lunes, abril 11, 2011

Esplendores y miserias de las "narcorrepúblicas"


Si hay algo detestable es ese prefijo "narco" que se popularizó en Colombia en los años setenta y que parece resumir la forma de vida del país: la cocaína es un narcótico tal como los temibles socios del terrorismo, como el sacerdote jesuita Javier Giraldo o la ex senadora Piedad Córdoba, son "defensores de los derechos humanos". Bah, Colombia es el mundo al revés, los privilegios escandalosos de los políticos de la Universidad Nacional, que no son elegidos ni evaluados por nadie y en últimas se dedican a impulsar su carrera política, aun en una utopía de partido único, se definen como "justicia social".

Pero ya no hay modo de cambiar el hecho de que el embajador estadounidense en tiempos de Samper describiera a Colombia como una "narcorrepública", como una república sometida al poder de las organizaciones de traficantes de drogas. Esa triste condición se logró transformar en alguna medida durante la presidencia de Uribe, con muchísimas extradiciones de miembros de las organizaciones criminales, con la fumigación de las áreas cultivadas y con una intensa colaboración de las instituciones que obedecían al poder ejecutivo con las autoridades judiciales estadounidenses y la DEA.

Esa colaboración expresa una actitud clara por parte de los gobiernos de Uribe frente a las mafias de traficantes de drogas, actitud que dista mucho de la de los que difaman al ex presidente, casi siempre justificadores de Piedad Córdoba o de Ernesto Samper, o bien embaucadores que con el pretexto de criticar la prohibición del tráfico legitiman a los traficantes. La firmeza frente a este problema es un punto central de cualquier propuesta política, sobre todo considerando que desgraciadamente abundan los políticos que suponen que dichas mafias son un problema estadounidense y no el poder criminal que destruye a Colombia. Reprochar a EE UU su prohibicionismo o su ineficacia en la persecución o su comedimiento a la hora de aportar fondos es como ostentar grandes virtudes franciscanas a la hora de juzgar a los joyeros o a sus clientes e ir a exigirles una compensación por el esfuerzo que hacemos para que nuestros hijos no los asalten.

Como siempre ocurre en Colombia, "las leyes son para los de ruana", si bien esta prenda ha caído en desuso: cuando se piensa en los intereses ligados al tráfico de drogas ilícitas la responsabilidad se acaba en los exportadores o en sus agentes. Más arriba puede ponerse en práctica lo de la "ventanilla siniestra", puede un ex presidente reunirse con los jefes de la industria, puede otro ser elegido con aportes de esas organizaciones y aun librarse por pura suerte de todos los testigos y hasta pueden los magistrados de la más alta instancia judicial tener tratos con los traficantes y castigar cruelmente a quienes los descubren. Al menos la prensa colombiana no tiene el menor reproche frente a todo eso, si bien hay que entender que la prensa colombiana pertenece a la familia de dichos ex presidentes o de sus testaferros y socios.

La conducta de esos clanes políticos es lo que más determina la calificación de Colombia como "narcorrepública": cuando se piensa en el asesinato de Luis Carlos Galán se tiende a olvidar que a Pablo Escobar lo aconsejaba un político subordinado al mismo prócer que creó la "ventanilla siniestra" y se reunió con los "capos" mafiosos en Panamá (a saber quién aconsejaría a Santofimio), que la revista del hijo del prócer tiende a exculpar a dicho ex ministro, así como a descalificar todos los testimonios que relacionan a Samper y Serpa con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que el principal columnista de dicha revista, sobrino político del mismo prócer, acusa a la CIA del asesinato de Galán...

Cuando se habla de eso siempre es necesario aclarar que la relación entre un vasto poder político-financiero de muchas generaciones y una actividad como el tráfico de drogas no puede ser manifiesta. Se trata de magnates desaprensivos y no de idiotas, basta con pensar en la abundancia de dólares en el mercado y en las posibilidades de especulación, o en dicha actividad relacionada con la propiedad inmobiliaria, en la que sin duda los grandes grupos económicos tienen intereses, en lo que puede significar para la bolsa y su valor esa inyección de capital, etc., para entender que esos negocios pueden interesar al poder, por no hablar del papel de la política, siempre condicionada por organizaciones que en últimas favorecen la perpetuación del poder de tales clanes.

Esa determinación de dicho poder fáctico determina la extraña actitud generalizada de los líderes de la opinión de adhesión a la ex senadora que ejerce de portavoz de las FARC, la hostilidad enfermiza que tienen casi todos contra el ex presidente Uribe, la disposición del recio ecologista Daniel Samper Pizano a combatir el uso del "glifosfato", como lo llamaba, el unanimismo en torno a las cómicas teorías del otro líder de la opinión y de la clase alta, Antonio Caballero, sobre las verdaderas motivaciones de quienes prohíben el tráfico de drogas... Cierta, ¿cómo llamarla?, "ideología colombiana" que resulta difícil de concebir como algo posible a quien no tiene una relación cotidiana con los consumidores de dicha prensa o con quienes se "forman" en las universidades del país.

Pero cuando se habla de "narcorrepúblicas" Colombia no está sola: el ascenso de la izquierda democrática en cuatro países vecinos los ha conducido a una situación parecida o puede que peor. Mejor dicho, peor por un tiempo, pues mucho me temo que con el nuevo rumbo del país pronto los alcancemos. Venezuela es el conocido "narcosantuario de las FARC" y no es ninguna casualidad que el dictador expulsara a la DEA, por mucho que se justificara en retórica soberanista. Ecuador también tomó ese rumbo al dar por terminada la concesión con que operaba la base de Manta. Bolivia eligió a un líder de los cultivadores de coca, que en medio de su pobreza puede que sacrifiquen una parte de sus tradiciones para obtener dinero, y Nicaragua también es un país en el que el tráfico de drogas tiene un papel creciente.

