Conocida es la desconfianza de los filósofos por el impacto de los grandes acontecimientos: lo importante, nos dicen, ocurre lentamente y en silencio: la vida no tiene prisa ni se sacude por el efecto de los decibelios. Por eso deberíamos prestar menos atención a aquello que ocupa las grandes portadas que a lo que deja de ocuparlas, que a lo que no merece atención de los propagandistas. Y sobre todo, a los motivos de los silencios y las adhesiones, que en el caso del "target" de la propaganda puede ser ingenuo, pero no en el de quienes escriben en la prensa o salen en las tertulias de la televisión.
Lo que debería merecer atención de quien quiera ver algo más que el espectáculo que ofrecen los demiurgos de la prensa, que en Colombia lo son también en gran medida de la realidad, no es tanto la destitución de Piedad Córdoba cuanto el silencio de sus amigos: cuando emprendió la iniciativa de los "Colombianos por la Paz", en medio de la ola ascendente del socialismo del siglo XXI en la región, la acompañaron la mayoría de los columnistas de los grandes medios bogotanos, pese al descarado interés que mostraba dicha correspondencia en legitimar a las bandas criminales. Ahora que tanto la calle como las urnas y las armas han certificado la defunción del proyecto fariano, la decisión del procurador no encuentra casi ninguna contestación, pese a que discutir una medida semejante parece más fácil que alentar, legitimar y cobrar las masacres.
La opinión publicada anda en otro cuento: en reforzar el "unanimismo" en torno al presidente Santos. Son TODOS los que se quejaban unánimemente en la prensa del "unanimismo" popular en torno a Uribe, todos aprecian los gestos conciliadores y la disposición al diálogo, es decir, el reconocimiento que ofrece el presidente a quienes lo acusaban de mandar matar inocentes y lo presentaban como un monstruo de pesadilla. No importa que para compensar tanta ecuanimidad haga falta destripar guerrilleros: los que los alentaban durante los años del Caguán ya aplauden cualquier golpe que sufran (mal paga el diablo a quien bien le sirve), salvo cuando los golpes los dan ellos y resurge la esperanza de negociación, y sobre todo la posibilidad de acusar al uribismo de los crímenes, como hicieron descaradamente después de la bomba de Caracol.
Es decir, para esa poderosa y populosa corporación la caída en desgracia de Piedad Córdoba y la operación Sodoma son golpes que reciben unos aliados que ya resultan incómodos. Si bien para la mayoría de los colombianos la ex senadora y el ejército comunista son el principal problema, uno no puede sobreponerse a la sensación de que eso es como si alguien odiara a la mano de quien intenta matarlo. Tanto la avispada Karina viajera como el fanatizado sicariato rural son sólo "fichas" de redes de poder que en últimas son las dueñas del Estado, y que a estas alturas ya pueden prescindir de sus servicios.
A propósito de esas elites es muy interesante lo que dice un buen conocedor de la vida hispanoamericana, el mexicano Enrique Krauze, sobre otro, el peruano Mario Vargas Llosa:
En sus novelas y ensayos, nuestro continente aparece como el escenario de un drama terrible hecho no solo de pobreza, desigualdad y crimen, sino de corrientes mentales muy profundas y dogmatismos de toda índole que no son mero reflejo de las injustas estructuras económicas internas o externas, sino engendro directo de dictadores de derecha o izquierda, y obra colectiva de castas militares, políticas, religiosas, intelectuales, burocráticas. Estas elites han sido, para Vargas Llosa, el factor fundamental en la postración social y económica de la región. Ellas son el blanco profético de su obra.¿Qué es lo que hace que dichas elites se entusiasmen con Santos? Se podría reconocer en términos generales la traición a sus votantes, la adopción del programa de los enemigos de quienes lo eligieron y aun el nombramiento de dichas figuras en cargos de poder. Pero lo esencial son dos cosas: una es la colaboración en la persecución judicial contra el uribismo, la otra la promesa de promover una Ley de Tierras y otra de Reparación a las Víctimas, que podrían repartir entre dichas redes fortunas extraordinarias salidas de los recursos comunes.
