martes, mayo 25, 2010

El informe de la "Comisión de la Verdad"

Rápidamente se ha olvidado el Informe de la "Comisión de la Verdad" sobre los hechos del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985. Aparte de los interesados en dicho informe, parece que nadie tiene paciencia para leerlo, y vale la pena prestar atención a lo que dice, porque se trata de un importante episodio del "conflicto", de la guerra que enfrenta en Colombia a la mayoría de los ciudadanos contra la secta totalitaria, también enquistada en la Administración de Justicia.

La comisión de la mentira
La mentira, decía Ortega y Gasset, es la esencia de la política, y esto por cuanto en la política se intenta a toda costa encontrar una verdad útil, lo cual falsea la búsqueda y el resultado. El caso de la "Comisión de la Verdad" que redactó el famoso informe es extremo: se pretende imponer una versión de los hechos que es abiertamente parcial, y en lugar de convocar a los diversos sectores interesados, la comisión la nombra el mismo organismo que ejerce de partido de oposición, toda vez que el rechazo al gobierno no obtiene suficientes votos para presentar una verdadera resistencia en el plano político. La Comisión de la Verdad peruana estaba integrada por un buen número de personas de diversos sectores de la sociedad y fue nombrada por el presidente Valentín Paniagua. Similar trámite siguieron las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y Chile. En pocas palabras, esas comisiones fueron nombradas para aclarar hechos pasados mientras que la que nombró la CSJ pretende tener un papel en la guerra jurídica actual. ¿Cuándo se entenderá que esa guerra jurídica es parte de la que llevan a cabo las guerrillas?

¡Que cese el fuego!
La introducción del Informe es elocuente: se pretende equiparar la respuesta militar de entonces a la política de Seguridad Democrática, con el nada oculto interés de descalificarla y presentar una de las más gastadas y despreciables falacias de la propaganda del entorno terrorista: la equiparación de las bandas de asesinos a las instituciones democráticas:
Como ayer, Colombia sigue debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿Es que la ley y nuestro derecho a vivir en paz no son más que rehenes de la violencia?
Para mí es un misterio insondable la reacción de la gente en Colombia ante semejante retórica, abierta búsqueda de legitimación de las bandas terroristas: ¿será que nadie lo lee o que nadie se da cuenta de que el novedoso "derecho a vivir en paz" constituye una abierta deslegitimación de cualquier esfuerzo que se haga para aplicar las leyes? La introducción concluye con estas perlas:
hoy al igual que hace 24 años, cuando el llamado a que cesara el fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.
Del ahogado el sombrero
La mayoría de los comentarios que aparecieron en la prensa al impresionante informe se centraban en la novedad de que se reconociera la financiación por parte de Pablo Escobar de la acción del M-19. Es lo que se pretendía, que la gente se fijara en eso y no en el sentido obvio del informe y de la comisión, que no es otro que justificar la persecución judicial contra los militares que participaron en la recuperación del palacio. Claro que antes abundaban en la prensa los escritos en que se negaba tal financiación, pero tal vez dichos escritos, pues en Colombia se desconoce la vergüenza, servían para que el reconocimiento por la "Comisión de la Verdad" pareciera una gran concesión. Nadie se fijó siquiera en la proliferación de adjetivos ("desproporcionada", "exorbitante", etc.) que se aplican a la acción militar, ni en la manifiesta afinidad del Informe con la propaganda de los partidarios del M-19 y las bandas que persisten.

El Plan B
El lector es víctima de un atraco y tiene la opción de entregar la cartera y los números secretos de las tarjetas, o de resistirse. En el segundo caso será protagonista de una pelea, y la policía lo detendrá y lo forzará a pagar un soborno aún más oneroso so pena de terminar en la cárcel. Es lo que ocurre cuando la policía está conchabada con los atracadores. Es también exactamente lo que pasa con el asalto al Palacio de Justicia: esperaban tomar el poder al forzar a la autoridad presidencial a rendirse para salvar a los importantes rehenes. Pero si eso no funcionaba, siempre quedaría el recurso de acusar a las fuerzas del orden de extralimitarse, de cometer asesinatos, de la muerte de los magistrados, etc. El Informe es la realización de ese Plan B, que todo lector de la prensa colombiana conoce. Y no es que los hampones que lo redactaron se esfuercen mucho en ser sutiles:
El Magistrado Eduardo López Villegas, al instalar los eventos públicos de la Comisión de la Verdad en noviembre de 2008, expresó, sobre el sentido del trabajo de la Comisión, que “sería ya bastante el establecimiento del derecho de las víctimas a la verdad porque se les restituye en la dignidad ultrajada por el engaño urdido por sus verdugos, y la afrentosa jactancia por falsas proezas.”

