex presidente y de su seguidores víctimas fáciles: no han entendido que los congresistas que promovieron y eligieron se han convertido en aliados de los terroristas y que los partidos a los que siguen aferrados son hoy por hoy meras redes clientelistas sumisas a los designios criminales de sus jefes.

Para hacer frente a la persecución de las mafias de prevaricadores contra el ex presidente y sus compañeros hace falta cambiar la Constitución, crear un partido basado en un ideario claro que incluya la reforma radical de la educación superior (pues durante los ocho años de Uribe los mentores del terrorismo siguieron disfrutando de sus rentas y preparando el nuevo movimiento estudiantil que se ve aflorar ahora), publicar órganos de prensa que denuncien el juego de los paniaguados del gobierno criminal y promover el debate en toda la sociedad. Para todo eso, para la propia defensa del ex presidente, el apego casi fanático de sus seguidores a un líder infalible entregado a un juego confuso e impotente es un estorbo. Otra contrariedad, otro problema.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 2 de diciembre de 2011.)

Déficit de civismo

Continuando con la serie de artículos con que pretendo describir el ciclo histórico largo que atraviesa la sociedad colombiana (1, 2, 3), dedico esta cuarta entrada al gran ausente: la ciudadanía.

Una persona extranjera que se tomara el trabajo de tratar de entender a los colombianos descubriría con pasmo increíble que prácticamente todos consideran a las organizaciones terroristas algo ajeno a su sociedad, urgida eso sí de cambios que prácticamente todos consideran obvios y que de pura casualidad coinciden con las propuestas de dichas organizaciones. Muy curioso, como que cada ciudadano se sienta particularmente agraviado por la sociedad tal como es y con todo el derecho del mundo a exigir perfecciones que considera más o menos naturales y respecto de las cuales nunca considera que le haga falta hacer nada, aparte de indignarse y protestar, en el mejor de los casos.

Es una constante: las posibilidades de que algo despertara una movilización cívica masiva son prácticamente nulas. Claro que no faltará el que encuentre excesivo esto. ¿Cómo que no hay movilización cívica? ¿Qué es "cívico"? Es muy complicado decir cosas así: si el apellido "democrático" es el que tiene el "polo" que propone convertir en ministros a los asesinos sin siquiera el simulacro de las urnas (ahora ya lo son, como el vicepresidente, como el alcalde de Bogotá, elegido por una minoría gracias a las maquinaciones de Santos y al silencio de quienes supuestamente promovían otra candidatura), ¿qué significará "cívico"? ¡Claro!, un paro cívico, cuando sale la chusma a cortar las carreteras y si puede a saquear los comercios. El civismo en Colombia tiene un sentido particular, tal como la educación, la democracia, la defensa de los derechos humanos... Colombia es una realidad que envilece cada palabra que usa.

Y el problema es que no se puede concebir una sociedad civilizada si no hay ciudadanos, pero de nuevo uno se encuentra con las jodidas palabras. ¿Qué es "ciudadano"? Todo el mundo es ciudadano, como mucho dirán que es el de la ciudad. Y es porque la "ciudadanía" es el "conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación". Por eso conviene un repaso al diccionario para no seguir usando palabras de sentido tan vago que al final resultan vacías.

3. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

Eso es lo que no hay en Colombia, personas que intervengan ejercitando sus derechos en el gobierno del país. Por eso existe un endemismo tan increíble como el "voto de opinión", correspondiente a la noción de que la mayoría de los votos son "votos de maquinaria", es decir, comprados, aunque no siempre fuera una transacción directa.

Pues ese déficit es el elemento central de la realidad colombiana, tal como la ausencia de servicios médicos es el elemento central de las epidemias que asuelan a África. La fascinante transformación del gobierno elegido por la gente que veía avanzando el país con Uribe en uno cada vez más afín al castrismo (al punto de que oficialmente Colombia pide el fin del embargo estadounidense a Cuba y no la celebración de elecciones libres) es prueba de dicho proceso. ¿Dónde ha habido alguien que protestara? ¿Cómo es que la imagen del presidente se mantiene en tan alto nivel? ¿Cómo es que todo el legislativo se dedica a perseguir al anterior gobierno pese a que la inmensa mayoría de los representantes fueron elegidos como "uribistas"?

Es muy importante volver al diccionario, a la definición del "ciudadano" porque esos "derechos" que tiene el ciudadano van acompañados de deberes que en muchos casos son severas cargas. El colombiano se las arregla para librarse de ellas y sacar provecho de la situación sin tomarse en serio esa condición más bien supuesta de "ciudadano".

Y de nuevo se encuentra uno con la historia: los "derechos" y la condición de "ciudadano" son pura retórica porque antes de considerar esa categoría el colombiano está pendiente del rango, del "estrato", por lo que no es ciudadano igual que otros. De ahí que intervenir en el gobierno del país no sea una forma de ejercer el civismo, sino de enriquecerse o al menos de obtener algún bien o favor: el Estado era una empresa de saqueo y los saqueadores miraban a sus víctimas aborígenes con desprecio infinito. Siglos después, los saqueadores son los arquetípicos lagartos o lambones y los saqueados ya están mezclados de todos los tipos étnicos y sólo aspiran a formar parte del pueblo elegido de los que disfrutan de su nombramiento en alguna entidad estatal.