Para orientar un poco al que no ha entendido de qué se trata la Ley de Víctimas, les cuento que se pretende gastar 44 billones de pesos, unos 25.000 millones de dólares, en compensar a las víctimas del "conflicto", generosa misión que pondría esos recursos en manos de los jueces, de los políticos, de los abogados y las ONG, que repartirían semejante bicoca sustraída al bienestar general entre sus probables clientelas. De ese modo los que se han enriquecido durante estos años gracias a las vacunas y secuestros y a la mayor fuente de ingresos que abrieron las bandas de asesinos, que es el erario, podrán seguir afianzando su poder y multiplicando sus ya copiosos patrimonios.
Una hermosa síntesis de tan amorosa misión la ofrece la entrevista que El Espectador publicó el fin de semana pasado al heredero del frente Manuel Cepeda Vargas:
La disposición del gobierno a comprar apoyos con semejante atrocidad marca tal vez la mayor diferencia respecto al uribismo: con esa cantidad se podría compensar por mucho tiempo el costo de abolir la parafiscalidad y aun crear oficinas de trámites que permitieran la expansión empresarial. Incluso compensar a las empresas los aumentos del salario mínimo. Nada de eso se haría porque las víctimas bien relacionadas con las redes de jesuitas o comunistas verían la ocasión de librarse del trabajo y el desempleo seguiría aumentando, esta vez peor aún a causa de la enfermedad holandesa.
No merecen atención quienes dudan de la colaboración de Santos en la persecución del uribismo con base en sus declaraciones. ¿Qué ganaría declarando otra cosa? La alianza con la Corte Suprema de Justicia, con la que incluso quería consensuar la reforma judicial o el nombramiento en el principal ministerio de Germán Vargas Lleras, mentor de Augusto Ibáñez y partidario de no denunciar el escandaloso prevaricato de los magistrados, son muestras de "concordia" con las que se legitima veladamente el prevaricato y el activismo político de dicha institución.
Otra prueba patente de esa colaboración es la reacción de la gran prensa, en buena proporción controlada por su familia. Mientras que las interceptaciones del DAS a personajes sospechosos de colaborar con potencias extranjeras o con bandas de traficantes de drogas ocupan las portadas, el tono elogioso al gobierno está presente en todas las noticias y editoriales. El que crea que no hay una ruptura profunda con el gobierno anterior sólo tiene que prestar atención a las declaraciones de Alejandro Santos, sobrino del presidente y director de Semana, al periódico español ABC:
Yo diría que las cuentas de Santos son éstas: con la Unidad Nacional suma el apoyo de congresistas y senadores elegidos en otras listas, de modo que no necesita siempre el de quienes siguen a Uribe. Sus lealtades familiares y sociales determinan un alejamiento de las políticas proempresa y resueltas a generar crecimiento económico del anterior gobierno. El previsible crecimiento derivado de la minería permitiría que la mayoría de la gente no notara el espantoso desfalco de la Ley de Víctimas, al tiempo que con ésta se ganaría el apoyo del "país político". En cuanto a los políticos uribistas, no tendrían otra opción que callar, pues no querrían estar excluidos del pastel de nombramientos y dádivas.
La presencia de Uribe en Colombia y su activismo no contribuyen precisamente a tan halagüeñas perspectivas. En las elecciones de 2011 podría darse un triunfo generalizado de candidatos promovidos por el ex presidente, lo que debilitaría a la vaga entente en que pretende Santos basar su apoyo. Eso puede explicar la violencia de la campaña mediática y judicial contra el presidente, así como la visible desesperación que despierta entre esos grupos la posibilidad de que se convoque una Asamblea Constituyente.
En mi opinión, esas cuentas de Santos son erradas. Si quiere ganar la reelección tendrá grandes dificultades para ganar a un candidato uribista, y los apoyos con que cuenta son turbios, por decir algo, en materia ideológica: se trata de los huérfanos del samperismo, el comunismo y el Partido Verde, todos unidos contra un proyecto que ha mostrado eficacia generando crecimiento a pesar de la guerra y cohesión nacional a pesar de la violenta hostilidad de los medios. Más: contra Uribe tendría que contar con el apoyo de la minoría a la que derrotó, y obrar contra la mayoría que lo eligió.
