El tono ambiguo de Pardo

Si hay algo odioso en este mundo es la difusión de rumores y sospechas sin pruebas, pero la cadena de acciones de la camarilla de César Gaviria a favor de Chávez y sus socios desde las crisis de 2002 en Venezuela deja un hedor insoportable. Ya en su momento se denunció la actitud del tinterillo que llegó a ser secretario general de la OEA a favor de Mico Mandante, episodio sobre el cual los venezolanos podrían contar muchas historias, por no hablar de las denuncias en su día de Mario Vargas Llosa. Más rara es la determinación del ex presidente de combatir al gobierno de Uribe siendo que, para volver a la presidencia, le habría sido muy eficaz convertirse en el protector del actual presidente. Si no hubiera podido impedir la reelección, sería el candidato con más posibilidades en 2010 al agrupar el uribismo y la parte mayoritaria del antiguo Partido Liberal.

Pero lo mismo se podría decir de los personajes más próximos a Gaviria, como Rudolf Hommes, últimamente convertido en valedor de la solución negociada y de las bellezas del PDA. Ya ni en el lenguaje se detecta ninguna diferencia con las FARC: ¡paz con justicia social!, es el objetivo de la negociación que gustaría a este ex ministro.

Es en el contexto de esa extraña variación de esos filántropos donde cabe la aparición de Rafael Pardo Rueda en la prensa matizando la discusión sobre el delito político que tan torpemente llevó a cabo el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con el presidente del PDA, en una acción más propia de un reality show que de desarrollo de una discusión de profundas implicaciones. Una lectura atenta al artículo aparecido el jueves 1 de noviembre en El Tiempo y firmado por ese ex ministro permitirá entender cuál es el juego de esa camarilla y de qué modo entronca con los designios de Mico Mandante para Colombia.

¿Abolir o no el delito político? Opiniones coyunturales no pueden ser motivos para cambiar la Constitución.

La pelea entre Carlos Gaviria y el Comisionado de Paz por el delito político es muy relevante, tanto por el significado del debate mismo, como por sus efectos prácticos en el tema de la pacificación.

El Gobierno cuestionó la publicación de una columna de Gaviria en un medio de Internet de las Farc, asunto fuera del alcance de este y que hace que el debate se tiña de sospechas por surgir el día siguiente del triunfo del Polo en Bogotá. Pero, más allá de lo anecdótico, es un tema relevante.

En realidad lo que se cuestiona es el silencio de Gaviria y el PDA respecto de la campaña de propaganda que las FARC hicieron en esa página a favor del PDA. Tanto en internet como en muchos municipios, las FARC participaron en la campaña electoral favoreciendo a ese partido: las proclamas se redactan en Escandinavia, los asesinatos se llevan a cabo en los pueblos colombianos. El que publiquen el artículo de Gaviria ahí tiene que ver con la legitimación que buscan y que es el sentido mismo de ese artículo. Por lo demás, llama la atención que lo coyuntural llegue a ser muy relevante.

Empecemos por el contenido del escrito de Gaviria, que es una argumentación histórica y teórica en favor de la aplicación de la condición de delincuente político a quienes se alzan contra el Estado. Discutible, pero respetable. Plantea asuntos sobre los que no hay acuerdo, como el de si un delito con motivación política debe castigarse con penas más leves o más fuertes para quienes cometen los mismos delitos sin esta motivación.

Un examen de ese artículo de Gaviria deja ver lo “respetable” de su argumentación. ¿Qué significa “respetable”? Pardo quiere complacer a los partidarios del PDA que no tienen paciencia para leer el escrito y engañar a los demás. La argumentación es escandalosamente falaz, pero es inevitable que tenga su público en el país en que la revista de los ricos publica un panegírico de un terrorista. De momento es clara la intención de Pardo, y su noción de respetabilidad.

Pero voceros del Gobierno han llevado la discusión al debate de si se justifica o no la rebelión, o si 'paras' y guerrillas merecen el mismo tratamiento.

El que exista en la Constitución el delito político no es una invitación, ni mucho menos una justificación, ni a la rebelión ni al alzamiento contra un gobierno legítimo. El Gobierno usa el sofisma de que, como no hay condiciones para la rebelión, entonces debe quitarse el delito político de la Constitución. Hoy puede ser injustificable la rebelión, dicen sus voceros, pero antes, durante el Frente Nacional, también lo era, digo yo con mucho respeto.

La alusión al Frente Nacional parece destinada a confundir: siempre es injustificable la rebelión contra la democracia. El motivo por el que el delito político debe desaparecer de la Constitución es éste: se trata de una falacia criminal cuyo origen está en la propaganda del fascismo (“violencia caballeresca”) y en su concepción colombiana corresponde al derecho a suponer que un régimen sin urnas puede ser mejor que uno con urnas. ¿Cuál es el sofisma? La palabra encanta a los pensadores que se forman en las universidades colombianas. “Descresta.” Sería muy interesante que alguien buscara la relación entre el concepto de “sofisma” y el razonamiento que Pardo atribuye al gobierno.Por otra parte, si no es una invitación a la rebelión, ¿por qué aparece en la Constitución? Esa presencia del delito político es un permiso para hacerlo, no hace falta que sea una invitación.

Pero, a más de la controversia llamémosla teórica, hay dos asuntos prácticos. Uno es que, de acuerdo con la Constitución, el delito político se puede perdonar por decisión política. Un segundo tema es el alcance de este delito. Es decir, qué conductas se incluyen y cuáles se excluyen de él. Es delito político rebelarse contra el Estado. Pero si para ello se portan armas, se roba un banco, se asesina al portero del banco o a un parroquiano que pasa por la esquina, ¿serán estos delito conexos y, por tanto, susceptibles de ser perdonados?

En las normas se excluyen, desde hace décadas, de la conexidad con el delito político y, en consecuencia, de su eventual perdón, el terrorismo, los delitos atroces y el homicidio fuera de combate. En 1993 se excluyó cualquier tipo de secuestro. En la Convención de Viena, el narcotráfico. En sentencia de la Corte Constitucional de 1997 se excluyó el homicidio. Y en el Tratado de Roma, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo tanto, si miembros de grupos rebeldes cometen estos crímenes, no podrán ser amnistiados por ellos. O tampoco lo será un integrante de un grupo rebelde que viola a una menor. El delito político hoy, y no por las condiciones recientes de nuestra democracia, sino por normas sucesivas, tiene un alcance mucho menor que antes. Cada vez menos conductas de los integrantes de grupos rebeldes son susceptibles de ser perdonadas si hubiere paz. Pero de ahí a eliminarlo de la Constitución hay un largo trecho.

La pregunta obvia que surge de esa enumeración es ésta: ¿qué es lo que se puede hacer al rebelarse contra el gobierno para que sólo quede como delito político? Prácticamente todos los delitos que cometen los miembros de los grupos rebeldes son mero resultado de la rebelión. No se consiguen y portan armas para vivir una aventura romántica sino para matar e intimidar. Es que por una parte matar a soldados en combate no es “homicidio” pues ya la aceptación del derecho a rebelarse contemplaba esa posibilidad, y por la otra los dirigentes no serán responsables de nada, pues una cosa es que sean terribles criminales y otra que sean idiotas: los hechos atroces, las violaciones de menores, etc., se atribuirán a los pobladores de regiones miserables a los que se reclutó en la infancia, mientras que los dirigentes quedarán con la honra de haber escogido por altruismo luchar para que la gente viva mejor.

Es decir, podemos preguntarnos por qué le interesa a Pardo hacer presión a favor de la persistencia del delito político en la Constitución. Ya se verá qué intenciones lleva este prócer.

Las opiniones coyunturales no pueden ser las motivaciones para modificar la Constitución. El Gobierno no está obligado a aplicar amnistías o indultos, ni el Congreso a aprobarlas. Si aquel considera que los rebeldes no merecen indulto en las condiciones de la ley actual, pues no debe solicitarlo al Congreso.

Es decir, la posibilidad de que se premie a las FARC y al ELN es lo que se quiere preservar, de modo que cuando la propaganda, el adoctrinamiento en las escuelas, los incentivos de Chávez y los de origen retentivo y la intimidación consigan que el gobierno caiga en manos de los que encuentran respetable a Gaviria, se podrá llevar a la práctica ese noble proyecto sin violentar la Constitución. Pero ¿por qué es defendible el delito político? Eso se da por sobreentendido y es lo único que interesa. Pardo no dice nada en defensa de ese concepto, sólo que está en la Constitución. Es un procedimiento típico en Colombia: las cuestiones morales se hacen depender de textos legales.

Lo que pasa es que el Gobierno, que reclama un necesario debate sobre el alcance del delito político, en lugar de formular una propuesta teóricamente sólida, va andando a la bulla de los cocos. Un día dice que los 'paras' son delincuentes políticos, otro día saca a los peores guerrilleros de la cárcel sin mayor justificación. Un día sostiene que los guerrilleros no pueden ser indultados y ayer dijo que el concierto para delinquir de los 'paras' debe convertirse en delito político para indultarlos.

Si alguien albergara la menor duda de que este personaje obra de mala fe para promoverse como candidato de una mayoría determinada por el PDA en una segunda vuelta en 2010 este párrafo debería despejarla por completo. ¿De qué sirve una propuesta teóricamente sólida si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se basan en la noción de Derecho Político para anular el derecho a la defensa propia y convertir el proyecto de imponer una tiranía como las que asolaron a medio mundo en el siglo XX en el resultado de una determinación altruista?

Estos personajes tienen mangas muy anchas y siempre sacan las cartas que les convienen: lo que es “histórico y teórico” se vuelve jurídico cuando conviene. ¿Ha sacado el gobierno a los peores guerrilleros sin mayor justificación? El único guerrillero importante que salió fue alias Rodrigo Granda, seguramente por presiones de Sarkozy. La contradicción aparente entre oponerse al delito político y al mismo tiempo reclamarlo en el caso de los paramilitares que se desmovilicen puede llevar a muchos a creer en un doble juego del gobierno. Pero es como si el abogado abolicionista de un esclavo fugitivo presentara ante un tribunal un documento de manumisión. ¿No está legitimando la esclavitud con ese documento? Resulta que si las leyes que imperan son esclavistas la proclama abolicionista no servirá de nada. Tampoco los alegatos contra el delito político surtirán ningún efecto en una Corte que perpetra sus atroces sentencias con base en esa falacia. En eso es claro que Pardo miente, pues el nombramiento de los magistrados no depende del Ejecutivo, que por definición no puede determinar sus sentencias.

