Es muy curioso ese colombianismo. En el otras partes el verbo sólo se usa para “encallar”, que es lo que les ocurre a las embarcaciones que no se pueden mover porque algo se lo impide en el suelo. Pero es una expresión afortunada: la mayoría de la gente en Colombia está encallada por la escasez de recursos. Lo que pasa es que “la mayoría” no son todos, y vale la pena considerar quiénes viven cómodamente en una sociedad como la colombiana y quienes tienen que hacer grandes esfuerzos para pagar sus gastos, por modestos que éstos sean.
Vale la pena, por ejemplo, porque la huelga de empleados judiciales ya lleva un mes y no parece que vaya a cesar (ayer mismo el presidente les dijo que se quedaran en huelga hasta el final de su mandato). ¿Alguien se ha detenido a pensar cuánto gana un juez o un secretario judicial y cuánto gana la gente que hace trabajos pesados? ¿A alguien se le ocurrirá comparar esa diferencia de ingresos con la que habría en otros países?
Mejor: ¿alguien ha sentido que el país se paralice realmente por la huelga en los juzgados? Sí que han quedado libres algunos delincuentes, pero la verdad es que el impacto del “trabajo” de los funcionarios es bastante insignificante. La verdadera profesión de esos empleados de la “justicia” (¡qué palabra!) es la “lucha” para hacerse subir el sueldo, y por eso su huelga apenas se nota en que se detectan menos abusos en las tutelas y menos arbitrariedades.
Pero en cambio quienes llegan de otros países quedan desconcertados por lo barato que es todo lo que hace alguien, lo que representa el trabajo manual de una persona. Dicen que eso es por la educación, pero ¿qué es educación? ¿Realmente un profesional de la vociferación como los miembros de Asonal Judicial tiene mayores conocimientos que un esforzado zapatero? Si la educación colombiana proveyera ingresos varias veces superiores a quienes disfrutan de ella porque su productividad fuera mayor, ¿qué sentido tendrían las organizaciones de intimidadores y gritones? Los “educados” serían los más “neoliberales”, ansiosos de pagar menos impuestos y disfrutar del fruto de su trabajo más productivo.
En todo eso hay una constante: la principal fuente de desigualdad en Colombia es el sindicalismo estatal, que es una forma eufemística de decir “el Estado”. La mayoría de las personas que obtienen empleos estatales y por tanto pueden ejercer el sindicalismo pertenecen a medios sociales privilegiados y son en últimas los verdaderos usufructuarios de esa enorme organización.
A tal punto es el Estado (como organización de la etnia dominante y como poderosa máquina de exacción para el resto de la sociedad) la principal causa de desigualdad que la mitad de los empleados estatales están en el 10 % más rico de la sociedad. Si se contaran los pensionados, muchos de los cuales viven cuarenta años cobrando pensión y amasan considerables fortunas mientras ocupan puestos, por ejemplo como jueces, la proporción de ricos cuyos recursos provienen del Estado sería muchísimo mayor. Por no hablar de que la mitad de los empleados estatales que no cabe en ese 10 % la forman los agentes de policía y las señoras que limpian y sirven tintos en las oficinas estatales.
Todo el sentido del Estado se enmascara en tareas supuestamente necesarias y honrosas, por mucho que todo el que quiera enterarse un poco podrá comprobar que sólo son un pretexto para pagar rentas a las personas que viven de eso. Dos edificios enormes y costosos del centro de Bogotá albergan oficinas de la Contraloría y la Procuraduría. La misión de control de estas entidades es tan necesaria que los que nombran a los funcionarios que van a ejercer el control son los mismos que nombran a los que van a estar sometidos a él.
Pero los colombianos ya están acostumbrados a eso: si uno tiene que dedicar su vida a esfuerzos espantosos para obtener con suerte unos doscientos dólares al mes es porque no ha tenido la suerte de ocupar un empleo en esas instituciones, tal vez por no tener educación (pero cuando la tiene tampoco es seguro el puesto y hay que colaborar en la rebelión de algún aventurero que sí tiene empleo y aspira al ascenso a ver si llega la oportunidad).
Claro que uno piensa en el Estado como esa vasta corporación de parásitos, pero prácticamente todos ellos viven dedicados a promover la destrucción del Estado, al que acusan de toda clase de crímenes: el puesto en la Procuraduría o en la Contraloría depende de lealtades adquiridas en la universidad, de lealtades a los emisarios de la utopía, que son a la vez los dueños del Estado y sus sepultureros.