Esa situación justifica el título de este post: el "santismo" carece de otra legitimidad que la relación del presidente con su predecesor y la jerarquía de su familia en el orden tradicional. Una vez reforzados en su poder y enriquecidos gracias a las necesidades de gobernabilidad de Santos, sus nuevos amigos verán la ocasión de completar la faena, como dicen los taurinos en España. "Chuky" les parecerá poco digno de confianza y poco comprometido con la justicia social. La prensa y la mafia prevaricadora tienen poder, no hay quien lo dude, pero precisamente, ¿cómo es que ganó Uribe dos veces seguidas las elecciones y aun pudo ganar su sucesor?
Respecto a Uribe, la única salida que al parecer queda, y ya se empiezan a ver en la prensa insinuaciones al respecto, es el asesinato del ex presidente. A fin de cuentas, el gobierno de Samper mandó matar a Álvaro Gómez sin que la "cultura de la justicia" se inmute todavía, a pesar de los abrumadores testimonios que demuestran la implicación del entonces presidente y sus ministros. La prensa, y en particular Semana, se dedicaron a descalificar esos testimonios. Sin duda que con las mismas motivaciones con que apoyan el viraje de Santos.
[Le parece que la propuesta es "mezquina" e insuficiente, pero es que pedir no cuesta nada] Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio.El objetivo de cobrar la vacuna a todos los colombianos es descarado: por una parte quiere ofrecer un seguro de vida a los niños que le han hecho su carrera política, por la otra pretende que los crímenes de las bandas terroristas sigan generando lucro a su facción, ahora a través de los abogados y jueces. ¿Quién va a determinar de forma efectiva qué es una víctima? Los campesinos de las regiones azotadas por el servicio doméstico armado de Cepeda II, ¿cómo demostrarán que han pagado extorsión? Y si no la han pagado, ¿no son también víctimas por la miseria y desvalimiento que la ambición de unos asesinos como el padre de Cepeda ocasionaron? Lo que se pretende es que lo sigan siendo, ahora robándoles los recursos. (Al respecto, muy recomendable esta columna de Alfredo Rangel.)
C.O.T.- En sana lógica, se diría que los familiares de los victimarios no deberían tener el mismo tratamiento del Estado que las víctimas de sus parientes.
I.C.C.- Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa?
La disposición del gobierno a comprar apoyos con semejante atrocidad marca tal vez la mayor diferencia respecto al uribismo: con esa cantidad se podría compensar por mucho tiempo el costo de abolir la parafiscalidad y aun crear oficinas de trámites que permitieran la expansión empresarial. Incluso compensar a las empresas los aumentos del salario mínimo. Nada de eso se haría porque las víctimas bien relacionadas con las redes de jesuitas o comunistas verían la ocasión de librarse del trabajo y el desempleo seguiría aumentando, esta vez peor aún a causa de la enfermedad holandesa.
No merecen atención quienes dudan de la colaboración de Santos en la persecución del uribismo con base en sus declaraciones. ¿Qué ganaría declarando otra cosa? La alianza con la Corte Suprema de Justicia, con la que incluso quería consensuar la reforma judicial o el nombramiento en el principal ministerio de Germán Vargas Lleras, mentor de Augusto Ibáñez y partidario de no denunciar el escandaloso prevaricato de los magistrados, son muestras de "concordia" con las que se legitima veladamente el prevaricato y el activismo político de dicha institución.
