miércoles, marzo 18, 2009

La hora dulce de Uribe

Los acontecimientos de los últimos días son, desde el punto de vista de la legitimidad, excepcionales para el gobierno de Uribe Vélez, pues la animosidad del gobernante venezolano pone a la inmensa mayoría de los colombianos de parte del presidente colombiano y la movilización contra los crímenes de las FARC debilita los argumentos de los críticos y deja en minoría a todos los opositores.

Pero no toda fortuna de un momento ha de conducir por fuerza a un desenlace feliz: el impresionante capital político del presidente en este momento, evaluable también en reconocimiento en el exterior, le plantea la necesidad de invertirlo de forma acertada. Es decir, nada garantiza que a partir de ahora las cosas sigan siendo tan agradables y que no despilfarre su enorme popularidad y liderazgo en políticas que podrían dañar su papel en la historia.

El mayor error que podría cometer el presidente sería dejar sin resolver la cuestión sucesoria, por si una hecatombe lo convierte de nuevo en el hombre providencial e imprescindible. Esa posibilidad lleva en sí muy diversas amenazas para la democracia colombiana, la mayor de las cuales es la caída en la rutina y en la repetición de una visión acertada para un momento pero anacrónica unos años después, y el consecuente peligro de abrir la puerta a un ascenso de elementos indeseables en 2014. Un nuevo presidente podría cometer errores graves, pero sería reemplazado por otro defensor del legado de Uribe: dos períodos de buen gobierno dejarían un recuerdo en la gente que los sucesores tendrían que emular. Es la experiencia de El Salvador, país en el que no ha habido presidentes que duren largos períodos pero desde la época de Alfredo Cristiani sigue gobernado por el mismo partido.

Entre las muchas opciones que habría para asegurar una sucesión ordenada que signifique de todos modos retroceso de los chavistas y cómplices de las guerrillas, se podría pensar en un acuerdo para lanzar a Santos en 2010 y a Vargas Lleras en 2014. Así se conjuraría relativamente el peligro de división que podría favorecer el ascenso de algún candidato de la coalición PDA-PL.

Ese peligro de división hace pensar en la incapacidad de Uribe para construir un partido de centro derecha con una doctrina clara y coherente. Puede que como ex presidente tuviera la autoridad y el liderazgo para hacerlo, también por eso conviene resistir la tentación de buscar una segunda reelección. Mientras la alternativa al chavismo sea la lealtad a un caudillo, unos partidos tradicionales carcomidos por la corrupción, un nacionalismo vago y un poco forzado y una igualmente vaga adhesión a los valores de Occidente, la dispersión favorecerá las ambiciones del hampa.

Pero al pensar en idearios políticos siempre se asoma la cuestión del marco jurídico de la sociedad colombiana en esta época. Otro gobernante con ideas más claras aprovecharía la situación actual para convocar una Constituyente que redactara un texto que reemplazara al embeleco totalitario del 91 (según el cual la propiedad es una función y la violencia política merece reconocimiento por su vocación altruista: un miembro de ETA que hirió a un gendarme francés corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua, en Colombia por matar a un soldado o a un policía, prácticamente dan premio). ¿No deseará esa mayoría que apoya al presidente y se rebela contra los altruistas vivir bajo una constitución parecida a la de un país del Occidente y no una que inspiró la Constitución chavista de 2000?

Una Constituyente también sería la ocasión para cambiar a la cúpula judicial, tan claramente conformada por prevaricadores que en una sociedad más informada y guiada por principios morales claros serían vistos como criminales de la peor ralea. Las salidas para los miembros de bandas armadas dejarían de estar sujetas a la falacia criminal del “delito político” y serían vistas según su conveniencia para pacificar al país.

En todo caso, es mucho lo que la popularidad le permite al gobierno. Por ejemplo, podría hacer de verdad el esfuerzo de reducir el gasto público, tal como le aconsejó la Comisión nombrada en su día con tal fin. Sería la única forma correcta de impedir a la vez que las tensiones recesivas que experimenta la economía mundial dañen en exceso a la economía colombiana, y permitiría incluso suprimir un impuesto nefasto como el del 4 X 1000, desplazando recursos que la sociedad podría emplear en inversión o consumo. Eso no se podría hacer en momentos de debilidad del gobierno, por el riesgo de perder apoyos, pero es necesario encararlo en algún momento.

Y más, también el control de los frentes urbanos del terrorismo se hace más fácil teniendo un amplio respaldo popular. No será muy difícil para los servicios de información averiguar cuáles son los colegios de secundaria (sobre todo) y cuáles los profesores dedicados a reclutar milicianos, así como controlar las actividades de las redes guerrilleras en las universidades. Incluso una reforma universitaria que forzara a los estudiantes a pagar y ofreciera créditos a los insolventes es algo que podría hacer el gobierno gracias a su firme respaldo social. También, pensando en el narcoterrorismo y sus redes, el gobierno podría convocar un referendo prohibiendo el precio político de la paz y los despejes de territorios a favor de los terroristas: sus reclamos necesitarían una victoria militar que hoy por hoy está bien difícil, y sus agentes en la prensa y en los juzgados no podrían embaucar a nadie con el cuento del intercambio.

Claro que lo mismo se podría decir de infinidad de reformas necesarias, como la supresión de la parafiscalidad y la reducción de todos los demás impuestos que gravan el empleo. Pero siempre se tiene que repetir que la posesión de grandes recursos no lleva en sí la certeza del acierto: la inacción es una tentación aún más poderosa que cualquier sueño.

Publicado en el blog Atrabilioso el 6 de febrero de 2008.