Es difícil encontrar un solo gobierno de las últimas décadas en cualquier lugar del mundo que haya contado con tanto apoyo de los medios de comunicación, tanto en su país como en el exterior, como el de Santos. Y no sólo de los medios de comunicación, también de los gobiernos y parlamentos de los países más influyentes, a tal punto que su acuerdo con las FARC ha contado con el aplauso de los gobiernos de Norteamérica y Europa y aun del papa Francisco.
A medida que pasa el tiempo se van conociendo detalles de las maquinaciones que determinan esa unanimidad, como los favores al enviado especial del gobierno estadounidense a La Habana, las concesiones petroleras a la empresa estatal del país cuyo parlamento le concedió el premio Nobel, las presiones y chantajes sobre Suiza para conseguir el compromiso de ese país con sus acuerdos con los narcoterroristas (algún día se sabrá todo lo relacionado con Novartis y la amenaza de desconocer sus derechos de propiedad que contó con el desvergonzado Alejandro Gaviria en un papel estelar) o la incentivación indirecta de influyentes think tanks estadounidenses como el Atlantic Council o Diálogo Interamericano.
También se sabrá qué relación tiene con este gobierno el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a los favores de los gobiernos con los que tiene relación, que es hoy por hoy el primer accionista de la empresa que posee el New York Times y también posee empresas petroleras con intereses en Colombia. A lo mejor también se sabe cuánto influye el gobierno cubano y su amplísima red de propagandistas y espías, si bien es difícil encontrar pruebas de los incentivos que se pagan a través de la Caja B (la industria de la cocaína, en la que los pacifistas de las FARC y el gobierno venezolano tienen una innegable y amplia participación).
Sin algún tipo de presión por parte de Slim y de intereses espurios de por medio, es inconcebible que uno de los medios periodísticos más influyentes del mundo como es el New York Times publique una pieza de la más desvergonzada propaganda como el editorial sobre Colombia que apareció el pasado 14 de octubre, cuyas mentiras y cuya mala intención me propongo mostrar.
A medida que pasa el tiempo se van conociendo detalles de las maquinaciones que determinan esa unanimidad, como los favores al enviado especial del gobierno estadounidense a La Habana, las concesiones petroleras a la empresa estatal del país cuyo parlamento le concedió el premio Nobel, las presiones y chantajes sobre Suiza para conseguir el compromiso de ese país con sus acuerdos con los narcoterroristas (algún día se sabrá todo lo relacionado con Novartis y la amenaza de desconocer sus derechos de propiedad que contó con el desvergonzado Alejandro Gaviria en un papel estelar) o la incentivación indirecta de influyentes think tanks estadounidenses como el Atlantic Council o Diálogo Interamericano.
También se sabrá qué relación tiene con este gobierno el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a los favores de los gobiernos con los que tiene relación, que es hoy por hoy el primer accionista de la empresa que posee el New York Times y también posee empresas petroleras con intereses en Colombia. A lo mejor también se sabe cuánto influye el gobierno cubano y su amplísima red de propagandistas y espías, si bien es difícil encontrar pruebas de los incentivos que se pagan a través de la Caja B (la industria de la cocaína, en la que los pacifistas de las FARC y el gobierno venezolano tienen una innegable y amplia participación).
Sin algún tipo de presión por parte de Slim y de intereses espurios de por medio, es inconcebible que uno de los medios periodísticos más influyentes del mundo como es el New York Times publique una pieza de la más desvergonzada propaganda como el editorial sobre Colombia que apareció el pasado 14 de octubre, cuyas mentiras y cuya mala intención me propongo mostrar.
El hombre que bloquea la paz en Colombia
Un libro que se ocupara del pasado reciente de Colombia tendría que reconocer al ex presidente Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, como quien estableció la base para las negociaciones de paz con las guerrillas al liderar una ofensiva contra los insurgentes que los llevó a la mesa de negociación. Sin embargo, de forma desconcertante, el señor Uribe se ha convertido en el principal obstáculo para una salida negociada al conflicto de 52 años en Colombia.