Otra prueba patente de esa colaboración es la reacción de la gran prensa, en buena proporción controlada por su familia. Mientras que las interceptaciones del DAS a personajes sospechosos de colaborar con potencias extranjeras o con bandas de traficantes de drogas ocupan las portadas, el tono elogioso al gobierno está presente en todas las noticias y editoriales. El que crea que no hay una ruptura profunda con el gobierno anterior sólo tiene que prestar atención a las declaraciones de Alejandro Santos, sobrino del presidente y director de Semana, al periódico español ABC:
El Ejecutivo de Santos ha dado un viraje muy grande en la agenda y el estilo de gobierno. Se han empezado a restablecer las relaciones con Venezuela y Ecuador. Se está dando más importancia a la región que a Washington. Ese viraje se ha visto también al considerar una prioridad el tema social, y la tierra como uno de los factores más importantes de la violencia política. A eso le sumamos que Uribe tenía un gran liderazgo personal y se comunicaba directamente con el pueblo. Santos tiene una visión mucho más institucional del manejo del poder. También se ha restablecido la relación con la Justicia. Antes había un claro enfrentamiento entre la cultura de la justicia y el Gobierno.La "cultura de la justicia" parece una expresión vacía, pero delata el afán de legitimar a los prevaricadores manifiestos de la CSJ. El tono de hostilidad, calumnia y bajeza de esa revista respecto al uribismo no es menor que el de Anncol, pero coincide con un pleno reconocimiento al presidente.
Yo diría que las cuentas de Santos son éstas: con la Unidad Nacional suma el apoyo de congresistas y senadores elegidos en otras listas, de modo que no necesita siempre el de quienes siguen a Uribe. Sus lealtades familiares y sociales determinan un alejamiento de las políticas proempresa y resueltas a generar crecimiento económico del anterior gobierno. El previsible crecimiento derivado de la minería permitiría que la mayoría de la gente no notara el espantoso desfalco de la Ley de Víctimas, al tiempo que con ésta se ganaría el apoyo del "país político". En cuanto a los políticos uribistas, no tendrían otra opción que callar, pues no querrían estar excluidos del pastel de nombramientos y dádivas.
La presencia de Uribe en Colombia y su activismo no contribuyen precisamente a tan halagüeñas perspectivas. En las elecciones de 2011 podría darse un triunfo generalizado de candidatos promovidos por el ex presidente, lo que debilitaría a la vaga entente en que pretende Santos basar su apoyo. Eso puede explicar la violencia de la campaña mediática y judicial contra el presidente, así como la visible desesperación que despierta entre esos grupos la posibilidad de que se convoque una Asamblea Constituyente.
En mi opinión, esas cuentas de Santos son erradas. Si quiere ganar la reelección tendrá grandes dificultades para ganar a un candidato uribista, y los apoyos con que cuenta son turbios, por decir algo, en materia ideológica: se trata de los huérfanos del samperismo, el comunismo y el Partido Verde, todos unidos contra un proyecto que ha mostrado eficacia generando crecimiento a pesar de la guerra y cohesión nacional a pesar de la violenta hostilidad de los medios. Más: contra Uribe tendría que contar con el apoyo de la minoría a la que derrotó, y obrar contra la mayoría que lo eligió.
Esa situación justifica el título de este post: el "santismo" carece de otra legitimidad que la relación del presidente con su predecesor y la jerarquía de su familia en el orden tradicional. Una vez reforzados en su poder y enriquecidos gracias a las necesidades de gobernabilidad de Santos, sus nuevos amigos verán la ocasión de completar la faena, como dicen los taurinos en España. "Chuky" les parecerá poco digno de confianza y poco comprometido con la justicia social. La prensa y la mafia prevaricadora tienen poder, no hay quien lo dude, pero precisamente, ¿cómo es que ganó Uribe dos veces seguidas las elecciones y aun pudo ganar su sucesor?
Respecto a Uribe, la única salida que al parecer queda, y ya se empiezan a ver en la prensa insinuaciones al respecto, es el asesinato del ex presidente. A fin de cuentas, el gobierno de Samper mandó matar a Álvaro Gómez sin que la "cultura de la justicia" se inmute todavía, a pesar de los abrumadores testimonios que demuestran la implicación del entonces presidente y sus ministros. La prensa, y en particular Semana, se dedicaron a descalificar esos testimonios. Sin duda que con las mismas motivaciones con que apoyan el viraje de Santos.
(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de octubre de 2010.)
