Es muy curioso que nadie parece haberse dado cuenta de que en una semana se acaba la primera década del siglo XXI. La mayoría de los balances que publica la prensa aluden sólo a lo ocurrido en 2010 y no a la década. Tal vez porque pese a las innumerables discusiones sobre el fin del siglo XX siguió habiendo una mayoría que creía que se acababa al final de 1999.
Para la historia de Colombia en cambio esas fechas describen un periodo preciso. Casi que coincide exactamente: hace diez años la desesperación de la mayoría de la gente con los crímenes de las FARC empezó a determinar el apoyo generalizado al candidato proscrito y calumniado día tras día en la prensa: casi tanto como hoy. Esa corriente de rechazo generalizado al proceso de Pastrana llevó a comienzos de 2002 a la suspensión del proceso de paz y el despeje. Por entonces ya la mayoría uribista estaba consolidada.
Lo que tal vez no se ha entendido bien es que ese vasto movimiento popular ha cumplido su ciclo y hoy en día la realidad es completamente diferente: el gobierno de Santos no es de ninguna manera la continuidad del uribismo, y tampoco el retorno al pastranismo, como muchos han sugerido. La visión del actual presidente es un proyecto que día tras día deja ver su esencia de forma inequívoca.
Y ese hecho, esa traición al electorado que quería continuidad del uribismo y rechazó las formidables campañas de los medios, marca una etapa nueva. Un nuevo mapa político y una nueva situación que ha cogido por sorpresa a los uribistas y a muchos políticos convencidos de la imbatible hegemonía derechista, que con una serie de gestos hábiles del mandatario desleal se ha quedado en una vaga corriente de opinión que sin dificultad puede encarnar el presidente cada vez que le convenga.
Un cambio tan rotundo tiene que ser el motivo de que el planeta responda airado, y no otros pecados, como cree el general Valencia Tovar, y al parecer muchos otros comentaristas de la prensa colombiana. Al trauma de un golpe de timón lo acompañan las lluvias apocalípticas exactamente como la catástrofe de Armero acompañó a la decapitación del Estado colombiano por las mafias del tráfico de cocaína hace 25 años.
Es muy interesante la forma en que al parecer a cada generación de colombianos le toca una experiencia diferente, pues el panorama de la vida política cambia rotundamente cada 25 años: en 1910 se instauró la Asamblea Nacional Constituyente y un periodo de relativa estabilidad, hacia 1935 la Revolución en Marcha marcó el comienzo del enfrentamiento feroz entre liberales y conservadores, hacia 1960 se consolidó el Frente Nacional y la paz entre los partidos tradicionales, al tiempo que la revolución cubana anunciaba el comienzo de un nuevo paradigma y en 1985 la inestabilidad relacionada con las mafias y el terrorismo marcó el comienzo de la época más triste de la historia del país.
Antes de seguir con el significado del cambio de rumbo que impone Santos conviene detenerse en lo que ha ocurrido durante esta década, pues de la postración con que comenzaba 2001 se llegó a la euforia popular del segundo gobierno de Uribe, refrendado en las urnas, con la disolución de buena parte de las tropas de las mafias y la derrota estratégica de las bandas totalitarias.
La determinación con que se emprendió el combate contra los terroristas y la acción de gobierno permitió una inesperada recuperación en todos los órdenes a partir de 2003, recuperación que al final del segundo gobierno de Uribe se había convertido en euforia pese a la crisis mundial (que afectó menos a Colombia que a la mayoría de los países de la región).
El acierto de la gestión, y sobre todo la determinación de hacer frente a los innumerables problemas del país se le abonan al ex mandatario y justifican de sobra su popularidad. No obstante, su falta de visión de largo plazo condujo al ascenso de Juan Manuel Santos y a la relativa disolución de su facción política. Sin duda, la desafortunada pretensión de buscar una segunda reelección impidió la adecuada selección de un sucesor representativo de la mayoría, error del que todavía no ha dado muestras de ser consciente. También fue esa ocurrencia lo que distrajo la acción de gobierno y envalentonó a sus enemigos, que generaron un ambiente de agitación al final de su segundo mandato.