El gobierno pretende que se considere sedición la actividad de las AUC, y por tanto que se concedan beneficios penales derivados del “delito político” porque es una forma de cumplir lo negociado con los dirigentes de esa banda que condujo a su desmovilización y a la Ley de Justicia y Paz. Los defensores de las FARC necesitan que los paramilitares sigan activos porque pretenden justificar la actividad de su tropa, por eso pretenden a toda costa un castigo severo para los miembros de las AUC para disuadir a los que no se han entregado de hacerlo, y también a los que en cualquier momento consideren que hay alguna alternativa a dejarse secuestrar y pagar la extorsión.

De modo que en el plano teórico sería deseable que se anulara lo relativo al delito político en la Constitución, pero en el plano jurídico se debería aplicar a todos los que se desmovilicen. Esto naturalmente incluye a los guerrilleros, cuya entrega a la justicia debería ser un clamor nacional, pero ciertamente no es el objetivo del Partido Comunista, ni de su periferia (PDA) ni de quienes pretendían aliarse con ellos para hacer frente a Uribe.

Ése es todo el interés de Pardo en meter baza en la discusión sobre el delito político. No el fin de la guerra a cambio de la impunidad sino la persistencia en busca del premio. Ya sé que la intuición de los incentivos de Chávez es aventurada y requeriría más pruebas, pero ¿qué explicación tiene esa actitud por parte de este señor y de toda esa camarilla? ¿Qué se puede pensar de un artículo como éste, igualmente cauteloso pero al final “respetuoso” de los cambios de Chávez? Al final, cuando se enfrentan dos concepciones sobre el delito político, con mucha cautela y hábil envoltorio, Pardo se pone de lado del amigo del PCC. Es el bando en que está ahora y los colombianos que no quieren el ascenso de los que buscan alentar a las FARC deben tomar nota.

Publicado en el blog Atrabilioso el 7 de noviembre de 2007

Víctimas, victimarios y distraídos

Tenemos de los hechos una referencia a partir de nuestros sentidos, de manera que aquello que no nos llega por ellos nos resulta lejano y en general incomprensible. Para una percepción más amplia recurrimos a los medios de comunicación, pero a través de éstos recibimos lo que interesa divulgar a sus dueños y lo que quiere encontrar la mayoría de la audiencia. De ahí que eso que no llega directamente esté mediatizado por esa visión ajena, y la visión sesgada por intereses que no controlamos puede determinar una percepción errónea.

Un ejemplo típico son los asesinatos políticos que ocurren en Colombia. ¿Hasta qué punto interesan a los habitantes de los barrios acomodados de las ciudades? Muy poco. Han sido casi treinta durante este periodo electoral, y han tenido por objeto favorecer las posibilidades del Polo Democrático en diversas regiones. Pero han desaparecido rápido de las noticias y la gente muy pronto los ha olvidado. Ya es tan normal como que haya lluvias copiosas en ciertas regiones, y carece del menor interés. Puede que sea tan normal que hasta las propias víctimas acepten el juego y esperen el momento en que les toque el turno de morir, pues de hecho hay que tener verdadera vocación de héroe para presentarse a cargos públicos en contra del Polo Democrático en las regiones en que ese partido es el eje del clientelismo armado.

Esa práctica inexistencia de esas víctimas es un rasgo colombiano que los colombianos casi no ven, tal como el oriundo de cada región no detecta ninguna musicalidad “especial” en su dejo al hablar, o como el habitante de una ciudad musulmana no echa de menos la presencia de mujeres en la calle. Pero hay que entender que no haya tiempo para preocuparse por esos asesinados, ni por los soldados ni por los policías ni por los pobladores de cada región ni por los ganaderos y finqueros ni por los miles de secuestrados ni por los niños reclutados a la fuerza. ¡Es que al percibir la propaganda negra contra la oposición no queda tiempo para preocuparse de todo eso, que ya se sabe que es el resultado del conflicto, conflicto que el gobierno ni siquiera reconoce y que lejos de intentar resolver agrava escalando el gasto en la guerra y emprendiendo ataques contra la guerrilla!

A algunos les parecerá excesivamente caricaturesco este retrato, pero ¿alguien recuerda un solo artículo en un solo periódico cuyo autor se preocupe por esos compatriotas asesinados? Claro que no, y el hecho de que uno registre que no hay ningún artículo de opinión en que siquiera se mencionen es síntoma de algún trastorno tremendo, pues ¿no es lo más lógico olvidarse por completo de eso? De lo que hay que preocuparse es de que un comentarista de los foros de El Tiempo amenazó por enésima vez a Óscar Collazos, de que a Alfredo Molano le tocó barrer en Barcelona, de que el presidente está acusando a la oposición que trabaja por el premio de las masacres de no ser leal con las víctimas.

Para esa solidaridad sí hay una disposición absoluta en los colombianos. Un artículo aparecido ayer en El Tiempo y firmado por Guillermo González Uribe da cuenta de esa queja dolorida por los señalamientos. ¿Cómo se le ocurre al gobierno poner en peligro a la oposición diciendo que es cómplice de los terroristas? ¿Qué culpa tiene el PDA de que las FARC dediquen su página de internet a hacer propaganda de la campaña electoral de ese partido? ¿Y qué importa que les maten a los competidores en varias regiones? ¿Y que no sólo ese partido sino el espectro amplísimo de las clases altas “instruidas” esté unánimemente por el premio de las masacres y la “Constituyente de paz”, que es aún peor que el premio de las masacres, sencillamente la implantación de la esclavitud a punta de cilindrazos y castraciones?

Lo único que falta es que el gobierno se empiece a ocupar de esos candidatos asesinados, cosa que se podría juzgar como meterse en política.

La historia de los escasos atentados contra personas relevantes relacionadas con el comunismo en Colombia es siempre el resultado de ejecutar políticas de signo opuesto a la de seguridad democrática y al cuestionamiento de todas las falacias que sirven de pretexto a los crímenes. Esos asesinatos prácticamente no han ocurrido durante los cinco años largos de Uribe mientras que fueron muy frecuentes durante el gobierno de Pastrana. También durante gobiernos anteriores, y nunca tenían relación con la denuncia de la clara unidad de objetivos de los grupos comunistas urbanos y las guerrillas, sino casi siempre con la sensación de que esos sectores avanzaban con la práctica benevolencia de los gobiernos.

Ése fue el caso del atentado contra Wilson Borja y de los asesinatos de varios congresistas durante el período del Caguán. Esos crímenes son tan atroces y tan condenables como los de la guerrilla, aunque en comparación su número ha sido insignificante. Lo que pasa es que también son fruto de la acción guerrillera, alentada y justificada por los ideólogos, periodistas y profesores que dirigen la sección urbana y vestida con ropa cara del movimiento revolucionario. Al igual que las bandas criminales que competían con la guerrilla por el control territorial y el narcotráfico, esos crímenes florecen cuando la institucionalidad está destruida, cuando desaparece la noción de derecho y sólo prima la ley del más fuerte.

De modo que la exigencia a los criminales de que desistan de sus actos y de sus pretensiones es a la larga conveniente para todos. El artículo de Guillermo González es sólo, como las consuetudinarias amenazas contra Collazos, un recurso de propaganda que pretende acallar la denuncia sobre el interés manifiesto del PDA en cobrar los secuestros y alentar las masacres. No otra cosa es la exigencia de “solución política negociada del conflicto social y armado” que figura en la declaración política aprobada en un congreso de ese partido el año pasado.

Pero ¿cómo pedir a quienes tanto han prosperado gracias a la lucha armada que se vuelvan partidarios de su fin? El que albergue dudas sobre el papel de la guerrilla en el desarrollo del PDA sólo tiene que indagar en la historia de los sindicatos estatales que sirven de base a ese partido. O en la biografía de los dirigentes que han tenido cargos públicos como intermediarios de paz, sobre todo en los gobiernos de Samper y Pastrana. El Estado colombiano ha gastado muchísimo más dinero en pagar prebendas, viajes, viáticos y demás (como en Maguncia) a esos personajes que en resarcir a las víctimas de las guerrillas.

El problema es de los demás colombianos, que no pueden seguir distraídos pensando que los asesinos están sólo en regiones remotas matando a gente muy distinta a uno. Los verdaderos asesinos son los divulgadores de falacias, como las que se detectan en el citado artículo, según el cual los asesinatos de miembros del Partido Comunista (avatara Unión Patriótica) fueron culpa de quienes denunciaron la relación de esa organización con el Partido Comunista (avatara FARC), ¡como si no lo supiera todo el mundo! ¡Como si los Castaño Gil se la pasaran oyendo conversaciones de personas de las ciudades! el interesado puede buscar una carta de Pablo Escobar donde protesta porque "la oligarquía" dejó que los castaño mataran a esos concejales de pueblo. O falacias como que a las guerrillas hay que quitarles apoyos, como si contaran con otros que los de ellos, sus socios manicurados, o que están "perdiendo el norte", como si alguna vez lo hubieran tenido.

Para formarse una idea de los valores de estas víctimas, tan distintas a los que mueren cada semana por decenas, lo mejor es leer con atención sus palabras (las negritas son mías):

La guerra en Colombia es cada día más cruel e inhumana. La guerrilla pierde en forma creciente su norte social, y su proceder autoritario la ha conducido al asesinato, la destrucción de pueblos enteros, el uso de carros bomba y la realización de atentados indiscriminados que afectan a la población civil, utilizando métodos semejantes a los empleados por quienes combate. La sociedad civil, que quiere negociaciones que conduzcan a una paz con justicia social, es débil, está en medio del fuego cruzado de los actores armados y sufre los ataques de un lado y de otro.

¡Hay que entenderlo, las guerrillas se están pareciendo a los candidatos que pretendían ocupar algún puesto de elección! Y los angelitos que esperan “paz con justicia social” están muy amenazados. ¿Alguien duda de que la guerrilla también quiere paz con justicia social?La sociedad colombiana cometería una gran injusticia comparando a estos personajes con la guerrilla. En la guerrilla hay algo viril y resuelto, no ese repugnante arte de encargar masacres para acceder a ministerios y embajadas vitalicios, que en caso de conseguirse la “paz con justicia social” no ocuparían los pobres rústicos que facilitan el protagonismo de estos miserables.

De hecho, el retroceso de las FARC será insignificante si no se consigue ilegalizar a sus jaleadores y legitimadores, tal como se hizo en España con Batasuna. Los partidos que promueven la negociación de las leyes por encima de las urnas y el premio de los crímenes y no exigen la desmovilización de las bandas de asesinos, deben ser ilegalizados. Pero eso es pedir demasiado a una sociedad que ni siquiera se acuerda de los cientos de miles de muertos que el sueño comunista ha provocado. A una sociedad formada por la clase de ganado que esos criminales pueden someter.

Publicado en el blog Atrabilioso eln 2 de noviembre de 2007.

