El aniversario de la toma del Palacio de Justicia se ha convertido en una gran ocasión para la propaganda de los asesinos, con el patético Juan Manuel Santos pidiendo perdón en nombre del Estado para acusar a los militares y reforzar la legitimidad de sus socios terroristas: la expresión máxima de la desfachatez de los criminales.
Pero claro que esa desfachatez no sería posible si esos criminales no contaran con diverso grado de afinidad entre la mayoría de los colombianos. Sencillamente, todo lo que han hecho las guerrillas en más de medio siglo les resulta a sus clientelas tolerable y justificable, mientras que la monstruosa campaña de propaganda por los supuestos "desaparecidos" conmueve el corazón de muchos.
Lo que no se debe soslayar de ninguna manera es que esas clientelas del crimen organizado son las clases altas del país: no las personas más ricas sino las que ejercen un dominio coherente y sirven de modelos a los demás. Las que leen la prensa escrita y tienen autoridad intelectual y algún tipo de poder distinto de la mera posesión de dinero.
Eso hace que los demás en la mayoría de los casos sean en últimas personas cuya principal aspiración es integrarse en esas clases. Por desgracia, ese enfoque del problema guerrillero no le interesa a nadie, dado que es más cómodo suponer que se trata de simples traficantes de cocaína o de románticos engañados que sueñan con un mundo mejor y yerran acerca de la manera de llegar a él.
El tema de las "desapariciones" se ha vuelto el pretexto para convertir el caso del mayor crimen terrorista de la historia del país en un tema de derechos humanos, con los militares como victimarios y los asesinos obrando como víctimas. Porque nadie debe albergar la menor duda de que la mayoría de los que se manifiestan como deudos de los "desaparecidos" son militantes de la izquierda, mientras que a los verdaderos parientes los adoctrinan, organizan e incentivan para que calumnien a los militares y tácitamente legitimen a los asesinos.
Pero claro que esa desfachatez no sería posible si esos criminales no contaran con diverso grado de afinidad entre la mayoría de los colombianos. Sencillamente, todo lo que han hecho las guerrillas en más de medio siglo les resulta a sus clientelas tolerable y justificable, mientras que la monstruosa campaña de propaganda por los supuestos "desaparecidos" conmueve el corazón de muchos.
Lo que no se debe soslayar de ninguna manera es que esas clientelas del crimen organizado son las clases altas del país: no las personas más ricas sino las que ejercen un dominio coherente y sirven de modelos a los demás. Las que leen la prensa escrita y tienen autoridad intelectual y algún tipo de poder distinto de la mera posesión de dinero.
Eso hace que los demás en la mayoría de los casos sean en últimas personas cuya principal aspiración es integrarse en esas clases. Por desgracia, ese enfoque del problema guerrillero no le interesa a nadie, dado que es más cómodo suponer que se trata de simples traficantes de cocaína o de románticos engañados que sueñan con un mundo mejor y yerran acerca de la manera de llegar a él.
El tema de las "desapariciones" se ha vuelto el pretexto para convertir el caso del mayor crimen terrorista de la historia del país en un tema de derechos humanos, con los militares como victimarios y los asesinos obrando como víctimas. Porque nadie debe albergar la menor duda de que la mayoría de los que se manifiestan como deudos de los "desaparecidos" son militantes de la izquierda, mientras que a los verdaderos parientes los adoctrinan, organizan e incentivan para que calumnien a los militares y tácitamente legitimen a los asesinos.
No sólo está la perspectiva de obtener indemnizaciones millonarias (que no se darían si se demostrara que no hay desapariciones sino personas asesinadas por los terroristas), sino que los fabulosos recursos de los terroristas se invierten en una campaña que les da muchos réditos políticos.
El gobierno de Santos y los medios que lo acompañan consuman el triunfo de los terroristas, que se imponen pese a perder algunas batallas, como la misma toma del palacio o la Operación Jaque. Ése es el propósito de la orgía de propaganda que se vive actualmente. Por ejemplo con el estreno de La siempreviva, película con la que se pretende convertir en mártir a la terrorista Cristina Guarín,infiltrada en la cafetería.