Es decir, ningún esfuerzo que no represente una ventaja inmediata y mesurable va a encontrar colombianos dispuestos a hacerlo. Por cada persona capaz de tomar parte en alguna iniciativa relacionada con los intereses generales hay cientos de lambones, cuya actitud es exactamente lo contrario del civismo:

1. m. Celo por las instituciones e intereses de la patria.
2. m. Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública.

El lagarto no tiene el menor interés por la patria, como mucho por la selección de fútbol, y su comportamiento respecto de las normas de convivencia pública se acaba en la ostentación de lo que determina su nivel de consumo, a veces también su rango. El lagarto ayuda a robar a los demás ciudadanos y a corromper las instituciones, por eso tanta gente con puesto estatal festeja infamias como el encarcelamiento del anterior ministro de Agricultura o el espeluznante prontuario de la fiscal (estar en la cárcel en Colombia es para un político o un militar una prueba de su rectitud: quienes deberían estar presos, como Alfonso Gómez Méndez o la ramera que hace de fiscal actualmente, son la autoridad judicial).

Un aspecto casi cómico de esa ausencia de civismo, de esa disposición del lagarto, es el "criticismo": prácticamente todos los "científicos sociales" o incluso los titulados en otras carreras encuentran un gran honor en señalar los problemas del país, ocasión con la que descalifican a todos los políticos, como insinuando que la única solución es que gobiernen ellos. Eso sí, la información que manejan sobre la realidad del país es prácticamente nula: no les hace falta, ya mostraron sus buenas intenciones y la calidad de su estrato, manifiesto en el descontento con el mundo que se encontraron.

En ese nivel de patio de prisión se ejerce otra clase de "civismo", tan antitético con la definición del diccionario como todas las genuflexiones y puñaladas de los lambones rutinarios: la protesta. Casi siempre para acallar a alguien, como cuando algún político honrado va a una universidad, pero también para impedir cualquier progreso, como ocurrió recientemente con el hotel que se pensaba construir en el Tayrona: la chusma vocifera, también en las redes sociales, convencida de que lo que daña el medio ambiente no es su indolencia sino aquellos placeres que no puede pagar. Al colombiano, al candidato a lambón, le parece que algo se salvó de una posesión que descubrió el día anterior gracias a que se perdió la ocasión de crear puestos de trabajo y aumentar los ingresos de la región.

Un mínimo de preocupación por el medio ambiente llevaría a los colombianos a reciclar la basura, por ejemplo. En España, y sólo de la basura no específica, hay seis bolsas distintas (sin contar las pilas, el aceite, los materiales eléctricos, los bombillos y otros desechos específicos). En Suiza sólo para el vidrio hay varias bolsas distintas. Suponer que un mamerto (que es el verdadero nombre del lagarto y que es totalitario en la medida en que aspira a disponer de todo lo ajeno gracias a que obedece al correspondiente administrador de violencia) va a ser capaz de "rebajarse" a clasificar la basura es inconcebible.

Sin ciudadanía ("comportamiento propio de un buen ciudadano") no hay país viable tal como sin lectores no hay literatura. Al no haber ciudadanía los jueces se sienten autorizados a disponer de los recursos comunes para favorecer a sus clientes y los periódicos a mentir y confundir la información con la opinión, a hacer pura propaganda, porque al otro lado no hay nadie a quien interese la verdad ni el porvenir de la comunidad más allá de la lamentable y despreciable borrachera de orgullo que le da algún triunfo futbolístico.

También la política termina siendo lo bárbara que es por ese mismo déficit: al actual presidente sólo le interesa obtener aprobación inmediata con cualquier gesto, incluido algo como decir que un crimen contra un pueblo le da buena suerte a la selección de fútbol, porque a los pobladores del país sólo les interesa el beneficio inmediato que pueden obtener, aunque sea en términos de halago o de posible ostentación (tal como explotó la chusma convertida en dechado de perfecciones, obviamente anticapitalistas, con ocasión del hotel del Tayrona).

La inexistencia de ciudadanía es en definitiva puro primitivismo: el actual presidente trata a los ciudadanos como a ganado, al que un vaquero hábil de todos modos complace. Esa actitud de dueño de la finca es prácticamente obvia cuando lidia con personas sin dignidad, pues a fin de cuentas no se trata con respeto a quien no lo tiene por sí mismo. Y ahí se demuestra de nuevo lo que propuse antes: el déficit de civismo es el aspecto principal de la realidad colombiana, porque todo lo que se quiera construir presupone que existen personas con esa disposición. No los rutinarios y penosos indignados que prejuzgan que todo administrador público es ladrón y siempre terminarían robando si tuvieran puesto. Bueno, éstos son al fin sólo otra clase de lagartos-mamertos: los potenciales.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 29 de noviembre de 2011.)