Y agregó que “es esa la verdad que ha de pregonar la historia, la que han de re-escribir los que la han contado como una audacia subversiva o una práctica castrense, y en su lugar hablarle a las nuevas generaciones de que allí en el Palacio de Justicia tuvo ocurrencia la más grave laceración que rama del poder alguna ha recibido en nuestra historia civilizada e incivilizada, con la inmolación de Magistrados, funcionarios y empleados al servicio de la justicia, la que fue abandonada, a merced de victimarios sin escrúpulos”.
Es en serio. "Alfonso Cano" habría tenido más pudor. Y lo terrible es que los militares acusados de presuntos crímenes relacionados con esa atrocidad están en manos de criminales de tal calaña. Pero ¿los militares? La sociedad colombiana está sometida a esos personajes porque, precisamente, la inmolación de los magistrados y la posterior Constitución que pactó César Gaviria con la banda que ejecutó la acción terrorista, con evidente respaldo, de nuevo, de Pablo Escobar, dio lugar a dicho dominio.

Derecho e historia
Aparte de ecuánimes, los miembros de la espeluznante comisión pretenden darse a valoraciones históricas, políticas, éticas y hasta filosóficas. Cuando describen el contexto histórico previo a la toma del Palacio, no le hacen ascos a proclamas como ésta, aludiendo al gobierno de Turbay:
Y fueron numerosos los allanamientos ilegales, torturas, desapariciones y no faltaron las ejecuciones extrajudiciales. Era precisamente por la utilización de estos mecanismos, que la legitimidad del Gobierno estaba en tela de juicio.
La prueba que exponen de dichas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones es un libro del ex guerrillero Darío Villamizar. ¿Realmente estuvo en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Turbay? La respuesta está flotando en el viento: respecto al historial del M-19 el lector se entera de que "había realizado algunas acciones que le granjearon simpatía en ciertos sectores", y...
Otra de las acciones más intrépidas consistió en la toma de la Embajada de República Dominicana, cuando el grupo guerrillero solicitó amnistía para 314 de sus miembros, a cambio de la liberación de los rehenes.
Ya lo ven: la legitimidad del gobierno estaba en tela de juicio, pero la guerrilla se metía a una embajada y tomaba unos rehenes, a cambio de la amnistía para sus miembros, acción que no resulta "desproporcionada" ni "exorbitante" sino "intrépida". Acerca del dinero que obtuvieron no se dice nada. ¿No habrá despertado la toma de la embajada simpatía en ciertos sectores? Seguro que sí. También la toma del Palacio, e incluso el asesinato de José Raquel Mercado.

Origen del testimonio
Algo que llama la atención poderosamente en la divertida disertación histórica es el origen de los textos que se citan, aun cuando se trata de hechos que cualquier periódico registraría: la mayor parte de las referencias provienen de personajes como el ex guerrillero citado, la escritora Laura Restrepo, manifiestamente afín al M-19, o la académica Socorro Ramírez, alguna vez candidata presidencial de una secta trotskista. La comisión hace suyo un resumen de la relación del gobierno de Turbay con el M-19 que copia del libro que la señora Ramírez escribió con Luis Alberto Restrepo:
“Tanto las amnistías ofrecidas por el Gobierno, como el rechazo que de ellas hizo la guerrilla, demostraban claramente que ninguna de las dos partes del conflicto se sentía derrotada o sustancialmente debilitada. El Gobierno y los militares podían argüir, como triunfo suyo, la detención de la mayor parte de los dirigentes del M-19. Éstos, en cambio, tenían en su haber, una notable popularidad. La batalla entre el M-19 y el Gobierno de Turbay por la conquista de legitimidad política, sin asumir los costos de la paz, había concluido”.
Y no hay la menor objeción al hecho de que una banda de asesinos resulte tan legítima como las instituciones, ni que la supuesta "popularidad" del M-19 no se tuviera que traducir en votos: para los autores del libro y para los magistrados la legitimidad es lo que ellos quieran entender, y las urnas son un fastidio. Ahora ya el M-19, incluso como grupo político poderoso y riquísimo gracias a su alianza con Escobar y Gaviria, va menguando. Pero lo reemplaza la CSJ. Ante el retroceso que el comunismo experimenta en Colombia desde comienzos de siglo, la cúpula judicial se va quedando como un remanente siniestro. La campaña de persecución de las instituciones armadas es la forma de guerra que ponen en práctica desde una fortaleza sólida, y cuentan con la suma de indigencia y pereza intelectual de las víctimas y de quienes quisieran orientar a Colombia en el sentido de las democracias modernas.
(Sigue la próxima semana)

(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de enero de 2010.)