Y la verdad es que cuando se habla de “parásitos” tal vez se cometa una injusticia: ¿nadie sabe a qué viven dedicadas todas esas personas que obtienen salarios de dos mil dólares y más en la Universidad, la “justicia”, la Procuraduría y la Contraloría? Yo sí lo sé: ¡viven dedicados a combatir la desigualdad del país!
Y creo que los colombianos deberíamos tomar conciencia de ese problema, sin duda el primero del país. Durante los seis años de Uribe la pobreza y la indigencia se han reducido notablemente, lo contrario de lo que ocurrió durante el gobierno de Samper. Pero “la desigualdad” es un criterio de muy dudosa sensatez. Por ejemplo, durante el gobierno de Chávez en Venezuela han emigrado cientos de miles de personas acomodadas. Eso reduce la desigualdad sin que la gente pobre tenga mucho de que alegrarse. Y si, por el contrario, a un país se fueran los ricos más ricos, la desigualdad aumentaría y sin embargo lo más probable es que también el ingreso de los pobres mejorara.
De modo que el problema de la pobreza es sobre todo reducir el despojo a que someten a la gente las camarillas parasitarias que desde la fundación del país ejercen de dueñas del Estado. Y para eso hacen falta muchos cambios, sobre todo hace falta crear un partido de los trabajadores (lo cual no se debe entender como “de los asalariados”) que se oponga al despojo tradicional.
Pero sobre todo hace falta impedir que esas camarillas vuelvan a reinar, que fue lo que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando el gasto del Estado se dobló y al mismo tiempo se dobló la cantidad de pobres. ¿Habrá energía para eso? Es un reto constante, que la sociedad tarda en asumir. En 2003 se convocó un referendo que planteaba, ante la mala situación económica, congelar los sueldos de los empleados estatales mejor pagados. La participación fue escasa y al cabo de dos años el mismo Uribe estaba subiendo “generosamente” esos sueldos: si la sociedad no respalda al gobierno que intenta contener ese despojo, el gobierno tendrá que ceder.
Y sin cambiar eso la mayoría de la gente seguirá “varada” y los únicos que vivirán cómodamente serán los que tienen que ver con las camarillas de lagartos de toda la vida. Los pobres seguirán matándose por las migajas mientras los ricos proclaman su superioridad sobre este mundo en que hay tanta “inequidad”.
Vale la pena, por ejemplo, porque la huelga de empleados judiciales ya lleva un mes y no parece que vaya a cesar (ayer mismo el presidente les dijo que se quedaran en huelga hasta el final de su mandato). ¿Alguien se ha detenido a pensar cuánto gana un juez o un secretario judicial y cuánto gana la gente que hace trabajos pesados? ¿A alguien se le ocurrirá comparar esa diferencia de ingresos con la que habría en otros países?
Mejor: ¿alguien ha sentido que el país se paralice realmente por la huelga en los juzgados? Sí que han quedado libres algunos delincuentes, pero la verdad es que el impacto del “trabajo” de los funcionarios es bastante insignificante. La verdadera profesión de esos empleados de la “justicia” (¡qué palabra!) es la “lucha” para hacerse subir el sueldo, y por eso su huelga apenas se nota en que se detectan menos abusos en las tutelas y menos arbitrariedades.
Pero en cambio quienes llegan de otros países quedan desconcertados por lo barato que es todo lo que hace alguien, lo que representa el trabajo manual de una persona. Dicen que eso es por la educación, pero ¿qué es educación? ¿Realmente un profesional de la vociferación como los miembros de Asonal Judicial tiene mayores conocimientos que un esforzado zapatero? Si la educación colombiana proveyera ingresos varias veces superiores a quienes disfrutan de ella porque su productividad fuera mayor, ¿qué sentido tendrían las organizaciones de intimidadores y gritones? Los “educados” serían los más “neoliberales”, ansiosos de pagar menos impuestos y disfrutar del fruto de su trabajo más productivo.
En todo eso hay una constante: la principal fuente de desigualdad en Colombia es el sindicalismo estatal, que es una forma eufemística de decir “el Estado”. La mayoría de las personas que obtienen empleos estatales y por tanto pueden ejercer el sindicalismo pertenecen a medios sociales privilegiados y son en últimas los verdaderos usufructuarios de esa enorme organización.