La mentira de que las FARC fueron a negociar porque las habían golpeado, como si no fuera su único objetivo y la única forma que tienen de acceder al poder: es para negociar para lo que matan y secuestran y trafican con cocaína. Sencillamente tenían a su hombre en la presidencia. Uribe abrió el camino para esa negociación porque hizo elegir presidente a Santos. Y no es en absoluto obstáculo para “la paz” sino un intermediario entre la mayoría de la población que no quiere someterse a los terroristas y la clase política, que intenta asegurarse una parte del botín. De no ser por Uribe no habría negociación de paz porque la población encontraría otros cauces para oponerse al narcorrégimen. No es el obstáculo para que los terroristas se impongan sino para que haya verdadera resistencia. No se opone a que se premie el genocidio sino que procura introducir matizaciones y hacer “críticas constructivas” para “formar parte de la solución”.
No es demasiado tarde para que Uribe, que mantiene una alta popularidad entre muchos colombianos, comience a comportarse como un hombre de Estado más que como un aguafiestas. Las decisiones que tome en las próximas semanas podrían determinar si el acuerdo de paz de su sucesor Juan Manuel Santos con la mayor guerrilla del país acabará de forma permanente con el derramamiento de sangre o si será otra oportunidad perdida. Un fracaso sería una tragedia, y lo más probable es que eche a perder el legado de Uribe, sobre todo porque no ha ofrecido una alternativa viable.
Un hombre de Estado, según se desprende del editorial, es aquel que renuncia a la ley y a la justicia en aras de complacer a unos genocidas que han cometido muchos más crímenes que los yihadistas en toda su historia y por supuesto más que los nazis cuando Francia e Inglaterra les declararon la guerra. Si hubiera que hacerle caso a ese editorial, ¿para qué iba a existir el derecho penal? También los policías arriesgan su vida al tratar de contener a los asesinos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para premiarlos y así detener el derramamiento de sangre? Todas estas preguntas son normales para un colombiano, pero no para un estadounidense que no sabe nada de las FARC y por muchos medios recibe datos falsos de la propaganda. Sólo hay que imaginarse cómo serán las noticias del New York Times sobre Colombia si en un editorial se atreven a sugerir algo así. ¿Tendrá algún lector del periódico la más remota idea de lo que contiene el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos? ¿Sabrá de qué modo para el gobierno colombiano y para la inmensa mayoría de los funcionarios la condena a 17 años a Andrés Felipe Arias por un "delito" que no aparece en el Código Penal es legítima mientras que el premio a los que han reclutado, violado y forzado a abortar a miles de niñas es una forma de alcanzar la paz? El hecho de leer algo tan repugnante como ese editorial hace que uno se sienta sucio, como si hubiera presenciado escenas de canibalismo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Cómo pueden atreverse a publicar algo así?
En agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, aceptaron dejar las armas y participar en política después de cuatro años de negociación con la administración Santos.
No entregan las armas ni se disuelven ni piden perdón ni sobre todo desisten de su propósito de implantar la tiranía comunista. El editorial hace creer que alcanzar sus fines a pesar del tremendo esfuerzo que significó intentar aplicar la ley es una concesión generosa que habría que darles, como si en lugar de desembarcar en Normandía se acordara entregarle a Hitler algunas colonias británicas y se dijera que aceptó recibirlas. Más indecencia requiere bastante imaginación.
A comienzos de este mes, los votantes colombianos rechazaron, por estrecho margen, ese acuerdo en un plebiscito, muchos de ellos por efecto de la hiperbólica y engañosa campaña que encabezó Uribe, que acusó, junto con sus aliados, al presidente Santos de ofrecer amnistía general a los criminales de guerra marxistas, que, según advirtió, podrían terminar tomándose el poder en el país. También afirmó, sin pruebas, que el acuerdo sería lesivo para el sector privado. El político que dirigió la campaña de Uribe por el NO, Juan Carlos Vélez, incluso admitió en una entrevista que habían evitado explicar los contenidos del acuerdo y, en cambio, “enfocaron su mensaje en la indignación”.