CONTINUACIÓN:

La semana pasada expliqué que el citado informe es sólo un intento de justificar la persecución política que la mal llamada Corte Suprema de Justicia ha emprendido contra los militares que recuperaron el Palacio de Justicia en 1985, y de paso desautorizar la política de seguridad democrática y todo esfuerzo que se haga para contener a las bandas de asesinos que, como el M-19, están en la base del poder de los magistrados (tras la constitución que prohibió extraditar a Pablo Escobar y compañía). Todo eso resulta evidente al leer las Recomendaciones con que concluye dicho escrito: el resto es sólo el camino que se sigue para llegar a esa conclusión, y en 317 páginas uno puede encontrar desarrollada hasta el hartazgo toda la habitual propaganda del Partido Comunista. Ojalá algún día los colombianos se detengan a considerar la enormidad que tal conducta representa. Pero en Colombia la inoperancia institucional, y la misma persecución que han emprendido los magistrados contra el Congreso, han impedido que se investigue un prevaricato evidente. (Las negritas siempre son mías.)
Recomendaciones 
La Comisión de la Verdad tiene la profunda convicción que el Estado y la sociedad colombiana tienen ineludibles deberes de conocer la dolorosa realidad que brota de los hechos del Palacio de Justicia y de aprender las lecciones que permitan evitar que estos hechos se repitan. Las recomendaciones que aquí se presentan constituyen una hoja de ruta que esta Comisión le propone al país, para paliar las terribles consecuencias de los hechos y tratar de conjurar la vergonzosa impunidad que ha rodeado esta tragedia nacional. Se hace con el pleno convencimiento de que sólo con la adopción de medidas concretas se podrá convertir en realidad el “nunca más”, leitmotiv de la Comisión de la Verdad, el cual puede erigirse en pauta ética, política y jurídica de la Nación.

Siempre es una tarea complicada explicar que los problemas de la sociedad colombiana no le llegan de fuera sino que están en la misma concepción del orden social. ¿Cuál es la función de los jueces en los países desarrollados? En Colombia lo es el activismo político y la pretensión de dominar a los poderes elegidos. Es decir a los ciudadanos. Valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los hechos que hay que evitar que se repitan? No, no es que haya bandas criminales secuestrando funcionarios, sino que se intente impedir que se salgan con la suya. "Conjurar la vergonzosa impunidad" es el nombre eufemístico para "perseguir por encima de toda normatividad jurídica a los militares que echaron a perder la labor de los terroristas". La "tragedia nacional" es que crímenes como ése hayan servido de base para que la justicia caiga en manos de semejantes bandidos, que no ocultan su interés en reemplazar a los demás poderes y dictar la pauta ética. Cosa que llevan haciendo décadas: por eso sigue habiendo secuestros y masacres, porque el poder real está en manos de estos socios del terrorismo.

Derecho a la verdad
La memoria histórica es un concepto central para entender la trascendencia de la verdad y su significado político y jurídico. La fidelidad de esta memoria a los hechos suele ser un ejercicio subjetivo, pero aspira construir una narración socialmente compartida de hechos que, como los que se relatan en este Informe, representan hitos fundamentales en nuestra evolución como Nación.
Hay que prestar atención a lindezas como ésa: ¡el "derecho a la verdad" consiste en el derecho de los magistrados a imponer la visión que conviene a su interés! En la frase resaltada esa pretensión adquiere ribetes cómicos: ¿quién aspira a construir una narración socialmente compartida? ¿La fidelidad a los hechos? Ése es un sujeto muy extraño para semejante predicado, y sólo ocurre, como en los contratos de uso de los programas informáticos, que no hace falta fijarse demasiado en el sentido común porque nadie va a leer y sólo quedará el impacto de que los jueces ordenaron perseguir a los militares. "Aspirar a construir una visión socialmente compartida" significa: "pretender que socialmente se comparta una narración impuesta por una autoridad no elegida". ¿Quién construye esa narración? Tres ex presidentes de la CSJ basados en los escritos de personas próximas al M-19.

