No hay día en el que no se presente la ocasión de rabiar por la increíble impunidad de los terroristas en Colombia, y no me refiero al aspecto judicial que afectaría a los autores directos de los crímenes sino del prestigio y comodidad de los que les ordenan cometerlos. La muerte de Carlos Gaviria sirvió para mostrarlo: los columnistas, que en su gran mayoría tienen alguna relación con las bandas de asesinos, salieron presurosos a escribir panegíricos del personaje. Me tomé el trabajo de hacer una lista de las perlas que publicaron en Twitter.
El mejor retrato de Carlos Gaviria lo hacen los que lo lloran con sus biografías y hazañas. Eso era él, eso son ellos pic.twitter.com/zeei77slop
— Me decido y digo que (@blogpaisbizarro) abril 2, 2015
Lo interesante es la tranquilidad con que hablan de moral esa sarta de rateros, asesinos y sicofantas, pero tiene mucho sentido porque en Colombia nadie los confronta y la gente se escandaliza cuando uno recuerda que Petro, por poner un ejemplo, era un secuestrador y asesino.
En cierta medida, todo lo que escribo es una sola cosa que siempre hay que repetir porque parece que en Colombia nadie la pudiera concebir: los crímenes terroristas no son el capricho de unos rústicos fanatizados sino el plan de grupos de las clases altas que son los que los cobran y usufructúan.
Recuerdo esto porque cuando uno señala a un personaje como el finadito Gaviria de asesino la mayoría de los que lo oyen se escandalizan. ¿Cuánta gente protesta cuando la propaganda del narcorrégimen presenta a ese desalmado como un modelo de rectitud y respetabilidad? Prácticamente nadie: el crimen no importa, lo que importa es la calidad de la indumentaria. Eso resume a Colombia y todos los días se demuestra.
En cierta medida, todo lo que escribo es una sola cosa que siempre hay que repetir porque parece que en Colombia nadie la pudiera concebir: los crímenes terroristas no son el capricho de unos rústicos fanatizados sino el plan de grupos de las clases altas que son los que los cobran y usufructúan.
Recuerdo esto porque cuando uno señala a un personaje como el finadito Gaviria de asesino la mayoría de los que lo oyen se escandalizan. ¿Cuánta gente protesta cuando la propaganda del narcorrégimen presenta a ese desalmado como un modelo de rectitud y respetabilidad? Prácticamente nadie: el crimen no importa, lo que importa es la calidad de la indumentaria. Eso resume a Colombia y todos los días se demuestra.
Hay que empezar por decir que la principal causa de todos los crímenes cometidos por las bandas terroristas después de 1991, incluidos los que cometieron las bandas que no dependían del Partido Comunista, en alguna época agrupadas como AUC, es la impunidad garantizada en la Constitución. Si levantarse para abolir la democracia es legal y el hecho de pretender despojar de derechos políticos a la gente se define como "altruista" (todo homicidio es altruista porque favorece a la víctima, que deja de estar en un mundo en el que hay gente capaz de aceptar una monstruosidad semejante), pues los asesinos sólo tienen que persistir hasta obtener el premio por sus crímenes.
Los que esperan que por una vez no se hagan reproches a Uribe y su séquito pueden empezar a decepcionarse: esa infamia, ese crimen sistémico, está en la Constitución de 1991 y en ocho años de uribismo no hubo el menor atisbo de querer cambiarla. Ni siquiera ahora, salvo en la propuesta de Luis Carlos Restrepo, cuyo fin es regatear una constituyente para las FARC.
Pero no obstante hubo en alguna época magistrados que intentaron limitar esa infamia. Así, una sentencia de la Corte Constitucional en 1997 planteaba límites al "delito político" al declarar inexequible el artículo 127 del código penal, que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”. El demandante era el general Harold Bedoya Pizarro.
Se trata abiertamente de la licencia para matar, y como bien señala la corte en la sentencia enlazada, "pierde sentido una eventual amnistía o indulto que cobije a los delitos políticos y a los delitos conexos, como quiera que estos últimos, desde su comisión, estarán exentos de sanción".
Pues perdón por volver al principio, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que los comunistas controlan las universidades desde los años sesenta y los estudiantes se dedican a hacer la revolución, los afortunados que obtienen el título, ejerciendo su profesión, con mucha frecuencia el Derecho, y los demás haciendo el trabajo sucio. Y el ejercicio de la profesión comporta a menudo el ingreso en la carrera judicial o en cargos nombrados por el poder político. Los miembros del partido forman un lobby formidable que le resulta más útil a la revolución que las bandas armadas y sus formidables recursos. Hoy en día el poder judicial está casi totalmente controlado por el Partido Comunista.