La Corte Suprema de Franela

Publicado en el blog Atrabilioso el 17 de octubre de 2007

Mientras los medios buscan la forma de tapar la evidente culpabilidad del magistrado Velásquez —sobre la cual es muy elocuente el artículo de Rafael Nieto Loaiza—, vale la pena tratar de entender los motivos de la “honorable” Corte Suprema de Justicia por otro camino que las habladurías y las sospechas: comprendiendo lo que dicen en sus sentencias.

Para adelantar una opinión sincera, el hecho de ofrecer beneficios a un malhechor para enlodar al presidente es un hecho banal, peccata minuta. Lo grave es el contenido de los autos de esa corte. Y la desgracia es que son textos tan largos y su lenguaje es tan alambicado que la gente no los lee. De otro modo hace tiempo que habría un tremendo clamor por una reforma del sistema legal, tal vez por otra Constitución que vetara las justificaciones del levantamiento armado y todos los abusos que ha permitido la de 1991 a ciertas instancias judiciales.

En un artículo reciente decía Alfredo Rangel esto acerca de la actitud de la corte respecto al proceso de paz con las AUC:

No hay que olvidar que el proceso de paz con los paramilitares se encuentra en un limbo jurídico precisamente por un fallo de la Corte Suprema. Contra toda evidencia, dicha Corte resolvió que los paramilitares son simplemente delincuentes comunes, no han sido actores protagónicos de nuestro conflicto armado, no se han enfrentado a la guerrilla y tampoco han obstruido violentamente el normal funcionamiento de las instituciones y del régimen legal vigente. Lo primero es negar la historia colombiana de las últimas décadas, lo último le quitaría todo sustento factual a la denominada 'parapolítica', cuyas investigaciones las adelanta la misma Corte y tienen que ver precisamente con las alianzas de políticos y funcionarios del Estado con los paramilitares, para obstruir violentamente los procesos electorales y el funcionamiento de la administración pública. Pero para la Corte solo la guerrilla tiene motivaciones políticas.

No se llega a ninguna parte sin plantearse lo que ocurría antes de ese proceso: mejor dicho, se llega a entender los motivos de la CSJ, que son los mismos de la mayoría de los dueños de los medios y de los columnistas: la exigencia a las Fuerzas Armadas y de policía de combatir con las AUC descuidando la actividad contra la guerrilla porque la guerrilla es relativamente legal. Era algo en lo que insistían un día sí y otro también los editoriales de El Tiempo, Semana, El Espectador, etc. en tiempos del Caguán.

¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno que emitir la Ley de Justicia y Paz para favorecer la desmovilización de las AUC? La idea de que se pudiera hacer frente a todas las bandas armadas casa mal con algo que apareció ayer en El Tiempo: un estudio de la Universidad Nacional (increíble, ¿no?), según el cual “El gasto público militar en Colombia está por encima del que la economía podría financiar”.

Es decir, al tiempo que los militares debían concentrar sus energías en combatir a quienes no los atacaban, facilitándoles la tarea a quienes sí los atacan, en cristiano, debían ayudarse a matar, resulta que de todos modos no se debe gastar en la guerra. Hablar de Colombia es referirse a un país de mentirosos: los crímenes son sólo la sombra de esas falacias. Los criminales, los que encargan los crímenes son, sin la menor duda, esos empresarios de medios, intelectuales, profesores... El auto mencionado de la Corte sencillamente pone al gobierno a estafar a las AUC prometiendo beneficios que después no va a poder cumplir porque las cortes decretan otra cosa.

No es en absoluto sorprendente que publiquen esa sentencia en una página tan amiga de la legalidad como Indymedia. No, no hay ningún sarcasmo: es que la sentencia de la CSJ se centra en la vieja falacia de que los crímenes guerrilleros deben quedar impunes porque sus autores pretenden cambiar el orden político, objetivo altruista donde los haya, y que cualquiera que los estorbe usando sus mismos medios es responsable del crimen atroz de concierto para delinquir. Es que el poder que tienen esas cortes en Colombia hace que las guerrillas sean legales. Así de simple. No que tras un proceso de paz vayan a quedar impunes, sino que lo son por la definición misma de las leyes.

Tratándose de un texto larguísimo, sólo copiaré las partes más sabrosas. Ojalá se comprendiera que el evidente complot para calumniar al presidente no es tan grave como eso.

V. La Ley 975 de 2004 no se aplica a delitos políticos
V.1. Razones de orden sustancial sobre la imposibilidad de equiparar el concierto para delinquir con la sedición:

El artículo 71 de la Ley 975 de 2005 materialmente es una norma contraria a la Constitución Política porque asimila indebidamente los delitos comunes con los delitos políticos. Tal presupuesto desconoce no sólo los fundamentos que guían la actuación de ambas clases de delincuentes sino los postulados de la Carta que permiten un trato diferente entre unos y otros.

V.1.1. Fundamentación estrictamente constitucional:

1. Las sociedades democráticas se caracterizan por la búsqueda permanente del consenso social, el cual viene de la mano de postulados tales como la igualdad, la justicia y la libertad, entre otros, cuya materialización compete a todos los poderes públicos. Una sociedad excluyente con graves deficits en el funcionamiento de la democracia, en la que no se respeta la dignidad humana ni los derechos fundamentales, frecuentemente cuenta con la presencia de graves conflictos, que en algunos casos llegan hasta niveles de confrontación violenta.

El texto en negrita explica el origen de las guerrillas: deficits de justicia que llevan a la confrontación violenta.

2. La violencia, fenómeno social que aparentemente está ligado a la existencia de toda sociedad, tiene que ser considerada como delito cuando afecta bienes jurídicos dignos, necesitados y merecedores de protección penal, y dependiendo de diferentes factores, la doctrina ha elaborado una amplia taxonomía sobre las clases de delitos, siendo una de ellas la que establece los comunes y políticos, sin que hasta la fecha aparezca razón alguna, fundamentada en los criterios propios de las ciencias sociales (la dogmática jurídico-penal), que cuestione la validez de tal distinción.

Aquí se alude a un endemismo colombiano: en los países civilizados los juristas opinan de forma unánime que la intención política de los delitos es un agravante. Los hampones estos se erigen en maestros de ciencias sociales para justificar sus desmanes.

3. La Constitución de 1991, siguiendo la usanza de las constituciones decimonónicas, expresamente hace referencia al delito político como una variedad que amerita especial atención.

4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 12 es reiterativa al considerar que

La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria… El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.

Es muy interesante la confusión interesada: aquí se dice que los actos propios del narcoterrorismo no pueden encubrirse como delitos políticos, de lo cual cabe inferir que la guerrilla tiene una intención política hasta que transgrede el DIH. Genial. Pero ya veremos cómo después se dice otra cosa.

Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como la amnistía o el indulto.

Los párrafos siguientes abundan en esta idea hasta aburrir al más esforzado.

El rebelde responsable de un delito político es un combatiente que hace parte de un grupo que se ha alzado en armas por razones políticas, de tal manera que, así como el derecho internacional confiere inmunidad a los actos de guerra de los soldados en las confrontaciones interestatales, a nivel interno, los hechos punibles cometidos en combate por los rebeldes no son sancionados como tales sino que se subsumen en el delito de rebelión. Y es obvio que así sea, pues es la única forma de conferir un tratamiento punitivo benévolo a los alzados en armas

Es difícil explicar lo podrida que está la sociedad colombiana sin hacer hincapié en la manipulación lingüística: el lector de este párrafo cree que la benevolencia para los alzados en armas es parte del “derecho internacional”, pero en ningún país civilizado se le ocurriría a ningún jurista asociar la acción de una banda de asesinos que pretenden imponer la tiranía con la situación de guerra entre Estados.

Cuando fueron declaradas inexequibles algunas disposiciones del Código Penal de 1980, se precisó que independientemente de tal decisión el delito político subsiste porque los responsables de tales conductas pueden excepcionalmente recibir un tratamiento favorable, pues existe la posibilidad de que el Congreso, en la forma prevista en el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución, por graves motivos de conveniencia pública, conceda la amnistía y el indulto generales por esos delitos políticos. Al Congreso corresponderá, en esa ley extraordinaria, determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los estrictamente políticos y que, por lo mismo, pueden quedar cobijados por la amnistía y el indulto. Y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa humanidad, no pueden serlo.

Si se piensa en hechos como la masacre de Machuca, ¿dónde empieza a no ser amnistiable el hecho? Sencillamente hay una mano que mece la cuna y un triste brazo ejecutor de niños zarrapastrosos, desdentados y famélicos, que es a quienes se acusará de los actos "feroces y bárbaros". Lo mismo con la de Bojayá: nunca se podrá demostrar que Alfonso Cano o cualquier miembro del Secretariado hayan ordenado tirar cilindros contra la iglesia. Serán amnistiables por levantarse contra el Estado.

5. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha consignado que el delito político tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir.

Siempre que la agrupación alzada en armas contra el régimen constitucional tenga como objetivo instaurar un nuevo orden, sus integrantes serán delincuentes políticos en la medida en que las conductas que realicen tengan relación con su pertenencia al grupo, sin que sea admisible que respecto de una especie de ellas, por estar aparentemente distantes de los fines altruistas que se persiguen, se predique el concierto para delinquir, y con relación a las otras, que se cumplen dentro del cometido propuesto, se afirme la existencia del delito político.

Es decir, si se comete una emboscada y se masacra a una treintena de soldados, acto perfectamente lícito según el CINEP y en absoluto opuesto al DIH, la aparente lejanía de los fines altruistas no debe obstruir la impunidad ni forzar la asociación con el concierto para delinquir. Algo mucho más grave: ¡la máxima autoridad judicial da por sentado que el régimen es mejorable por la violencia a pesar de que el núcleo de los fines altruistas es la anulación del derecho a elegir a los gobernantes!

Dicho en otros términos, si los miembros de un grupo subversivo realizan acciones contra algún sector de la población en desarrollo de directrices erróneas, censurables o distorsionadas, impartidas por sus líderes, los actos atroces que realicen no podrán desdibujar el delito de rebelión, sino que habrán de concurrir con éste en la medida en que tipifiquen ilícitos que, entonces, serán catalogados como delitos comunes.

6. Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.

7. Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera.

Otra vez se pretende que alguna otra legislación autoriza el asesinato de los agentes estatales. Después sigue una deslegitimación absoluta de la Ley de Justicia y Paz, en la que la CSJ ejerce tranquilamente no sólo de Corte Constitucional sino también de legislativo.

8. De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, [...]

El motivo directo de ese auto era la situación de un tipo que tenía armas y uniformes de las AUC, pero no había participado en ningún otro crimen, al menos en lo que se juzgaba. Si hubiera matado a decenas de soldados para imponer un régimen como el de Camboya, merecería un premio, ser tratado como héroe. No hay exageración. Es lo que dice la corte.