La narración de los graves crímenes perpetrados y de la impunidad que subsiguió, refleja no sólo lo que puede ser pertinente para el caso del Palacio de Justicia, sino que constituye un retrato de los males profundos que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que la violencia enloquecida y despiadada de las partes en conflicto hubiese segado aproximadamente un centenar de vidas, y no se haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia? ¿Cómo aceptar que el inexplicable desprecio hacia la vida de otros, haya permanecido impune? ¿Cómo explicar la masacre del Palacio de Justicia y la interrupción durante 28 horas de un Estado de derecho, sustentado en una democracia sólida y de larga data?
Como ya he explicado, se trata sólo de la propaganda del Partido Comunista. ¿Cuáles son las partes en conflicto? ¿Hay algún otro "mal profundo" de la sociedad que el hecho de que una secta totalitaria y criminal domine la cúpula judicial?
Estas preguntas, sin respuestas satisfactorias, se pueden insertar en las múltiples tragedias que Colombia ha vivido por causa de las violencias. En momentos en los que el país se debate aún en las fauces del conflicto armado interno, de los crímenes horrendos de la guerrilla, del paramilitarismo, del narcotráfico, del desprecio a la vida y a la libertad, de delitos perpetrados por agentes del orden, la reflexión sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia ofrece al país una oportunidad de enmendar rumbos, de mirarse honestamente en el espejo de la miseria y de la tragedia y, a partir de asumir que esas verdades forman parte también de nuestra identidad, plantear todos el esfuerzo conjunto de construir la paz sobre bases sólidas y de poner la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración.
La política, sobre todo cuando es pura propaganda, tiende a ser indistinguible de la poesía barata. ¡Es el "conflicto" el que tiene fauces y sus agentes son como objetos de ese monstruo. Naturalmente, ¡hay formas civilizadas de arreglar las diferencias, no todo ha de ser el guerrerismo de Uribe! Viéndolo bien, no sólo se trata de perseguir y asustar a los militares ni de descalificar y amenazar con perseguir judicialmente la política de Seguridad Democrática, sino incluso de impedir los rescates de rehenes.
En ese sentido, la verdad real y completa de los hechos, es nuestra primera recomendación y exhortación. Esa verdad no sólo debe surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción de la historia, de los medios de comunicación y de los textos escolares que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos infaustos dos días en el centro de la capital de la República.
La verdad real y completa, no hay que engañarse, es la que sale de la Comisión de la Verdad, es decir, del Secretariado. ¿O alguien cree que el Secretariado de las FARC cambiaría una sola coma de ese informe? ¡La construcción de la historia! llaman a la elaboración de manuales propagandísticos como ése, y esperan que el Estado se dedique a promover el asesinato en masa divulgándolos.
Es necesario que el Estado implemente una política nacional de verdad y memoria sobre los grandes crímenes cometidos en el terrible desarrollo de las violencias. Esta política debe formar parte de la labor de todas las instituciones públicas. Dentro de ella, se debe considerar la constitución de mecanismos oficiales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de reflexión permanente sobre la violencia en Colombia y para el esclarecimiento de todos los graves delitos contra los derechos humanos.
Es decir, el presupuesto se debe gastar, tal como se gasta en adoctrinar militantes marxistas en las universidades públicas, en financiar think tanks dedicados a promover la "verdad" de la CSJ, a la que están obviamente sometidas todas las instituciones públicas. Es como un intento de tomar el poder por decreto, toda vez que los secuestros y masacres no rindieron lo suficiente.
En particular, la Comisión de la Verdad recomienda:

1. A las autoridades judiciales, que en el desarrollo de los procesos en curso y de aquellos que en el futuro se inicien, realicen todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas. Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales.
Es decir, saltarse todos los procedimientos del derecho para llevar a la práctica la persecución contra los militares, toda vez que la judicatura es el último recurso que le queda al PCC para tomar el poder.
2. La efectiva implementación de una política nacional de archivos que contribuya a conocer y divulgar la historia de las violencias en Colombia, en el marco de lo previsto en la Ley General de Archivos y en los artículos 56 y 57 de Ley 975 de 2005, en lo relativo al deber de memoria y de preservación de archivos. La centralización de este sistema puede empezar mediante la interconexión de archivos nacionales, departamentales y distritales, así como aquellos que obren en poder de instituciones públicas sectoriales e incluso rchivos privados. Es preciso, asimismo, que el Archivo General de la Nación adopte las medidas necesarias para digitalizar toda documentación escrita y audiovisual, de modo que se garantice la protección de documentos originales.
Más claro no canta un gallo. Quieren tener un costoso organismo oficial dedicado a sacar partido de "las violencias" y a explotar el pasado para asegurar los negocios del PCC y la caterva de prevaricadores.
3. El establecimiento de un centro de información, documentación y educación sobre los hechos del Palacio de Justicia, en el espacio que debe disponerse al efecto en la Biblioteca Enrique Low Murtra (Ley 1056 de 2006), al que esta Comisión hará entrega, por conducto de la Corte Suprema de Justicia, de la valiosa documentación recogida a lo largo de su misión y en donde otras instituciones, incluyendo las de investigación judicial, puedan centralizar la información disponible sobre los hechos, que encontrarán allí permanente memorial y lugar de conmemoración.