Si digo que la conducta del nuevo mandatario es un cambio rotundo es porque claramente de ser elegido contra la prensa y la oposición se volvió su representante: la orgía de odio contra Uribe ya no lo incluye a él, al tiempo que todos los comentaristas que legitiman el terrorismo y descalifican la labor de Uribe lo defienden. Vale la pena pues detenerse en el sentido de su actuación.
La idea de Unidad Nacional que logró imponerle al nombre del partido creado para agrupar a los que acompañaban a Uribe parecía vacía hasta que Santos fue elegido. Cuando empezó a parecer un proyecto serio de integración de la oposición y "superación de los odios" parecía una jugada hábil para gobernar sin oposición y con amplio reconocimiento. No habría nada serio que objetar.
Pero el nombramiento de Germán Vargas Lleras como ministro del Interior, la reconciliación con Chávez, el reconocimiento de las propuestas del insignificante (en términos parlamentarios) Partido Liberal y sobre todo la alianza con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejaron ver una nueva disposición: no la superación de los odios, sino la alianza con los grupos poderosos en aras de una gobernabilidad que le permitiera prescindir de Uribe y de la gente que lo eligió.
El contenido de esa gobernabilidad se expresa claramente en las leyes de Víctimas y Tierras, y es una lástima que el ruido de la prensa no haya permitido discutir su sentido real. No es sólo la instauración de una cleptocracia "engrasada" con una fortuna de casi el 20 % del PIB de un año, pues, como ya he dicho muchas veces, al final las "víctimas" que se repartirán esos fondos son los políticos, jueces y ONG, junto con algunas víctimas reales que se convertirán en clientela de los intermediarios del presidente. Es algo mucho más grave: la alianza con los instigadores del "conflicto".
El contenido de esa gobernabilidad se expresa claramente en las leyes de Víctimas y Tierras, y es una lástima que el ruido de la prensa no haya permitido discutir su sentido real. No es sólo la instauración de una cleptocracia "engrasada" con una fortuna de casi el 20 % del PIB de un año, pues, como ya he dicho muchas veces, al final las "víctimas" que se repartirán esos fondos son los políticos, jueces y ONG, junto con algunas víctimas reales que se convertirán en clientela de los intermediarios del presidente. Es algo mucho más grave: la alianza con los instigadores del "conflicto".
Es lo que debemos considerar ante todo. ¿Qué es el "conflicto"? ¿Cuáles son las víctimas? De repente, profundizando en el espíritu con que la Constitución del 91 ofreció tan generalizado reconocimiento a la noción de "delito político", con los resultados formidables que tenemos hoy en día, por ejemplo en relación con la "farcpolítica", el intento de destruir el sistema democrático para imponer otra Cuba resulta legitimado: no es un crimen contra la democracia, sino la expresión de un "conflicto". Como si un asaltante entra a nuestra casa y nos pide indemnización por el daño que le hicimos con los trozos de vidrio que habíamos puesto en la pared para protegernos.
Ese sentido de indemnizar a los revolucionarios que pudieron haber sufrido alguna molestia cuando intentaban dejarnos sin propiedades ni derechos políticos lógicamente no sale en la prensa, aunque ya la millonaria indemnización pagada al temible mártir heredero Iván Cepeda la anunciaba. En unas declaraciones a la prensa ese representante del Polo Democrático exigía la indemnización para las víctimas reclutadas a la fuerza por las guerrillas, pretensión que es el intento descarado de asegurar la pensión a quienes le aseguran su carrera política y han cimentado el formidable poder de su facción. Pero siempre parecería una pretensión audaz de un sector extremista.
Ese sentido de indemnizar a los revolucionarios que pudieron haber sufrido alguna molestia cuando intentaban dejarnos sin propiedades ni derechos políticos lógicamente no sale en la prensa, aunque ya la millonaria indemnización pagada al temible mártir heredero Iván Cepeda la anunciaba. En unas declaraciones a la prensa ese representante del Polo Democrático exigía la indemnización para las víctimas reclutadas a la fuerza por las guerrillas, pretensión que es el intento descarado de asegurar la pensión a quienes le aseguran su carrera política y han cimentado el formidable poder de su facción. Pero siempre parecería una pretensión audaz de un sector extremista.