2. La acción típica del rebelde o sedicioso se encauza a un supuesto fin colectivo de bienestar pues busca derrocar al gobierno legítimo para instaurar uno que cree justo e igualitario o perturbar la operatividad jurídica del régimen vigente; [...]

3. El dolo que se presenta en el delito político se dirige a socavar la institucionalidad proponiendo un nuevo orden o perturbando el existente y promoviendo otro en el que se mejore la dirección de los intereses públicos; [...]

5. La culpabilidad predicable del delincuente político se constata al establecer que conocía la obligación de acatar y respetar las instituciones estatales y decidió participar en su desestabilización buscando su caída; [...]

8. Por sus fines, la calificación de una conducta como delito político descarta que la misma pueda ser señalada como crimen contra la humanidad, genocidio, crimen de guerra, violaciones graves de derechos humanos, reproches que perfectamente pueden haber constituido el motivo que dio origen al concierto para delinquir.

9. El éxito del delincuente político permite erigir un nuevo Estado en el que su comportamiento es exaltado a la categoría de heróico; el cumplimiento de las metas delincuenciales por los concertados no cambia las instituciones pero denota grave impunidad que obliga al Estado a redoblar esfuerzos que impidan a la sociedad aceptar que "el crimen paga".

10. El delito político se presenta en sociedades que tienen altos grados de conflictividad social y tiende a desaparecer en comunidades que logran elevados niveles de consenso; [...]

Nadie debe llamarse a engaño, el pretexto por el que se destruye (o al menos se intenta destruir) la posibilidad de que las AUC se desmovilicen es sólo que no comparten los fines de las guerrillas. Una falacia sirve de cimiento a la otra, y al final el intento de destruir la democracia es heroico mientras que cualquier intento de defenderse de quienes intentan destruir la democracia y de paso secuestrarlo a uno es "concierto para delinquir". Lo que hayan sido o hecho las AUC es otra cuestión, pues lo que dice claramente la sentencia es que la definición del delito político exige haberse levantado contra el Estado. Ese acto lleva de por sí aparejado el calificativo de "altruista":

8. Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta.

La relación con colombianos siempre lleva esa batalla perdida de los argumentos contra los prejuicios. ¿Cuántas veces deberá leer uno ese párrafo para entender que las guerrillas, según la Corte, obran con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo? Tal elemento no está en la definición de sedición, pero es una conclusión ideológica que saca la corte después de decenas de párrafos dedicados a defender a las víctimas... Es decir, a utilizarlas para justificar a las guerrillas e impedir la desmovilización definitiva de las AUC.

Es absolutamente contrario a la Constitución y a los estándares internacionales que las víctimas sean burladas en sus derechos al aceptarse que las bandas de grupos paramilitares actuaron con fines altruistas cuando ejecutaron graves acciones lesivas a los bienes jurídicos penales más importantes.

Está claro: las víctimas de las guerrillas son diferentes debido a los fines altruistas. La última frase de la sentencia es concluyente:

ADVERTIR que contra esta providencia no proceden recursos.

El basurero de la historia

Publicado en el blog Atrabilioso el 10 de octubre de 2007

Pocas metáforas fueron tan recurrentes en la época de auge del comunismo como la del "basurero de la historia", lugar al que iban a parar todos los proyectos desechados y los programas que fracasaban. En buen romance: todo lo que pusiera en cuestión la visión supersticiosa y fanática de los afiliados al "materialismo científico", todo lo que fuera en una dirección diferente. Nadie entenderá nada de la "izquierda democrática" colombiana sin prestar atención a esa teleología, a esa certeza de tener el mapa del tesoro y ejecutar una misión inevitable. La percepción de los demás de que esos actos son "crímenes" o aun, más a menudo, "mentiras para sacar provecho de los crímenes" sólo mueve a risa a esas personas, el único crimen es oponerse a ellos.

Al respecto, basta con ver el desparpajo con que siguen figurando los responsables de borrar un montón de blogs y de inundar los demás con insultos "firmados" como otra persona en una campaña de difamación que los retrata perfectamente como canallas sin escrúpulos. ¡Incluso son candidatos a ganar un premio al mejor blog! De algún modo palabras como "izquierda" surten su efecto mágico y se convierten en patente de corso para delinquir y mostrar la bajeza que los constituye, al igual que los rústicos que hacen la carrera política de los políticos a los que esos intelectuales (!) promueven.

Pero "el basurero de la historia" da mucho de sí. Podría ser la región sudamericana, donde todavía existe un proyecto totalitario idéntico al que floreció en Camboya en los años setenta y en Rusia cuarenta años antes. De hecho, el tipo humano predominante es un fósil increíble de los siglos de esclavitud que no puede asimilar la corriente que predomina en el mundo sino que se aferra a sus antiguos privilegios y jerarquías, constituyendo una anomalía que avergüenza a la especie. Si hace veinte años alguien hubiera oído que un golpista latinoamericano encabezaría una serie de dictaduras aliado con criminales como el presidente iraní y proclamando abiertamente su antisemitismo, se habría echado a reír.

Pero en otro sentido también se puede decir que los comunistas en Colombia experimentan un gran crecimiento desde la época del Caguán en la medida en que cada vez más se vuelven los representantes de las familias políticas caídas en desgracia, con las que antes combatían. Buen ejemplo de eso es la Anapo. En un escrito de Eduardo Pizarro sobre los orígenes de las FARC, se lee la descripción que los comunistas hacían del general Rojas Pinilla: "el delincuente más villano del país, quien conquistó su titulo a base de asesinatos y masacres".

Al mismo tiempo, su política era descrita como: "falsa pacificación, política de chantaje y de engaño". Pero ahora el candidato de ese partido a la Alcaldía de Bogotá es un nieto del general, un político cuyo único "mérito" es ese parentesco y la red de lealtades que desde el poder alcanzó a crear su madre.

No es una situación excepcional, también la familia López tiende a la alianza con los comunistas y con las guerrillas toda vez que la transmisión dinástica no alcanzó para la tercera generación y hay que conservar todo el poder que se pueda. La insistencia del difunto ex presidente en el "intercambio humanitario", la cínica adhesión al terrorismo de la revista Semana, la historia de la persecución del ELN que habría conducido a su destrucción de no ser por la intervención del entonces presidente, etc., son episodios que hacen pensar sin vacilar en algún interés en la alianza con los comunistas. ¡Pero es que ya al comienzo del Frente Nacional el Suplente de López como candidato del MRL era el dirigente comunista Juan de la Cruz Varela!

El Partido Comunista surgió en los años veinte como parte del fantasma que recorrió el mundo tras el triunfo bolchevique de 1917. Unos años después serían Mussolini y Hitler quienes desatarían fervores en toda la periferia (lo cual por ejemplo tiene mucho que ver con el ascenso de Perón y su cabaretera). El caso es que los comunistas eran una minoría de intelectuales que consiguieron un apoyo ínfimo en sectores obreros pero gracias a la guerra civil de los años cuarenta pudieron crear una base efectiva en zonas rurales. Sólo que nunca contaron con votos ni respaldos mayoritarios.Pero en cambio sí hubo una masa disponible para un levantamiento social, la que se manifestó en los años cuarenta detrás de Gaitán y a principios de los años sesenta con el MRL, a mediados con Camilo Torres y al final de esa década con la Anapo. Todos esos protochavistas son hoy cadáveres políticos caídos en el basurero de la historia, es decir, en la izquierda democrática.

En la adhesión más o menos velada al pertinaz programa del Partido Comunista.En realidad lo mismo ocurre con el samperismo y con el pastranismo, movimientos o corrientes cuya única base programática es la manipulación de redes que ordeñan al Estado y que no podrían sobrevivir sin combinar la adhesión al programa del Partido Comunista y las viejas maquinarias bipartidistas. El apoyo de Samper y Serpa al candidato del PDA es característico, lo mismo que la adhesión de toda la camarilla de Andrés Pastrana al mismo discurso. ¿Alguien se figura que un personaje tan apreciado por las FARC como éste escriba en la edición del sábado 6 de octubre en El Nuevo Siglo perlas como ésta:

“NO sólo a las directivas nacionales y distritales del Partido Conservador, sino a todos los conservadores para que no permitamos que en Bogotá continúe su carrera desenfrenada al abismo, porque todos sabemos que sólo contamos con dos concejales y un representante a la Cámara, cosa que demuestra el fracaso de las elecciones pasadas.”

¿Qué es el Partido Conservador? ¿Alguien lee las declaraciones de G. Ricardo, Camilo Gómez, etc.? ¿Alguien leía al actual candidato conservador a la Alcaldía de Bogotá (hijo naturalmente de otro amigo de Tirofijo) cuando escribía en El Espectador?:

“El enfoque del problema está errado. La guerra en Colombia tiene un origen social y la solución debe ser política. Mientras no se acepte lo evidente, no se podrá llegar a ningún lado. Sólo habrá más muertos de lado y lado, todos colombianos. Mientras el Presidente desde Washington sigue dando órdenes a través de las cámaras de televisión”.

Esa facción del antiguo conservatismo está sin la menor duda con las FARC, y creo que no hace falta insistir en algo que queda claro, la capacidad mágica del poder narcoterrorista para prometer longevidad a los cadáveres siempre y cuando colaboren.Pero el candidato a la Alcaldía de Bogotá que puede triunfar es Samu El Moreno. Es muy llamativo lo que le contesta a María Isabel Rueda cuando la periodista le pregunta sobre la afinidad del PDA con las FARC:

S.M.R.: Mi posición frente a la lucha armada está absolutamente clara. Cuando el M-19 nace, lo hace bajo el lema: 'Con el pueblo, con las armas y con María Eugenia al poder'. Secuestran a José Raquel Mercado y mi mamá sale públicamente a desautorizarlos. Desde entonces, mi familia y yo condenamos la lucha armada. Jamás me ha temblado la voz para decirlo. Y si las Farc atentan contra la población civil, son terroristas. Y esa es la posición del Polo que se acaba de aprobar.

Lo primero es fascinante: ¿de modo que cuando se robaron la espada de Bolívar ellos no lo condenaron? ¿Y el mismo hecho de levantarse en armas contra las instituciones no les pareció una agresión contra la democracia? Yo sinceramente creo que la Anapo tenía menos que ver con el M-19 de lo que tácitamente reconoce Moreno, que este movimiento fue un intento de un grupo de estudiantes e intelectuales comunistas para explotar el descontento por el presunto fraude de 1970...

