Uno empieza a escribir un texto sobre la situación colombiana actual pidiendo excusas: ¡qué bueno sería que hubiera verdaderos periodistas y verdaderos analistas políticos que describieran en detalle lo que pasa y orientaran a la gente, en lugar de los deprimentes sicofantas que medran en la prensa! Uno apenas alcanza a enhebrar conjeturas con juicios y datos reales contando con la paciencia de algunos lectores.
Y ya puestos, empezaré diciendo que lo que ha pasado en lo que va corrido de junio es un verdadero terremoto que hace tambalearse el tinglado de alianzas y equilibrios en que basaba Santos su gobernabilidad y aun su legitimidad. La situación, en mi opinión, es mucho más complicada que cualquiera otra en la última década, y la gente no se ha dado cuenta porque la onda expansiva no le ha llegado, y cuando le llegue habrá que volver la vista a este mes para entenderlo.
Afinando un poco, se podría decir que las concepciones tradicionales del poder y la comunicación en Colombia chocaron con las nuevas realidades de internet. Ya la descarada persecución judicial no se toma con la resignación de siempre, ni es posible hacer desaparecer a las víctimas de la prensa cada vez que interesa, ni convencer a más gente que la propiamente militante de que Piedad Córdoba es la líder de las víctimas y se dedica a liberar secuestrados. Todo eso se ha vuelto más difícil.
Pero además se ha complicado por las audacias del presidente, cuyas ridículas pretensiones de pasar a la historia como un líder importante lo llevan a arriesgarlo todo en busca de una transformación que cree un nuevo panorama en la política local: una hegemonía "liberal" que incluya a la llamada izquierda democrática. Y también por los excesos que tiene que aplicar la Corte Suprema de Justicia para compensar el tremendo retroceso que tuvieron las FARC durante los ocho años anteriores. Dos jugadores atrevidos, cada uno aliado de Chávez por diversos motivos, y una cadena de acontecimientos que conducen a una situación desesperada y muy peligrosa. A una situación que sólo podrán sostener por el terror, como llevo días sosteniendo en Twitter.
Lo más trascendente, en mi opinión, es la caída de la imagen del lamentable tartamudo al que el poder familiar quería hacer estadista, tal como el hampón pretendía hacer actriz a su querida en la deliciosa comedia Balas sobre Broadway. ¿Quién lo respetará todavía? ¿Qué pensarán los analistas extranjeros y los políticos de otros países de la equiparación entre la extrema derecha que, según él, propala una sensación de inseguridad, y los terroristas que matan gente sin cesar, o de la atribución vaga a un agente casi sobrenatural de un atentado que los organismos policiales no consiguen esclarecer? Dios mío, tremendo estadista.
En fin, es difícil explicar la situación de debilidad del gobierno porque habría que empezar a plantearse el peso de la opinión, que no consiste en la suma de las columnas de los periódicos o de las diatribas en la radio o la televisión, sino lo que cada persona percibe y razona. ¿Qué legítimo o correcto encontrará un ciudadano a este gobierno? Es verdad que los partidarios (la izquierda democrática y los "uribistas" con nombramiento) lo justificarán todo y que la inmensa mayoría no tiene modo de ocuparse de la política, pero cualquiera que llegue a enterarse, sobre todo si es uno de quienes votaron convencidos de que seguiría el uribismo, se pondrá en seguida en contra.
El cambio de rumbo que comenzó antes de la posesión alertó a una minoría a la que nadie hace caso, pero el episodio de las liberaciones de secuestrados, con la probable fuga de Alfonso Cano y la humillación del ejército, acompañado de la noticia de que pronto se emprendería una negociación y que el gobierno y su prensa apoyaban la persecución propagandística contra Uribe dejó claras muchas cosas. Algo que venía ocurriendo desde que Santos se posesionó, el retorno de las FARC a muchas regiones y el avance de sus actuaciones ofensivas, se empezó a hacer más patente. ¿Se había equivocado Santos respecto a las posibilidades de recuperación de la banda, lo que haría próxima una negociación, o toleraba esos hechos para hacerla necesaria? Aunque escandalice decirlo, la primera opción es tan inmoral como la segunda. Presupone igualmente renunciar a la victoria, y relegar la justicia y el cese de los crímenes ante los cálculos mezquinos de gloria personal.
Al respecto, podremos empezar a hablar de la "mano negra": su primer rasgo es detectar ese avance de los terroristas, noción que ya genera una cesura drástica entre el mundo de Santos y la prensa y el de los hechos objetivos. Atender a esto y no a lo que sea grato al patético autócrata es ser de extrema derecha.