La aparición del cadáver de esta terrorista, lejos de lo que muchos ingenuos creen, no determinará la absolución de los militares condenados sino la dilatación de los trámites, según explican claramente en esta noticia de Semana.
El gobierno de Santos y los medios que lo acompañan consuman el triunfo de los terroristas, que se imponen pese a perder algunas batallas, como la misma toma del palacio o la Operación Jaque. Ése es el propósito de la orgía de propaganda que se vive actualmente. Por ejemplo con el estreno de La siempreviva, película con la que se pretende convertir en mártir a la terrorista Cristina Guarín,infiltrada en la cafetería.
La aparición del cadáver de esta terrorista, lejos de lo que muchos ingenuos creen, no determinará la absolución de los militares condenados sino la dilatación de los trámites, según explican claramente en esta noticia de Semana.
De hecho, no se sabe si al haber sido encontrados los cuerpos de estas mujeres, los oficiales detenidos por estos hechos quedan libres de sospecha o, por el contrario, más involucrados aún en los hechos delictivos que siguen en investigación.
Así, la Corte Suprema señalará si el hallazgo constituye una prueba sobreviniente a tener en cuenta dentro de los expedientes del coronel (r) Alfonso Plazas y del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, hasta ahora los únicos condenados por el caso. Sin embargo, la Fiscalía también deberá valorar este escenario, para determinar si estos dos oficiales deben enfrentar una nueva investigación o si se hacen beneficiarios del archivo de la causa penal que se sigue en su contra.
Es decir, da la impresión de que "encuentran" los cadáveres para justificar nuevos trámites y nuevas ocasiones de la Fiscalía para perseguir a los militares.
Esa noticia de Semana está llena de mentiras descaradas que no obstante encuentran público en Colombia.
Esa noticia de Semana está llena de mentiras descaradas que no obstante encuentran público en Colombia.
La identidad de uno de esos cuerpos corresponde a Cristina Guarín, quien fue encontrada en una tumba del Cementerio Jardines del Recuerdo, al igual que Luz Mary Portela León. Ambas trabajaban en la cafetería ese 6 de noviembre de 1985, en el que guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio con el propósito de enjuiciar políticamente al presidente de la época, Belisario Betancur.
Sin prestar atención a las sutilezas retóricas no será posible entender nada, porque las mentiras se divulgan por esos medios. ¡Resulta que los terroristas tenían el propósito de enjuiciar políticamente al presidente Betancur y con ese fin tomaban como rehenes a cientos de personas que estaban en el palacio en ese momento! Las dos palabras que pongo en negrita son el núcleo de una mentira monstruosa gracias a la cual la toma de rehenes resulta un hecho secundario, así como los asesinatos de los magistrados, que la propaganda oculta a toda costa a pesar de que los testigos lo manifiestan claramente. Véase por ejemplo lo que dice el magistrado Murcia Ballén a partir del minuto 10.30 de este video.
Y también las declaraciones del magistrado Samuel Buitrago:
Y también las declaraciones del magistrado Samuel Buitrago:
La versión del "enjuiciamiento político" al gobierno Betancur pasa por encima del informe de la "Comisión de la Verdad", creada para perseguir a los militares pero que tiene que admitir el papel de Pablo Escobar como financiador de la toma. Lo mismo ocurre con la "información" que dan sobre Cristina Guarín, sobre la que se ha establecido que pertenecía al M-19.
Las sutilezas de esa publicación de Semana son asombrosas. .
Más gracioso es el caso de María Nelfi Díaz. Un colombianismo rutinario (insisto en eso porque es lo que realmente importa, ese aspecto íntimo, profundo, de la maldad): ¡lo que descalifica a esa señora que se reconoce a sí misma en la foto en la que nadie aparte del hermano de Cristina Guarín ve a ésta, es que la juez prevaricadora pidió que la procesaran por falso testimonio! Es el estilo colombiano de razonar, como si alguien desconociera los modos de esos "jueces". La juez Jara borra un testimonio que no le conviene a su montaje intimidando a la testigo, y los hampones de Semana convierten ese hecho en una prueba que descalifica el testimonio. Así se "informa" a criaturas carentes de la menor noción de moralidad.