Pero ahora conviene convertirlos en anapistas. La Anapo sobre todo congregaba a personas conservadoras que desaprobaban la violencia sectaria del laureanismo y la repartija abusiva que hizo el Frente Nacional, muchas de esas personas habían sido favorecidas por la dictadura, por ejemplo, muchos antiguos militares y policías. ¡Ahora va a resultar que Bateman y Vera Grabe son sus representantes!

En la proclama de que condena la lucha armada hay una serie de elementos más bien grotescos:

1. ¿Condenan (Samu El y su familia) a Bolívar?
2. Condenan los métodos pero ¿y los fines?
3. ¿Cómo se puede condenar la lucha armada y formar parte de un partido que exige el premio de la lucha armada?

Claro, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Como esos padres que golpean a los hijos al tiempo que proclaman: "A mí me duele más que a ti".

Pero hay más: ¿por qué esa alusión a la "población civil"? Siempre que se habla de la "población civil" (en el contexto del conflicto colombiano) se está legitimando la agresión contra la "población militar". ¿Qué es más grave desde el punto de vista militar, la masacre de Bojayá o el asesinato en una emboscada de una cantidad comparable de soldados? ¿Qué están haciendo los soldados y policías sino protegiendo a la población civil de ser sometida por las tropas comunistas?

No hay que confundirse: Samu El, como su partido, no piden a las FARC que dejen de existir como fuerza que amenaza el sistema democrático, sino que les reprochan algunos excesos y sobre todo que no cumplan las reglas del juego.

De un juego al que los colombianos deberían decidir si quieren jugar. Del juego en el que hace carrera el PDA y montones de vividores de la guerra como los mencionados personajes de la política tradicional.

Votar por alguien así es aplaudir el asesinato, y las coartadas y pretextos que se encuentren sólo son parte de la afinidad moral que existe entre la mayoría de los colombianos y los simples combatientes que hacen el trabajo sucio en defensa del viejo orden en que estos vampiros, la Anapo, el MRL, el samperismo o el pastranismo siguen mandando y floreciendo.

Guzmán el Bueno y la maquinación de los tartufos

Publicado en el blog Atrabilioso el 3 de octubre de 2007

Alonso Pérez de Guzmán es un noble español de la Edad Media cuya fama perdura siete siglos después porque durante la defensa de Tarifa contra una coalición de enemigos fue conminado a entregar el castillo so pena de matar a su hijo, a lo que él respondió arrojándoles un cuchillo para que lo hicieran.

Esa terrible determinación con que responde al chantaje es lo que permite imponerse en las guerras, pues lo que busca el chantajista es algo que le interesa más que aquello que retiene. En el caso del "intercambio humanitario" no hay un padre de los secuestrados que pueda pagar o no pagar el precio que exigen los terroristas, pues lo que se pide es la vida de muchos miles de colombianos, que es lo que se entregaría permitiendo que los presos volvieran a masacrar gente y cediendo territorios para que la banda asesina recupere su poder de fuego.

Los parientes de los secuestrados son sencillamente representativos de los demás colombianos: se ponen de parte de los terroristas porque quien paga el precio "humanitario" del intercambio son otros. La insolidaridad es la principal causa de que esa atroz industria haya llegado tan lejos en Colombia, si hace treinta, veinte o diez años hubiera habido una gran firmeza en la condena del secuestro esas personas no habrían pasado ni un día en cautiverio.

Pero esa indolencia afecta a la mayoría de la gente y no tiene nada que ver con la abnegación y persistencia de los que anhelan el "intercambio" y la "paz". Estos devotos, basta con conocer su trayectoria, eran los mismos que promovieron hace diez años el Mandato Ciudadano por la Paz, en el que se exigía que el gobierno negociara políticamente con la banda de asesinos, y fueron los mismos que durante los años del gobierno del inefable Andrés Pastrana (el cual busca posicionarse como candidato del PDA en reemplazo de Leyva) insistieron sin cesar en la necesidad de premiar copiosamente a las FARC por sus proezas, al tiempo que la banda secuestraba y mataba cada vez con mayor decisión.

El papel de estos filántropos en la sociedad colombiana corresponde exactamente al de Tartufo, personaje de la famosa comedia de Molière: su inquietud por los secuestrados sólo es un recurso para cobrar esos secuestros de modo que el gobierno quede debilitado y las FARC se recuperen. Para eso no vacilan en utilizar la situación de vulnerabilidad de los parientes de las víctimas ni en explotarlas para promover los intereses de las FARC, como ocurre en Europa con el profesor Moncayo o con la familia de Ingrid Betancur y los grupos de ONG amigas de las guerrillas.

Pero la incapacidad de ver la obvia relación entre los promotores del "intercambio humanitario" y las guerrillas es sólo uno de los aspectos de esa distracción generalizada de los colombianos, cuya actitud en última instancia es la de quien pasa frente a una tienda en la que hay un saqueo: a nadie se le va a ocurrir tratar de impedirlo, el más juicioso sale corriendo pero la mayoría ve si hay ocasión de llevarse algo. Ante el secuestro, los colombianos se desentienden, salvo los que pueden sacar algún provecho de la negociación.

Pero esos interesados muestran a todas horas su afinidad con las guerrillas. En la última semana apareció un artículo de Daniel Samper deshaciéndose en elogios de Piedad Córdoba, modelo de personalidad política que trabaja por los ciudadanos. ¿Nadie la recuerda yendo al comienzo del Caguán a Washington con Amílcar Acosta y Jaime Dussán a pedir al gobierno de Clinton que no diera ayuda militar a Colombia? ¿Y declarando que la visita al Caguán le había cambiado la vida?

Hace muchos años que tengo una opinión nada grata sobre la mayoría de los secuestrados: ¿cuántos de ellos hicieron algo para impedir que en el país reinara el secuestro? Las víctimas del futuro pueden ser muchos cientos de miles, y no estaría de más preguntarles cómo es que no hacen nada para condenar el chantaje y poner en su sitio a los que cobran los secuestros, como hace el alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, que se ha gastado 860 millones de pesos del dinero de los bogotanos en la campaña por el "intercambio humanitario".

Nadie debe olvidarlo: el secuestro sólo es la primera parte del intercambio humanitario. Los raptores son tristes sicarios que sobreviven en medio de la miseria y hacen ese trabajo sucio ocasional y los que retienen a las víctimas son niños y rústicos. Quienes prosperan gracias al secuestro son los impulsores del intercambio humanitario.

La disyuntiva

Publicado en el blog Desenlace sin fin el 27/10/2007

En una ocasión en que comentaba las elecciones chilenas en que salió elegida la señora Bachelet, Mario Vargas Llosa se sorprendía de la tranquilidad que se respiraba en el país, nadie temía que nada fuera a cambiar fatalmente fuera cual fuera el resultado de los comicios. La sorpresa del novelista venía de que cada elección en la mayoría de nuestros países es una apuesta casi de vida o muerte y no es imposible que se desate una catástrofe sangrienta como resultado del forcejeo de las facciones.

Las elecciones que se celebran este domingo en Colombia de nuevo ponen a la gente a escoger el camino de la catástrofe o el de la recuperación, y es muy probable que escoja el de la catástrofe, no tanto por perversidad o estupidez, sino por la indolencia de permitir que las minorías organizadas decidan por la mayoría.

Mientras que en numerosas regiones varias decenas de candidatos han sido asesinados o forzados a renunciar a su candidatura para favorecer a los candidatos del Polo Democrático o de algún sector del Partido Liberal que es útil a las FARC, en Bogotá (donde esas presiones son minoritarias y los cilindrazos tienden a ser más bien de varios millones de pesos dirigidos a los controladores de redes de “maquinaria”) aparece mejor situado en las encuestas un candidato apoyado por esos mismos beneficiados de la “lucha por la justicia social”.

Es decir, en Bogotá tiene grandes posibilidades de ocurrir que la gente premie con su voto a los que no piden a las FARC su desmovilización y ni siquiera les reprochan esos asesinatos recientes. Pero no importan los que votan por ese candidato, que en ningún caso llegarán a ser una cuarta parte de los que pueden votar, sino los abstencionistas y los que votan por candidatos sin esperanza, como si el resultado de su elección correspondiera a una transacción con su conciencia y los destinos de la ciudad importaran menos que el bienestar derivado de votar por idealismo.

La situación prueba algo que para muchos colombianos es difícil de digerir: que los problemas del país no tienen otro origen que los valores dominantes y que fenómenos como la guerrilla y el narcotráfico son verdaderamente representativos de la sociedad, en absoluto el fruto de circunstancias particulares en algunas regiones o de la oportunidad que genera la prohibición de las drogas. Puesta a escoger entre la estabilidad democrática y el ciclo caos-dictadura, la población colombiana, como la del resto de Sudamérica, más bien escogerá la segunda opción.

No está de más detenerse un poco a analizar al personaje que aspira a la alcaldía por esa facción. A diferencia de los demás líderes, descendientes de las familias bogotanas que se repartían los cargos de alto nivel ya en el siglo XIX, Samuel Moreno tiene algo de advenedizo, pues su pertenencia a la oligarquía le viene del golpe de Estado que dio su abuelo en 1953. Es claramente lo contrario de esos intelectuales que encandilan a la masa de lambones que conforman las clases altas capitalinas explotando el manual de retórica, es un individuo de rendimiento discreto que en cambio brilla por el evidente disfrute de los lujos que aspiran los demás a tener.

Característico de esa clase de magnates que heredan una serie de relaciones y la lealtad de algunas gentes que tuvieron acceso al poder o soñaron con tenerlo en otras épocas es su disponibilidad ideológica: es la clase de personas que conformaban el congreso que absolvió a Samper y que aun se destacaron defendiendo al cuestionado presidente financiado por el Cartel de Cali. En ese papel, Moreno encontraba amigos y apoyos para cimentar su carrera y asegurarse la copiosa renta que la sociedad colombiana asigna a los congresistas que conservan el puesto.

Es importante hacer hincapié en esas características porque la guerra sucia de los medios contra el personaje lleva a engaño a muchos. Él no es un activista revolucionario que crea en la necesidad de destruir el Estado de los opresores reaccionarios sino más bien un miembro de una familia de esa clase de opresores. Cuando hace unas declaraciones de legitimación de la guerrilla, aun de la que tomó la bandera del supuesto triunfo electoral de su abuelo en 1970, no manifiesta su punto de vista ideológico sino que recita la retórica que conviene a su carrera política en el denostado Congreso colombiano.