El "estrecho margen" es nada menos que del 83% del censo electoral, sin que se pueda suponer que el 17% que votaron a favor del sí lo hicieran libremente y según su opinión leal, por no hablar de las posibilidades inmensas de fraude directo en las regiones de escasa población. ¿Se podrá imaginar el votante estadounidense la asimetría entre las campañas del SÍ (con todos los recursos públicos a su favor) y del NO (con toda clase de amenazas incluso físicas para quienes la hacían), que escandalizó por ejemplo a Fernando Savater? ¿Y las presiones a los alcaldes y a toda clase de funcionarios para que lleven a votar a sus clientelas a cambio de recursos públicos? ¿Y el adoctrinamiento a que se dedican casi todas las universidades para "formar" gente que considera paz a premiar el crimen? ¿Y la certeza generalizada de que el SÍ ganaría por amplia ventaja gracias a las encuestas mentirosas y a la propaganda incesante, que llevó a muchos posibles votantes a abstenerse? Citan al señor Vélez Uribe, para acusar a la campaña del NO de engañar a los votantes, pero ¿acaso los editorialistas han leído los acuerdos y pueden hablar de ellos? A lo mejor sí lo han hecho, sólo que quieren que gran parte del territorio del país pase a manos de una banda genocida, seguramente porque es lo que conviene a los que hoy controlan el periódico (como probables socios de Santos y los Castro).
Santos anunció esta semana que los diálogos de paz de su gobierno con el segundo grupo más grande de rebeldes, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comenzarán formalmente dentro de poco tiempo en Ecuador.
Los asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones de niñas y demás atrocidades de las FARC se multiplicaron a partir de 2010 debido a que se vislumbraba un premio al poder terrorista y a que el terror es la verdadera "pedagogía para la paz". El ELN, una banda moribunda desde hace mucho tiempo, recibirá a los miembros de las FARC (como ya ocurrió con los del M-19 en los noventa, caso por ejemplo de alias Pablo Catatumbo) y multiplicará sus crímenes, pues sin ellos no tendría sentido que se negociara con la banda. No obstante, explotando el escaso conocimiento que tendrán los lectores estadounidenses, el equipo editorial del New York Times les hace creer que tal anuncio es una buena noticia.
Para que el acuerdo con las FARC vuelva a encarrilarse y los diálogos con el ELN den resultados, Uribe tendrá que desempeñar una función constructiva. Tras el plebiscito, presentó una serie de demandas poco realistas respecto del acuerdo de paz con las FARC, entre las que estaba revocar el sistema de justicia transicional con un tribunal especial, que está en el núcleo del acuerdo. Ese tribunal ofrecería amnistía a la mayoría de los combatientes rasos y castigo benévolo a los miembros de la guerrilla que confiesen delitos graves."
En este párrafo la voluntad de engañar a los lectores es manifiesta, abierta, sólo que los colombianos no leen muy bien el inglés y los estadounidenses no saben mucho de Colombia. Resulta que el tribunal que nombran los propios terroristas no sólo podría mostrarse indulgente con ellos, sino también castigar a quienes les han estorbado. El "realismo" que le "proponen" a Uribe sería sencillamente renunciar a la más elemental justicia y a la más elemental noción de democracia. El tribunal que surge del acuerdo rechazado por los colombianos es sencillamente la implantación de la tiranía comunista, pues sería un órgano de terror incontestable. Lo realista es pedir lo que para estos malhechores es imposible, el cambio completo del texto del acuerdo para impedir que desde el poder se multipliquen los asesinatos, como ha ocurrido con los comunistas en TODOS LOS CASOS en que han llegado al poder. Imagínese el lector que alguien propusiera algo así para la mafia siciliana o cualquier otra banda responsable de atrocidades que sufrieran los lectores de ese periódico. Lo "realista" es una noción gangsteril que hace pensar en esos editorialistas como verdaderos cobradores de secuestros.
