El octavo año de Uribe

Hace siete años empezaba a darse por descontado el triunfo de Uribe en las elecciones presidenciales, y dentro de un año también estará claro quiénes podrán gobernar a Colombia en el siguiente periodo. El año que queda es crucial para el futuro del país.

A pesar de lo que muchos piensan, no es tan seguro que Uribe se presente de nuevo como candidato: las presiones de todo tipo que afronta podrían hacerlo desistir, así como la conciencia de que un tercer periodo estaría rodeado de dificultades y podría darse el colapso de la experiencia uribista.

Ese peligro consistiría en la inestabilidad política que derivaría de la situación de relativa ilegitimidad: si la constitución es tan maleable que se puede cambiar cada vez que conviene al gobierno, en la realidad no hay otra norma que el capricho gubernamental o de las mayorías, y nadie podrá decir que Uribe no volverá a ser candidato en 2014, 2018 y 2022. Toda oposición lo sería a un gobierno perpetuo, y da casi lo mismo que se considere dictadura o democracia plebiscitaria.

Pero a esa oposición que siempre estaría en desventaja frente a la popularidad del caudillo la concentrarían los amigos de los terroristas, tratando de tomar el poder como representación de la resistencia de los “verdaderos demócratas”. ¿Ya se han olvidado las huelgas de maestros y las marchas indígenas? Se puede dar por descontado que proliferarían, así como los actos violentos originados en las universidades: ¿qué proporción de los estudiantes de las universidades públicas bogotanas creen a pie juntillas que el presidente es el jefe del tráfico de cocaína? Yo sólo puedo asegurar que lo repiten todos los que conozco. En cuanto se pueda presentar la violencia organizada como respuesta a un dictador al que desprecia la nueva generación, liderada por Obama, no habrá modo de contenerla.

A eso habría que añadir el desgaste de tantos años de gobierno y el olvido de los colombianos de lo que fueron las décadas anteriores. Si se piensa que en estos siete años no ha saltado un gran escándalo de corrupción como el de Foncolpuertos, sería muy estúpido pensar que alguna doctrina o alguna retórica ponen a algún sector político a salvo de las maquinaciones de los corruptos. Puede que las amenazas de romperle la cara al tramposo no sean suficientes.

El reciente episodio de los negocios de los hijos del presidente es un buen ejemplo de eso: no importa si se ha cometido un delito, primero porque podría haber ocurrido y sería imposible demostrarlo, y segundo porque la empresa que compró los terrenos favorecidos por la calificación como zona franca podría haber contado con asesores que jugaban limpio(es decir, que evaluabn las posibilidades de recalificación sin recurrir al tráfico de influencias): lo cierto es que los hijos del presidente sacaron provecho de una operación especulativa, y que eso erosionará la imagen de Uribe. Es decir, el problema no es el posible delito ni la posible indelicadeza, sino la imagen que de eso saquen los ciudadanos.

Y es que muchas otras personas se habrán lucrado de esas recalificaciones de terrenos, incluso gracias al “delito de iniciados”, que siempre es tan difícil de probar, pero no es lo mismo que los beneficiados sean parientes del primer mandatario. Los negocios de éstos deberían ser ajenos a esa clase de operaciones cuya rentabilidad depende de decisiones de empleados del gobierno.

Pero más allá de que Uribe resuelva presentarse o no, todavía hace falta completar el segundo gobierno, y el año que queda es difícil, con el desempleo aumentando y las exportaciones menguando y con el constante deterioro de la imagen del gobierno a causa de la segunda reelección. Creo que es el precio que Uribe paga por no plantearse modernizar la política y crear un partido centrado en un ideario liberal-democrático.

El periodo preelectoral será un anuncio de lo que podría ser una década espantosa: ya he mencionado lo que ocurriría con un tercer gobierno de Uribe, pero en caso de que ganara alguno de sus opositores actuales, que en la práctica lo comparten casi todo, la situación sería mucho peor. Todos los candidatos alternativos que han aparecido necesitarían de la izquierda democrática en la segunda vuelta, y serían sus rehenes.

Pero una política de apaciguamiento con las guerrillas con la consiguiente recuperación visible de éstas llevaría a una guerra civil. Y tanto Uribe como los ambivalentes serían responsables de esa catástrofe.