Se preguntaba sor Juana Inés de la Cruz en unos versos famosos “¿Y quién es más de culpar / aunque cualquiera mal haga, / la que peca por la paga / o el que paga por pecar?”. El señorito Moreno Rojas se muestra en esa entrevista legitimador de la lucha armada y aun de las dictaduras, pero ¡él peca por la excelente paga que tienen los congresistas en Colombia, amén de la infinidad de negocios a que tienen acceso! El problema es esa sociedad que tolera esas declaraciones, esos cientos de miles de bogotanos acomodados que efectivamente están siempre del lado de los dictadores como Fidel Castro (que era a quien aludía Samuel Moreno al hablar de dictadores).

Uno de los pretextos de la retórica comunista en Colombia es la rebelión contra la corrupción de las clases oligárquica. Este candidato consigue ser una síntesis de la mentira de esa retórica: es la corrupción de las clases oligárquicas la que produce esos sueños de despojo y atropello que se cristalizan en el proyecto comunista. La asociación de Samper con el Cartel de Cali no es menos grave que el apoyo que buscó en los comunistas y en los otros grupos de ex guerrilleros que ejercían en el Congreso de lobbistas de Santodomingo. Algún día se sabrá cuánto influyó todo eso en el ascenso de las FARC en esos años. Lo que significó para los colombianos humildes el despilfarro espantoso que significó mantener viajando a todos esos intelectuales por medio mundo ya se conoció en la miseria de los años de cambio de siglo.

Como si este revolucionario no tuviera suficiente con encarnar aquello que sus socios políticos dicen combatir, se da la circunstancia de que el movimiento que acaudilló su abuelo estaba formado en buena medida por ex militares y ex policías: ahora el nieto es candidato del partido que con el pretexto del DIH legitima tranquilamente que se asesine a militares y a policías. Y en aras de ocupar esos puestos formidables en que se hacen los grandes negocios, como los que según muchos bumangueses caracterizaron la gestión de su hermano en esa ciudad, ¡hasta viene a decir que el M-19 era parte de la Anapo! Pero se trataba de grupos de estudiantes comunistas de las universidades de elite que buscaban ser la vanguardia de un movimiento popular al que darían contenido con su programa guevarista.

La victoria de ese caballero se entenderá en el Secretariado de las FARC como una muestra de respaldo a su lucha, pues se trata del partido que exige la negociación de las leyes con la banda asesina con la complicidad tácita de TODOS los formadores de opinión de los grandes medios. Esa presión por la negociación, por el intercambio humanitario (en campañas por ese noble fin la administración Garzón se gastó cientos de millones), por el DIH y muchas otras nobles metas es la principal arma de guerra de las FARC, por eso el apoyo al PDA en su página web y en las regiones a través de la lucha armada (que es como se llama en la jerga de esas gentes a los asesinatos).

Ojalá que a los asesinados y secuestrados de los próximos años nadie les llegue a reprochar el haber permitido que la banda se recuperara y la guerra civil se reavivara. Pero también se podría pensar lo mismo de las víctimas adultas y educadas de varias décadas: su martirio tenía algo de vicio, muy pocos de ellos habían hecho algo para impedir que reinaran los carteles criminales, puede que ni siquiera un voto con sentido cívico.

El crecimiento mal repartido

Publicado en Atrabilioso el 10/09/2007

Cada vez que se publican en Colombia estadísticas sobre economía los comentarios de los lectores son tan escandalosos como previsibles: nunca falta esa mayoría que dice que no son ciertos, que son cuentas manipuladas. No importa que sean noticias buenas o malas, siempre encontrarán alguna forma de justificar que hay alguna intención perversa detrás de su publicación, si las empresas pierden dinero, sin duda es mentira porque en la realidad están ganando mucho pero se lo están llevando a otros países; si ganan, es evidente que el gobierno trata de convencer a la gente de que todo va maravillosamente y no hay que preocuparse al ver tanto sufrimiento y tanto cristiano desnutrido y harapiento.

Pero la incredulidad es sólo un aspecto: otras veces se acepta la veracidad de los datos, pero la interpretación es el terreno de la creatividad: si las empresas pierden dinero sin duda es resultado de la política gubernamental, comprometida con el gran capital transnacional y servil ante las exigencias del FMI... Ya saben. Pero si ganan resulta evidente que el gobierno anda dedicado a favorecer a los ricos y a despojar sin cesar a los pobres, de modo que en lugar de ceder a una u otra presión sindical permite que los millonarios dueños de las empresas llenen sus arcas a costa del trabajo ajeno.

Así: sólo hay que leer o escuchar los comentarios de los colombianos ante las estadísticas sobre economía para encarar el rigor con que se hace frente a la verdad en el país. Pero es que de la disposición a mentir y a creer mentiras halagadoras o convenientes a la comisión de actos delictivos sólo hay un paso: perfectamente se puede convencer a los menesterosos de que los inventores de máquinas los despojaron de algo: ¿acaso no son estos últimos muy ricos? De agravios semejantes se nutren las esperanzas de redención que han "florecido" en Cuba, Corea del Norte, Camboya, Etiopía, etc. La miseria en Venezuela todavía no es suficientemente conocida en Colombia.

Pero vamos a referirnos sólo a los que llegan a admitir que las estadísticas son correctas y se publican sin mala intención: entre mediados de 2006 y mediados de 2007 la economía colombiana habría crecido por encima del 7 por ciento. ¡Lo malo es que ese crecimiento no está bien repartido!Desgraciadamente es inevitable repetirse: el contexto de la criminalidad en Colombia está rodeado de una vasta red de falacias de las que salen toda clase de inferencias que inexorablemente conducen al crimen, o lo llevan dentro como sobreentendido de una sociedad de valores primitivos. La de las estadísticas es una típica falacia: como es bien sabido, si el lector tiene dos millones de dólares y yo no tengo nada, en promedio tenemos un millón cada uno. Como se evalúa el crecimiento de la actividad económica, eso que se evalúa resulta formar parte de un mismo organismo. Pero no lo es. Un señor hizo un gran negocio y sus ingresos crecieron un 20 por ciento, otro dilapidó su patrimonio en borracheras y bacanales y redujo sus ingresos en un 80 por ciento, la experiencia de cada uno es diferente pero al contarse ambos va a resultar un probable descenso que depende del volumen de ingresos de cada uno.

De modo que si el dueño del puesto de arepas consiguió un local y dobló sus ventas y le dio trabajo a un conocido suyo que estaba desempleado, los ingresos del primero habrán subido un 50 por ciento (o algo así) y los del segundo aún más. Los de los demás habitantes de su barrio probablemente habrán subido menos, pero al evaluarse el conjunto del barrio va a resultar que ese aumento de ingresos se cuenta. ¿Qué va a pasar con los que no trabajaron o no ampliaron sus negocios o no aumentaron su productividad o no encontraron empleo? ¡Que resultan agraviados por la prosperidad de esos dos personajes! Ese crecimiento está mal repartido.

Esas razones son muy frecuentes entre los colombianos, pero son exactamente las que necesita un atracador para irse con su cuchillo a la esquina a media noche. De nada sirve explicarle que las personas lisiadas, ancianas, enfermas, apocadas, etc., son más pobres y débiles que él. Él siempre se comparará con los que tienen más ingresos y la credulidad que le provee el contexto cultural favorecerá una versión heroica de su arriesgada y aun justiciera labor.

La relación de esa mentalidad con la izquierda democrática es más bien obvia: quien conozca un poco a Venezuela sabrá que el presidente no desaprueba la delincuencia y que los delincuentes desempeñan un importante papel en su base social (en cuanto "poder local", es decir, maquinaria, sólo que aparte de conseguir votos son útiles para intimidar), y quien recuerde la retórica hegemónica en la prensa colombiana, por ejemplo del inolvidable Antonio Caballero, comprobará que para esta gente la delincuencia es el resultado inevitable de la pobreza, que a su vez es culpa del gobierno, pues el único que remediaría la pobreza sería uno en el que la presidencia recayera en cada uno de los airados justicieros que leen con emoción a su adalid.

Esa opinión sobre el crecimiento mal repartido es muy conocida y es característica de las personas que apoyan a los partidos de oposición. Una buena muestra de su objetividad. Podría ocurrir que se registrara un gran crecimiento del conjunto de la economía que sólo consistiera en aumentos de ingresos para los ricos, sin que eso significara ningún despojo para los pobres, sino al contrario, pues las rentas, sobre todo las empresariales pagan impuestos. Pero la realidad es bien diferente. Como comprueba quien analice el cuadro reproducido en este post, la décima parte más pobre de la sociedad ha aumentado sus ingresos en los últimos años mucho más que el resto. La teoría del crecimiento mal repartido no sólo parte de una falacia (el sobreentendido perverso de que los resultados de las inversiones o del trabajo deben repartirse entre los que ni invirtieron ni trabajaron), sino que sus conclusiones son falsas.

Pero es que hay una riqueza que no es producto del trabajo: la de los yacimientos de hidrocarburos y otros minerales. ¡Qué curioso! Esos ingresos sí que están mal repartidos. Ese dinero lo gasta el Estado en pagar sueldos altísimos a sus sindicalistas (la mitad de los empleados estatales están entre el 10 % más ricos de la sociedad; la otra mitad está formada por policías, señoras de los tintos, aseadoras, soldados, etc.). La riqueza repartida de forma inicua, qué curioso, está mal repartida a favor de los que se quejan de que el crecimiento está mal repartido.

Pero hay muchos otros caminos por los que esos recursos se gastan en beneficio de los ricos a costa de los pobres. La educación superior gratuita es sólo uno entre muchos ejemplos de cómo la gente excluida no recibe nada porque todo se va en proveer privilegios a sus defensores. Cosas de la mentalidad colombiana, del hatajo de mentiras con que se convive.

Las FARC, en defensa del Estado

Publicado en Atrabilioso el 17/09/2007

1. Invercolsa como síntoma. En una columna reciente dedicada a comentar los planes de las FARC para asesinarlo, Fernando Londoño cita unas frases encontradas en el computador de Carlos Antonio Lozada, entre las cuales me llamó la atención ésta: "... [Londoño] siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo". Es verdad que esto se puede relacionar con el papel del ex ministro como litigante en procesos en que se demandaba al Estado, o aun con el famoso episodio de Invercolsa, pero esa interpretación ligera es más bien propia de quienes lo desconocen todo sobre el marxismo y de la disciplina ideológica de las FARC.

Pero el episodio de Invercolsa es sintomático de ese sentido de "Estado" que según las FARC está en el mismo lado del "pueblo" y tiene como opuestos al "capital" y a Londoño: el de la corporación de las personas que ocupan cargos públicos y viven de la máquina estatal. El delito (según Salomón Kalmanovitz, delitos) de Londoño produce una indignación generalizada porque compró unas acciones sin ser empleado de la empresa. El hecho de que esas acciones se vendieran muy por debajo de su valor a los empleados de la empresa no molesta a nadie. Puedo haber leído mil comentarios al respecto, y aun haber escrito decenas de veces que la sustracción de recursos comunes habría ocurrido igual si quien comprara las acciones fuera un empleado, pero eso resulta invisible para todos los comentaristas. Peor, en el caso de Kalmanovitz la explicación que se da es de un cinismo que supera con creces a Londoño: vender muy por debajo de su precio las acciones a los funcionarios estatales tenía por objeto ¡"democratizar la propiedad accionaria"!