Ese aspecto de esas leyes como reconocimiento y compensación a los universitarios y políticos que desde hace medio siglo han estado haciendo la revolución, queda patente no sólo en la generosidad inverosímil con el presupuesto del proyecto, sino más aún en el proyecto de redistribución de la propiedad agraria: la base social rural de las FARC se volverá un poderoso lobby de dueños sin escrituras, a los que habrá que compensar copiosamente.
Pensando en eso resulta claro todo el juego de Santos: surgirá un poderoso sector de herederos de la Constitución del 91, con los miembros de las altas cortes, los socios de Ernesto Samper, César Gaviria y Andrés Pastrana, los "pacifistas" del PDA y el Partido Verde, todos agrupados alrededor de Santos, gestor del botín y también de las redes clientelares, pues por una parte son muchos y están organizados, pero individualmente son muy débiles.
En ese contexto se entiende la alianza con Chávez, y es lo que anunciaba Jaime Restrepo en su artículo del lunes aquí: los socios de Piedad Córdoba no van a dedicar su vida a derrotar a las FARC, con lo que el nuevo régimen está forzado a buscar una negociación. Puede que en las cuentas de Santos esta vez sí habrá resultados, dada la debilidad de la banda terrorista, sólo que la reconciliación y superación de los odios comportará una velada adhesión a la multinacional chavista y una cesión de poder a las FARC. Bueno, esa cesión de poder terminará siendo negociable, y el resultado inevitable será que las partes necesiten llegar fuertes a la mesa de negociación, como explicaba la prensa hace diez años.
No faltará el que encuentre muy aventuradas estas suposiciones. ¿Por qué no pensar en la actitud arrogante del ministro Vargas Lleras respecto de Uribe? ¿Y en los innumerables casos de reconocimiento a la persecución del hampa judicial contra el uribismo, como en el caso de la ex directora del DAS? Si es por la aparente imposibilidad de volver a un proceso de paz, hay dos preguntas que valdría la pena hacerse: ¿no parece también absurdo romper con las mayorías que lo eligieron para volverse aliado de una minoría? ¿Qué otro sentido tiene buscar que se elija en Unasur a una persona como María Emma Mejía, ligada al PDA?
Es decir, frente a lo que está Colombia es a un golpe de Estado que da Santos apoyándose en la capacidad de la cúpula judicial de encarcelar a los que permanezcan leales a Uribe, y aun de la misma comisión de acusaciones de perseguir al ex presidente, que al parecer no tiene otro remedio que apoyar la destrucción de su obra para no quedarse aislado. El otro puntal de Santos es la prensa, embelesada con su gestión hasta la más cómica indignidad.
No creo que sea fácil salir de ésta. Si la mayoría de la sociedad, correctamente orientada en cuanto al deseo de vivir en un país asimilado a las democracias modernas, tuviera un poco de madurez política y no la disposición a la pasión personal por un líder, sería la ocasión perfecta para acabar con el engendro de Pablo Escobar y las mafias que heredaron sus encargos en el poder judicial y otras ramas del Estado. Pero no hay tal, y el señor Uribe no parece tener el menor interés en un proyecto de ese tipo. A veces da la impresión de que sueña con volver a ser elegido presidente en 2014, cosa que ilusiona a la mayoría de sus seguidores pero que sería el mejor regalo que se podría dar al defraudador y su corte.
Es eso lo que tiene Colombia para la nueva década. La agresión de Chávez no está conjurada, ni muchísimo menos, por el contrario, es más probable que nunca porque la conducta del golpista-defraudador le ha permitido reforzar su dictadura, y de momento en Colombia el gobierno que tiene es el de uno de los suyos. Si Santos un día quisiera rectificar, por ejemplo ante el avance evidente de la desmoralización militar, traducible en triunfos de las bandas terroristas y en desprestigio del gobierno, ya nadie le podría creer.