Pero ¡el hecho de que René Guarín fuera secuestrador resulta UN SACRIFICIO HUMANO Y NOBLE. ¿No es fascinante? De hecho, en un especial que publicaron después con el mismo fin de hacer propaganda a favor de los terroristas con el mito de las desapariciones aparece el asesino declarando que ingresó en el M-19 a causa de la "desaparición" de su hermana.
¿No se le habrá ocurrido pensar que su hermana murió a causa de la acción terrorista? ¡No, lo que hizo fue presentar una DEMANDA ARMADA al Estado colombiano! Es mentira que no perteneciera antes a esa banda asesina, pero sobre todo conviene recordar que antes de que se descubriera su pasado como secuestrador y asesino sólo era un líder de las "víctimas" que perseguían a los militares según un plan en el que toman parte tanto la fiscal y la juez como los medios de la oligarquía.
Quienes dirigían esa labor de explotación de la mentira de las desapariciones se organizan en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Su figura más conocida es otro miembro de esa banda criminal, Alirio Uribe Muñoz. Sencillamente, el frente judicial es una parte de la conjura que le da más réditos que muchas masacres.
La mayoría de los videos del especial de Semana tienen esa misma función de legitimación del terrorismo y calumnia a las fuerzas militares. Entre ellos destaca el de Carlos Medellín, personaje que no en balde fue ministro del narcogobierno de Samper: su forma de ascenso social consiste en colaborar con el hampa reinante explotando su relación con los magistrados masacrados. Las acusaciones que profiere contra el ejército son mentiras, lo que se puede demostrar fácilmente con los testimonios de los magistrados Murcia Ballén y Buitrago, enlazados arriba.
Otro tanto se puede decir del video del ministro de Justicia, hijo del presidente de la corte asesinado: la idea de que no se deben rescatar los rehenes sino negociar es un abierto llamado a tomarlos. Tal como el fiscal promete impunidad a unos criminales que siguen matando, el ministro promete a los que puedan tomar rehenes que el actual gobierno no intentará rescatar a las víctimas sino que querrá negociar.
Vale la pena ver esos videos con sentido crítico: la magia de la propaganda y esa especie de limbo en que viven los colombianos, por el aislamiento del país, hacen que realmente muchos terminen condenando a quienes defienden a los ciudadanos y favoreciendo a quienes los secuestran. Eso no ocurre por el capricho de los dueños de los medios sino por un fondo de crueldad y barbarie que anida en la cultura local. Los asesinos como Guarín o como Petro mienten sin pudor porque cuentan con que su medio social (la universidad) los comprende y protege.
Las sutilezas de esa publicación de Semana son asombrosas. .
De hecho, el temor de quienes hoy reciben con gratitud la noticia sobre el paradero de los suyos es terminar siendo víctimas de las estigmatizaciones. Saben que sus agresores pueden utilizar este hecho en su contra y hacerlos ver ante la opinión como falsas víctimas interesadas exclusivamente en desangrar las arcas del Estado. La verdad es que el hallazgo no prueba que estas personas no hayan sido víctimas de desaparición forzada, aunque tampoco evidencie que lo hayan sido.No hace falta ser un lince para entender que los sicarios que persiguen a Plazas Vega son los agresores, dedicados a una tarea de igual peso para los fines terroristas que castrar policías o mandar niños bomba: quienes no comparten su tarea resultan AGRESORES.
Además, tampoco ven con buenos ojos que el silencio sepulcral que rodeó el caso durante los últimos cinco años haya sido el preámbulo de semejante noticia. Para ellos, si no fuera por la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no habría habido ningún avance significativo. De hecho, hasta critican que en el marco de su defensa el Estado colombiano haya propuesto como testigo a una mujer a la que la juez del caso Plazas Vega pidió investigar por falso testimonio.