2. Concepción del Estado. El Estado surge en todas partes como organización destinada a mantener un orden cuya esencia es la dominación. Casi siempre esa dominación tiene al principio características étnicas, la determina la conquista de un territorio por una comunidad guerrera que puede tener o no organización estatal previa. En el caso de la América española la labor de los representantes del Imperio era la administración del saqueo y la esclavización de los conquistados, respecto de los cuales las diferencias culturales eran tan rotundas que la asimilación sólo era posible a costa de destruir las sociedades tradicionales. De ese modo, la Corona española era la propietaria legal de las riquezas del continente y en los territorios sometidos sus agentes se constituyeron en la clase dominante. Es en esa organización, en sus valores y estructuras, aun en las personas que ocupaban los cargos de mayor jerarquía, donde está el origen del Estado colombiano. La independencia no alteró ese orden, salvo por la expulsión de los peninsulares.

El crecimiento de esa organización y la ampliación de sus tareas siguiendo la estela de las sociedades europeas y de las demás de Latinoamérica comportó una ampliación considerable de la masa de funcionarios. Eso aseguró la creación de posiciones de mando para la mayoría de los descendientes de los poderosos de antaño, salvo los que llegaron a ser suficientemente ricos para emigrar. Esa masa de funcionarios, es decir, de personas que contaron con "palanca" para conseguir los puestos o aun con la información y la instrucción que se requerían configuran una clase social específica cuyos intereses son muy diferentes a los de los demás grupos sociales. Por eso no hay una oposición significativa entre "el Estado" y los "trabajadores al servicio del Estado"; estos últimos requieren que haya provisión de recursos y siempre tienden a estar a favor de la expansión de competencias para la organización que les paga el sueldo. Los ¡trabajadores! al servicio del Estado son la clientela de las FARC, por eso uno nunca encuentra ninguna protesta de las personas que profesan la ideología socialista por atropellos como la venta de acciones de Invercolsa, sólo por la intrusión de un farsante que no era verdadero ¡trabajador!

3. El proyecto comunista. La forma de obrar del Partido Comunista a lo largo de su historia es típica: creación de organizaciones sectoriales de masas, de un núcleo de cuadros muy formados en la doctrina y con mucha frecuencia profesionalizados, en su día gracias a los recursos soviéticos; formación de guerrillas campesinas e infiltración y dominio de todas las organizaciones sindicales. En cualquier parte los comunistas habrían hecho lo mismo, pero en Colombia se encontraron con que el único sector de asalariados potencialmente interesados en la organización sindical y la presión de todo tipo eran los empleados estatales, es decir, los beneficiarios del sistema que en teoría el comunismo pretendía destruir, los amigos de los políticos de los partidos tradicionales, las personas de las clases acomodadas de las ciudades que podrían aspirar a obtener cómodas sinecuras gracias a su condición de privilegiados.

Grupos sociales como el magisterio, los empleados de empresas como Telecom y Ecopetrol, de las entidades públicas de salud, como el Seguro Social, etc., encontraron en las habilidades organizativas de los comunistas una verdadera mina para asegurarse privilegios y formas de presión irresistibles. Tanto por el afán de control de los comunistas como por la eficacia de la lucha sindical, la existencia de guerrillas relacionadas con el mismo partido fue de una utilidad extraordinaria. Gracias a esa fuerza fue posible convertir la minoritaria CSTC de los años setenta en la hegemónica CUT de los noventa. Y ciertamente los administradores y directivos no estaban para oponer mucha resistencia a esa presión. Si todo el mundo ha oído hablar de la ineficacia de las entidades públicas, en Colombia eso se multiplica; y con la perspectiva de una toma del poder por los comunistas, aún más. Los altos cargos siempre han estado pendientes de enriquecerse mientras ocupan sus puestos, no faltaría más sino que los arriesgaran o incluso se jugaran la vida para impedir la expansión del sindicalismo comunista.

4. El partido de los amos. De ese modo, sean cuales sean las creencias de los militantes, sin apartarse de la doctrina, el comunismo en Colombia lejos de ser una fuerza de rebelión que aprovecha el descontento de los excluidos es el principal frente de organización de la clase que desde siempre domina a la sociedad a través del Estado. El aspecto de explotación del resentimiento de gente humilde sólo funcionó con una minoría ínfima de campesinos desplazados a las zonas más inhóspitas y fue primero alimentado por los sueños de emular a Castro que prosperaron en las universidades y después por los recursos del narcotráfico. La capacidad de presión de los comunistas habría sido insignificante sin haber alcanzado la representación de los ¡trabajadores! estatales.

5. ¿Por qué necesitan la guerrilla? Esto es de la máxima importancia para entender por qué la llamada izquierda democrática no puede romper realmente con las FARC: a diferencia de Venezuela, falta el gran botín que repartir entre los pobres y por eso un triunfo electoral es realmente imposible. Quien pretenda hacer frente a la fuga de capitales, al aumento de cargos parasitarios y de prebendas para la base de asalariados estatales (y por tanto del gasto), al rechazo de la mayoría de los militares y de muchos otros sectores sociales, etc., no puede basar su aspiración en promesas y buenas palabras, necesita un elemento de disuasión eficaz. Es más o menos como si en Sudáfrica de después del apartheid se presentara un partido blanco con pretensiones de ganar las elecciones con el voto de los negros. Siempre perdería.

Así, lo que llegó a ser el comunismo en otros sitios (una sociedad de esclavitud generalizada en provecho de una casta) en Colombia sólo necesitó la resistencia de la sociedad tradicional a cualquier reforma liberal. La doctrina comunista partía del sueño de crear una sociedad sin clases y sin Estado, pero en Colombia ha significado la imposición más inicua de la jerarquía de "estratos" gracias al saqueo que se ejerce sobre todos los que trabajan a través del Estado, siguiendo la costumbre de la encomienda.

6. Guerra fría para rato. Pero la retórica comunista les sigue siendo necesaria: la vida intelectual en Colombia es tan precaria que la creencia en una superación del capitalismo por el socialismo es unánime, y por eso la afirmación de un orden de esclavitud sin la salmodia anticapitalista resultaría intolerable, sobre todo para los descendientes de los que exterminaron y esclavizaron a los aborígenes con el pretexto de la evangelización. No es que la guerra fría se mantenga por enquistamiento de odios, como supone un comentarista de El Espectador, sino que la gastada retórica comunista ayuda a mantener el dominio de la misma casta de siempre.

7. Divertimentos académicos. El episodio de las críticas de José Obdulio Gaviria a un profesor comunista de la Universidad Nacional que predica la violencia permite ver hasta qué punto por una parte el sentido de esa universidad es proveer rentas a los divulgadores de la doctrina y por la otra formar a los futuros activistas, cuya participación en la lucha dependerá de su estrato. Desgraciadamente en Colombia quejarse de esos proyectos se traduce en censurar el pensamiento y la larga ristra de amenazas que ha recibido el asesor presidencial se presentan como defensa de la libertad de expresión.Los lectores deberían por ejemplo prestar atención a esta revista que publica escritos de profesores de la Universidad Nacional. ¿Quién había de protestar por el contenido de estudios académicos? Para poner un ejemplo, este artículo, verdadera salmodia satánica que habría hecho sonrojar a Jojoy termina con esta belleza:

El contexto de la economía política colombiana analizado en este artículo, posibilita una gran respuesta popular en contra de este modelo de dominación, explotación y expoliación, tal y como viene ocurriendo en la mayor parte de los países de América Latina. Esta resistencia de los explotados y oprimidos debe proyectarse hacia gobiernos verdaderamente alternativos que empiecen a confrontar esta tiranía política y social del capital globalizado desde una perspectiva socialista.

Es lo que en sentido colombiano se llama rigor académico, por eso el profesor que predicaba la violencia, colaborador de la misma revista, fue defendido por decenas de columnistas con el cuento de que se trataba de una discusión académica. Lástima que esa violencia teórica se interprete de otro modo según la revista:

ESPACIO CRÍTICO es un proyecto de intelectuales e investigadores sociales que a través de sus trabajos de investigación en diversos campos de las ciencias sociales, la cultura y el pensamiento político, así como de sus análisis de la coyuntura política y económica, nacional e internacional, pretende contribuir a la causa del movimiento social y popular, constituirse en punto de apoyo de sus discusiones, de sus luchas y movilizaciones.

8. La larga conquista del Estado. A nadie debe caberle la menor duda: el que amenazó a Londoño sabe por qué pretende hablar en nombre del Estado: sólo les hace falta tener suerte mandando cilindros y masacrando soldados, la parte principal del control estatal ya la tienen y la sociedad colombiana no quiere salir del sopor y darse cuenta de que las FARC son la fuerza de choque de ese clero millonario y linajudo que en gran medida domina el Estado y simplemente ha heredado de sus antepasados encomenderos el mando y el hábito de mentir. Es tanta la ceguera que otro profesor de los que colabora en esa revista y escribe la misma retórica comunista ¡dirigía el Instituto para el Desarrollo de la Democracia!

9. Después del 91. De hecho, recientemente Eduardo Pizarro se felicitaba del gran triunfo de la "izquierda" que fue la Constitución del 91. Si se evalúan sus particularidades y lo que ha ocurrido después, por ejemplo con la Corte Constitucional, se puede ver que ni siquiera hace falta cambiar las leyes, sólo eliminar a quienes ven con temor el ascenso del paraíso socialista (que todo el mundo ha rechazado, salvo países más atrasados que Colombia como Venezuela, Bolivia o Nicaragua). Puede que el esfuerzo de los dos gobiernos de Uribe haya sido eficaz contra las FARC, pero el control del Estado por las redes de la llamada izquierda democrática no ha menguado. Y por otra parte es una tendencia demasiado profunda, con demasiado arraigo para que el Estado esté a salvo: sólo un programa audaz que reduzca el gasto público, sobre todo el destinado a adoctrinar terroristas, permitirá esperar que en Colombia se afiance la democracia liberal.

Pero es bien difícil.

El pertinaz magnetismo de los fierros

Publicado en el blog Atrabilioso el 26/09/2007

Finalmente, el episodio de la polémica de Petro con los comandantes de las FARC sólo sirvió para mostrar que el PDA sigue siendo el aliado natural de la banda, por mucho que los medios intentan convencer a la gente de que se dio un rechazo enérgico a la banda. Por el contrario, lo que ocurrió fue que del proyectado debate sobre la relación de las FARC con la política colombiana nadie volvió a hablar.