Al respecto, podremos empezar a hablar de la "mano negra": su primer rasgo es detectar ese avance de los terroristas, noción que ya genera una cesura drástica entre el mundo de Santos y la prensa y el de los hechos objetivos. Atender a esto y no a lo que sea grato al patético autócrata es ser de extrema derecha.
La promesa hecha a Chávez de extraditar a Makled a Venezuela prometía interesantes compensaciones para el gobierno colombiano, sobre todo en términos de reconocimiento por los demás países de la región, lo que serviría a la propaganda. Pero terminó habiendo demasiado ruido, y más con las relaciones que se descubrieron de Makled con el terrorismo global. Lo que sale en claro de ese episodio, sobre todo para quienes se toman en serio el combate contra las mafias, es que el gobierno sacrifica las vidas de sus funcionarios y aun las leyes a los cálculos del autócrata. ¿Cuánto se podría avanzar en el control de esas bandas si Makled contara lo que sabe a las autoridades estadounidenses? El resultado final es que Santos resultó un protector del tráfico de cocaína, y, como ocurre con todo, eso lo tapa con pretextos leguleyos y con manipulaciones propagandísticas. Es verdad que Obama prefiere ceder ante las mafias antes que un Chávez vociferando contra EE UU, pero los policías y jueces estadounidenses pensarán otra cosa, y tarde o temprano los ciudadanos harán lo propio.
Detectar que en resumen Santos impidió que se diera un golpe fundamental al tráfico de cocaína es otra forma de ser de extrema derecha, y de amenazar al bienestar de nuestro amado líder, tanto como los asesinatos de las FARC.
La guerra entre la Corte Suprema de Justicia y Uribe se resolvió con la llegada de Santos al poder: victoria de la corte gracias a su nuevo aliado. Se pudo poner una fiscal que persiguiera el uribismo y tapara los hechos relacionados con el asesinato de Álvaro Gómez, con crecientes pruebas en contra de uno de los nuevos aliados de Santos, y dar la imagen de armonía institucional. Otro logro del gran estadista. Lo malo de esa alianza es que las probables presiones de Chávez y la situación inestable de los acusados por la "farc-política" determinaron otra audacia: declarar no válidas las pruebas del computador de alias Raúl Reyes es un gran favor a los terroristas, pero deslegitima ante la opinión tanto a la corte como al gran contemporizador. El paso siguiente fue liberar a Alberto Bernal, alias Jaime Cienfuegos, y de nuevo hacer que la opinión se angustiara ante la clara complicidad de los nuevos aliados del gobierno con los terroristas. La cómica protesta de Santos fue pronto acallada por la sordina de los medios, que encontraron nuevos acontecimientos para ese fin, pero aun con autorizadísimos regaños desde el periódico familiar. Es verdad que el fin de las FARC interesa en serio a muy poca gente, pero la legitimidad institucional queda tocada. La CSJ es abiertamente cómplice de las FARC y Santos no puede ponerse en contra, aunque fuera genuino su rechazo a ese auto, porque necesitaría apoyarse en el uribismo.
La monstruosa manía de criticar a la autoridad y aun tratar de entender sus providencias define también a la extrema derecha. En lugar de obedecer como recomienda el inmenso pensador Ricardo Silva Romero, los fanáticos pensamos que Wilson Borja de todos modos tenía relación con un jefe terrorista al que no ayudaba a capturar, y que en gran medida contribuía gracias a esa complicidad a la ejecución de los asesinatos y secuestros de los terroristas: cosas de la extrema derecha que sólo despiertan una sonrisa entre los buenos ciudadanos centrados y respetuosos de la ley.