Lástima que no haya políticos con valor e ideas capaces de ganarse a las mayorías que hoy apoyan a Uribe, por ejemplo proponiendo un referéndum que prohíba la negociación política con los terroristas, o un cambio radical en la política económica, que permitiera mejorar los indicadores de empleo.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 22 de abril de 2009.)

No a la segunda reelección

El silencio del presidente sobre la propuesta de algunos de sus partidarios de lanzarlo como candidato en 2010 tras una nueva reforma legal es ominoso, aunque por los mismos motivos también se puede sentir alivio de que todavía no haya hecho pública esa aspiración. Pese a que todos los chavistas y afines dan por sentado que finalmente se promoverá la reforma y Uribe se presentará, algunos pensamos que eso sigue siendo bastante improbable.

Pero ésa es una discusión sin sentido que sólo se resolverá cuando haya pasado el tiempo, lo interesante es la actitud que asumamos respecto a esa posibilidad. Muchas personas que se oponen al socialismo del siglo XXI y a la negociación política con los terroristas se aferran a la fortaleza aparente del gobierno y al prestigio de Uribe para conjurar la amenaza, pero otros pensamos que un tercer periodo de Uribe en la presidencia más bien abriría el camino a un ascenso de esos políticos funestos.

Voy a enumerar los motivos que en mi opinión hacen desaconsejable la segunda reelección:

1. La maleabilidad de las normas a favor del poderoso es la negación de la democracia. No es verdad que al poder proponer candidatos para las altas cortes y para otros cargos de importancia se niegue la división de poderes, porque eso no depende de que el presidente sea Uribe sino de la orientación del gobierno, y no sería muy democrático que las opciones políticas mayoritarias quedaran fuera con el pretexto de salvaguardar la división de poderes. Se trata de una mentira burda que deja ver el bajo nivel de la discusión política en la prensa colombiana (como si alguien tuviera derecho a gobernar o a elegir altos funcionarios sin respaldo de las urnas). Pero lo cierto es que ninguna república presidencialista equilibrada tiene presidentes que permanecen en el cargo 12 años seguidos.

2. Las redes de corruptelas y presiones se incrustan en el aparato estatal. Es algo bien sabido que todos los gobiernos largos terminan manipulados por quienes van detrás de los grandes negocios. Es verdad que si se comparan los escándalos de este gobierno con los del de Pastrana, a pesar de llevar ya seis años, son menores, pero ya los del periodo de Pastrana eran mucho menores que los del gobierno de Samper. En todo caso conviene que los cargos públicos se renueven y haya contrapesos que impidan el dominio de esas redes.

3. El cambio político tras doce años de continuismo favorecería a los chavistas. Dando por sentado que el triunfo de Uribe, caso de presentarse, sea seguro, lo cual está por verse, ocurrirá que todo el descontento que se genere lo capitalizarán en 2014 los enemigos del sistema democrático. Sobre todo por la aparición de nuevos votantes que ya no recuerdan el Caguán y que sí sufren la presión de la propaganda y el adoctrinamiento (respecto del cual la actitud del gobierno es bastante complaciente), los cuales se ilusionarán con algún demagogo aliado de los herederos de la siniestra democrática de hoy en día. Es lo contrario de lo que ha hecho la derecha en El Salvador, donde los brillantes logros de Alfredo Cristiani no lo llevaron a hacerse presidente vitalicio pero sí han permitido que su partido siga gobernando al cabo de veinte años, con una notable mejoría en todos los indicadores económicos, de asimilación de la democracia y de desarrollo humano.

4. No hay hecatombe a la vista. Cuando se empezó a hablar de la segunda reelección Uribe señaló que él sólo se presentaría en caso de que hubiera peligro de hecatombe, es decir, de ascenso de un chavista en 2010, lo cual parece más bien improbable. ¿Qué necesidad hay de forzar la institucionalidad cuando la amenaza parece de momento conjurada? Sencillamente hay redes de intereses y políticos sin ideas que se aferran a las rentas que obtienen a la sombra del presidente. De ese modo la segunda reelección se vuelve un atentado contra la competencia entre los diversos aspirantes a cargos, los que tienen alguna relación con el gobierno ahora juegan con ventaja y para eso no vacilarán en ser complacientes con la corrupción que, como ya expliqué antes, siempre es mayor a medida que un gobierno se mantiene en el poder.