Puede que en 1997 hubiera aún alguna resistencia, de ahí la citada sentencia. El magistrado Carlos Gaviria escribió un salvamento de voto (que se puede leer al final de la sentencia enlazada) que es abierta defensa del interés de los terroristas y de su licencia para matar. Al respecto escribí un comentario hace ya casi nueve años. La lectura de la sentencia y del salvamento de voto es ya pesada, y mi comentario se hace realmente muy largo para el lector de blogs. Para formarse una idea de la clase de argumentos del finadito les copio un párrafo:
Que nadie venga a hablar mal de la guerrilla como si fuera algo distinto al coro de desalmados que entonan el canto fúnebre por ese asesino. Tal vez sí es algo distinto, es algo menos asqueroso.
(Publicado en el blog País Bizarro el 2 de abril de 2015.)
Los que esperan que por una vez no se hagan reproches a Uribe y su séquito pueden empezar a decepcionarse: esa infamia, ese crimen sistémico, está en la Constitución de 1991 y en ocho años de uribismo no hubo el menor atisbo de querer cambiarla. Ni siquiera ahora, salvo en la propuesta de Luis Carlos Restrepo, cuyo fin es regatear una constituyente para las FARC.
Pero no obstante hubo en alguna época magistrados que intentaron limitar esa infamia. Así, una sentencia de la Corte Constitucional en 1997 planteaba límites al "delito político" al declarar inexequible el artículo 127 del código penal, que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”. El demandante era el general Harold Bedoya Pizarro.
Se trata abiertamente de la licencia para matar, y como bien señala la corte en la sentencia enlazada, "pierde sentido una eventual amnistía o indulto que cobije a los delitos políticos y a los delitos conexos, como quiera que estos últimos, desde su comisión, estarán exentos de sanción".
Pues perdón por volver al principio, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que los comunistas controlan las universidades desde los años sesenta y los estudiantes se dedican a hacer la revolución, los afortunados que obtienen el título, ejerciendo su profesión, con mucha frecuencia el Derecho, y los demás haciendo el trabajo sucio. Y el ejercicio de la profesión comporta a menudo el ingreso en la carrera judicial o en cargos nombrados por el poder político. Los miembros del partido forman un lobby formidable que le resulta más útil a la revolución que las bandas armadas y sus formidables recursos. Hoy en día el poder judicial está casi totalmente controlado por el Partido Comunista.
Puede que en 1997 hubiera aún alguna resistencia, de ahí la citada sentencia. El magistrado Carlos Gaviria escribió un salvamento de voto (que se puede leer al final de la sentencia enlazada) que es abierta defensa del interés de los terroristas y de su licencia para matar. Al respecto escribí un comentario hace ya casi nueve años. La lectura de la sentencia y del salvamento de voto es ya pesada, y mi comentario se hace realmente muy largo para el lector de blogs. Para formarse una idea de la clase de argumentos del finadito les copio un párrafo:
Imaginemos el siguiente ejemplo: unos rebeldes, que por definición son personas que se alzan en armas contra el régimen constitucional, efectúan unos combates contra unas patrullas militares, en los cuáles mueren varios soldados y son destruidas algunas tanquetas. Supongamos igualmente que también muere en esos combates un asesor militar extranjero, y que tal conducta ha sido establecida como causal de extradición con el respectivo Estado. Supongamos finalmente que se captura a dos de los insurrectos, Pedro Pérez y Juan Rodríguez, y que se prueba que el primero fue quien dio muerte al asesor militar extranjero durante el combate y que el segundo destruyó una de las tanquetas. En tales circunstancias, y con base en la declaratoria de inexequibilidad del artículo 127 del estatuto penal, llegaríamos a la siguiente paradójica situación: Pedro Pérez podría ser extraditado al otro país por el homicidio del asesor extranjero, pues éste sería un delito no político, a pesar de ser una consecuencia directamente relacionada con la rebelión. Y Juan Rodríguez, después de cumplir su pena, no podría nunca ser congresista o diputado, por haber sido condenado por un hecho punible con pena privativa de la libertad distinto de los delitos culposos y de los delitos políticos.¿Es tan difícil entender que garantizar la impunidad de los crímenes es más grave que cometerlos y que por tanto el papel de Gaviria en el genocidio es de primer orden? Da la impresión de que lo es sólo para colombianos, criaturas serviles y bajas que sólo odian a los asesinos por tener las uñas sucias y cara de indios o mulatos. En el mejor de los casos.
Que nadie venga a hablar mal de la guerrilla como si fuera algo distinto al coro de desalmados que entonan el canto fúnebre por ese asesino. Tal vez sí es algo distinto, es algo menos asqueroso.
(Publicado en el blog País Bizarro el 2 de abril de 2015.)