4. Garantizar el más amplio acceso a la información que se refiera a actos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al público en general y a las víctimas en particular. Esto incluye la revisión cuidadosa de la actual legislación sobre acceso a información, la adopción de procedimientos claros y la evaluación periódica del cumplimiento del deber de informar de la administración pública. Las excepciones al principio de acceso a información sólo pueden estar referidas a causas razonables, proporcionales y acordes con la democracia y el Estado de derecho.
Lo dicho: toda una máquina de propaganda dedicada a sacar partido del informe para imponer sobre el futuro una versión casi abiertamente partidaria del terrorismo, marcadamente signada por el lenguaje de la propaganda del PCC que cualquier colombiano que lea la prensa conoce muy bien.
5. Al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas de los sistemas público y privado y a las demás entidades culturales competentes en niveles nacional, departamental, distrital y municipal, la Comisión recomienda la revisión exhaustiva de los contenidos educativos, particularmente de los textos y pedagogía utilizada en cursos de historia de Colombia, de educación cívica, ética y democracia y otros similares, referidos a la narración sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, de modo que reflejen con objetividad y sin prejuicios las causas, hechos y consecuencias, contribuyendo con herramientas pedagógicas específicas a la discusión y debate por parte de profesores y alumnos, sobre el significado de este suceso en la historia de las violencias en Colombia, siempre como garantía de no repetición.
El descaro de esta recomendación es tal que hasta mereció un artículo en El Tiempo. Y es una prueba más de que en Colombia no hay democracia ni Estado de derecho, porque las autoridades elegidas por la gente no cuentan para nada: quien realmente manda son las altas cortes, y su agenda consiste en facilitar la toma del poder a las tropas del partido con el que colaboran los magistrados.
6. Los medios de comunicación podrían sumarse al esfuerzo por revisar críticamente la cobertura que se ha realizado sobre los hechos del Palacio de Justicia y promover el más amplio debate público sobre su significado, con absoluta objetividad. Asimismo, que en el desarrollo de esa cobertura informativa y de educación pública, se respete plenamente la dignidad de las víctimas.
De nuevo, "la dignidad de las víctimas" es el pretexto para llamar a los medios de comunicación a colaborar en la tarea de explotar la tragedia para ayudar en la revolución. ¡Como si no lo hicieran ya!
7. A todas las partes que intervinieron directa o indirectamente en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como en sus causas y consecuencias, la Comisión les invita a realizar un examen sobre sus responsabilidades. En particular, sin perjuicio de reconocimientos que se hayan efectuado y del resultado de los procesos judiciales, los integrantes del extinto M-19, deben formular públicas e incondicionales disculpas al país y a las víctimas, por haber recurrido a la retención de rehenes y a la violencia delirante, en una acción iniciadora y determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.

8. Asimismo, los más altos mandos de la fuerza pública deben reconocer y pedir perdón a la institucionalidad y a las víctimas, por sus excesos en la reacción, igualmente determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.
Nadie debe dudarlo: para los magistrados la fuerza pública es igual de legítima al M-19.
9. Los partidos políticos, los líderes y otras personalidades relevantes de ese entonces, deben asumir sus responsabilidades, de modo que envíen a la sociedad colombiana en general, y a las víctimas en particular, una señal inequívoca de que el sentido último de la función pública es la protección de la vida y de la dignidad humana, aún en las circunstancias más extremas. 10. Finalmente, el Estado colombiano debe también reconocer su responsabilidad en los hechos y pedir perdón a las víctimas.
Pero ¿cuál es la responsabilidad del "Estado colombiano"? ¿Qué es el "Estado colombiano"? ¿Cuáles son las víctimas? En general se trata de militantes del M-19 o de las redes mafiosas afines que intentan usar los supuestos crímenes como pretexto para deslegitimar la democracia. La CSJ anda en lo mismo, legitimando el terrorismo y haciendo culpable a la democracia de los crímenes de los adolescentes que tan eficazmente promovieron la carrera de los magistrados, toda vez que, como ya expliqué la semana pasada, el escándalo es el Plan B del golpe.


(Publicado en el blog Atrabilioso el 28 de enero de 2010.)