5. No conviene que el país se asome de nuevo al abismo. Cuando el Congreso y la Corte Constitucional tienen que reformar la Constitución para complacer determinada aspiración del mandatario, la legitimidad del sistema empieza a ponerse en duda, lo cual resultaría en extremo rentable para los chavistas, cuyas añagazas no podrían ser refutadas tan fácilmente. La situación de inseguridad jurídica no favorecería ni el crecimiento económico ni el desarrollo institucional.

6. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Sería un grave error desconocer los logros del gobierno de Uribe, pero el resultado de considerarlo insuperable sería aún peor. Lo mismo que con la presencia de adoctrinadores totalitarios en las escuelas públicas, son muchos los terrenos en que el gobierno de Uribe ha mostrado resultados muy discutibles. Por ejemplo en materia de creación de empleo, respecto de la cual ha continuado y aun agravado viejas prácticas funestas que sólo conducen a reforzar el poder estatal a costa de los productores (como la persistencia de la parafiscalidad o la incapacidad de imponer una tributación similar a la de los países desarrollados o en todo caso más equitativa, menos generosa con los burócratas ricos y más solidaria con los desempleados, o como la incapacidad de suprimir aranceles a las importaciones de alimentos o subsidios a bienes que consumen sobre todo los ricos, como la gasolina). Para muchas personas habría una situación insostenible ante el chantaje perpetuo de tener que apoyar políticas malas para impedir que asciendan quienes aplicarían otras peores.

7. El caudillismo destruye las posibilidades de desarrollo democrático. Cuando se piensa en la experiencia de las democracias del primer mundo resulta evidente que podrían haber prescindido de los partidos y reelegido hasta la muerte a los buenos gobernantes. La realidad hispanoamericana se podría resumir en esa imagen: regiones apartadas y de reciente poblamiento en las que las peores inclinaciones de los poderosos conducen a la creación de instituciones deformes, como si la peculiaridad del terreno recomendara usar ruedas triangulares. Si la democracia en todos los países avanzados es inseparable del sistema de partidos es porque las alternativas son peores. La persistencia de un caudillo en el gobierno hace por completo irrelevantes a los partidos. Y resulta patética una sociedad que sin su protector se siente huérfana y desvalida: la desesperación que expresan muchos ante el cese del gobierno de Uribe sólo hace pensar en lo débil que es la sociedad colombiana.

8. Se necesita una política que vaya más allá del forcejeo por los cargos públicos. Cuando se piensa en el innegable liderazgo de Álvaro Uribe para una mayoría considerable de ciudadanos se obvia la posibilidad de que ese liderazgo se mantenga aunque ya no sea el presidente. La formación de un partido con un ideario claro y una militancia depurada es una tarea tan importante como la misma presidencia, sólo que no hay ningún líder que la pueda llevar a cabo. Otro tanto se podría decir de una prensa nueva que excluya la diversa propagación de falacias justificadoras del terrorismo y de los sueños totalitarios. También de la labor de denuncia de los diversos enemigos de la democracia en Colombia, tarea que el presidente no puede hacer por sus responsabilidades institucionales.

9. Una presidencia vitalicia podría hacérselo más fácil a un émulo de Chávez que triunfara después. Una vez el país se ha acostumbrado a que un gobernante popular puede pasar por encima de las urnas, un demagogo que se gane el respaldo popular, como ha ocurrido con Chávez, podría presentarse indefinidamente a la reelección: a la tercera ya habría creado un sistema de terror que podría hacer innecesarias las urnas. (No ocurría lo mismo con la primera reelección, pues dos periodos es el límite normal para un presidente en las repúblicas democráticas presidencialistas que permiten la reelección.)

10. La hegemonía de la derecha correría peligro. El “unanimismo” que se produciría entre los enemigos del trust Münzenberg al persistir durante tanto tiempo el mismo liderazgo y el mismo estilo conduciría a un empobrecimiento de la discusión: sencillamente se estaría con el Gran Líder o se lo critica y se cae en el ostracismo. A medio plazo todas las discusiones aplazadas se volverían argumentos para los totalitarios, que sin duda sabrían explotar las censuras y renuncios del bando gubernamental para atraer votantes. La necesidad de escoger otros candidatos permitiría llevar a cabo los diversos ajustes necesarios y dejar aflorar las discusiones pendientes. Así, el papel del Estado y la actividad política como poderes sobrepuestos a la sociedad se reduciría, y las aspiraciones de la gente encontrarían mejores canales para hacerse escuchar.

Publicado en el blog Atrabilioso el 16 de abril de 2008.