En ese contexto se entiende la alianza con Chávez, y es lo que anunciaba Jaime Restrepo en su artículo del lunes aquí: los socios de Piedad Córdoba no van a dedicar su vida a derrotar a las FARC, con lo que el nuevo régimen está forzado a buscar una negociación. Puede que en las cuentas de Santos esta vez sí habrá resultados, dada la debilidad de la banda terrorista, sólo que la reconciliación y superación de los odios comportará una velada adhesión a la multinacional chavista y una cesión de poder a las FARC. Bueno, esa cesión de poder terminará siendo negociable, y el resultado inevitable será que las partes necesiten llegar fuertes a la mesa de negociación, como explicaba la prensa hace diez años.
No faltará el que encuentre muy aventuradas estas suposiciones. ¿Por qué no pensar en la actitud arrogante del ministro Vargas Lleras respecto de Uribe? ¿Y en los innumerables casos de reconocimiento a la persecución del hampa judicial contra el uribismo, como en el caso de la ex directora del DAS? Si es por la aparente imposibilidad de volver a un proceso de paz, hay dos preguntas que valdría la pena hacerse: ¿no parece también absurdo romper con las mayorías que lo eligieron para volverse aliado de una minoría? ¿Qué otro sentido tiene buscar que se elija en Unasur a una persona como María Emma Mejía, ligada al PDA?
Es decir, frente a lo que está Colombia es a un golpe de Estado que da Santos apoyándose en la capacidad de la cúpula judicial de encarcelar a los que permanezcan leales a Uribe, y aun de la misma comisión de acusaciones de perseguir al ex presidente, que al parecer no tiene otro remedio que apoyar la destrucción de su obra para no quedarse aislado. El otro puntal de Santos es la prensa, embelesada con su gestión hasta la más cómica indignidad.
No creo que sea fácil salir de ésta. Si la mayoría de la sociedad, correctamente orientada en cuanto al deseo de vivir en un país asimilado a las democracias modernas, tuviera un poco de madurez política y no la disposición a la pasión personal por un líder, sería la ocasión perfecta para acabar con el engendro de Pablo Escobar y las mafias que heredaron sus encargos en el poder judicial y otras ramas del Estado. Pero no hay tal, y el señor Uribe no parece tener el menor interés en un proyecto de ese tipo. A veces da la impresión de que sueña con volver a ser elegido presidente en 2014, cosa que ilusiona a la mayoría de sus seguidores pero que sería el mejor regalo que se podría dar al defraudador y su corte.
Es eso lo que tiene Colombia para la nueva década. La agresión de Chávez no está conjurada, ni muchísimo menos, por el contrario, es más probable que nunca porque la conducta del golpista-defraudador le ha permitido reforzar su dictadura, y de momento en Colombia el gobierno que tiene es el de uno de los suyos. Si Santos un día quisiera rectificar, por ejemplo ante el avance evidente de la desmoralización militar, traducible en triunfos de las bandas terroristas y en desprestigio del gobierno, ya nadie le podría creer.
Creo que es lo que le pasará a Uribe, que ha visto tanta miseria de su heredero y la ha refrendado, por ejemplo con la nueva fiscal, evidentemente nombrada para tapar las pruebas que involucran al samperismo en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que el día que quiera rectificar ya sólo le creerán los mismos lambones que lo halagaban hasta que el botín pasó a otras manos.
Mucha gente cree que la mayoría uribista castigará a Santos. Lo dudo: la mayoría no impone nada porque la minoría es más activa e inteligente. De ese modo una minoría irrisoria consiguió imponer la Constitución que pondría a Pablo Escobar a salvo de la extradición, y después manipuló el rechazo a la violencia para legitimar el Caguán. La mayoría duerme, y como en el famoso grabado de Goya, "el sueño de la razón produce monstruos". De hecho, esa minoría ha sabido hacerse con el poder gracias a las cuentas torcidas de un aventurero.
Mucha gente cree que la mayoría uribista castigará a Santos. Lo dudo: la mayoría no impone nada porque la minoría es más activa e inteligente. De ese modo una minoría irrisoria consiguió imponer la Constitución que pondría a Pablo Escobar a salvo de la extradición, y después manipuló el rechazo a la violencia para legitimar el Caguán. La mayoría duerme, y como en el famoso grabado de Goya, "el sueño de la razón produce monstruos". De hecho, esa minoría ha sabido hacerse con el poder gracias a las cuentas torcidas de un aventurero.
(Publicado en el blog Atrabilioso el 22 de diciembre de 2010.)