Las noticias sobre atropellos judiciales ya son corrientes. El encarcelamiento preventivo de varios ex funcionarios del Ministerio de Agricultura era una obvia persecución política que fue seguida por la petición de la Fiscalía de que se encarcele al ex ministro Andrés Felipe Arias. No hay el menor indicio de delito, pero al final la jerarquía de la rama jurisdiccional impone lo que quiera y de hecho si un juez se negara a firmar los autos de encarcelamiento podría ser él el que fuera a prisión acusado de prevaricato. Esas autoridades judiciales configuran un verdadero régimen de terror, y la solución de Santos de convertirlos en aliados contra la hegemonía social e ideológica del uribismo les da alas. La infame condena a Plazas Vega fue seguida por la que sufrió el general retirado Armando Arias Cabrales, pero como la extrema derecha no puede quedarse quieta, el periodista Ricardo Puentes Melo encontró al falso testigo del proceso contra Plazas Vega, y quedó registro de su declaración en la Procuraduría. La prensa y los demás medios hacen lo que pueden, así como las hordas de activistas juveniles (que pasaron de ostentar su decencia en torno a Mockus a aplaudir el papel de víctima y el liderazgo de Piedad Córdoba y el sorprendente buen gobierno del otrora llamado "Chuky" y "Santos Positivos"), pero a fin de cuentas alguien debería dar una explicación. Bueno, la dio el inefable pensador Ramiro Bejarano, con el silencio aquiescente de todos los demás columnistas, que no van a contrariarlo, so pena de perder el trabajo o aun de buscarse problemas mayores, ¿o cuántos hay que duden que Piedad Córdoba es alguien distinto a Teodora de Bolívar?
De nuevo se puede reconocer a la extrema derecha: eso de buscar a los testigos y poner en duda las providencias judiciales es el típico proceder de esa facción. Lo mismo que lloriquear porque se castigue preventivamente a ex funcionarios contra los que no hay ninguna sindicación de dolo. ¡Qué peligro! La patria tiene que estar advertida.
Para colmo empiezan a aparecer testimonios por los cuales se intensifican los indicios de responsabilidad de Ernesto Samper en el asesinato de Álvaro Gómez. Ante las pruebas de que está siendo espiado y las diversas amenazas, el representante Miguel Gómez Martínez se exilia y el hecho adquiere tremenda notoriedad. Otra contrariedad para el gobierno, para la fiscal que le debe su puesto al ex presidente y para la prensa amiga. La impunidad habitual resultará un poco más difícil, aunque NADIE espera realmente que Samper vaya a prisión, toda vez que el Estado colombiano está sometido al hampa que el ex presidente controla. Es decir, las pruebas de la relación del ex presidente Samper con ese crimen afectan sobre todo a la popularidad de Santos.
Naturalmente nunca se investigará ni judicial ni periodísticamente la interceptación de las comunicaciones de Gómez Martínez, pero en cambio el hecho de que hubiera una explosión al lado del busto de Laureano Gómez sirvió para que el presidente condenara de nuevo a la extrema derecha. ¿Qué significa "extrema derecha"? La suposición de que los crímenes se deben investigar y todos los responsables deben ser juzgados. Qué barbaridad. De nuevo, ¡qué peligro!
La reacción de Santos a los descubrimientos de Puentes Melo fue el discurso en que equiparó la denuncia de la Ley de Víctimas y de la situación de inseguridad con los actos de las FARC. Casi que no hay nada más que decir sobre el personaje y su gobierno: sólo para sus cálculos mezquinos y contrarios al interés común es posible esa equiparación. Sobre todo si se tiene en cuenta que los atentados de las FARC son necesarios para justificar la negociación que podría permitirle mostrar su talla de estadista y cabildear por el Nobel de la Paz. La posterior explosión cerca del busto de Laureano Gómez mostró de forma aún más fehaciente la estatura del estadista: en lugar de concentrarse en averiguar quiénes serían los autores, de nuevo acusa a Puentes Melo, ¿o a Uribe?, porque ¿qué es esa mano negra de extrema derecha que critica a su gobierno y desde cuándo se la relaciona con las bombas? Da la impresión de que los involucrados en el asesinato de Álvaro Gómez pretenden intimidar a los testigos y a la familia Gómez, que cada vez encuentra nuevos testimonios y une las piezas del rompecabezas.
La extrema derecha de por sí pone bombas y es una presencia continua en la vida colombiana durante décadas: todos los atentados terroristas ocurridos en las grandes ciudades en la última década han sido atribuidos por la prensa a la extrema derecha, "eufemismo" con el que se alude al ex presidente Uribe o sus seguidores. NINGUNA ha sido obra de otros que las FARC, pero el mito persiste porque hay una vasta militancia universitaria que vociferará copiosamente en las redes sociales para imponer la versión de la prensa.
Finalmente, la comparecencia del presidente Uribe en el Congreso para rendir versión libre por el caso de las chuzadas puso al régimen en una situación complicada: si lo dejaban hablar su discurso llegaría a todas partes, por lo que nuevamente una leguleyada sirvió para impedirle hablar. La tensión que rodeó el hecho y el paseo del ex presidente por la carrera Séptima fueron un golpe mucho mayor para el gobierno: quedó en evidencia que sus únicos apoyos son las conciencias compradas y los del bando terrorista. De ahí el evidente disgusto de Santos.