Si Uribe tiene una idea mejor que sea realizable, debería enviar una delegación a La Habana, donde los líderes de las FARC están actualmente instalados, para buscar compromisos en asuntos relacionados con la justicia y la participación política. Si todas las partes están dispuestas a negociar de buena fe, un acuerdo final puede alcanzarse antes de que acabe el año. En días recientes, miles de colombianos que apoyaron el acuerdo de paz se han tomado las calles para llamar a la clase política a trabajar juntos por una pronta resolución.
La mentira alcanza cotas cada vez más atroces. ¿De modo que Uribe no quiere enviar una delegación a La Habana ni llegar a compromisos con las FARC? Pero si es precisamente lo que quiere y no le dejan hacer porque los acuerdos sólo son entre el gobierno elegido como uribista y los terroristas dirigidos por los Castro, cuyo principal socio en Colombia es precisamente el hermano mayor del presidente (cosa que muy pocos estadounidenses sabrán). Los "miles de colombianos que se tomaron las calles" son los mismos estudiantes universitarios que sirven de base social a los terroristas y que en muchas ocasiones "han tomado las calles" para cobrar los secuestros y masacres, como ocurría cuando intentaban que el secuestro de Íngrid Betancur sirviera para abolir la ley.
Si la pelea se extiende más allá de este año, la ayuda internacional comprometida para desarrollar el acuerdo de paz seguramente comenzará a debilitarse. Por ejemplo, la ONU ya envió grupos de observadores que monitorearán el cumplimiento del acuerdo y asumirán la custodia de las armas de los combatientes rebeldes. No se puede esperar que estos grupos esperen indefinidamente hasta que haya un desenlace político.
Según alias Timochenko, lo que los colombianos votamos no tiene ningún valor porque el acuerdo ya está depositado en el Consejo de la Confederación Helvética. Según estos cínicos, no debe ser atendido porque la ONU ya envió grupos de observadores. En uno y otro caso el interés de una banda terrorista, y el del gobierno que la premia, debe estar por encima de la voluntad de los ciudadanos, todo bajo la amenaza de que vuelva el derramamiento de sangre, dado que se da por sobreentendido que hay dos bandos con igual legitimidad. Ya hubo un desenlace político, los colombianos rechazamos el acuerdo en el plebiscito y el acuerdo posible va mucho más allá de lo que Uribe ha pedido hasta ahora (sus propuestas son en realidad un aplauso a la negociación). Sobre todo, los terroristas tienen que disolverse y pedir perdón, por no hablar de renunciar a producir cocaína, algo sobre lo que el editorial no tiene nada que decir.
A pesar de que el gobierno y las FARC han manifestado que están comprometidos en mantener el cese al fuego que ya lleva más de un año, es más probable que haya nuevos brotes de violencia si este punto muerto se prolonga. Un regreso a la guerra, que no se puede descartar, sería catastrófico. Si eso llegara a suceder, Uribe sería el principal culpable.
No podría terminar mejor. Así ocurre cuando llaman a cobrar un secuestro: "Su hijo podría sufrir y usted sería el principal culpable". No habría brotes de violencia si Santos hubiera persistido en aplicar la ley, aunque puede que en ese caso no tuviera que negociar con Noruega y Suiza y Carlos Slim en condiciones tan lesivas para el interés de los colombianos, ni que gastarse decenas de miles de millones de dólares en propaganda de la banda terrorista, pues ¿no se la legitima cuando se la convierte en agente de paz y cuando se la equipara a sus víctimas?
Algo atroz está ocurriendo cuando el periodismo llega a ser eso. Cuando no se esfuerza en contar la verdad sino en engañar y simplemente aplica una consigna previa para favorecer intereses espurios. Ojalá la movilización de los colombianos que no compartimos los fines del gobierno y los terroristas, en realidad ligados a la expansión de la industria de la cocaína (a efectos prácticos legalizada desde hace tiempo en Colombia), permita dar a conocer al mundo la infamia que se comete con la tal "paz".
(Publicado en el blog País Bizarro el 23 de octubre de 2016.)
(Publicado en el blog País Bizarro el 23 de octubre de 2016.)