A tal punto es el Estado (como organización de la etnia dominante y como poderosa máquina de exacción para el resto de la sociedad) la principal causa de desigualdad que la mitad de los empleados estatales están en el 10 % más rico de la sociedad. Si se contaran los pensionados, muchos de los cuales viven cuarenta años cobrando pensión y amasan considerables fortunas mientras ocupan puestos, por ejemplo como jueces, la proporción de ricos cuyos recursos provienen del Estado sería muchísimo mayor. Por no hablar de que la mitad de los empleados estatales que no cabe en ese 10 % la forman los agentes de policía y las señoras que limpian y sirven tintos en las oficinas estatales.
Todo el sentido del Estado se enmascara en tareas supuestamente necesarias y honrosas, por mucho que todo el que quiera enterarse un poco podrá comprobar que sólo son un pretexto para pagar rentas a las personas que viven de eso. Dos edificios enormes y costosos del centro de Bogotá albergan oficinas de la Contraloría y la Procuraduría. La misión de control de estas entidades es tan necesaria que los que nombran a los funcionarios que van a ejercer el control son los mismos que nombran a los que van a estar sometidos a él.
Pero los colombianos ya están acostumbrados a eso: si uno tiene que dedicar su vida a esfuerzos espantosos para obtener con suerte unos doscientos dólares al mes es porque no ha tenido la suerte de ocupar un empleo en esas instituciones, tal vez por no tener educación (pero cuando la tiene tampoco es seguro el puesto y hay que colaborar en la rebelión de algún aventurero que sí tiene empleo y aspira al ascenso a ver si llega la oportunidad).
Claro que uno piensa en el Estado como esa vasta corporación de parásitos, pero prácticamente todos ellos viven dedicados a promover la destrucción del Estado, al que acusan de toda clase de crímenes: el puesto en la Procuraduría o en la Contraloría depende de lealtades adquiridas en la universidad, de lealtades a los emisarios de la utopía, que son a la vez los dueños del Estado y sus sepultureros.
Y la verdad es que cuando se habla de “parásitos” tal vez se cometa una injusticia: ¿nadie sabe a qué viven dedicadas todas esas personas que obtienen salarios de dos mil dólares y más en la Universidad, la “justicia”, la Procuraduría y la Contraloría? Yo sí lo sé: ¡viven dedicados a combatir la desigualdad del país!
Y creo que los colombianos deberíamos tomar conciencia de ese problema, sin duda el primero del país. Durante los seis años de Uribe la pobreza y la indigencia se han reducido notablemente, lo contrario de lo que ocurrió durante el gobierno de Samper. Pero “la desigualdad” es un criterio de muy dudosa sensatez. Por ejemplo, durante el gobierno de Chávez en Venezuela han emigrado cientos de miles de personas acomodadas. Eso reduce la desigualdad sin que la gente pobre tenga mucho de que alegrarse. Y si, por el contrario, a un país se fueran los ricos más ricos, la desigualdad aumentaría y sin embargo lo más probable es que también el ingreso de los pobres mejorara.
De modo que el problema de la pobreza es sobre todo reducir el despojo a que someten a la gente las camarillas parasitarias que desde la fundación del país ejercen de dueñas del Estado. Y para eso hacen falta muchos cambios, sobre todo hace falta crear un partido de los trabajadores (lo cual no se debe entender como “de los asalariados”) que se oponga al despojo tradicional.
Pero sobre todo hace falta impedir que esas camarillas vuelvan a reinar, que fue lo que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando el gasto del Estado se dobló y al mismo tiempo se dobló la cantidad de pobres. ¿Habrá energía para eso? Es un reto constante, que la sociedad tarda en asumir. En 2003 se convocó un referendo que planteaba, ante la mala situación económica, congelar los sueldos de los empleados estatales mejor pagados. La participación fue escasa y al cabo de dos años el mismo Uribe estaba subiendo “generosamente” esos sueldos: si la sociedad no respalda al gobierno que intenta contener ese despojo, el gobierno tendrá que ceder.
Y sin cambiar eso la mayoría de la gente seguirá “varada” y los únicos que vivirán cómodamente serán los que tienen que ver con las camarillas de lagartos de toda la vida. Los pobres seguirán matándose por las migajas mientras los ricos proclaman su superioridad sobre este mundo en que hay tanta “inequidad”.
(Publicado en el blog Atrabilioso el 8 de octubre de 2008.)