Particularmente repugnante ha resultado al respecto la salida del ex ministro Rudolf Hommes, una muestra más de algo que no debería pasar inadvertido para nadie: la sospechosa adhesión de toda la camarilla de César Gaviria a los intereses de Chávez desde la crisis de abril de 2002. El artículo de Hommes termina con esta perla:

El Polo nos ha dado una lección de cómo se resuelven los problemas: en una sola sentada se pusieron de acuerdo sus dirigentes en lo principal, que era conservar a Petro y a Carlos Gaviria, repudiar a la guerrilla y trabajar juntos por la paz. ¿Podrá el país llegar a un acuerdo político para pasar de la "seguridad democrática" a la seguridad que se deriva de paz, prosperidad y justicia social? No podemos seguir patinando indefinidamente sobre lo mismo, y que todo a nuestro alrededor progrese, mientras aquí todo sigue igual.

Es un artículo mediante el cual se intenta convencer a la gente de que el gasto en seguridad es un error porque estaría mejor invertido en promover el desarrollo económico, como si el notable crecimiento de los últimos años no fuera el resultado precisamente de ese gasto en seguridad. Es muy llamativa la justificación de la guerrilla que hay en ese texto: no es que la seguridad provenga del esfuerzo por contener las amenazas de los criminales, sino de la paz que aparece ligada a la "justicia social". ¿Es la guerrilla el fruto de la "injusticia social"? ¿O es la tropa de los López y los Samper y los Santos y Santodomingo, junto con lo más granado de los linajes oligárquicos para asegurarse el dominio? La respuesta de Hommes es la misma que daría un Jaime Caycedo.

Pero respecto a que los líderes del PDA se pusieron de acuerdo para "repudiar a la guerrilla" y "trabajar juntos por la paz", nada mejor que prestar atención a la Declaración firmada por el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria en la que según Hommes se repudia a la guerrilla. Aunque, ¿cómo puede alguien ponerse de acuerdo con quien recomienda no llamar "criminales" a las FARC porque es como pasarse de la raya y complicar las cosas? Tal prodigio es obra de la ex candidata a la vicepresidencia, Patricia Lara Salive.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PDA
El Comité Ejecutivo Nacional del POLO, reunido en Bogotá el día 19 de septiembre expide, por unanimidad, la siguiente declaración:
1. El POLO es un partido pluralista, democrático y civilista en el cual conviven diversas tendencias unificadas en el acatamiento al Ideario de Unidad, los estatutos y los demás documentos programáticos que enmarcan su acción en el Estado Social de Derecho, y que rechazan el uso de las armas para acceder al poder o como instrumento de acción política para buscar beneficios en alianza con el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo.

[La redacción es torpe y el sentido es absurdo, pero parece que se trata de salvar la ambigüedad, es decir, no se lee "condenamos el uso de armas para acceder al poder", que sería una condena a las guerrillas, sino "el uso de armas para acceder al poder en alianza con las guerrillas", lo cual corresponde a un viejo asunto: "nosotros no usamos armas". Eso es completamente claro, el PDA se niega a usar armas para acceder al poder, nadie los ha acusado de eso, pero si rechazan el uso de armas para acceder al poder, ¿se debe entender que renuncian a la "solución política negociada del conflicto social y armado"? personajes como Rudolf Hommes aplauden la declaración, pero ¿acaso esa solución negociada no es la aceptación del uso de armas para acceder al poder? Queda claro, rechazan el uso de armas pero no van a prohibirles a otros usarlas. Es lo que han hecho siempre, no hay ninguna novedad.]

Reafirmamos la unidad del POLO como un partido con opción de poder. Existen bases sólidas ideológicas, políticas y organizativas que garantizan su unidad. El presidente Doctor Carlos Gaviria es garantía de esta unidad y símbolo ante el país, de nuestro compromiso con la institucionalidad democrática.

[Es decir, declaran que no se dividen y que como símbolo de su compromiso con la institucionalidad democrática escogen a un señor que dice que en Colombia no hay democracia y que quienes se levantan en armas y matan a decenas de miles de personas para imponer un régimen como el cubano tienen "motivaciones altruistas". Nadie debe esperar que pidan la desmovilización de las FARC, ya han declarado que siguen unidos, ya han desilusionado a los enemigos que querían que se dividieran.]

2. Respecto de la utilización de formas violentas de acción con propósitos electorales lo único que no puede ocultarse ante el país y el mundo es el hecho judicialmente probado de que la elección del Presidente Uribe, y sus amigos en el Congreso, estuvo acompañado de apoyos del paramilitarismo.

[Es decir, no hay motivos de división por afinidad con las guerrillas sino de unidad en torno a la denuncia de la afinidad del paramilitarismo con Uribe en procesos electorales. ¿Dónde está eso judicialmente probado? ¿Qué pasó en la última elección en el Tolima, en Nariño y en La Guajira? Ahora el problema de la unidad de fines con las FARC se reduce a las presiones armadas en las elecciones, y ante ese hecho más que evidente en zonas urbanas azotadas por las milicias, se responde con lo "judicialmente probado". Los que vienen a reconocer la rectitud del comunicado desde una supuesta veeduría cívica terminan asqueando más que los pobres niños castra-policías.]

3. De igual manera, es parte del ideario político del POLO el rechazo de los métodos utilizados por distintos protagonistas de la confrontación en el conflicto armado interno tipificados como infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra o de lesa humanidad. El POLO condena todas estas prácticas atroces, así como la toma de rehenes, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias, torturas, uso de armas y explosivos de acción indiscriminada, ataques a bienes e infraestructura, servicios públicos, a la población civil y todo acto de terrorismo.

[Qué pérdida de tiempo leer todo esto: ¿dónde está el rechazo al levantamiento armado? No se condena el hecho de que las FARC existan y pretendan imponer un régimen de esclavitud, sino los "métodos" que se emplean. Hace falta mucho cinismo para no ver en ese párrafo el llamado a matar soldados y policías, conducta que no infringe el DIH y que ningún sector del PDA ha condenado nunca. Realmente, los motivos de Hommes han de ser muy viles (y copiosos) para llegar a encontrar "repudio" de la guerrilla en semejante texto.]

4. Nos oponemos una vez más a la violencia, al terrorismo y a la guerra. Reafirmamos nuestro apoyo a la solución política del conflicto armado. Condenamos el homicidio de los once diputados del departamento del Valle. Señalamos la responsabilidad de sus captores, las FARC, en su trágico final. Rechazamos la práctica del secuestro, exigimos la libertad de todos los cautivos y presos políticos, y respaldamos las iniciativas de la comunidad internacional y de Jefes de Estado por el intercambio humanitario y el cese de la violencia y de la guerra.

[Pero ¿cuáles son los presos políticos? ¿En Colombia hay presos políticos? ¡Se está diciendo que los asesinos de las FARC que están presos por matar gente son presos políticos! ¿Piden la libertad de los secuestrados? NO: hace falta dirigirse a colombianos para que les quepa en la cabeza que se pida la libertad de los secuestrados y al mismo tiempo el "intercambio humanitario". El "rechazo de la guerra" es también típico, tras la masacre de El Nogal salieron a gritar "Ni un peso más para la guerra"; en cuanto al "cese de la violencia y la guerra", ¿alguien duda de que también es un objetivo del Secretariado de las FARC? Simplemente hay dos opciones, o las FARC desisten o se las premia. El PDA declara estar por el premio de la labor de las FARC, nadie debe entender otra cosa, decir "Acójanse a la Ley de Justicia y Paz", por complaciente que esta ley les parezca con el crimen, no es nada difícil. El PDA es claro, ve el conflicto como un hecho consumado y quiere su solución negociada de forma que se reconozca a las FARC igual legitimidad que al Estado; el problema es la moralidad de los demás colombianos, no sólo de los que mejoran sus ingresos gracias a su credulidad.]

5. No aceptamos y condenamos las declaraciones hechas por miembros de las FARC en contra de Gustavo Petro, María Emma Mejía, Luis Eduardo Garzón y Antonio Navarro y otros dirigentes del POLO, así como los señalamientos del jefe del Estado y otros funcionarios contra los integrantes y líderes de nuestro partido como “guerrilleros de civil”; y las amenazas a candidatos y candidatas de nuestro partido y de otros partidos, por parte de cualquiera de los actores armados ilegales y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes les exigimos el respeto y la no interferencia en el proceso electoral que se avecina.
De la misma manera, rechazamos el montaje y las acusaciones falsas y temerarias contra el Senador del POLO Alexander López, hechas por un integrante activo de grupos paramilitares, preso en la cárcel de Palmira.

[Pero, ¿dónde están las amenazas de los cuerpos de seguridad del Estado? Sólo se pretende convertir a las instituciones en algo equivalente a la tropa de asesinos a los que apoyan la mayoría de los miembros del Polo. Lo de "exigir respeto" es otro paso de legitimación: ¿se está contra los asesinos o se "exige respeto" de ellos? ¿Se les pide su renuncia a imponer su programa o se lidia con ellos aceptando su papel? No debería pasarse por alto que según ese párrafo las FARC resultan igual de legítimas que el ejército.]

6. El POLO ratifica la condena a las políticas antidemocráticas, guerreristas y antipopulares del presidente Alvaro Uribe, porque ellas son contrarias a los intereses económicos sociales y políticos de los colombianos y al programa del POLO.

[Es decir, el intento de brindar seguridad, como habitualmente, es "guerrerismo" y es "antipopular".]

La ausencia de denuncias por parte de los políticos afines al gobierno de esa declaración y en general de toda la trayectoria del PDA y de los medios amigos (toda la gran prensa), que NUNCA han pedido la desmovilización de las guerrillas, sólo es muestra de algo que denunció Octavio Paz hace varias décadas: la derecha en Latinoamérica no tiene ideas, sólo tiene intereses. Pero la sociedad colombiana no debe dejarse engañar: todo el poder de las guerrillas deriva de la solidaridad que obtienen de sectores sociales y políticos influyentes. Sin esa solidaridad no tendrían la menor esperanza de llegar a ninguna parte.

Y es lícito mantenerse en algo que hemos dicho hace años: apoyar mediante el voto a quienes promueven la continuación de los asesinatos y no su fin es una forma de ser cómplices de esos crímenes. Si se tiene en cuenta que el poder político que esperan obtener de una negociación que significa simplemente la abolición de la democracia irá a parar a manos de los dirigentes del PDA y no de los pobres rústicos que forman parte de las guerrillas, esa complicidad se hace más clara y más repugnante.