La extrema derecha siempre pretende que se escuchen todas las versiones y que quienes están acusados o investigados tengan oportunidad de dar explicaciones a los ciudadanos. El país tiene que protegerse contra semejante pretensión.
Hoy por hoy ningún colombiano informado y honesto cree en este gobierno. Las sospechas de que los computadores de Jojoy contienen muchísima información comprometedora para los aliados de Santos tienen todos los visos de ser ciertas y el gobierno no los publicará sino que tenderá continuamente cortinas de humo. Actos terroristas como el de Popayán sirven para esa función, y es probable que se multipliquen, pues ¿qué va a decir la prensa para seguir engañando a la gente acerca de los motivos por los que el presidente oculta la información de dichos computadores?
Otra característica ominosa de la extrema derecha: querer que todo el mundo lo sepa todo. Pretender que no debe haber nadie por encima de la ley y que el Estado no debe estar dedicado a proteger a personas que han colaborado con secuestros y masacres pero que tienen parentesco o relación con el gobernante o con sus aliados.
En el mismo gobierno se detectan grietas, toda vez que el presidente no puede prescindir de ningún apoyo y así el ministro de Interior discute con el vicepresidente en público, habida cuenta de que una sanción a alguno dejaría aún más débil al presidente.
Nadie debe engañarse: los gobiernos se sostienen porque encarnan una aspiración de la sociedad, porque son legítimos para algún grupo significativo o porque no encuentran resistencias. El de Santos es una lamentable autocracia basada en la propaganda de la prensa y en los atropellos judiciales, y en últimas en la amenaza del armamento venezolano. Como es imposible engañar a todos todo el tiempo y como los jueces no pueden acallar todas las denuncias, el único recurso que queda es el terror directo, el asesinato de los discrepantes, que ya es evidente en la negativa de Santos y su ministro Germán Vargas Lleras a dar protección a Ricardo Puentes Melo: necesitan su asesinato para dar ejemplo. La desfachatez de esa negativa es tal que hace sólo unos meses los mismos intentaron matar a Fernando Vargas. Es una prueba más de que este gobierno sencillamente cogobierna con los terroristas y probablemente les encarga alguna proeza (hay que ver lo que se gasta en pagar protección a líderes civiles del terrorismo a los que nadie amenaza). Cuando maten a Puentes no tendrán ningún problema en acusar a las FARC y en hacer desaparecer la noticia de la prensa semioficial. A fin de cuentas, a pesar de que no merece el respeto de nadie, el gobierno cuenta con la indolencia de los demás colombianos: Samper acabó su gobierno y fue exonerado de culpa por los mismos que ahora pretenden juzgar a Uribe. ¿Cuántos relacionaban el asesinato de Álvaro Gómez con sus apoyos extralegales? Muchísimos, pero al final llegó el Caguán y a nadie le importó lo anterior.
Otra manía de la extrema derecha es exigir que se eviten asesinatos anunciados. Las personas razonables saben que algunos son necesarios, sobre todo los de miembros de la extrema derecha, y por eso no hay que dejarse engañar.
En definitiva, ¿qué harán ahora que la actitud dócil del ex presidente Uribe se ha cambiado por una más bien desafiante y de oposición? No tienen ninguna esperanza de competir con él en reconocimiento y si lo condenaran y encarcelaran por espiar a socios del terrorismo se produciría tal escándalo internacional y tanto descontento en el país que resultaría en últimas contraproducente.
Harán lo que siempre han hecho con los líderes incómodos: Gaitán, Galán, Álvaro Gómez... Si no lo matan tienen todas las de perder, porque antes de cumplir un año el gobierno ha perdido toda credibilidad, porque en cualquier momento podrá denunciar ante el resto del mundo los montajes judiciales y las alianzas de Santos con los terroristas y porque desde hace una década cuenta con el respaldo de la mayoría de los colombianos. Además, no es difícil atribuir el atentado a las FARC y comprar a muchos de sus actuales partidarios, como hicieron con los congresistas y senadores de los partidos "uribistas" y con los funcionarios nombrados por este gobierno y que se creían leales al expresidente. A los demás también los matarán, o les inventarán procesos judiciales o los harán desaparecer de la prensa.
(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de junio de 2011.)
(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de junio de 2011.)
