Nikolái Krylenko fue un dirigente bolchevique que ocupó los cargos de fiscal general y de comisario del pueblo de Justicia en el régimen surgido en 1917. Ha pasado a la historia por afirmaciones como que era mejor ejecutar inocentes que culpables, porque haciéndolo las masas tendrían más temor, o que las decisiones de las autoridades de justicia debían tener en cuenta el interés del partido y de la revolución por encima de consideraciones morales de otra índole.
Sobre el personaje se podrían decir muchas cosas, pero en todo caso se debe admitir que su visión es absolutamente congruente con el pensamiento comunista y revolucionario. Y es que la toma del poder que buscan las personas de ese bando no tiene por objeto el respeto de los derechos ajenos sino su supresión. El revolucionario obra respecto del Estado y la sociedad como un conquistador extranjero, y de hecho es muy llamativo que la mayoría de los dirigentes bolcheviques no tuvieran siquiera un origen étnico eslavo como la mayoría de los rusos (Lenin era de ascendencia alemana, sueca y chuvasia, Stalin era georgiano, Trotski, Kaménev y Zinóviev eran judíos de origen alemán, Plejánov de origen tártaro…).
Esa primacía del interés del partido sobre cualquier otra consideración es algo que hace incompatible la ideología comunista con el derecho, y se encuentra a todas horas en las actuaciones de los comunistas. Un hecho reciente ilustra incluso la dificultad que tienen las personas imbuidas de esa ideología siquiera para entenderlo. La ministra española de Igualdad (ya verán en Colombia para qué es el ministerio de Igualdad) hizo aprobar un cambio del código penal que tuvo el efecto de que en ciertos casos los condenados por delitos sexuales vieron reducida su pena. Como ése no era su objetivo sino una consecuencia imprevista, sencillamente acusó a los jueces que reducen las penas de ser machistas y reaccionarios.
Eso porque los principios del derecho, en este caso el de que se debe aplicar la legislación más favorable al reo, son incomprensibles para quienes quieren suprimir la ley: les parece razonable saltarse una norma para ser más justos.
En Colombia la influencia de los comunistas en el mundo del derecho es abrumadora, y uno de los rasgos que definen la inviabilidad del país: en las altas cortes ha habido muchos magistrados provenientes de la Universidad Libre, donde en los años setenta enseñaba el líder comunista Jaime Pardo Leal que “El derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley”. Y casi con toda certeza, esa clase de prédicas son mayoritarias en las demás facultades de derecho.
De modo que el ciudadano no sólo tiene que convivir con las tradicional venalidad y arrogancia de los jueces, sino sobre todo con su absoluto desprecio de la ley, a la que simplemente utilizan para corresponder a los intereses del partido que los nombró (no hay que olvidar el dominio del gremio por el sindicato comunista Asonal Judicial, creado por Pardo Leal). ¿Cuántos jueces son nombrados a partir de su pertenencia al Partido Comunista? Baste pensar en la trayectoria de Carlos Gaviria, un profesor abiertamente marxista que en cuanto se retiró de la carrera judicial se lanzó como candidato presidencial de ese partido. O de Alfredo Beltrán, un jurista cuya carrera comenzó realmente en el sindicato comunista Fecode. O de Eduardo Montealegre, que antes de ser fiscal general del Estado fue presidente de la Corte Constitucional, y que siendo fiscal participó en un acto político en el que reconoció haber estado desde muy joven con los comunistas y sus guerrillas. https://www.youtube.com/watch?v=hUMvS7wJ3_o
Es bajo esa luz como hay que entender todas las actuaciones de las altas cortes en las últimas décadas, tanto la justificación del terrorismo con el pretexto del altruismo que caracteriza al delito político como la obstrucción a cualquier política que emprendiera el gobierno de Uribe o la legitimación del atropello cometido por Santos con el plebiscito. Todo el mundo cree que simplemente son malhechores que se hacen millonarios sirviendo a la mafia, pero ese servicio está articulado en torno a ese aspecto ideológico, en esa aversión profunda a la ley que sienten en cuanto comunistas.
El poder judicial colombiano no es muy distinto del soviético dirigido por Krylenko, todos los que podrían incomodar a la carrera de Juan Manuel Santos, hermano del principal representante del régimen cubano en Colombia, fueron víctimas de persecución judicial: Alfonso Plazas Vega, Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Luis Alfredo Ramos, Fernando Londoño y hasta Óscar Iván Zuluaga.
Quienes conocemos el proceso contra el coronel Plazas Vega nos hemos preguntado a menudo si es posible que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo condenaron a treinta años de prisión (de los que cumplió ocho antes de que tuviera que ser absuelto) desconocían el grotesco montaje en que se basó la condena. Y no es posible, sencillamente son funcionarios del régimen cubano y de sus agencias en Colombia y llevan a cabo las persecuciones que sirven a la revolución.
Y todo eso es muy sabido y evidente, el misterio es ¿qué piensan los demás ciudadanos de estar en manos de malhechores de esa clase? La resignación y aun la conformidad de la mayoría con una situación semejante explican las desgracias que afectan al país: no puede haber seguridad física porque no impera la ley sino los intereses de una casta corrompida. No puede haber prosperidad porque esa casta promueve el negocio de la cocaína, que define a los regímenes de la constelación cubana. El gobierno ya es dirigido por un exguerrillero comunista cuya misión es impedir el acceso de los ciudadanos a la energía útil y generar así la miseria en la que podrán eternizarse en el poder, y naturalmente lo acompaña un antiguo magistrado de siniestra trayectoria.
(Publicado en el portal IFM el 2 de diciembre de 2022.)