Se trata de María Nelfy Díaz, quien al final no fue interrogada en el juicio internacional contra el país, pero tampoco investigada, como lo pidió la titular del Juzgado. Es la misma mujer que dijo haberse reconocido en una imagen de la época en la que soldados llevan a cuestas a una mujer vestida con falda escocesa, a fin de desmentir la presencia de Cristina Guarín entre las personas que fueron vistas salir con vida del Palacio.
Del lado de las familias de los desparecidos, como del lado de las de los militares, hay razones para desconfiar. De los primeros, la situación salta a la vista: 30 años en los que –en medio de amenazas, recriminaciones y presiones de todo tipo- intentaron encontrar explicación de lo que le sucedió a sus seres queridos.
No faltó quien no acudiera a medidas desesperadas, como la de empuñar las armas, no se sabe si para exigir una reivindicación social que hiciera glorioso el nombre de su hermana o solo para vengarla. Cierto o no, fue un sacrificio humano y noble el que ofreció René Guarín al internarse en las filas del M-19, como respuesta al golpe. Iguales de valederos o al menos respetables pueden interpretarse los sentimientos de las familias de los militares detenidos o que expusieron sus vidas por culpa de este doloroso episodio.
Más gracioso es el caso de María Nelfi Díaz. Un colombianismo rutinario (insisto en eso porque es lo que realmente importa, ese aspecto íntimo, profundo, de la maldad): ¡lo que descalifica a esa señora que se reconoce a sí misma en la foto en la que nadie aparte del hermano de Cristina Guarín ve a ésta, es que la juez prevaricadora pidió que la procesaran por falso testimonio! Es el estilo colombiano de razonar, como si alguien desconociera los modos de esos "jueces". La juez Jara borra un testimonio que no le conviene a su montaje intimidando a la testigo, y los hampones de Semana convierten ese hecho en una prueba que descalifica el testimonio. Así se "informa" a criaturas carentes de la menor noción de moralidad.
Pero ¡el hecho de que René Guarín fuera secuestrador resulta UN SACRIFICIO HUMANO Y NOBLE. ¿No es fascinante? De hecho, en un especial que publicaron después con el mismo fin de hacer propaganda a favor de los terroristas con el mito de las desapariciones aparece el asesino declarando que ingresó en el M-19 a causa de la "desaparición" de su hermana.
Quienes dirigían esa labor de explotación de la mentira de las desapariciones se organizan en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Su figura más conocida es otro miembro de esa banda criminal, Alirio Uribe Muñoz. Sencillamente, el frente judicial es una parte de la conjura que le da más réditos que muchas masacres.
La mayoría de los videos del especial de Semana tienen esa misma función de legitimación del terrorismo y calumnia a las fuerzas militares. Entre ellos destaca el de Carlos Medellín, personaje que no en balde fue ministro del narcogobierno de Samper: su forma de ascenso social consiste en colaborar con el hampa reinante explotando su relación con los magistrados masacrados. Las acusaciones que profiere contra el ejército son mentiras, lo que se puede demostrar fácilmente con los testimonios de los magistrados Murcia Ballén y Buitrago, enlazados arriba.
Otro tanto se puede decir del video del ministro de Justicia, hijo del presidente de la corte asesinado: la idea de que no se deben rescatar los rehenes sino negociar es un abierto llamado a tomarlos. Tal como el fiscal promete impunidad a unos criminales que siguen matando, el ministro promete a los que puedan tomar rehenes que el actual gobierno no intentará rescatar a las víctimas sino que querrá negociar.
Vale la pena ver esos videos con sentido crítico: la magia de la propaganda y esa especie de limbo en que viven los colombianos, por el aislamiento del país, hacen que realmente muchos terminen condenando a quienes defienden a los ciudadanos y favoreciendo a quienes los secuestran. Eso no ocurre por el capricho de los dueños de los medios sino por un fondo de crueldad y barbarie que anida en la cultura local. Los asesinos como Guarín o como Petro mienten sin pudor porque cuentan con que su medio social (la universidad) los comprende y protege.