Como uno espera que lo lean personas mayores de ocho años, no habrá que buscar en el actual gobierno colombiano una declaración de alianza con los traficantes de cocaína. Sin embargo, lo que ha hecho en los cinco meses que lleva el presidente Santos ejerciendo es claramente eso. ¿A nadie sorprende que todos los creadores de opinión lo apoyen? Habría que pensar que el éxito de Uribe fue tanto que las mafias desaparecieron o dejaron de influir en la prensa, pero no hay tal: los intereses asociados a dichas mafias están felices con el nuevo gobierno, por eso la desconcertante ausencia de críticas por parte de quienes en la campaña electoral parecían dispuestos a descuartizar al candidato.

Uno de los datos fundamentales a la hora de evaluar la veracidad de lo que digo es la alianza con la Corte Suprema de Justicia. Primero desistiendo de una reforma que afectara sus intereses, pues ¿cómo va a consensuar el poder político elegido una reforma con quienes resultarían afectados por ella? Es como si la declaración de abolición de la monarquía requiriera la aprobación del monarca. Un quiasmo, un disparate, detrás del cual está el afán de Santos de conseguir apoyos para perseguir el uribismo. Después, esa disposición se agravó con el cambio de la terna de fiscal, abierta legitimación del prevaricato y también consumación de la alianza con Ernesto Samper: la nueva fiscal parece nombrada para tapar los testimonios que comprometen al ex presidente y a sus funcionarios en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

El sobreentendido que subyace a tan generosa disposición del señor Santos es que las relaciones de los magistrados con Giorgio Sale, Ascensio Reyes, Macaco, Mancuso y otros personajes parecidos era pura afición al karaoke: la Realpolitik llega a ser un cinismo tan escandaloso que parece más propio de Pablo Escobar que de alguien que ha vivido en Londres. La alianza con Samper es algo parecido: el poder de la prensa se vuelca en apoyo del presidente, y a cambio se consiguen excelentes relaciones con el nuevo mejor amigo y un ambiente amistoso con las demás "narcorrepúblicas", motivo por el que la arquetípica investigadora de la Universidad Nacional Socorro Ramírez felicitaba al gobierno.

Otra prueba de esa alianza es la negativa a divulgar el contenido de los computadores del "Mono Jojoy". ¿Se imaginan la cantidad de intermediarios, de testaferros, de cómplices de diverso tipo que encontraría la gente si se publicara el contenido de esos computadores. como proponía Fernando Londoño. La impunidad de esos personajes, o su sumisión a la maquinaria política del presidente, le conviene al gobierno más que el combate al tráfico de drogas y a las bandas terroristas. De hecho, para el interés de hacer todopoderoso su clan familiar, sería muy inconveniente que resultaran encarcelados cientos o miles de discípulos del hermano del presidente, director de la protochavista y proguerrillera revista Alternativa.

La alianza de Santos con el Foro de Sao Paulo llega al extremo de proponer como candidata a la presidencia de Unasur a María Emma Mejía, antigua candidata del Polo Democrático, es decir, del Partido Comunista, a la alcaldía de Bogotá. Las retaliaciones que podría tomar el gobierno estadounidense ante dicha actitud se resolvían, en los cálculos del gobierno, en la disposición del gobierno de Obama, expresión de sectores políticos que falsean la democracia y la convierten en demagogia y viven del engaño (como la supuesta pérdida de empleos por el TLC con Colombia o la supuesta persecución del gobierno colombiano a los sindicalistas). Todo el mundo se preguntará cómo es que la señora Clinton se muestra tan dispuesta al entendimiento con Chávez. La explicación es simple: Obama y su gobierno viven del cuento de que el antiamericanismo es el resultado de la agresividad de Bush, que una actitud sonriente y generosa lo apaciguará. Sus enemigos no son los de su país, sino los candidatos del partido rival, que podrían alejarlos de los privilegios del poder. Esa disposición es a tal punto increíble que el mismo Frechette se felicita de la alianza de Santos con Chávez. Por lo demás, no se debería olvidar que el proceso del Caguán fue promovido por el gobierno de Bill Clinton.

Lo que hace patente de una manera escandalosa la alianza de Santos con las mafias es la determinación de extraditar al mafioso Makled a Venezuela, y el obsceno pretexto con que la justifica el presidente: se trata ni más ni menos que de renunciar a destruir las organizaciones criminales, es decir, se trata de la determinación de protegerlas, pues el reo podría informar de las relaciones del gobierno venezolano con dicho negocio, y de los proveedores colombianos. Decir que "Venezuela pidió antes la extradición" es sencillamente reconocer que se prima la amistad de la mafia sobre la de quienes la persiguen. Nadie espera que la justicia chavista vaya a perseguir a quien podría hacer daño a los propios magistrados.

Ése es el nuevo rumbo de Colombia. La decisión del Senado estadounidense de prorrogar las ventajas del ATPDEA por unas pocas semanas es el efecto de dichas políticas del gobierno colombiano, y obviamente ha tenido escasísimo impacto en la prensa. En realidad, para Santos no es ninguna tragedia, cuanto más débil sea el empresariado local más poderosos serán las fichas de su maquinaria, dedicada a repartirse la renta minera, y sus aliados traficantes de drogas. O mejor dicho, políticos que derivan su poder de representar a esa industria y ya no representan nada para la opinión, como los que dirigen el menguado partido de Piedad Córdoba y Martha Catalina Daniels.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 12 de enero de 2011.)